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Dos visiones irreconciliables sobre el futuro Quality Jobs Act
Los interlocutores sociales europeos presentaron sus propuestas a la Comisión Europea el 28 de septiembre, en el marco de la segunda fase de consulta, iniciada el 20 de julio, sobre la futura «ley de empleo de calidad» (Quality Jobs Act). Un texto que la Comisión presentará «de aquí a finales de año», tal y como confirmó su presidenta, Ursula von der Leyen, el 16 de septiembre, en su discurso sobre el estado de la Unión.
Por parte de los sindicatos, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) sigue reclamando una legislación vinculante en los cinco ámbitos seleccionados por la Comisión (gestión algorítmica e inteligencia artificial en el ámbito laboral; salud y seguridad en el trabajo; protección de los derechos de los trabajadores en las cadenas de subcontratación y la intermediación laboral; transición justa; aplicación del Derecho laboral y papel de los interlocutores sociales), a los que añade el teletrabajo y el derecho a la desconexión. Aunque había acogido bastante bien el primer documento de consulta, la CES se muestra más crítica con la Comisión, cuyas propuestas, en su opinión, «no están a la altura». Precisa que todas las iniciativas deberían adoptar la forma de directivas, rechazando la idea de un reglamento que impondría una armonización máxima. La CES denuncia asimismo las ambiciones de simplificación de la Comisión, que equipara con intentos de desregulación. Cabe señalar que se niega a que la cobertura convencional sirva para eximir a los empresarios de su responsabilidad, para suavizar las evaluaciones de riesgos o para reducir los controles. Por último, se muestra más firme en lo relativo a los efectos climáticos, reclamando un instrumento específico que abarque la exposición al calor o al frío, así como el derecho de retirada.
En su respuesta, BusinessEurope se mantiene firme en su posición, aunque se muestra menos crítica con la Comisión, lo que sin duda es señal de que su labor de presión entre las dos fases de consulta ha resultado eficaz. La organización patronal se limita a expresar reservas sobre «determinadas partes» del documento y solo acepta una única iniciativa legislativa: la fusión y simplificación de las directivas sobre «lugares de trabajo» y «pantallas de visualización». Es precisamente la única que rechaza la CES, que desea mantener ambas directivas y, al mismo tiempo, reforzarlas. En el resto de temas, BusinessEurope aboga por actuar, si fuera necesario, mediante instrumentos no vinculantes.
Al ser interrogados por la Comisión sobre su disposición a negociar estos temas, los interlocutores sociales europeos tienen dificultades para ocultar la muerte clínica del diálogo social interprofesional europeo. La CES cierra la puerta, al considerar que «en estos momentos no se dan las condiciones necesarias» para negociar con BusinessEurope un acuerdo vinculante que posteriormente pudiera incorporarse a una directiva. Con un enfoque más táctico, BusinessEurope se muestra abierta y recuerda que ha propuesto dos temas de negociación en el marco de los debates sobre el programa de trabajo 2027-2028 de los interlocutores sociales europeos: 1.º, una simplificación de la directiva sobre transparencia salarial, mediante una presunción de cumplimiento para las empresas que apliquen un convenio colectivo; 2.º, una revisión y fusión de las directivas sobre «lugares de trabajo» y «pantallas de visualización», que abarcaría también los riesgos psicosociales «con el fin de evitar la adopción de una legislación específica». Y como era de esperar, la CES las ha rechazado. Este programa no incluiría, en esta fase, ninguna negociación de acuerdo, lo que constituiría una novedad. Los interlocutores sociales se habrían puesto de acuerdo en el mínimo común denominador: revisar su acuerdo sobre el envejecimiento activo, que no ha tenido ningún efecto notable.
A la Comisión le resultará muy difícil alcanzar una síntesis consensuada, pero no podrá eludir su responsabilidad: mejorar las condiciones laborales de una población activa que envejece, llamada a trabajar durante más tiempo, y hacer que el trabajo resulte atractivo en la UE.
Legislación
Aprobación del reglamento de coordinación de los regímenes de seguridad social: el Consejo aprobó definitivamente, el 28 de septiembre, la revisión de los Reglamentos n.º 883/2004 y n.º 987/2009 relativos a la coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social a escala de la UE (véase IR Notes 278), (véase el comunicado). El reglamento entrará en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación en el DOUE. Los Estados miembros dispondrán de 24 meses para prepararse, en particular, para las nuevas normas de notificación previa de los desplazamientos (solicitud del formulario A1 antes de la salida). La Federación Europea de Trabajadores de la Madera y de la Construcción (FETBB) acoge con satisfacción el reglamento, ya que tiene en cuenta las particularidades del sector de la construcción. De hecho, este sector queda excluido de la excepción prevista para las actividades de corta duración (tres días laborables consecutivos como máximo en un plazo de 30 días): cualquier desplazamiento deberá notificarse con antelación, independientemente de su duración. Una postura compartida con las organizaciones patronales FIEC y EBC, lo que lleva a la FETBB a afirmar que se trata de «una auténtica victoria para el diálogo social».
Actualidad social
Preparación para la aplicación del Reglamento sobre el trabajo forzoso: la Comisión Europea organiza una serie de seminarios web destinados a ayudar a las empresas a prepararse para el Reglamento 2024/3015, que prohibirá, a partir del 14 de diciembre de 2027, la comercialización en la UE y la exportación de productos elaborados mediante trabajo forzoso. Los dos primeros seminarios web presentaban el reglamento y las herramientas de preparación; están disponibles en el portal único de la Comisión dedicado al trabajo forzoso. A estos les seguirán seis seminarios web sectoriales, desde el 13 de octubre (energía solar) hasta el 24 de noviembre (pesca).
Actualidad social
Campaña europea sobre salud y seguridad en el trabajo «Lugares de trabajo saludables 2026-2028»: antes del lanzamiento, previsto para el 13 de octubre en Bruselas, de la campaña «Juntos por la salud mental en el trabajo», dirigida por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), la página web de la campaña ya está disponible en todas las lenguas de la UE. Sirve como plataforma central de recursos (informes, guías prácticas y herramientas) para contribuir a la prevención de los riesgos psicosociales y fomentar entornos de trabajo que favorezcan el bienestar mental.
Diálogo social sectorial
Lucha contra la escasez de mano de obra: los interlocutores sociales europeos del sector de la restauración colectiva por contrato aprobaron, el 29 de septiembre, una declaración conjunta sobre la escasez de mano de obra y de competencias. Coinciden en las soluciones que deben aplicarse a nivel europeo y nacional, en torno a cuatro ejes, el primero de los cuales consiste en revisar la normativa sobre contratación pública, en particular abandonando la adjudicación de contratos basada únicamente en el precio más bajo en favor de criterios basados en la calidad. Otro de ellos tiene por objeto reforzar el diálogo social y la negociación colectiva con el fin de ofrecer salarios y condiciones laborales atractivas, ya que se considera que la negociación colectiva sectorial es esencial para mantener los derechos derivados de los convenios colectivos a pesar de los frecuentes cambios de prestador de servicios (véase el comunicado de la EFFAT).
Eurotour
Alemania
Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la limpieza : el Ministerio de Trabajo y los interlocutores sociales del sector firmaron, el 17 de septiembre, una carta destinada a mejorar las condiciones laborales en el sector de la limpieza, un sector con grandes exigencias físicas que da empleo a unos 700 000 trabajadores (véase el comunicado). La carta insta, en particular, a los contratistas a tener en cuenta criterios de calidad a la hora de adjudicar los contratos, que a menudo se adjudican al mejor postor en detrimento de las condiciones laborales (véase el comunicado). Además, fomenta que la limpieza se realice durante el día, en lugar de por la noche, a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, con el fin de conciliar mejor la vida laboral y la vida familiar.
Austria
Medida para fomentar la jubilación activa: la Cámara Baja del Parlamento (Consejo Nacional) aprobó, el pasado 23 de septiembre, un paquete legislativo destinado a animar a las personas que han alcanzado la edad legal de jubilación a seguir trabajando («Aktivpension») (véase el comunicado). A partir de 2027, aquellas personas que acrediten 40 años de cotización (34 en el caso de las mujeres, con carácter transitorio hasta 2033) se beneficiarán de una desgravación fiscal sobre sus ingresos por actividad laboral que podrá alcanzar los 1 250 euros al mes (15 000 euros al año). Además, los trabajadores por cuenta ajena quedarán exentos de la cotización salarial al seguro de pensiones. En la actualidad, alrededor de 150 000 austriacos siguen trabajando más allá de la edad de jubilación (véase el comunicado).
Austria
Aumento salarial en el sector metalúrgico: la segunda fase del convenio salarial bienal del sector metalúrgico, firmado en 2025, se aplicará a partir del 1 de noviembre a los aproximadamente 190 000 trabajadores del sector (véase el comunicado). Los salarios mínimos convencionales aumentan un 2,1 % y los salarios reales un 1,9 %, situándose el salario mínimo convencional en 2 622,74 euros brutos al mes. Por su parte, el plus por trabajo nocturno aumenta un 7,01 %, hasta los 3,75 euros por hora. Firmado en plena crisis del sector, el convenio se sitúa por debajo de la inflación de referencia (3,3 % entre septiembre de 2025 y agosto de 2026).
España
La UGT recurre a la Inspección de Trabajo por el uso de la IA en CaixaBank: El sindicato UGT denuncia la falta de transparencia de CaixaBank en relación con la implantación de dos herramientas de IA. Ante la falta de respuesta a sus solicitudes de información, la UGT recurrió a la Inspección de Trabajo a finales de septiembre para averiguar qué datos recopilan estas herramientas, qué ocurre con las grabaciones de voz, quién tiene acceso a ellas y si dichos datos pueden utilizarse para controlar, comparar o evaluar la actividad de los trabajadores. También se pregunta por su impacto en la carga de trabajo y en los objetivos comerciales. CaixaBank responde que estas herramientas se encuentran en fase de prueba, que su objetivo es facilitar la gestión comercial y aligerar determinadas tareas administrativas, y que no constituyen mecanismos de supervisión ni de evaluación de los empleados. El banco afirma asimismo haber entablado un diálogo con el sindicato antes de su implantación. Para la UGT, la fase de prueba no justifica la falta de transparencia: la IA debe ser «una ayuda, no un supervisor invisible».
Novedades de las empresas
Comités de empresas europeos
Vinci reconoce a sus empleados el derecho a interrumpir una operación peligrosa: la dirección general de Vinci y el comité de empresa europeo del grupo firmaron, el pasado 17 de septiembre, unas nuevas «Directrices en materia de salud y seguridad en el trabajo». Estas sustituyen la declaración conjunta de junio de 2017. El texto pretende estar «en la línea» del anterior, pero con un tono más enérgico. «Rechazamos el fatalismo», escriben los firmantes, convencidos de que «cualquier accidente se puede evitar». La salud y la seguridad se convierten en el «principal factor de excelencia operativa». «Cada directivo, dentro de un marco claramente establecido, es responsable de la seguridad y la salud de los colaboradores que están bajo su responsabilidad», indica el texto. El directivo también debe dar ejemplo, lo que supone «una presencia regular sobre el terreno». Se precisa el objetivo de «cero accidentes»: su finalidad es, «en un primer momento», erradicar los accidentes graves y mortales. El personal temporal y externo debe disfrutar de las «mismas» condiciones de seguridad que los empleados de Vinci, y ya no de condiciones «comparables», como indicaba la versión de 2017. La principal novedad, el «reflejo del STOP», otorga a cada empleado la facultad de detener una operación. Cualquier peligro inminente debe señalarse «de inmediato y con total transparencia». El empleado «debe detener» una operación que considere arriesgada para sí mismo; «tiene la posibilidad de suspender» una operación que suponga una amenaza para otras personas o para las instalaciones. Estas iniciativas, adoptadas de buena fe, no pueden serle reprochadas. Otra novedad es la incorporación de la salud mental. La declaración aboga por modelos de organización «que limiten el desgaste profesional y preserven la salud mental y física». Por último, el comité restringido del Comité de Empresa europeo pasa a ser el destinatario de la información trimestral. Esta información se refiere ahora a los accidentes mortales y a los indicadores de salud y seguridad.
Las necesarias repercusiones sustanciales de un proyecto transnacional: el comité de empresa europeo de la compañía aérea EasyJet sufrió, el pasado 17 de septiembre, un revés ante el órgano británico competente en litigios relacionados con los comités de empresa europeos, el Comité Central de Arbitraje (CAC). El Comité de Empresa europeo reprochaba a la dirección no haberle informado ni consultado antes de su decisión de abrir una base operativa en Marrakech. La compañía ha destinado a dicha base tres aeronaves que anteriormente tenían su base en la UE, operadas por pilotos con estatuto de autónomos y por personal de cabina proporcionado por una agencia de trabajo temporal. En su resolución, el CAC no descarta que pueda tratarse de un proyecto transnacional, aunque se refiera a una sede fuera de la UE. No obstante, se basa en la nueva Directiva 2025/2450 (que, sin embargo, no es de aplicación en el Reino Unido) para considerar que una cuestión solo es transnacional si tiene efectos «sustanciales y no meramente insignificantes». Ahora bien, el CAC señala que el proyecto preveía el traslado temporal de un máximo de un centenar de empleados, procedentes de bases de EasyJet situadas en el EEE, en el Reino Unido o en Suiza, para garantizar los vuelos mientras las tripulaciones contratadas in situ recibían una formación de entre cuatro y cinco semanas, lo que supone menos del 1 % del total de empleados de EasyJet. «Teniendo en cuenta su alcance y su duración prevista, no se trataba de un traslado significativo de personal», concluye el CAC, para quien la creación de la base no constituía una cuestión transnacional: «Por lo tanto, la dirección no tenía ninguna obligación de informar y consultar al Comité de Empresa Europeo al respecto».
Acuerdos de empresa
Retelit-X pasa a la semana laboral de 36 horas sin reducción salarial: el operador italiano de telecomunicaciones Retelit-X (con menos de 1 000 empleados) firmó un convenio de empresa, el pasado 22 de septiembre con cuatro federaciones sindicales y los representantes del personal (RSA/RSU). El acuerdo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, reduce la jornada laboral semanal de 40 a 36 horas sin variación salarial, reduciéndose la jornada del viernes a media jornada. Esta reducción se financia a partes iguales: el empleado dedica dos horas (que se deducen de sus derechos a vacaciones retribuidas ya acumulados) y la empresa se hace cargo de las dos horas restantes. El acuerdo establece asimismo una cuota de teletrabajo de 144 días para 2027, lo que equivale a unos tres días a la semana, siempre que se alcance un nuevo acuerdo individual.
Airbus renuncia a reducir el teletrabajo tras tres meses de huelga en España: La dirección de Airbus quería reducir el teletrabajo a un día a la semana. Este proyecto ha suscitado protestas en varias sedes del grupo, especialmente en España, lo que ha dado lugar a un conflicto laboral de gran envergadura, alimentado también por reivindicaciones salariales. La dirección y los sindicatos ATP, CCOO y SIPA llegaron a un acuerdo a principios de septiembre, gracias a la mediación del Ministerio de Industria, por el que se mantiene íntegramente el acuerdo de teletrabajo vigente. Este permite realizar hasta el 40 % de la jornada laboral a distancia, es decir, dos días a la semana. Se respetan los acuerdos individuales existentes y el régimen se aplicará también a los nuevos contratados. En materia salarial, el acuerdo prevé un aumento anual equivalente a la inflación real más dos puntos hasta 2029, así como una prima única de 2 000 euros.
Datos e informes
Un estudio sobre los efectos nocivos de los horarios atípicos en la salud de los trabajadores
Un estudio publicado a principios de septiembre por la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo (Anses) pone de relieve los efectos nocivos de los horarios atípicos en la salud y en la vida social y familiar de los trabajadores. Este estudio da continuidad a un informe publicado en 2016 sobre el trabajo nocturno. En primer lugar, el estudio destaca los riesgos de cada uno de los horarios atípicos (los horarios prolongados, los horarios desplazados o los horarios de fin de semana), que afectarían a entre el 55 % y el 75 % de los trabajadores en Francia. Así, el trabajo en horarios prolongados tiene efectos nocivos sobre la salud cardiovascular, la ansiedad y la calidad del sueño. Los horarios escalonados afectan a la vida social y familiar (sobre todo el trabajo nocturno), a la salud mental y cardiovascular, así como a la duración y la calidad del sueño (en particular en los turnos de mañana). El trabajo durante el fin de semana dificulta la conciliación entre la vida laboral y la familiar. La ANSES recomienda limitar el recurso habitual a los horarios atípicos y, cuando sea necesario, regularlo mejor. La agencia aboga por dar prioridad a las compensaciones no económicas y beneficiosas para la salud: reducción de la jornada laboral con salario constante, descanso compensatorio, ayudas para el transporte o el cuidado de los hijos, etc.
Estadística clave
3 367
En 2024, la UE registró 3.367 accidentes laborales mortales, lo que supone un aumento de 45 fallecimientos con respecto a 2023.
Según los últimos datos de Eurostat, casi una cuarta parte (23 %) de estos accidentes se produjeron en el sector de la construcción. Francia encabeza la clasificación con 830 fallecimientos laborales (lo que supone 3,61 fallecimientos por cada 100 000 trabajadores), por delante de Italia (482 fallecimientos; 2,01), España (402; 1,89) y Alemania (361; 1,02). No obstante, estas clasificaciones deben interpretarse con cautela, tal y como subraya un estudio de Eurogip publicado en marzo de 2026, sobre todo debido a la diversidad de las prácticas nacionales. Por ejemplo, los episodios de malestar en el trabajo (ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares) representaron en 2023 el 57 % de los accidentes mortales en Francia y el 43,6 % en España, ya que allí se consideran accidentes de trabajo, independientemente de que exista o no una relación causal con el ejercicio de la actividad profesional, lo que no ocurre en Alemania.
Accidentes laborales mortales, 2024
Última hora
Riesgos psicosociales: el Parlamento Europeo solicita una directiva
El Parlamento Europeo aprobó, el 6 de octubre y por amplia mayoría, la resolución de Estelle Ceulemans (S&D) en la que se solicita a la Comisión una propuesta legislativa sobre los riesgos psicosociales, el estrés y la salud mental en el trabajo. Este resultado ha sido posible gracias a una serie de compromisos respecto al texto aprobado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Antes de presentar dicho texto, se insta a la Comisión a realizar un análisis de impacto acompañado de una «prueba de competitividad» y una «prueba de pymes», lo que podría retrasar cualquier iniciativa. La futura directiva, basada en el artículo 153 del TFUE, deberá subsanar las lagunas de la legislación vigente sin crear instrumentos redundantes. El Parlamento solicita que se reconozca que estos riesgos «dan lugar a enfermedades profesionales», pero rechaza cualquier presunción que obligue al empresario a «demostrar un hecho negativo». Los Estados miembros seguirán teniendo libertad para aliviar la carga de la prueba. El anexo esboza el contenido de la directiva. Cualquier reorganización importante, incluido un cambio en las modalidades de teletrabajo o la introducción de sistemas automatizados de toma de decisiones y de vigilancia, sería objeto de una evaluación previa de riesgos, realizada junto con los trabajadores y sus representantes. Las decisiones adoptadas o respaldadas por la gestión algorítmica seguirían estando sometidas a un control humano «continuo, significativo y eficaz». A ello se suman el derecho a la desconexión, un plan personalizado de reincorporación al trabajo y la protección frente a represalias. De gran utilidad para los negociadores, el texto define asimismo la «angustia moral», que se produce cuando a los trabajadores «se les impide actuar de conformidad con las normas profesionales, éticas o clínicas», por ejemplo, por falta de personal o de recursos.
IR Dictionary
Recurso por incumplimiento
Dado que muchos Estados miembros se han retrasado en la transposición de la Directiva sobre transparencia salarial, que debería haberse transpuesto a más tardar el pasado 7 de junio, conviene recordar en qué consiste el «recurso por incumplimiento». El recurso por incumplimiento, interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la UE, puede ser iniciado por la Comisión o por un Estado miembro contra otro Estado miembro que no haya respetado el Derecho de la UE. Se basa en los artículos 258 a 260 del TFUE. El recurso puede dirigirse contra un Estado miembro que adopte un texto contrario al Derecho europeo o se niegue a derogar una medida interna contraria. También puede referirse a retrasos en la transposición de una directiva o a la falta de comunicación de las medidas adoptadas para transponerla. Antes de recurrir al Tribunal de Justicia, la Comisión envía en primer lugar una carta de requerimiento al Estado miembro y, a continuación, si es necesario, un «dictamen motivado». Si la respuesta de este último no le convence, podrá entonces recurrir ante el Tribunal de Justicia. Una vez dictada la sentencia, si el país no la cumple, la Comisión podrá iniciar un nuevo procedimiento, que en esta ocasión podrá llevar al Tribunal de Justicia a imponer al Estado recalcitrante una suma a tanto alzado y/o una multa coercitiva. No obstante, cuando el incumplimiento consista en no haber comunicado las medidas de transposición de una directiva, la Comisión podrá solicitar dichas sanciones económicas ya desde el primer recurso (artículo 260, apartado 3, del TFUE).
Próximamente
15 de octubre
París
El inicio del curso de la Europa social
Encuentro «Europa social» organizado por la asociación Réalité du dialogue social (RDS), con la participación, entre otros, de Isabelle Schömann, secretaria adjunta de la Confederación Europea de Sindicatos.
5 de noviembre
En línea
Transición justa
Reunión del Club de Comités de Empresa Europeos sobre el papel de los comités de empresa europeos en materia de transición justa (contacto: contact@irshare.eu).
19 de noviembre
París
Relaciones sociales en España
En el marco de su gira europea sobre relaciones sociales, la asociación Dialogues organiza una mañana dedicada a España con Valérie Parra Balayé, secretaria confederal de política internacional y responsable de relaciones europeas de la UGT (véase el contacto).
El equipo
Este número ha sido elaborado por Inès Bollet, Victoria Fonseca, Ambre Grenier-Boley, Frédéric Turlan. Conozca a todo el equipo de IR Share en la web.
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