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Nuevas orientaciones para el pilar europeo de los derechos sociales
La Comisión Europea publicó, el 22 de julio, una comunicación en la que se hace balance del plan de acción relativo al pilar europeo de los derechos sociales. Esta comunicación, que establece nuevas prioridades, va acompañada de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se detalla si se han alcanzado o no los objetivos del plan de acción (véase el comunicado). La lectura de estos textos no contribuye precisamente a tranquilizar en cuanto a la ambición social de la Unión.
El balance del plan de acción es contrastado, incluso algo sombrío. De los tres grandes objetivos para 2030, solo el primero, el relativo a la tasa de empleo, parece alcanzable: la tasa de empleo (76,1 % en 2025) va, de hecho, por buen camino para alcanzar el objetivo del 78 %. Algunos países ya no están en la carrera: Bélgica, Rumanía e Italia presentan desviaciones de entre 5,4 y 7,2 puntos con respecto a su objetivo nacional para 2030. Junto con los otros siete Estados, que «se sitúan a menos de 4 puntos porcentuales de sus objetivos nacionales», estos países «deberán realizar esfuerzos considerables de aquí a finales de la década». Además, el subobjetivo destinado a reducir a la mitad la brecha en las tasas de empleo entre mujeres y hombres está lejos de alcanzarse. «Esta brecha solo se ha reducido ligeramente desde 2021, pasando de 10 puntos porcentuales a 9,6 puntos porcentuales», destaca el documento de trabajo.
El segundo objetivo principal, el relativo a la formación de adultos, se ha estancado. El crecimiento muy moderado, del 37,4 % en 2016 al 39,5 % en 2022, «resulta insuficiente para alcanzar el objetivo principal de la UE, a saber, que el 60 % de los adultos participe en alguna actividad de formación cada año de aquí a 2030». El subobjetivo relativo a las competencias digitales básicas, que debe abarcar al 80 % de los adultos de aquí a 2030, también avanza con demasiada lentitud: un 55,6 % en 2023, frente al 53,9 % en 2021.
Por último, el tercer objetivo, la reducción de la pobreza, está fuera de su alcance. Si bien se prevé que 15 millones de personas salgan de la pobreza o de la exclusión social de aquí a 2030, la Comisión solo contabiliza 3,5 millones. «Sería necesaria una reducción media anual de más de 2 millones de personas para alcanzar el objetivo de aquí a 2030», lo que requiere «una aceleración significativa de los esfuerzos durante el resto de la década», subraya la Comisión.
Ante esta constatación, la respuesta ofrecida por la Comisión parece bastante débil. Si bien el plan de acción ha dado lugar a siete directivas y ocho reglamentos, la comunicación solo incluye dos medidas emblemáticas que ya se habían anunciado: una directiva sobre la vivienda asequible (Affordable Housing Act, cuya presentación estaba prevista para el 9 de septiembre) y la ley sobre empleos de calidad (Quality Jobs Act), que ya se encuentra en la segunda fase de consulta con los interlocutores sociales europeos (véase más adelante). Asimismo, se está consultando a estos últimos sobre una «posible orientación de la acción de la UE en materia de activación de las personas que se enfrentan a obstáculos importantes para el empleo» (véase el documento de consulta). El resto de la comunicación enumera una serie de medidas —algunas de ellas ya anunciadas— de las que resulta difícil vislumbrar cómo van a mejorar la situación.
Por ejemplo, ante el reto que plantea la inteligencia artificial, la Comisión anuncia la creación de un grupo de expertos de alto nivel encargado de elaborar «escenarios sobre la posible evolución a largo plazo del empleo» y de estudiar cómo estos impactos «pueden anticiparse y gestionarse de la forma más eficaz posible». En resumen, el «pilar» sigue considerándose una «brújula para una Europa social fuerte y resiliente», pero su aplicación ya no es más que una sombra de lo que fue. Peor aún, en su comunicación, tal vez por temor a que se le reproche un exceso de audacia, explica que «redoblará sus esfuerzos para garantizar que el acervo social siga estando adaptado a sus objetivos», lo que «implica, en particular, someter los marcos jurídicos existentes a pruebas de resistencia […] con el fin de identificar los obstáculos prácticos para su aplicación y las posibilidades de simplificación». En otras palabras, prepara a la opinión pública para una posible directiva «ómnibus» en materia social destinada a simplificar el acervo comunitario.
Legislación
Un documento de preguntas y respuestas sobre la transparencia salarial: la Comisión Europea publicó, el 6 de agosto, un documento de preguntas y respuestas para facilitar la aplicación de la directiva sobre la transparencia salarial. En concreto, precisa que los pagos y las prestaciones, ya sean en efectivo o en especie, que no estén sujetos a ningún criterio de elegibilidad y que se abonen de forma colectiva a todos los empleados sin excepción alguna (como los vales de comida, los teléfonos inteligentes o los ordenadores portátiles) no deben tenerse en cuenta. En la sección de preguntas frecuentes se aclara que esta documenta «las opiniones preliminares de la Comisión» y no constituye su posición oficial.
Actualidad social
Aprobación de un informe sobre los riesgos psicosociales en una comisión del Parlamento Europeo: la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales aprobó, el pasado 2 de septiembre, el informe de iniciativa legislativa de Estelle Ceulemans (S&D), por amplia mayoría (41 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones). El texto, acompañado de una propuesta de directiva, aboga por una directiva que establezca normas mínimas comunes con el fin, en particular, de reconocer los trastornos psicosociales como enfermedades profesionales, regular la gestión algorítmica y la inteligencia artificial, y garantizar el derecho a la desconexión (véase el comunicado). La Confederación Europea de Sindicatos ha acogido con satisfacción la aprobación de este informe y ha reclamado una legislación vinculante (véase el comunicado).
Un informe sobre la aplicación de la Directiva relativa al «salario mínimo»: la Comisión Europea publicó, el 23 de julio, el primer informe sobre la aplicación de la directiva 2022/2041 sobre el salario mínimo basado en los datos facilitados por los Estados miembros y en sus planes de acción destinados a promover la negociación colectiva cuando su índice de cobertura de la negociación colectiva sea inferior al umbral del 80 %, lo que actualmente afecta a 18 países. A fecha de 15 de junio de 2026, la Comisión había recibido los planes de acción de 12 Estados miembros. Todos ellos cumplen los requisitos establecidos en la directiva.
Una ayuda a la reestructuración: la Comisión Europea propuso, el pasado 24 de julio, destinar más de 410 000 euros procedentes del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para los trabajadores despedidos (FEG) con el fin de ayudar a 235 trabajadores despedidos por el fabricante finlandés de componentes para automóviles Valmet Automotive (véase el comunicado).
Conmemoración de los accidentes laborales: la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu, propuso el 7 de agosto que el 8 de agosto se convirtiera en el «Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas de los Accidentes Laborales», en referencia al 8 de agosto de 1956, fecha en la que fallecieron 262 trabajadores de 12 nacionalidades diferentes en la mina de carbón de Bois du Cazier, en Marcinelle, Bélgica (véase el comunicado).
Diálogo social interprofesional
Reacciones a la consulta sobre la ley relativa a los empleos de calidad: la Comisión Europea puso en marcha, el pasado 20 de julio, la segunda fase de consulta a los interlocutores sociales europeos sobre la futura «Quality Jobs Act», dándoles de plazo hasta el 28 de septiembre para responder (véase el comunicado). En el documento de consulta, acompañado de un documento de trabajo de sus servicios, la Comisión detalla las líneas de actuación previstas en cinco ámbitos: el derecho a la desconexión y al teletrabajo, la gestión algorítmica, la salud y la seguridad en el trabajo (riesgos psicosociales, ergonómicos, térmicos y relacionados con las pantallas), la protección de los trabajadores en la subcontratación y las transiciones justas. El texto examina asimismo los medios para mejorar la aplicación de la normativa vigente y promover el diálogo social. La Confederación Europea de Sindicatos considera que estas líneas de actuación carecen de ambición y reclama una legislación vinculante, en lugar de meras directrices, sobre los cinco temas, en particular el derecho a la formación, el derecho a la desconexión y un marco normativo estricto para la subcontratación (véase el comunicado). Por su parte, las organizaciones patronales no han reaccionado ante el inicio de esta segunda consulta, pero su postura no ha variado desde la primera: abogan por una mejor aplicación de la legislación vigente, una simplificación del acervo social y el recurso a instrumentos no vinculantes.
Diálogo social sectorial
Un programa de trabajo en el ámbito de la seguridad privada: los interlocutores sociales europeos del sector de la seguridad privada aprobaron, el 27 de mayo, un programa de trabajo para el periodo 2026-2028 en el que anuncian su intención de ejercer toda su influencia en la revisión de la legislación sobre contratación pública, con el fin de que las licitaciones incluyan criterios sociales y de calidad, e impongan el respeto de la legislación laboral y de los convenios colectivos, en lugar de dar prioridad únicamente al precio más bajo (véanse los comunicados de UNI Europa y CoeSS).
Eurotour
Alemania
Un plan de acción para reforzar la negociación colectiva: el Gobierno federal aprobó, el 22 de julio, un plan de acción nacional para reforzar la negociación colectiva, tal y como exige a los Estados la Directiva sobre el «salario mínimo» cuando su índice de cobertura convencional es inferior al 80 %, un umbral que Alemania dista mucho de alcanzar, con un 49 % en 2024 frente al 79 % de 1996 (véase el comunicado). Entre las medidas figuran: la ley federal Bundestariftreuegesetz, en vigor desde el pasado 1 de mayo, que condiciona la adjudicación de contratos públicos federales de más de 50 000 euros al cumplimiento de unas condiciones laborales conformes a un convenio colectivo; y un futuro derecho de acceso digital de los sindicatos a las empresas. Para el profesor Thorsten Schulten, este plan difícilmente supondrá un verdadero punto de inflexión: incluso la Bundestariftreuegesetz, con diferencia la medida más importante, tiene un ámbito de aplicación tan restringido que solo podrá surtir efecto en un ámbito muy limitado.
Dinamarca
La tarjeta de identificación profesional en las grandes obras pasa a ser obligatoria: el lamento aprobó, el 3 de septiembre, el proyecto de ley del Gobierno (véase IR Notes 278) que establece la obligatoriedad de la tarjeta de identificación profesional en las obras de construcción cuyo importe del contrato supere los 100 millones de coronas danesas (aproximadamente 13,4 millones de euros), con el fin de luchar contra el trabajo no declarado, la explotación de la mano de obra extranjera y el dumping social (véase el comunicado).
España
Sanción por realizar entregas en plena ola de calor: la Inspección de Trabajo de Cataluña ha incoado un procedimiento sancionador contra Glovo por mantener su servicio de reparto el 8 de julio en Barcelona, mientras estaba vigente una alerta meteorológica roja (40 °C). Según la inspección, la empresa infringió su propio protocolo interno de suspensión en caso de condiciones meteorológicas extremas, que preveía la desconexión de los repartidores en bicicleta, patinete o motocicleta durante una alerta roja, así como la normativa que impone la interrupción del trabajo cuando no se puede garantizar la protección de los trabajadores. La infracción, calificada de grave, expone a Glovo a una multa de entre 2 451 y 49 180 euros (véase el artículo de El País).
Novedades de las empresas
Comité de empresa europeo
Los sindicatos de Aer Lingus exigen que se consulte al Comité de Empresa Europeo de IAG: en la compañía aérea irlandesa Aer Lingus, el pulso en torno al plan social se recrudece. Esta filial del grupo IAG prevé la supresión de hasta 500 puestos de trabajo (aproximadamente 70 pilotos, 140 tripulantes de cabina y 290 puestos en la sede central) con el fin de situar su margen operativo en el rango del 12-15 % fijado como objetivo por su empresa matriz. Ya el 11 de agosto, el sindicato de pilotos irlandés (IALPA) solicitó que se remitiera el asunto al Comité de Empresa Europeo de IAG, al considerar que la reestructuración era «transnacional», ya que se inscribe en una política de márgenes fijada a nivel del grupo (véase el artículo de The Irish Times). La dirección ha rechazado esta calificación, alegando que los despidos solo afectan al personal irlandés, al que se le aplica exclusivamente la legislación laboral irlandesa. Las negociaciones con los pilotos se interrumpieron el 25 de agosto, ya que la dirección calificó la intervención del Comité de Empresa Europeo de «maniobra de comunicación» (véase el artículo de The Irish Times). Al día siguiente, el sindicato Fórsa (personal de la sede central) solicitó a su vez la suspensión de las consultas nacionales hasta que concluya el procedimiento del Comité de Empresa europeo (véase el artículo de The Irish Times). Los sindicatos se basan en un precedente: una sentencia dictada el 18 de septiembre de 2023 por la Audiencia Nacional de Madrid. El tribunal había dictaminado que los recortes de plantilla decididos por IAG en 2020 (12 000 puestos de trabajo en British Airways y 500 en Aer Lingus) constituían efectivamente una medida «transnacional» en el sentido del acuerdo por el que se constituyó el comité de empresa europeo del grupo, y que IAG había incumplido su obligación de informar a dicho órgano. La postura de la dirección resulta sorprendente en este contexto, en el que la negativa a involucrar al Comité de Empresa Europeo no puede sino perjudicar el diálogo social y la puesta en marcha de la reestructuración.
Acuerdo marco mundial
Presión para renovar un acuerdo mundial: en una carta enviada el pasado 29 de julio a más de 80 inversores, la federación sindical internacional UNI Global Union instó a los accionistas del gigante mundial de los centros de atención telefónica TP (antes Téléperformance) a que exijan a la dirección que renueve el acuerdo marco mundial firmado en 2022, haciendo uso de la «reputación» de la multinacional como palanca. Tras haber detectado varias violaciones de los derechos sindicales, UNI Global recuerda que «una empresa que presenta un riesgo tan elevado de controversia en materia de relaciones laborales debe comprometerse con un sindicato mundial». El compromiso de los inversores «ha desempeñado un papel decisivo a la hora de llevar a la empresa a la mesa de negociaciones y alcanzar el acuerdo inicial en 2022», subraya UNI Global, convencida de que su apoyo «vuelve a ser esencial para favorecer el retorno a un diálogo constructivo».
Datos e informes
Primer balance de la Directiva sobre el «salario mínimo»
La Comisión Europea publicó, el pasado 23 de julio, el primer informe sobre la aplicación de la Directiva 2022/2041 relativa a los salarios mínimos adecuados en la UE. Elaborado a partir de los datos facilitados por los Estados miembros, el documento aborda tanto la evolución de los salarios mínimos en los Veintisiete como la evaluación de los planes de acción destinados a reforzar la negociación colectiva en aquellos países en los que menos del 80 % de los trabajadores están cubiertos por un convenio colectivo. Si bien la primera parte es menos exhaustiva que el estudio anual elaborado por Eurofound (que se publicará este mes de septiembre), la evaluación de los planes de acción muestra, en cambio, el camino que queda por recorrer para reactivar la negociación colectiva. Dieciocho Estados miembros se sitúan por debajo del umbral de cobertura del 80 % establecido por la directiva, con Polonia a la cola (11,6 %). Solo 12 de ellos han remitido un plan de acción a la Comisión. No obstante, la Comisión considera prematuro evaluar su eficacia real, que solo podrá medirse a través de la evolución de las tasas de cobertura.
Estadística clave
11 %
En 2025, el 11 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años de la UE no trabajaban, ni estudiaban, ni seguían una formación (NEET)
Para este grupo de edad, la UE se ha fijado un objetivo europeo destinado a reducir la proporción de jóvenes «NEET» del 12,6 % en 2019 al 9 % de aquí a 2030 (véase el comunicado). Las tasas más bajas se observaron en los Países Bajos (5,3 %), en Suecia (5,9 %) y en Eslovenia (7,6 %). En 2025, diez países registraban tasas de «NEET» superiores a la media de la UE. Entre ellos, las tasas más elevadas se registraron en Italia, Grecia (13,6 %), Bulgaria (13,8 %) y Rumanía (19,2 %).
Jóvenes (de 15 a 29 años) que ni trabajan ni estudian ni reciben formación, 2025
Tres preguntas para...
Mikael Hansson
profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Uppsala
sobre el fin de la huelga en Tesla en Suecia
“Los sindicatos simplemente se han topado con un adversario igual de grande, igual de fuerte e igual de dispuesto a luchar”
Tras casi tres años de huelga con el objetivo de que Tesla firmara un convenio colectivo para sus actividades en Suecia, el sindicato metalúrgico IF Metall anunció el 19 de agosto que ponía fin a la huelga. ¿Cómo llegó esta huelga a su fin?
En concreto, la dirección de Tesla parece haber alcanzado un acuerdo negociado con la totalidad de los trabajadores en huelga afiliados a IF Metall, lo que ha llevado a este último a suspender el movimiento de huelga, al no contar ya con ningún afiliado en Tesla. Por lo tanto, gracias a las negociaciones individuales con cada uno de los trabajadores afectados, Tesla ha salido finalmente victoriosa de su pulso con IF Metall.
¿Supone este caso un fracaso para el modelo sindical sueco?
Sin duda, no es una victoria para IF Metall, pero no puede afirmarse que el modelo sueco de relaciones laborales haya quedado en entredicho, dado que se trataba de un conflicto excepcional. En primer lugar, por su duración: ningún conflicto de este tipo ha durado tanto tiempo en la era moderna. Por otra parte, por la magnitud de los recursos financieros movilizados por Tesla para alcanzar sus objetivos, a saber, evitar la firma de un convenio colectivo con el sindicato IF Metall. Por lo general, cuando un empresario privado no afiliado a una organización patronal se niega a aplicar un convenio colectivo, el sindicato consigue imponer su punto de vista recurriendo a huelgas, a menudo respaldadas por huelgas de solidaridad de sindicatos de otros sectores, con el fin de ejercer tal presión financiera sobre la empresa que esta acaba cediendo. En el caso de Tesla, sin embargo, cabe decir que el sindicato IF Metall se ha topado con un adversario de peso. Tesla ha gastado sumas considerables y, por una u otra razón, ha considerado que ese coste era aceptable. Es poco probable que un escenario así se repita en el futuro, ya que resulta demasiado costoso para ambas partes.
No obstante, con este asunto —al igual que con las medidas adoptadas por Tesla en su fábrica cerca de Berlín para impedir que IG Metall se estableciera allí—, ¿demuestra el fabricante estadounidense que, con suficiente dinero, es posible eludir los sistemas nacionales de relaciones laborales?
Efectivamente, y eso es lo que hace que este asunto sea tan particular. En el modelo sueco de relaciones laborales, donde prima la negociación colectiva, los sindicatos utilizan su peso económico para obligar a las pequeñas empresas a incorporarse al sistema de negociación. Así pues, simplemente se han topado con un adversario igual de grande, igual de fuerte e igual de dispuesto a luchar: por lo tanto, en cierto modo, más que una elusión del modelo sueco, lo que estamos presenciando es simplemente la puesta en práctica de este modelo de regulación del mercado laboral. Uno de los dos tendrá que ceder. En este caso concreto, es IF Metall.
IR Dictionary
El asunto Laval y Partneri
El 18 de diciembre de 2007, el Tribunal de Justicia dictó una sentencia (asunto C-341-05, Laval un Partneri) en un asunto relativo a una acción colectiva emprendida por un sindicato sueco del sector de la construcción para obligar a una empresa letona —que había enviado trabajadores en régimen de desplazamiento a una obra en Suecia— a firmar el convenio colectivo vigente en el sector, con el fin de remunerar a los trabajadores letones al mismo nivel que a los suecos, evitando así cualquier dumping social. El Tribunal reconoció que el derecho a emprender una acción colectiva en lugar de convocar una huelga es un derecho fundamental de la Unión Europea, lo que fue inmediatamente aplaudido por el movimiento sindical. Sin embargo, la sentencia afirmaba un poco más adelante que el ejercicio de este derecho no es de tal naturaleza «que permita que dicha acción quede fuera del ámbito de aplicación del Derecho comunitario»: debe articularse con otros derechos fundamentales, como la libertad de establecimiento o la libre prestación de servicios. Una postura contra la que se han rebelado los sindicatos.
Próximamente
11 de septiembre
Bruselas
Entender el «28.º régimen»
El Instituto Sindical Europeo organiza un foro de expertos en torno a la propuesta de un «28.º régimen», que incluye, en particular, un análisis de los aspectos fiscales y sociales.
15 de septiembre
Estrasburgo
Paquete de movilidad equitativa
La Comisión Europea tiene previsto dar a conocer el paquete de medidas en favor de una movilidad equitativa de la mano de obra (Fair labour mobility package), que incluye una propuesta relativa a un «pasaporte europeo de la seguridad social», una propuesta de reglamento para reforzar la Autoridad Europea del Trabajo y una iniciativa en favor de la portabilidad de las competencias (véase la agenda).
Del 16 al 18 de septiembre
Oslo
Desigualdad en el mercado laboral
Conferencia organizada conjuntamente por IWPLMS e IREC: ¿Cómo se puede combatir la tendencia a la desigualdad en el mercado laboral y qué papel pueden desempeñar los agentes e instituciones?
19 de octubre
Luxemburgo
Consejo Empleo y Asunto sociales
El equipo
Este número ha sido elaborado por Inès Bollet, Victoria Fonseca, Sea Ange Gonebo, Ambre Grenier-Boley, Frédéric Turlan, Iris Turlan y Paula Villalobos. Conozca a todo el equipo de IR Share en la web.
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