IR Notes

La nueva Comisión Europea formada por su presidente, Jean-Claude Juncker, parece tener más en cuenta la dimensión social de la UE que el equipo anterior: 1) Dos vicepresidentes de la Comisión incluyen varios temas sociales en su ámbito de competencias. Uno de ellos es el letón Valdis Dombrovskis, responsable de una singular combinación de temas: el euro y el diálogo social. Por otro lado está el finés Jyrki Katainen, responsable de empleo, crecimiento, inversiones y competitividad. 2) La comisaria responsable de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, la demócrata cristiana flamenca Marianne Thyssen (ver fotografía), representa a un país fundador de la Unión que, al igual que la patria de Jean-Claude Juncker, acredita una larga tradición en el diálogo social. Es una persona que “entiende la necesidad del diálogo con los sindicatos”, afirma la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos Bernadette Ségol. 3) En su mandato se dota a la comisaria del derecho de intervención en el sistema del Semestre Europeo, lo que la autoriza a realizar recomendaciones a los Estados miembros, en especial en relación con la reforma del mercado laboral. 4) La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión asume áreas de otras direcciones generales responsables de temas relacionados con la formación, la igualdad de trato o los derechos de las personas con discapacidad. Por consiguiente, existen signos positivos en favor del diálogo social. Los diputados del Parlamento Europeo miembros de la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión podrán comprobar sin duda si dicha orientación más social del nuevo equipo es tal cuando escuchen el 1 de octubre a Marianne Thyssen, conocida como la “cara social” de la nueva Comisión Europea.

• Reducción de la carga fiscal del trabajo: Los representantes de los Estados miembros de la eurozona (Eurogrupo) aprobaron una declaración sobre los principios comunes para la reducción de la carga fiscal del trabajo. El presidente del Consejo Herman van Rompuy dijo el 16 de septiembre que “en estos momentos el mayor impulso que se le puede dar al fomento del empleo es reducir la fiscalidad del trabajo” (véase el discurso en inglés).


• Intervención en favor de los empleados despedidos de PSA Peugeot-Citroën: El 11 de septiembre la Comisión Europea propuso la asignación de ayudas a Francia por valor de 12,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (véase el comunicado de prensa). El objetivo de dicha asignación es ayudar a encontrar un nuevo trabajo a los 2 357 empleados despedidos de PSA Peugeot-Citroën.


• Seminario para comités de empresa europeos del sector financiero: UNI Europa Finanzas organizó un seminario los días 10 y 11 de septiembre en la ciudad alemana de Potsdam en el que participaron representantes de los sindicatos de los principales bancos europeos (Deutsche Bank, Allianz, BNP Paribas Fortis, UniCredit, Barclays y Société Générale). El objetivo era la mejora de las prácticas de los comités de empresa europeos y construir redes sindicales globales en dichos grupos bancarios. (véase el comunicado de prensa en inglés).

• Eliminación de barreras en el desplazamiento de trabajadores de terceros países: El Tribunal de Justicia Europeo ha dictado una sentencia (TJUE, 11 de septiembre de 2014, asunto C-91/13), que recuerda a los Estados miembros que no pueden levantar barreras que dificulten el acceso de trabajadores de terceros países a su mercado laboral cuando éstos son enviados por otra empresa de un Estado miembro de la UE para la prestación de servicios en su territorio. En el presente caso la empresa neerlandesa Essent había contratado a otra empresa también neerlandesa para la instalación de andamios. Ésta a su vez había subcontratado a una empresa alemana que envió a 29 trabajadores turcos a trabajar a la obra. Las autoridades neerlandesas impusieron a Essent una multa de 264 000 euros porque la empresa no había solicitado el permiso de trabajo para estos nacionales de un tercer país. En opinión del Tribunal de Justicia, la obligación de presentar un permiso de trabajo es desproporcionada y propone simplificar el procedimiento presentando una declaración antes del desplazamiento.


• Los derechos de los convenios colectivos se mantienen en caso de traspasos de empresas: La Directiva 2001/23 del 12 de marzo de 2001 prevé en caso de traspasos de empresas el mantenimiento de “las condiciones de trabajo acordadas en el convenio colectivo” por parte de la empresa que acoge a los trabajadores hasta la fecha de extinción o de expiración del convenio, o de la entrada en vigor de otro convenio colectivo (Art. 3 § 3). En el litigio resuelto por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE del 11 de septiembre de 2014, asunto C-328/13, Österreichischer Gewerkschaftsbund) se trataba de aclarar si dicho principio también es válido cuando el convenio colectivo se ha extinguido justo antes del traspaso y si la legislación nacional prevé la protección de los derechos derivados del convenio colectivo en caso de extinción. El Tribunal de Justicia ha respondido a esta cuestión afirmativamente: los derechos derivados del convenio colectivo se mantendrán a pesar de la extinción hasta la expiración del periodo de validez previsto mientras no entre en vigor un nuevo convenio colectivo o mientras no se haya celebrado un acuerdo individual entre el empleador y el trabajador.


• En una licitación pública no se puede imponer el salario mínimo vigente a trabajadores que prestan servicios en otro Estado miembro: El Tribunal de Justicia Europeo ha dictado sentencia (TJUE del 18 septiembre de 2014, asunto C-549/13, Bundesdruckerei GmbH) en el asunto entre una imprenta alemana y la ciudad de Dortmund. Esta última pretendía obligar en el marco de una licitación pública tanto a la imprenta como a sus subcontratistas a mantener el salario mínimo de 8,62 euros estipulado en la legislación alemana. La empresa, que deseaba subcontratar una parte del contrato a una empresa polaca, se opuso a esta disposición. En justicia, el Tribunal estimó lo siguiente: si el salario mínimo fijado “corresponde al que se exige para garantizar una remuneración adecuada de los trabajadores del Estado miembro de la entidad adjudicataria a la vista del coste de la vida en ese Estado miembro, pero no guarda relación con el coste de la vida existente en el Estado miembro en el que se llevarán a cabo las prestaciones del contrato público de que se trata y que privaría, por ello, a los subcontratistas establecidos en este último Estado miembro de obtener una ventaja competitiva de las diferencias existentes entre las cuantías de los salarios respectivos, va más allá de lo necesario para garantizar que se consiga el objetivo de la protección de los trabajadores”.

• Un sindicato para los trabajadores a domicilio: El 16 de julio un sindicato de trabajadores a domicilio celebró su primer congreso. De las cerca de 500 000 personas que trabajan desde casa solo un 8 % tiene un contrato de trabajo y cotiza a la Seguridad Social. El resto forma parte de la economía sumergida. El sindicato propone que sus miembros se puedan dar de alta (y coticen a la Seguridad Social y paguen los impuestos) y que perciban el salario mínimo (fijado en 174 euros al mes) después de cinco años de actividad.

• Agenda social: El 9 de septiembre los interlocutores sociales definieron su agenda social (“Confección de la agenda social“, en francés). Dicha agenda prevé negociaciones sobre tres bloques temáticos, incluidas las negociaciones sobre el diálogo social, que deben iniciarse en octubre y concluirse a finales de año. El objeto de estas negociaciones será la cifra de personas empleadas a partir de la cual es obligatoria la representación de los trabajadores y la mejora del funcionamiento de las representaciones de los trabajadores.

• Estrategia para fomentar la igualdad de trato: La ministra de Igualdad de oportunidades, Lydia Mutsch, presentó el 16 de septiembre una estrategia para fomentar la igualdad de trato de hombres y mujeres dividida en once etapas y una campaña de información que insta a hombres y a mujeres a trabajar juntos para conseguir dicho objetivo. Una medida a destacar es el establecimiento de un régimen de cuotas a partir del año 2019 por el que el 40 % de los cargos de dirección del sector público y de las empresas con participación pública deben ser ocupados por mujeres.

• Aumento del salario mínimo: El 15 de septiembre el Gobierno decidió incrementar el salario mínimo en 700 coronas (algo más de 25 EUR). Dicho salario mínimo, que ahora se sitúa en 9 200 coronas (unos 333 euros), sigue estando por debajo del umbral de la pobreza (9 600 coronas, unos 350 euros).


• Ley sobre el servicio público: Tras 13 años de debate, el Parlamento adoptó el 10 de septiembre una enmienda a la Ley del servicio público (Civil Service Act) cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2015. El objetivo de la enmienda a la Ley es, por un lado “despolitizar” el servicio público –la UE había amenazado con no conceder más fondos europeos a la República Checa hasta que adoptara una ley de este tipo. Por otro lado, con el nuevo texto legal se pretenden cambiar aspectos importantes de las condiciones de trabajo de los 70 000 funcionarios del país.

• Derecho de asistencia en la consulta previa a la imposición de medidas disciplinarias: Según el Código del Trabajo, antes de la imposición de medidas disciplinarias debe celebrarse una consulta previa entre el empleador y el trabajador. La jurisprudencia muestra una división de opiniones entre los tribunales rumanos sobre si en dicha consulta el trabajador puede o no recibir asistencia. Por esa razón el legislador ha adoptado la Ley n.º 77/2014, publicada el 26 de junio, en la que se establece expresamente que el trabajador tiene el derecho, si así lo solicita, a ser asistido por un abogado o por un representante sindical.

BNP Paribas: La dirección de BNP Paribas firmó el 16 de septiembre el segundo acuerdo europeo; el primero sobre empleo lo firmó en julio de 2012 (véase la entrevista). El nuevo acuerdo atañe a la igualdad de trato profesional de hombres y mujeres y ha sido celebrado con la confederación sindical europea UNI Europa Finanzas, el FECEC y los tres miembros de la secretaría del comité de empresa Europeo. El acuerdo abarca las áreas de contratación, de promoción y de acceso a la formación profesional y la eliminación de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres con la puesta en práctica del plan de acción en cada una de las unidades de negocio del grupo bancario. Con dicho acuerdo los firmantes pretenden fomentar la diversidad, la conciliación de la vida privada y la vida laboral y la creación de redes para mujeres dentro del grupo. Asimismo, el texto prevé la facilitación de asesoramiento profesional durante y después de la baja por maternidad (véase el comunicado de BNP Paribas).

• H&M: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el grupo textil H&M (con 116 000 empleados) llegaron a un acuerdo de colaboración el 15 de septiembre para promover la sostenibilidad de las cadenas de aprovisionamiento mundial. El acuerdo comprenderá un trabajo conjunto en materia de relaciones profesionales y salarios, formación y desarrollo de competencias en las fábricas que producen para H&M, así como el fortalecimiento de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la industria global de la confección (véase el comunicado de la OIT).

• ArcelorMittal : La dirección y los representantes del comité de empresa europeo tienen que revisar el acuerdo de constitución del CEE del fabricante de acero, en particular por lo que se refiere a su adaptación a la reducción de la plantilla europea, que ha pasado de los 136 000 trabajadores (año 2006) a los 82 000. Sin duda el número de miembros – 54 titulares y otros tantos representantes– será revisado a la baja.


• Microsoft: No habrá negociaciones para crear un comité de empresa europeo. La confederación italiana de sindicatos CGIL, que pedía el inicio de negociaciones con la CGT (Francia), ha retirado dicha petición. En la directiva del CEE se establece que tal petición debe ser formulada por representantes de los trabajadores de al menos dos Estados.

• Airbus: Se han iniciado las negociaciones para redactar un acuerdo sobre la participación de los trabajadores en la futura sociedad europea Airbus SE, cuya fundación está prevista para 2015. Será el momento de redefinir la estructura actual de los distintos comités de empresa europeos del grupo, existentes en particular a nivel del holding y de las distintas divisiones.

• Empleo y costes laborales: En el primer trimestre de 2014 la tasa de empleo registró un incremento respecto al trimestre anterior del 0,3 % en la UE-28 y del 0,2 % en la eurozona, según las estimaciones, publicadas por Eurostat el 12 de septiembre. Asimismo, Eurostat ha publicado una estadística sobre la evolución de los costes laborales (véase el comunicado de prensa) y sobre la tasa de puestos vacantes en la eurozona (véase el comunicado de prensa)


• Tendencia negativa en justicia social: Un estudio de la Fundación Bertelsmann (Justicia social en la UE – Una comparativa transnacional, en inglés) advierte sobre el empeoramiento del índice calculado por la fundación desde el año 2008. El nuevo estudio –el último se realizó en los años 2008 y 2011– muestra que la situación ha empeorado en numerosos países (España, Grecia, Portugal, Irlanda y Hungría). El aspecto más preocupante para la Fundación es que la injusticia social afecta principalmente a las generaciones jóvenes, dado que el 28% de los niños y jóvenes de Europa están en riesgo de pobreza o de exclusión social. En el año 2009 dicho porcentaje era del 26,1%.


• Por una política de migración común: La Comisión Europea y la OECD publicaron el 18 de septiembre un informe conjunto que lleva por título “Matching economic migration with labour market needs“ Gestión de la migración económica orientada a las necesidades del mercado laboral). Este documento recomienda tres estrategias: 1). promover la movilidad de mano de obra dentro de la UE para garantizar una mejor distribución de las competencias, 2) mejorar la integración de migrantes de terceros países para utilizar sus capacidades de forma más inteligente; 3) atraer a migrantes cualificados necesarios en el mercado laboral de la UE.

La nueva comisaria de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión participará en la elaboración de las recomendaciones por países, tal y como aclaró el nuevo Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. ¿De qué se trata exactamente? Son recomendaciones que la Comisión elabora una vez al año y en las que se fijan los objetivos que deben cumplir los Estados miembros, en especial en las políticas del mercado laboral y de empleo. Las recomendaciones por países son elaboradas en el mes de mayo y aprobadas por el Colegio de Comisarios. A continuación se presentan al Consejo, que decide sobre su aprobación en el mes de julio tras el correspondiente proceso de consulta. A continuación se invita a los países miembro a que lleven a cabo su transposición. Durante este proceso se consulta a los interlocutores sociales europeos y se pide a los Estados miembros que junto con sus agentes sociales se asesoren sobre la transposición de las recomendaciones y sobre el programa de reformas nacional que deben presentar a la Comisión. Más información al respecto en el Diccionario de Política Social.