IR Notes

El pasado 1 de octubre Marianne Thyssen, la comisaria designada para Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, superó sin problemas su examen ante la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. Conocedora del funcionamiento del Parlamento y de los expedientes comunitarios, Marianne Thyssen goza de credibilidad y está considerada como una persona de consenso. Según ésta, las cuatro prioridades de la comisión son la creación de empleo, especialmente en las PYME, la mejora del acceso al mercado laboral para los jóvenes, personas poco cualificadas, mujeres, trabajadores mayores y personas discapacitadas, la ampliación de las habilidades y competencias de los trabajadores europeos, y el refuerzo de la protección social a modo de “inversión en nuestro bienestar” pero de forma más eficaz y orientada a resultados. Sin nombrar ninguna iniciativa legislativa en concreto, la nueva comisaria expresó la necesidad de retomar el debate sobre la baja por maternidad (véase “La palabra de la quincena”). En relación con el desplazamiento de trabajadores, destacó asimismo que los esfuerzos actuales deben centrarse en la implantación de la directiva sobre garantía de cumplimiento adoptada este año, antes de que se proceda a realizar balance dentro de dos años. La comisaria dejó claro que tanto el principio de desplazamiento como el de libre circulación de los trabajadores son incuestionables, lo cual fue recibido con un largo aplauso.

• Transparencia para la información no financiera: El 29 de septiembre de 2014 el Consejo Europeo aprobó la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad. Esta directiva – que próximamente se publicará en el Diario Oficial de la UE – afecta a 6.000 grandes empresas de la UE que cada año tienen que publicar una declaración no financiera (véase también comunicado de prensa), y es válida para “entidades de interés público cuyo número medio de empleados durante el ejercicio sea superior a 500 en la fecha de cierre del balance”. Los requisitos de volumen de negocios que figuraban en el borrador inicial de la Comisión Europea son ahora irrelevantes. Estas empresas están obligadas a incluir en su informe de gestión anual información, al menos, “sobre cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el cohecho”. La directiva no prevé ninguna sanción, pero una empresa que “no aplique ninguna política con relación a una o varias de estas cuestiones, deberá ofrecer una explicación clara y motivada al respecto”. En determinados casos la empresa puede omitir información considerada sensible en la opinión debidamente justificada de los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión. La Comisión deberá presentar hasta julio de 2018 un informe para extender estos requisitos de transparencia a la información fiscal, de modo que cada empresa afectada presente un informe por país (estado miembro o tercero) en el que figuren el beneficio obtenido, los impuestos pagados y las subvenciones recibidas. Los estados miembros tienen dos años para transponer la nueva directiva al derecho nacional.

• Mantenimiento de las restricciones al trabajo temporal : La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha publicado un comunicado en el que se posiciona sobre un caso finlandés tratado el 9 de septiembre de 2014 en el Tribunal de Justicia Europeo. Según el comunicado, el Tribunal de Justicia se tiene que pronunciar sobre si el convenio colectivo de una empresa del sector petrolero, el cual autoriza la contratación de trabajadores a través de empresas de trabajo temporal solo en casos muy determinados, es conforme con la directiva. La cuestión que se plantea es determinar si el artículo 4 de la directiva relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal obliga a los estados miembros a revisar las restricciones y prohibiciones impuestas a la cesión de trabajadores de empresas de trabajo temporal con vistas a su posible supresión. La patronal es favorable a la eliminación de dichas restricciones.

• Igualdad de trato en el sector de las telecomunicaciones : La confederación sindical europea UNI Europa y la organización patronal europea ETNO emitieron el pasado 22 de septiembre una declaración conjunta sobre la igualdad de trato de hombres y mujeres. Los firmantes destacan que la presencia diversa de hombres y mujeres en los distintos cargos y niveles de la empresa es una garantía de éxito, e instan a empresas y sindicatos a defender proactivamente la igualdad de trato en estos cuatro ámbitos: 1. Conciliación de la vida laboral y familiar (examinar positivamente las demandas de jornada laboral flexible de madres y padres, facilitar la reincorporación al trabajo después de una baja por maternidad o permiso parental); 2. Empleo y contratación (reforzar la presencia de mujeres en profesiones técnicas); 3. Salario y otras retribuciones (eliminar la brecha salarial sobre la base de estadísticas e informes de auditoría); 4. Carrera profesional (facilitar el acceso a puestos de dirección mediante balances de competencias, formación prolongada, planificación del desarrollo profesional, creación de redes de mujeres profesionales, etc.).


• Aviació civil: Los interlocutores sociales del sector de la aviación civil han encargado un informe sobre los nuevos modelos de contratación, en especial sobre las condiciones de contratación y de trabajo de los pilotos. El estudio se llevará a cabo bajo la dirección de la Universidad de Gante (con IR Share como experto para Francia) y se basará, entre otros, en una encuesta online en la que pueden participar todos los pilotos europeos. Hasta la fecha se han recibido más de 7.000 respuestas.

• El derecho sindical se impone también en las fuerzas armadas : El 2 de octubre de 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia sobre la prohibición de sindicatos en las fuerzas armadas francesas (asunto Matelly vs. Francia, recurso n.º 10609/10). La sala dictaminó que la prohibición violaba el art. 11 (derecho de reunión y asociación) de la Convención Europea de Derechos Humanos. El tribunal consideró que la decisión de los superiores de obligar al Sr. Matelly a abandonar la asociación de la que era miembro tiene que entenderse como una prohibición absoluta a todos los miembros de las fuerzas armadas de pertenecer a una asociación profesional que defienda sus intereses. Para el tribunal, los motivos de esta decisión son insuficientes y no están debidamente justificados. Si bien el ejercicio del derecho de asociación por parte de los miembros de las fuerzas armadas puede estar sujeto a restricciones legítimas, el tribunal concluye que una prohibición general de constituir un sindicato o afiliarse a uno atenta contra la esencia misma de esta libertad y está prohibida por la Convención (comunicado de prensa).

• Igualdad de trato para los periodistas online: A partir del 1 de octubre de 2014 los periodistas que trabajen en línea para periódicos sujetos a convenios colectivos tendrán derecho a acogerse a las mismas condiciones salariales que sus compañeros de la edición impresa. A finales de abril el sindicato ver.di y la patronal alemana BDZV de editores de periódicos decidieron incluir los trabajadores online en los convenios colectivos que afectan a alrededor de 14.000 periodistas. A partir del 1 de julio de 2016 se aplicarán el resto de disposiciones del convenio colectivo marco también a los trabajadores online (véase noticias de ver.di, en alemán).


• Salario mínimo en el sector de recogida y reciclaje de basura: El 25 de septiembre de 2014 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales alemán adoptó el nuevo salario mínimo negociado por los agentes sociales, el cual entra en vigor el 1 de octubre para todo el sector de la recogida y reciclaje de basuras. Los interlocutores sociales han acordado aumentar el salario mínimo de 8,68 euros a 8,86 euros (véase noticias de ver.di, an alemán).

• Un registro de nanomateriales: El pasado 24 de septiembre apareció publicado en el boletín oficial belga el real decreto del 27 de mayo de 2014 que regula la comercialización de materiales con nanopartículas y que, hasta el 1 de enero de 2016, obligará a registrar oficialmente una gran cantidad de nanomateriales antes de su lanzamiento al mercado. Las mezclas de nanomateriales habrán de registrarse a partir del 1 de enero de 2017. Las empresas que registren nanomateriales o utilicen nanomateriales registrados tienen que informar al respecto a la comisión belga para la prevención de accidentes y la seguridad en el trabajo (véase comunicado de prensa del Servicio público federal).

• La bajada de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios es constitucional: El Tribunal Supremo Administrativo griego ha ratificado por medio de dos sentencias los recortes efectuados por el gobierno para sanear las finanzas públicas que exigía la troika (FMI, BCE, Comisión). La primera de las sentencias hace referencia a la reducción del importe fijo que perciben los funcionarios cuando se jubilan y que, según el sindicato griego del servicio público ADEDY, supone una bajada del orden del 37%. La segunda sentencia ratifica la ley 4024/2011 que establece una rebaja salarial del 25% para los funcionarios públicos. Sumadas, estas bajadas suponen para los funcionarios una reducción de sueldo de alrededor del 60%. El tribunal considera que, dada la situación financiera que atraviesa el país, estos recortes son legítimos y no vulneran ni la constitución griega ni la Convención Europea de Derechos Humanos.


• Reforma del derecho laboral colectivo: Representantes del Ministerio de Trabajo griego y de la troika (FMI, BCE, Comisión) se han reunido para tratar la ley de despidos colectivos, la ley de huelga y la ley de libertad sindical. El estado de las conversaciones no ha trascendido a la opinión pública, pero la prensa afirma que la troika habría exigido a los dirigentes griegos facilitar los despidos masivos, legalizar el cierre patronal (actualmente prohibido) y limitar el derecho sindical. En un encuentro a tres bandas auspiciado en Ginebra por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con los representantes del Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos griegos, la OIT recalcó que, en base a la comprobación realizada, las leyes sobre despidos colectivos y libertad sindical son conformes con la legislación comunitaria y las prácticas actuales (véase comunicado de prensa de la OIT). Los interlocutores sociales no ven por el momento ninguna necesidad de legalizar el cierre patronal.

• Protección de las trabajadoras embarazadas: El Tribunal Constitucional húngaro ha declarado inconstitucional el artículo 65.5 del Código de Trabajo, que prohíbe despedir a trabajadoras embarazadas (sentencia n.º 17/2014). El Código establece que una empresa no puede finalizar la relación laboral durante el embarazo de la trabajadora y, en el caso de mujeres que se someten a tratamientos de reproducción asistida, esta prohibición se extiende a un período (máximo) de seis meses tras el inicio del tratamiento (art. 65.3). En ambos casos, la prohibición de despido estaba sujeta a la condición de que la trabajadora haya informado a la empresa de su embarazo o tratamiento antes de recibir la carta de despido (art. 65.5). El tribunal ha declarado ahora inconstitucional esta obligación de informar a la empresa antes del despido. En la nueva redacción del artículo desaparece la referencia a la “información previa” y se establece simplemente que se tiene que “informar”, aunque sea después de la notificación de despido.

• Capio: El comité de empresa europeo del consorcio sanitario sueco ha lanzado una encuesta entre los representantes de los trabajadores y los directivos locales con el fin de determinar si se están respetando los derechos de información y consulta y si existen posibilidades de mejora (véase comunicado de prensa, en inglés). El cuestionario incluye diez preguntas, entre ellas: ¿Mantiene reuniones con la frecuencia necesaria? ¿Se le informa con la debida antelación antes de que se adopte una decisión? ¿La información que recibe es de calidad? ¿Tiene posibilidad de influir en la decisión? La participación en la encuesta se ha situado en el 80%, y los resultados se presentarán en la reunión de cierre anual. “Solo podremos ofrecer servicios asistenciales de calidad si nuestros empleados están motivados y comprometidos con su trabajo. Y esto solo es posible cuando se les escucha y se les permite participar en la toma de decisiones”, afirma Kevin Thompson, secretario del CEE.


• Deutsche Bahn: Tras haberse opuesto en mayo de este año al proyecto de la dirección de crear un centro de servicios compartidos en Rumania para centralizar todas las actividades contables del grupo en Europa, el comité de empresa europeo del consorcio alemán anunció el pasado 4 de septiembre que la dirección se ha comprometido ahora a negociar unas medidas mínimas (formación, recolocación, jubilación anticipada, indemnizaciones) para ayudar a los trabajadores afectados por la reestructuración antes de que el proyecto se lleve a cabo en los distintos países (véase comunicado).


• Gorenje: El fabricante de electrodomésticos es el primer consorcio esloveno que crea un comité de empresa europeo. El acuerdo de constitución del CEE se alcanzó en diciembre de 2013, y la primera sesión se celebró el 25 de septiembre de 2014 en Velenje. El comité está formado por 17 miembros representantes de los países que cuentan con los centros más importantes (Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, Países Bajos, la República Checa y Suecia) así como por un observador para Serbia. El órgano se reúne dos veces al año (véase comunicado de prensa del grupo).

• Allianz SE: La compañía aseguradora alemana Allianz ha revisado su acuerdo del 20 de septiembre de 2006 sobre la participación de los empleados en la SE. El nuevo acuerdo suscrito el 3 de julio de 2014 contempla la experiencia adquirida con el funcionamiento actual del comité de empresa, la multiplicación de unidades de negocio transfronterizas y la constitución de nuevas sociedades europeas al nivel de las filiales. El nuevo acuerdo otorga explícitamente nuevas competencias al comité de empresa en relación con los planes de traslado de empresas o unidades de negocio a países situados fuera de la UE así como el derecho a los miembros del comité reducido de visitar las unidades trasladadas previa petición argumentada.

• Alstom-General Electric: A iniciativa del sindicato industrial europeo IndustriAll, los sindicatos representados en los consorcios Alstom y General Electric (GE) se han reunido tres meses después de que Alstom anunciara la decisión de vender su división de energía a GE. Los sindicatos exigen que se cumpla el procedimiento de información y consulta y que ambas empresas lleguen a compromisos concretos en relación con el mantenimiento de los centros y de los puestos de trabajo. En este sentido, IndustriAll afirma: “Los sindicatos y representantes de los trabajadores se movilizarán a todos los niveles para que sus demandas sean escuchadas” (véase comunicado de prensa de IndustriAll).

• Volkswagen: El sindicato automovilístico estadounidense United Auto Workers (UAW) ha informado de que el 26 de septiembre de 2014 suscribió una declaración de intenciones con el sindicato alemán IG Metall y el comité de empresa global de VW a fin de facilitar la entrada de UAW en la planta de VW en Chattanooga (Tennessee). Según la agencia de noticias Reuters, esta declaración del sindicato UAW está pensada para que se le reconozca como el sindicato de mayor peso en la única planta que tiene VW en Estados Unidos y se le permita constituirse como representante de los trabajadores en dicha planta. Tras la ambiciosa campaña llevada a cabo por los detractores de esta implantación sindical (las autoridades locales y el estado de Tennessee), en febrero los trabajadores de la planta votaron en contra de la entrada de UAW como representante de los trabajadores (véase IR Notes 4). El sindicato se prepara por tanto actualmente para una nueva votación, la cual no se puede llevar a cabo antes de febrero de 2015, un año después de su primer intento.

• El sistema de pensiones en el mundo: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado un informe sobre la “Protección social para las personas de edad” en el cual se ofrece una visión global de la organización de los sistemas de pensiones de vejez, su cobertura y sus prestaciones así como del gasto público en seguridad social en 178 países. El documento analiza las tendencias recientes, como por ejemplo la extensión de la cobertura en un gran número de países de ingresos bajos y medios y el impacto negativo de la consolidación fiscal en algunas economías de altos ingresos. El informe constata que “el modelo social europeo, que redujo dramáticamente la pobreza y promovió la prosperidad y la cohesión social en el período que siguió a la segunda Guerra Mundial, está siendo abatido por reformas de ajuste a corto plazo”. Por ello, aboga por una extensión de la protección social como medio para superar la crisis e impulsar el desarrollo inclusivo y la justicia social.


• Tasa de desempleo en la UE: La tasa de desempleo en la EU de agosto de 2014 se ha situado en el 10,1%, el valor más bajo desde febrero de 2012. En julio la tasa alcanzó el 10,2%. En la zona euro la tasa de desempleo de agosto 2014 se ha situado en el 11,5% y, por tanto, ha permanecido estable en relación con el mes de julio de 2014. Este porcentaje representa sin embargo un retroceso con respecto al 12,0% de agosto de 2013 (véase comunicado de prensa de Eurostat).

La Directiva 92/85 de 19 de octubre de 1992 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia prevé una baja por maternidad “de como mínimo catorce semanas ininterrumpidas, distribuidas antes o después del parto”. La directiva establece asimismo que la trabajadora tiene que acogerse obligatoriamente a un permiso de maternidad de dos semanas, aunque no exige el mantenimiento del sueldo ni tampoco una indemnización. De ahí el punto de estancamiento en el que se encuentra la revisión de la directiva por parte del Consejo —que representa a los estados miembros— y el Parlamento. El Consejo se niega rotundamente a ampliar el permiso de maternidad a 22 semanas manteniendo el salario íntegro, y la nueva comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, ya ha advertido de que las discusiones se tienen que retomar sobre una base “menos ambiciosa”.