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En un momento en el que el planeta está en llamas, una decisión invita a tomarse en serio las medidas de vigilancia.
En plena ola de calor en Francia y en gran parte de Europa, el Tribunal Judicial de París dictó, el pasado 25 de junio, una sentencia histórica en el caso que enfrenta a TotalEnergies con una coalición de asociaciones y con el Ayuntamiento de París.
La Sala 34 de este tribunal, especializada a nivel nacional en asuntos relacionados con el deber de vigilancia, debía responder, en particular, a dos cuestiones:
- ¿Abarca el deber de diligencia las cuestiones climáticas? En relación con este primer punto, el tribunal señala que el término «medio ambiente», en el sentido de la Ley de 27 de marzo de 2017 sobre el deber de vigilancia, «debe interpretarse en su acepción más amplia, que incluye el cambio climático provocado por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, componente esencial del medio ambiente, que forma parte de los impactos ambientales negativos reconocidos en los compromisos internacionales y europeos de los que Francia es parte». El tribunal añade que, al tratarse de «una amenaza grave, actual y futura para el disfrute de los derechos humanos […], las empresas deben tener en cuenta los riesgos climáticos en su plan de vigilancia, ya que su identificación forma parte de la prevención de violaciones graves de los derechos humanos». Además, amplía su razonamiento a la Directiva 2024/1760, de 13 de junio de 2024, sobre el deber de diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad, conocida como CS3D. «La inclusión del clima en el medio ambiente se sustenta en» esta directiva, cuyo anexo (punto 1, parte I, sección 1, punto 15) tiene por objeto prohibir que se provoque «contaminación atmosférica» y «emisiones nocivas que tengan como efecto perjudicar gravemente las bases naturales de la conservación de los alimentos, la salud o la seguridad de las personas ». «Por lo tanto, es innegable que dichas emisiones nocivas incluyen las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero», insiste el tribunal, precisando que la nueva «directiva ómnibus» «no tiene ningún impacto en el régimen de obligaciones de vigilancia». «A pesar de la desregulación a nivel europeo, el deber de vigilancia climática sigue muy vivo», celebra Clara Alibert, responsable de incidencia política en el ámbito de los actores económicos del CCFD-Terre Solidaire.
- ¿Se incluyen las emisiones indirectas (Alcance 3) en su ámbito de aplicación? En otras palabras, ¿es el grupo también responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero de los conductores que utilizan sus combustibles? El tribunal destaca que el objetivo de neutralidad de carbono para 2050, que TotalEnergies se fija en su plan de vigilancia, «se basa únicamente en la contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los alcances 1 y 2». El grupo alega que las emisiones de GEI de alcance 3 generadas por los clientes de sus filiales están fuera de su control y quedan excluidas del ámbito de aplicación de la ley sobre el deber de vigilancia. El tribunal, en una sentencia exhaustiva y didáctica, «considera que las emisiones de GEI resultantes de sus actividades forman parte de los riesgos climáticos incluidos en el ámbito de aplicación del deber de vigilancia» y ordena a TotalEnergies que incorpore las emisiones de alcance 3 a su mapa de riesgos, así como a las medidas de prevención y mitigación de su plan de vigilancia, en un plazo de seis meses. El 21 de enero de 2027 tendrá lugar una vista para comprobar el cumplimiento de la resolución.
Esta sentencia (la primera en aplicar el deber de diligencia al cambio climático) es el resultado de más de seis años de batalla jurídica. Obliga a las empresas a adoptar una postura seria respecto al alcance 3 y «recuerda que ninguna multinacional puede eludir su responsabilidad ante el cambio climático», subraya Clara Alibert. Sin embargo, sigue habiendo un punto ciego en este asunto: la extrema discreción de los representantes de los trabajadores sobre esta cuestión, a pesar de que el movimiento sindical europeo ya proclamaba en 2014 que «no hay empleo en un planeta muerto», un lema que ha caído en el olvido en aras de la protección inmediata del empleo. Sin embargo, la perspectiva de incluir el alcance 3 en un mapa de riesgos explica en parte varias cesiones de activos que se han producido en los últimos años, como la salida del perímetro del grupo, en 2023, las actividades de distribución (gasolineras), cedidas al grupo canadiense Couche-Tard en Alemania y los Países Bajos, y transferidas a una empresa conjunta con Couche-Tard (60 %) en Bélgica y Luxemburgo, lo que afecta a varios miles de puestos de trabajo.
Legislación
Acuerdo sobre la sexta revisión de la Directiva relativa a los agentes carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción: el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron, el pasado 23 de junio, un acuerdo provisional sobre la sexta revisión de la Directiva CMR, que obliga a los Estados miembros a establecer valores límite de exposición profesional (VLEP) vinculantes (véase el comunicado). Presentada el 18 de julio de 2025, se centra en cuatro sustancias y un proceso de trabajo. El cobalto y sus compuestos inorgánicos, utilizados en la fabricación de baterías e imanes, están sujetos a valores límite de exposición profesional (VLEP) distintos para las fracciones inhalables y respirables, con un período transitorio de seis años. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), presentes en la producción de acero y aluminio y en los humos de soldadura, cuentan con un VLEP general con un umbral transitorio duplicado durante siete años, que se extiende a todos los fabricantes de carbono y grafito (un ámbito ampliado por los colegisladores con respecto a la propuesta inicial). El 1,4-dioxano (industrias química y textil) y el isopreno (industria del caucho), añadidos a iniciativa de los colegisladores, completan el dispositivo. La inclusión de los humos de soldadura en el anexo I de la directiva —que enumera los procesos con carácter cancerígeno demostrado— constituye el avance simbólico de esta revisión, que también actualiza las definiciones del texto para incorporar los efectos reprotóxicos, una novedad. Más allá de la propuesta inicial, los colegisladores han logrado que se introduzca la obligación de realizar pausas periódicas para los trabajadores que utilicen equipos de protección individual (EPI), una aclaración de las normas de uso de dichos equipos y el compromiso de elaborar directrices prácticas sobre los humos de soldadura. Además, un considerando recuerda que el establecimiento de valores límite de exposición profesional (VLEP) no elimina por completo los riesgos residuales, y se prevé una cláusula de revisión cinco años después de la entrada en vigor. El acuerdo provisional aún debe ser adoptado formalmente por ambas instituciones.
Acuerdo sobre la declaración electrónica para el desplazamiento de trabajadores: el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron, el pasado 23 de junio, un acuerdo provisional sobre el reglamento «eDeclaration», que establece una interfaz pública multilingüe, gestionada por la Comisión, que permite presentar en línea declaraciones de desplazamiento de forma estandarizada. Estas declaraciones incluyen datos sobre la remuneración y los períodos de trabajo, tal y como reclamaban los sindicatos para facilitar los controles. El reglamento ofrece una gran flexibilidad: los Estados miembros son libres de adherirse al sistema; si lo hacen, no pueden exigir más información que la prevista en el formulario, pero pueden elegir recopilar solo una parte de ella. El acuerdo prevé asimismo la presentación de documentos directamente a través de la interfaz, en sustitución de los procedimientos nacionales, y el acceso de los trabajadores desplazados a sus propias declaraciones (véase el comunicado del Consejo). El texto cuenta con un amplio respaldo por parte de las organizaciones patronales, que ya el 17 de junio aprobaron una declaración conjunta en la que se solicita que la información que se debe facilitar se limite a la que sea realmente necesaria para el proceso de notificación. En este sentido, «el acuerdo sobre la eDeclaration es una buena noticia para las empresas de toda Europa», declaró Markus J. Beyrer, director general de BusinessEurope (véase la declaración). Por su parte, Isabelle Schömann, secretaria general adjunta de la CES, felicita a los negociadores del Parlamento, que «han neutralizado eficazmente un peligroso intento de desregulación» (véase el comunicado). El acuerdo provisional debe aún ser aprobado formalmente por ambas instituciones antes de su entrada en vigor.
Eurotour
España
Nuevo plan de acción de verano para la prevención de las olas de calor: este plan, aprobado el pasado 9 de junio en el Consejo de Ministros, refuerza la supervisión de las actividades más sensibles a las altas temperaturas. El documento recuerda las medidas destinadas a proteger a los trabajadores, especialmente en el sector agrícola y de la construcción (véase el comunicado). El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y la Inspección de Trabajo tienen previsto llevar a cabo campañas de información y prevención, así como reforzar la tramitación prioritaria de las denuncias de los trabajadores que sufren estrés térmico (véase el comunicado). El decreto 8/2024 sigue vigente: prevé cuatro días de baja en caso de imposibilidad de acceder al lugar de trabajo o de necesidad de aplicar protocolos de protección ante las altas temperaturas. En una conferencia celebrada el 15 de junio, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, señaló que durante el verano de 2025 (junio-septiembre), la Inspección de Trabajo llevó a cabo «más de 10 000 actuaciones relacionadas con condiciones ambientales adversas, lo que dio lugar a cerca de 300 infracciones y a sanciones por un importe aproximado de 1 600 000 euros».
Países Bajos
Inversión de la carga de la prueba para comprobar el cumplimiento del salario mínimo: un proyecto de ley tiene por objeto garantizar el cumplimiento del salario mínimo mediante una presunción legal. Correspondería al empresario demostrar que todos sus trabajadores perciben una remuneración igual o superior al salario mínimo legal (véase el comunicado). En caso de incumplimiento, la inspección de trabajo podrá exigir al empresario que presente los justificantes pertinentes. Si no se aporta ninguna prueba o si se comprueba la infracción, las autoridades podrán calcular el importe adeudado y, en su caso, imponer sanciones. Este proyecto de ley tiene por objeto proteger a los trabajadores más vulnerables, en particular a los trabajadores migrantes.
España
Un decreto para reforzar el control digital de la jornada laboral: el secretario de Estado de Trabajo declaró, el pasado 2 de junio, que el Gobierno tiene la intención de aprobar antes del verano un real decreto que pretende actualizar el decreto ley 8/2019 que, en ya 2019, establecía la obligación de registrar la jornada laboral en todas las empresas. Según este proyecto, el seguimiento deberá realizarse obligatoriamente mediante un programa informático específico para contabilizar con exactitud las horas de trabajo efectivas (véase IR Notes 271).
Bélgica
Entra en vigor la reforma destinada a generalizar el uso de los «flexi-jobs»: la ley sobre disposiciones diversas relativas a los «flexi-jobs» (que quedan excluidos de las normas habituales en materia de cotizaciones sociales y fiscalidad) fue aprobada el 18 de junio por la Cámara de Representantes. Desde el 1 de julio, la posibilidad de ejercer un «flexi-job» se ha ampliado a la mayoría de los sectores, siempre que se cumplan las condiciones de acceso, que varían según los casos (trabajador a tiempo completo, jubilado, trabajador temporal, etc.). Se llevará a cabo una evaluación un año después de la entrada en vigor de la reforma, en particular para analizar sus efectos en el mercado laboral y en la salud de los trabajadores, así como sus repercusiones presupuestarias. La confederación FGTB se muestra escéptica y denuncia una reforma que supondrá una pérdida de «más de medio mil millones» de euros para el Estado y la Seguridad Social (véase el comunicado). Por el contrario, la Federación de Empresarios de Bélgica considera que los «flexi-jobs» son «un catalizador de oportunidades para los trabajadores, los jubilados y las empresas» (véase el comunicado).
Luxemburgo
Sanción por el incumplimiento del derecho a la desconexión: previsto por la ley del 28 de junio de 2023, el derecho a la desconexión se aplica ahora de forma más estricta a los empresarios. Desde el 4 de julio de 2023, se exponen a una multa administrativa de entre 251 y 25 000 euros. La sanción la impone la Inspección de Trabajo y Minas en función de la gravedad de la infracción. Anteriormente, las empresas tenían la obligación de establecer un régimen que garantizara el respeto de este derecho para los trabajadores que utilizaran herramientas digitales con fines profesionales, pero sin riesgo de sanciones administrativas. De hecho, el legislador había previsto un período transitorio de tres años para permitir que las empresas se adaptaran.
Francia
Limitación de la duración de las bajas laborales: publicado el pasado 12 de junio de 2026, el decreto n.º 2026-498 relativo a la limitación de la duración de las bajas laborales que dan derecho al pago de prestaciones diarias en caso de enfermedad entrará en vigor el 1er de septiembre de 2026 y establece límites, hasta ahora inexistentes, a la duración de las bajas laborales. A partir de ahora, una primera baja no podrá superar los 31 días y, en caso de prórroga, los 62 días. Se trata de uno de los decretos de aplicación de la ley de financiación de la seguridad social para 2026; el decreto n° 2026-501, con fecha del mismo día, precisa que la prestación diaria en caso de baja por accidente de trabajo o enfermedad profesional puede abonarse durante un período máximo de cuatro años. Tras una reincorporación al trabajo de al menos un año, se inicia un nuevo período de cuatro años.
Alemania
Los representantes del personal de Deutsche Post y Ver.di reclaman una mayor protección contra el calor: los comités de empresa de Deutsche Post, con el apoyo de la federación sindical Ver.di, exigen que se establezcan condiciones de trabajo adaptadas a las temperaturas extremas con el fin de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores (véase el comunicado). Reclaman descansos remunerados, el derecho a suspender su actividad en caso de temperaturas excesivas, así como planes de protección contra el calor y el frío, y el suministro gratuito de bebidas, crema solar y equipamiento adecuado.
Irlanda
Refuerzo de la protección de los trabajadores en caso de cese de la actividad del empresario: el Gobierno puso en marcha, el pasado 8 de junio, un procedimiento de «presunción de insolvencia» previsto en la Ley de 2026 relativa a la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario, con el fin de dar respuesta a aquellas situaciones en las que una empresa cesa su actividad sin ser objeto de un procedimiento formal. Este mecanismo permite ahora a los trabajadores, cuando quedan deudas pendientes de pago y el empresario no responde en un plazo de ocho semanas, que se le declare «presuntamente insolvente» y acceder al régimen de indemnización financiado por el fondo de la seguridad social. Esta reforma tiene por objeto garantizar una protección efectiva de los trabajadores, de conformidad con la legislación de la UE (véase el comunicado).
Noticias de las empresas
Comités de empresa europeos
Un compromiso con el mantenimiento del empleo en Stellantis: el comité de empresa europeo del grupo automovilístico Stellantis se reunió del 16 al 18 de junio en Mulhouse (Francia), en unas instalaciones que no solo son una planta de montaje, sino también un complejo industrial que cuenta con forjas, fundiciones y centros de mecanizado. «Esta decisión no es fruto del azar —subraya Philippe Gilleron, secretario del Comité de Empresa europeo—, porque queríamos llamar la atención tanto de la dirección como de los responsables políticos sobre la importancia de preservar la industria del automóvil en su totalidad, y no solo las plantas de montaje». Aunque los representantes del personal respaldan la voluntad de la Comisión Europea de fomentar el «Made in Europe», siguen atentos a las decisiones que se tomen en el futuro. Si el «Made in Europe» consiste en producir el 70 % del valor de un vehículo en la UE, el riesgo de pérdida de actividad sigue siendo real: «dado que la batería representa una parte considerable de ese valor, el mero hecho de fabricarla en la UE permitiría importar muchas piezas producidas fuera de la UE», advierte Philippe Gilleron. La reunión se centró principalmente en el FaSTLAne 2030, presentado el 21 de mayo de 2026, durante una jornada para inversores (véase el comunicado). Aunque este plan tiene como objetivo reducir la producción europea en 800 000 unidades, Stellantis ha anunciado que «no está previsto el cierre de ninguna planta en el marco del plan, lo que supone una garantía positiva para los 124 000 empleados del grupo en Europa», subraya la federación sindical europea IndustriAll Europe (véase el comunicado). En lo que respecta al diálogo social, Philippe Gilleron se congratula de la «confianza consolidada» que se ha establecido, con reuniones cuyo «orden del día —elaborado junto con la dirección— aborda los temas reales planteados por los responsables de la toma de decisiones».
Datos e informes
Uno de cada cinco trabajadores está siempre localizable, sin un momento de tranquilidad
En el marco de la actualización de un importante estudio (*), Eurofound ha publicado un artículo que analiza el derecho a la desconexión. A partir de los datos recopilados en la última encuesta europea sobre las condiciones de trabajo (EWCS 2024), se desprende que uno de cada cinco trabajadores de la UE afirma que se le contacta por motivos laborales fuera de su horario laboral varias veces al mes, lo que supone un total de 39,4 millones de trabajadores. Este fenómeno está directamente relacionado con el estrés: entre las personas a las que se contacta a diario, casi 6 de cada 10 (59 %) afirman sentir estrés en el trabajo de forma permanente o casi permanente, frente a solo el 17 % de aquellas a las que nunca se les contacta fuera del horario laboral. La carga de trabajo también influye: cuando los trabajadores no disponen de tiempo suficiente para realizar sus tareas en el horario habitual, el trabajo se extiende en mayor medida a las horas no contractuales. El estudio también analiza las legislaciones que regulan el derecho a la desconexión, recopiladas en 13 Estados miembros, y destaca su eficacia: Francia, pionera en la materia, presenta una de las tasas más bajas de contactos fuera del horario laboral (17 %), frente al 31 % de Suecia y los Países Bajos, donde no existe ninguna legislación al respecto. Estos datos alimentarán los debates en torno a la futura ley europea sobre la calidad del empleo, que la Comisión Europea debe presentar de aquí a finales de año.
(*) Working anytime and anywhere in the EU after the pandemic: The effects on quality of working time
Estadística clave
22,7 %
Este es el porcentaje medio de trabajadores a los que se contacta fuera de su horario laboral al menos varias veces al mes en la Unión Europea en 2024.
Según los datos recopilados por Eurofound, esta tasa varía considerablemente de un país a otro. Suecia y los Países Bajos registran los niveles más altos, con un 31 % cada uno, seguidos de Croacia (29 %) y la República Checa (27 %). Por el contrario, Polonia registra la tasa más baja (15 %), por delante de Francia (17 %) y Alemania (18 %).
Tres preguntas para…
Jean-Philippe Lhernould
Profesor en la Universidad de Poitiers
Sobre la revisión del mandato de la Autoridad Europea del Trabajo
El próximo reglamento deberá ser más claro en cuanto a las competencias de la AET, en particular en lo que respecta a los trabajadores nacionales de terceros países
¿Por qué la Comisión Europea tiene previsto modificar el reglamento por el que se crea la Autoridad Europea del Trabajo?
El punto de partida es una obligación institucional. El Reglamento 2019/1149 obligaba a la Comisión a evaluar la actividad de la Autoridad Europea del Trabajo (AET) a más tardar el pasado 1 de agosto de 2024, con la posibilidad de modificar el reglamento, o incluso derogarlo, si el mantenimiento de la AET ya no resultaba justificado. La evaluación resulta, en general, positiva: por lo tanto, la AET seguirá desarrollándose. No obstante, la Comisión ha identificado numerosas vías de mejora, tanto en lo que respecta a la gestión de la autoridad como a sus acciones, con la idea de reforzar la AET redefiniendo sus objetivos, prioridades y medios. La AET, cuyas prerrogativas son menores que las de otras agencias de la UE (como Europol, Frontex, la AMLA…), también deberá aplicar medidas que permitan evaluar la eficacia de sus acciones, ya que la Comisión ha señalado deficiencias en este ámbito.
¿Se tiene ya alguna idea de lo que se podría proponer?
En este momento, en lugar de dar a conocer propuestas sobre las que la Comisión sigue reflexionando, solo podemos expresar deseos. En nuestra opinión, la AET debería centrar sus esfuerzos en lo esencial y reducir su alcance en aquellas acciones menos relevantes. Por ejemplo, las acciones en materia de formación, consideradas costosas, parecen demasiado dispersas y, en ocasiones, demasiado alejadas de las misiones de la AET. Por el contrario, sus competencias deberían ampliarse para ganar en eficacia en acciones clave. Así, la recopilación, el intercambio y el análisis de metadatos podrían mejorar considerablemente la detección y la prevención de infracciones de las normas de libre circulación. La AET podría entonces apoyar a los Estados miembros en el análisis estratégico de riesgos e identificar situaciones estructurales de incumplimiento (por ejemplo, en materia de desplazamiento de trabajadores). También podría dotársele del derecho a acceder a datos personales para tratarlos y definir las medidas correspondientes. Por último, convendría replantearse la gobernanza de la AET.
¿No habría que aclarar también ciertas ambigüedades sobre el ámbito de competencia de la AET?
Sin duda es una pregunta importante. Por lo general, la AET solo es competente en situaciones de movilidad profesional intracomunitaria. Sin embargo, en la práctica, muchas de sus actuaciones —como las relativas a la lucha contra el trabajo no declarado o la situación de los conductores de transporte por carretera, por ejemplo— se salen de este marco. El próximo reglamento deberá ser más claro en cuanto a las competencias de la AET, en particular en lo que respecta a los trabajadores nacionales de terceros países. ¿Por qué no redefinir la lista de reglamentos y directivas que entran dentro de su ámbito de aplicación? En cuanto a su actividad de mediación (la AET es competente para facilitar la resolución de litigios entre Estados miembros relativos a casos individuales), ha quedado prácticamente en papel mojado: ¿cómo reinventarla?
Editorial
Carta a nuestros lectores
Este es el penúltimo número antes de las vacaciones de verano. Debido al 14 de julio, día festivo en Francia para nuestros equipos, y con el fin de cubrir mejor la actualidad de julio, el próximo número se publicará el 23 de julio, en lugar del 16, como estaba previsto inicialmente. Por otra parte, en breve os enviaremos una encuesta de satisfacción sobre nuestro nuevo formato, con el fin de tener en cuenta vuestras opiniones y volver a ponernos en contacto con vosotros en septiembre con una oferta aún mejor.
IR Dictionary
Diálogo social sectorial
Del mismo modo que se realiza a escala nacional, en Europa también tiene lugar un diálogo social europeo en numerosos sectores y en el marco de Comités de diálogo sectorial. Actualmente existen 44 mesas de negociación en sectores como el químico, el metalúrgico o el de procesado de alimentos así como en el fútbol profesional. En estas mesas sectoriales de negociación los sindicatos europeos trabajan con las organizaciones patronales para desarrollar diversos instrumentos que van desde recomendaciones y formación (declaraciones conjuntas, guías de mejores prácticas, seminarios conjuntos, etc.) hasta medidas vinculantes como convenios colectivos europeos.
Próximos eventos
2 de julio
Boulogne-Billancourt (Francia)
Club CE europeos
Reunión presencial del Club CE europeos, organizada por IR Share y Astrees, con los secretarios de los comités de empresa europeos y los responsables de relaciones laborales, en torno al economista Gilbert Cette.
3 de julio
Estrasburgo
70.º aniversario de los Institutos del Trabajo
Con motivo de un coloquio con motivo de su 70.º aniversario, el Instituto del Trabajo reúne a una amplia variedad de actores para debatir sobre los grandes retos actuales del mundo laboral, la negociación colectiva, la libertad de expresión y los derechos colectivos de los trabajadores.
22 de julio
Bruselas
Pilar Europeo de Derechos Sociales
La Comisión Europea debe aprobar el nuevo plan de acción del Pilar Europeo de los Derechos Sociales (véase orden del día).
16 al 18 de septiembre
Oslo
Desigualdad en el mercado laboral
Conferencia organizada conjuntamente por IWPLMS e IREC: ¿Cómo se puede combatir la tendencia a la desigualdad en el mercado laboral y qué papel pueden desempeñar los agentes e instituciones?
El equipo
Este número ha sido elaborado por Inès Bollet, Victoria Fonseca, Sea Ange Gonebo, Ambre Grenier-Boley, Frédéric Turlan, Iris Turlan y Paula Villalobos. Conozca a todo el equipo de IR Share en la web.
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Actualidad social europea