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Algo de sensatez en un litigio irracional
La obstinación de la dirección de Verizon a la hora de negarse a asumir los gastos de peritaje (11 220 euros) y de formación (750 euros) en los que incurrió su comité de empresa europeo ha dado lugar a una sentencia del Tribunal Supremo de Irlanda, dictada el pasado 10 de noviembre. La sentencia afectará a las numerosas multinacionales que han sometido a su comité de empresa europeo a la legislación irlandesa tras el Brexit.
El litigio resuelto por el Tribunal Supremo se refiere a una factura de la EWC Academy por servicios de asesoramiento prestados a principios de 2021. La reclamación relativa a los gastos de formación ya no formaba parte del litigio: en este punto, el Tribunal Laboral, confirmado por el Tribunal Superior, había dado la razón a Verizon. En cuanto al perito, Verizon no impugnaba ni su elección ni sus tarifas. Solo impugnaba determinados servicios: la revisión del acta, el dictamen sobre los delegados británicos, el trabajo en un proyecto abandonado y el detalle del reglamento interno. El secretario del Comité de Empresa europeo reclamaba asimismo el reembolso de las costas judiciales incurridas para hacer valer los derechos del Comité de Empresa europeo (véase IR Notes 263).
El Tribunal Supremo ofrece una interpretación muy clara de los recursos que la Directiva 2009/38 otorga al comité de empresa europeo, en particular a través de las disposiciones subsidiarias que rigen el comité de empresa europeo de Verizon. De este modo, el Tribunal descarta la interpretación de Verizon, según la cual dichos recursos se limitaban a la capacidad jurídica para actuar ante los tribunales. Se basa en el texto, el contexto y la finalidad de la Directiva. El alcance de esta obligación queda definido en los apartados 5 y 6 de las disposiciones subsidiarias: la asistencia de expertos «en la medida en que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones» y la asunción de los gastos de funcionamiento. El Tribunal de Justicia precisa que «estas tareas implican necesariamente ampararse en los derechos derivados de la Directiva de 2009 con el fin de representar colectivamente los intereses de los trabajadores». Por consiguiente, «el recurso a un abogado con este fin puede considerarse como la asistencia de un experto para hacer valer los derechos previstos en la Directiva». Contrariamente a lo que sostenía Verizon, la Directiva 2025/2450 no establece estas obligaciones: según el Tribunal, las precisa y las regula. En otras palabras, ya existen en la Directiva 2009/38. Todo ello le parece tan evidente que se niega a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. Esta es la aportación de principio de esta sentencia. Sin embargo, debemos matizar algo: el razonamiento del Tribunal es válido para los comités de empresa europeos regidos por las disposiciones subsidiarias. Para aquellos que se establecen mediante convenio, el alcance de los recursos dependerá de lo previsto en dicho convenio.
No obstante, no se trata de un «cheque en blanco». El Tribunal deja claro que la dirección solo debe pagar los gastos necesarios e incurridos razonablemente. Corresponderá al Tribunal Laboral verificar si cada una de las prestaciones impugnadas era «necesaria». Deberá tener en cuenta el hecho de que el Comité de Empresa europeo contrató al perito sin avisar a la dirección y sin informarle del alcance de su misión, lo que ya había llevado a la Comisión de Relaciones Laborales (WRC) a reducir la cuantía a la mitad. En cuanto a los honorarios de los abogados, el Tribunal Supremo considera que, en principio, forman parte de los gastos de funcionamiento del Comité de Empresa europeo. Por lo tanto, el secretario del comité de empresa europeo debe presentar una solicitud con el importe detallado a la dirección y, en caso de denegación, recurrir ante la WRC y, posteriormente, en su caso, ante el Tribunal Laboral en apelación. El órgano jurisdiccional ante el que se presente el recurso deberá entonces comprobar, en particular, si era necesario recurrir a un abogado y tener en cuenta si se solicitó autorización con antelación.
«El Tribunal Supremo llega casi a afirmar que los gastos en que incurra un comité de empresa europeo deben ser aprobados previamente por la dirección», advierte Tom Hayes, consultor sénior de BEERG y asesor de numerosas multinacionales. Si un comité incurre en gastos sin autorización previa, tiene pocas posibilidades de salir victorioso ante la WRC o el Tribunal Laboral, en caso de que se impugnen dichos gastos. A falta de garantía de pago, los abogados y los peritos se mostrarán reacios a trabajar para los comités de empresa europeos. » «Para nosotros, se trata de una excelente decisión», celebra Jean-Philippe Charpentier, secretario del comité de empresa europeo de Verizon. «Pero el asunto aún no ha concluido, porque ahora debemos recurrir a la dirección para obtener el reembolso de las cantidades adeudadas. »
Cabe esperar que la transposición irlandesa de la Directiva 2025/2450 facilite realmente el acceso a la justicia de las empresas comunitarias y evite en el futuro errores como estos, que han llevado a Verizon a gastar una cantidad que, sin duda, supera en más de 100 veces las sumas objeto de litigio.
España
Baja por enfermedad relacionada con la menopausia: el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 31/2026 de 20 de octubre, que establece una baja laboral específica para las patologías incapacitantes relacionadas con la menopausia. En principio, la baja por enfermedad solo se indemniza a partir del cuarto día y requiere haber cotizado durante 180 días en los últimos cinco años. Esta nueva baja, por su parte, se indemniza a partir del día siguiente, sin necesidad de un período mínimo de cotización. La empresa abona el salario del primer día, y la Seguridad Social abona la prestación a partir del segundo día, siendo calculada según las normas de la baja por enfermedad ordinaria. El texto prevé un mecanismo similar para las mujeres que hayan sufrido lesiones como consecuencia de la violencia de género. Estas medidas entrarán en vigor a partir del 1 de diciembre.
Luxemburgo
Reforma de la organización del tiempo de trabajo: el Comité Permanente de Trabajo y Empleo (CPTE), órgano tripartito, aprobó el 13 de noviembre el principio de una semana laboral de cuatro días. Esta luz verde permite al ministro de Trabajo presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, con vistas a una votación prevista para principios de 2027 (véase el comunicado del Ministerio de Trabajo). No se trata de reducir la jornada laboral, sino de concentrar la duración semanal actual (40 horas) en cuatro días. El texto también debería prever la posibilidad de tomar dos pausas no remuneradas al día en lugar de una, una reducción del descanso semanal de 44 horas, sin bajar de las 35 horas, la prolongación excepcional de la jornada laboral en caso de emergencia, así como una variación de los horarios de los trabajadores a tiempo parcial que pueda alcanzar, de una semana a otra, el 50 % de la jornada semanal (frente al 20 % actual). Estas flexibilidades deberán negociarse y regularse mediante un convenio colectivo, para disgusto de la patronal (UEL), que reclamaba excepciones para las empresas de menos de 50 trabajadores (véase el comunicado). Se trataba de una línea roja para los sindicatos, que se negaban a cualquier modificación de la jornada laboral que no pasara por la negociación colectiva (véanse los comunicados de la OGBL.)
Francia
Transposición de la Directiva sobre «trabajo en plataformas»: un informe entregado el 2 de noviembre al ministro de Trabajo formula 30 recomendaciones para transponer la Directiva 2024/2831 sobre el trabajo en plataformas. La comisión descarta cualquier presunción automática de relación laboral por cuenta ajena y propone modificar la carga de la prueba, siguiendo el modelo de la legislación contra la discriminación: el trabajador presentaría elementos que permitieran suponer una relación de subordinación, y la plataforma debería demostrar lo contrario. Este mecanismo iría acompañado de un procedimiento acelerado ante los tribunales. Su recomendación principal es la incorporación de los trabajadores de las plataformas de movilidad (en primer lugar, los repartidores) al régimen de accidentes de trabajo del régimen general de la Seguridad Social, corriendo las cotizaciones a cargo de las plataformas. El coste se estima en 27 millones de euros al año para el sector de la distribución. La comisión también aboga por una remuneración mínima negociada por los interlocutores sociales o fijada por decreto en caso de no alcanzarse un acuerdo. En cuanto a la transparencia algorítmica, propone dos niveles de información: información técnica detallada reservada a las autoridades y a los representantes de los trabajadores, y una ficha individual resumida que se entregará a cada trabajador. El Gobierno debe presentar las líneas generales de un proyecto de ley a los interlocutores sociales antes del 2 de diciembre, fecha límite para la transposición.
Italia
Trabajo a través de plataformas digitales: el Consejo de Ministros aprobó definitivamente, el pasado 28 de octubre, el decreto legislativo que transpone la Directiva 2024/2831 sobre el trabajo en plataformas. El texto se aplica a todas las plataformas que organizan un trabajo realizado en Italia, salvo aquellas que se limitan a poner en contacto la oferta y la demanda. Establece una presunción simple de relación laboral por cuenta ajena cuando la plataforma ejerce un poder de dirección y control, incluso mediante un algoritmo: en tal caso, corresponde a la plataforma demostrar que realmente el trabajador es autónomo. Por otra parte, la suspensión o el cierre de una cuenta, al igual que la finalización de la relación laboral, ya no podrán basarse únicamente en un sistema automatizado. Por otro lado, el texto otorga un papel central a la negociación colectiva, en particular para fijar las remuneraciones y aplicar los derechos relacionados con la gestión algorítmica. La presunción de relación laboral por cuenta ajena se aplicará a partir del 2 de diciembre.
Reino Unido
Hacia una legislación sobre el deber de diligencia: el Gobierno se comprometió, el pasado 4 de noviembre, a legislar sobre el deber de diligencia en materia de derechos humanos, en una declaración ministerial por escrito dirigida al Parlamento y dedicada a la actuación responsable de las empresas. La legislación afectaría a las empresas británicas cuya facturación mundial supere los 350 millones de libras (aproximadamente 420 millones de euros), así como a las empresas extranjeras cuya facturación en el Reino Unido supere dicho umbral. El medio ambiente no quedaría incluido en el ámbito de aplicación. Un organismo regulador podría investigar y ordenar la retirada del mercado británico de los productos procedentes del trabajo forzoso (véase el comunicado).
Alemania
Un cuestionamiento de la codeterminación: la codeterminación, elemento central del modelo alemán de relaciones laborales, es objeto de un informe crítico de la organización patronal BDA, que aboga por modernizar la ley sobre la constitución de las empresas. El informe pretende permitir a los empresarios tomar decisiones con mayor rapidez, lo que conduciría a reducir, o incluso a suprimir, los derechos de codecisión. En la actualidad, en caso de desacuerdo, estos derechos obligan al empresario y a los representantes de los trabajadores a recurrir a una comisión de conciliación, lo que retrasa aún más la decisión. El informe se centra, en particular, en la codecisión sobre la introducción y el uso de equipos técnicos destinados a supervisar el comportamiento o el rendimiento de los trabajadores. IG Metall se opone rotundamente a estas recomendaciones (véase el comunicado).
Alemania
Un plan de salida de la crisis para el sector químico: los interlocutores sociales del sector químico han presentado al Gobierno un plan de doce puntos con el fin de mejorar la competitividad y la resiliencia de la industria química en Alemania, a preservar el empleo y a garantizar unas buenas condiciones laborales. Este plan responde a la invitación dirigida por el Gobierno federal a los interlocutores sociales de los sectores especialmente afectados por la crisis.
Comités de empresas europeos
El CE europeo de Safran se desplaza a Polonia: una delegación del comité restringido del Comité de Empresa Europeo de Safran se desplazó a Polonia a finales de octubre para reunirse con los nuevos representantes polacos en el Comité de Empresa Europeo, designados por los sindicatos Solidarność y ZZIT, recientemente implantados en el grupo. El comité restringido celebró allí su reunión mensual, complementada con una nueva visita a las instalaciones de STSP en Sędziszów, «que, como siempre, resultó de un valor incalculable para comprender mejor las realidades industriales y sociales locales», señala el Comité de Empresa Europeo. Este tipo de desplazamientos permite «apoyar a nuestros compañeros sindicalistas, compartir nuestras experiencias y reforzar nuestra solidaridad europea».
El CE europeo de Suez visita la República Checa: los miembros del Comité Europeo de Suez realizaron una visita de trabajo a la República Checa, del 19 al 22 de octubre, para reunirse con los equipos locales y conocer las actividades del grupo en el ámbito del «agua» (visita a una planta de agua potable y a dos estaciones depuradoras, presentación de un modelo de colaboración público-privada). Mantuvieron conversaciones con los representantes de las direcciones locales y de los trabajadores. «Estas visitas sobre el terreno son fundamentales para comprender mejor la diversidad de las actividades del grupo en Europa, conocer las realidades locales y compartir experiencias entre los distintos países», explica Christine Chiffre, secretaria del Comité de Empresa Europeo.
La alfabetización en IA, una nueva competencia básica para los trabajadores europeos
Un informe interinstitucional sobre la educación y la formación profesionales analiza cómo la IA está modificando las competencias exigidas en el ámbito laboral (véase el comunicado). Según este grupo de trabajo —integrado por investigadores de seis organizaciones europeas e internacionales, entre ellas el Cedefop, Eurofound y la OIT—, la IA está transformando el contenido de los puestos de trabajo más que su número. La IA aumenta la demanda de competencias cognitivas avanzadas, digitales y socioemocionales. Los autores consideran que la alfabetización en IA (tanto técnica como analítica y ética) es una competencia básica que debe desarrollarse a lo largo de toda la vida. Según una encuesta del Cedefop realizada en 2024 en once Estados miembros, el 28 % de los trabajadores adultos utiliza la IA en su trabajo. Desde la introducción de la IA, aproximadamente un tercio de los trabajadores ha dejado de realizar determinadas tareas, cuatro de cada diez realizan otras nuevas y dos de cada tres llevan a cabo ciertas tareas con mayor rapidez. Por último, los puestos de trabajo especializados en IA aún representan solo una pequeña parte del empleo (entre el 0,3 % y el 5 %, según las definiciones). No obstante, están creciendo rápidamente y, según datos de Lightcast citados en el informe, más de la mitad de las ofertas de empleo relacionadas con la IA se refieren ahora a profesiones ajenas al ámbito de la informática.
Estadísticas clave
Entre un 16 y un 17 %
de los trabajadores ven cómo su rendimiento es supervisado o evaluado por algoritmos, según el informe anteriormente indicado. Para casi uno de cada siete, estas herramientas determinan la forma en que se llevan a cabo determinadas tareas. Los autores destacan los riesgos en materia de protección de datos y de intensificación del trabajo, y reclaman medidas de protección en materia de ética y de organización.
Actualidad social europea
Actualidad social
Un programa de trabajo para 2027 poco social: la Comisión Europea presentó, el 4 de noviembre, su programa de trabajo para 2027 en el que promete «preservar nuestro modelo único de economía social de mercado, en el que las personas siempre son lo primero». Un compromiso que se materializará mediante la organización de una cumbre para reafirmar el compromiso de la UE con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, cuyo décimo aniversario se celebrará en 2027. En materia social, presenta algunas iniciativas no vinculantes, como un pacto europeo por los cuidados; una garantía de competencias, para favorecer la reconversión hacia los sectores en crecimiento; y una estrategia sobre el «derecho a quedarse», ante el declive demográfico de determinadas regiones. A ello se suman un paquete de medidas de simplificación en materia de vivienda (para que esta sea asequible) y una reflexión sobre la ayuda a los jóvenes ante el impacto de la IA en el mercado laboral. Reafirma su proyecto de «pacto contra la transposición excesiva» (véase IR Notes 282) que la Confederación Europea de Sindicatos amenaza con impugnar ante los tribunales si las directivas sociales no se excluyen del dispositivo (véase el comunicado). Eurocadres denuncia un programa «carente de ambición y esperanza» (véase el comunicado). El escaso enfoque social de la Comisión se explica en gran medida por la publicación, anunciada para el 2 de diciembre, de la Quality Jobs Act, que abordaría, entre otros aspectos, el teletrabajo, el derecho a la desconexión, los riesgos psicosociales, la gestión algorítmica y la subcontratación. Ahí es donde se pondrá a prueba la ambición social de la Comisión.
Una estrategia para la educación y la formación profesional: la Comisión Europea presentó, el 5 de noviembre, una estrategia europea en materia de educación y formación profesional (EFP) (véase el comunicado y ficha), integrada en un paquete sobre educación y competencias (véase el comunicado). Esta iniciativa responde al retraso de la UE en materia de formación de adultos: el objetivo es que el 60 % de ellos reciba formación cada año de aquí a 2030, mientras que Eurostat solo registraba un 39,5 % en 2022. Esta estrategia establece, en particular, un proyecto piloto de «acelerador europeo de formación sectorial» con el fin de ofrecer módulos de formación breves y flexibles, elaborados en colaboración con la industria. La estrategia ha sido acogida con satisfacción por los interlocutores sociales europeos del sector metalúrgico (IndustriAll Europe y Ceemet), en una declaración conjunta del 12 de noviembre (véase el comunicado), así como por BusinessEurope (véase el comunicado).
Jurisprudencia
El TEDH condena a Suiza por una irregularidad constatada «a posteriori»: en una sentencia de sala, dictada el 5 de noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye por unanimidad que se ha producido una doble violación del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (libertad de reunión y de asociación). El caso se remonta a 2012, cuando el hospital privado La Providence se retiró del convenio colectivo sectorial, mientras el grupo GSMN preparaba su adquisición. En noviembre de 2012 se inició una huelga respaldada por dos sindicatos. El 23 de enero de 2013, la dirección anunció los compromisos del nuevo propietario: aplicación del convenio colectivo hasta finales de 2013 y garantía de empleo. Se instó a los huelguistas a reincorporarse al trabajo. El 4 de febrero, 22 trabajadores que continuaban con la huelga fueron despedidos con efecto inmediato. Por su parte, los secretarios sindicales fueron condenados penalmente por allanamiento de morada, debido al piquete de huelga instalado frente al hospital. El Tribunal Federal había dictaminado que la huelga, lícita en un principio, había perdido su carácter de ultima ratio a partir del 23 de enero. Para el Tribunal, ni el artículo 28 de la Constitución suiza ni la jurisprudencia permitían prever que una huelga lícita pudiera convertirse en ilícita porque un juez considerara, en retrospectiva, que la oferta del empresario hacía innecesaria su continuación. Esta incertidumbre vacía de contenido el derecho de huelga. Corresponde en primer lugar a los sindicatos decidir si debe proseguirse la huelga, mientras que los jueces se reservan el control de la proporcionalidad. En cuanto a las condenas penales, el Tribunal recuerda que los piquetes pacíficos gozan de protección. Asimismo, destaca el «efecto disuasorio» de estas sanciones sobre la acción sindical. La sentencia no es definitiva: aún puede remitirse a la Gran Sala (véase el comunicado).