IR Notes

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia sobre un asunto políticamente sensible y altamente explosivo: los presuntos daños que provoca el llamado “turismo social”. El fallo responde a una demanda presentada por una ciudadana rumana, residente en Alemania y con un hijo menor nacido en este país, contra una oficina de empleo que se negó a concederle las prestaciones del seguro básico, es decir, una ayuda financiada mediante impuestos y no mediante cuotas sociales y pensada para que “los perceptores puedan llevar una vida digna”. La ciudadana rumana en cuestión recibe una ayuda por hijo a cargo de 184 euros al mes y una pensión alimenticia de 133 euros mensuales, puesto que el padre del niño es desconocido. Ésta solicitó en dos ocasiones el subsidio de desempleo II (Hartz 4), que le permitiría percibir en su situación 391 euros (a 1 de enero de 2014) y un complemento de 229 euros para su hijo menor de seis años.  El tribunal alemán invocado tenía dudas jurídicas sobre el caso y quiso comprobar si la denegación de estas prestaciones sociales era conforme con el derecho comunitario. Seis países miembros (Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Irlanda y el Reino Unido) se dirigieron al Tribunal de Justicia para expresar su deseo de que adoptara una postura de firmeza. El Tribunal, que se ha basado únicamente en la aplicación de la Directiva 2004/38 relativa al derecho de residencia y no en el Reglamento 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, ha determinado que la Directiva (artículo 7) “pretende impedir que los ciudadanos de la Unión que no ejerzan una actividad económica utilicen el sistema asistencial del Estado miembro de acogida para garantizar su subsistencia”. Según el Tribunal, “un Estado miembro debe tener la posibilidad, con arreglo al citado artículo 7, de denegar las prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión que no ejerzan una actividad económica y ejercen su libertad de circulación con el único objetivo de poder disfrutar de la ayuda social de otro Estado miembro cuando no disponen de recursos suficientes para optar al derecho de residencia”. Esto significa que si el examen individualizado de la situación económica del solicitante determina que éste no dispone de los medios de subsistencia necesarios para garantizar su sustento, el estado miembro tiene derecho a denegar el pago de una prestación especial en metálico no contributiva cuyo objeto es garantizar la subsistencia del beneficiario. ¿Pone fin esta sentencia al turismo social? No, puesto que se trata únicamente de un caso muy aislado relacionado con una persona que no ejerce una actividad económica y que se traslada a un estado miembro de la UE sin la intención de buscar trabajo allí. Este caso está muy alejado de la realidad de la gran mayoría de los ciudadanos de la Unión, cuyo desplazamiento viene motivado por la búsqueda de trabajo. Unos desplazamientos incluso marginales con respecto a la totalidad de la población activa europea, que por tanto están muy lejos de poner en peligro los sistemas de seguridad social de los países miembros de la Unión.

• Programa de trabajo de la Comisión Europea: El pasado 12 de noviembre la nueva Comisión Europea anunció que confeccionará su programa de trabajo para 2015 en colaboración con el Parlamento Europeo y los estados miembros. Está previsto aprobar dicho programa a mediados de diciembre (véase comunicado de prensa, en inglés).


• Posición de los sindicatos sobre el papel de los comités de empresa europeos: La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha publicado, con motivo de su conferencia anual sobre los comités de empresa europeos celebrada del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2014, un documento sobre el El papel de los comités de empresa europeos en la seguridad y salud en el trabajo y la anticipación del cambio, el cual se debatió durante el transcurso de dicha conferencia (disponible también en italiano y polaco).


• Posición de los sindicatos sobre el derecho de información y consulta: El comité ejecutivo de la CES aprobó el 21 y el 22 de octubre una resolución con el título “Un nuevo marco para una mayor democratización del lugar de trabajo” en la que se propone la adopción de una directiva única que “establezca unos requisitos elevados de información y consulta así como estándares mínimos ambiciosos de participación en los órganos corporativos que permitan ampliar las posibilidades de influencia de los trabajadores”, independientemente de los estatutos sociales. Se trata de una importante contribución en un momento en el que la Comisión debería poner en marcha una integración de las distintas directivas existentes sobre información y consulta y en el que se está preparando un informe sobre la aplicación de la directiva revisada de los CEE. La “consolidación” de las distintas directivas es vista como una amenaza especialmente por los empresarios anglosajones, que temen más obligaciones en este ámbito.


• Aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: El 11 de noviembre de 2014 la Comisión Europea propuso asignar a Francia un total de 25,9 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) con el fin de ayudar a 3.886 trabajadores de los 5.213 despedidos de la compañía aérea francesa Air France a encontrar un nuevo empleo (véase comunicado de prensa de la Comisión, en inglés). La Comisión ha propuesto además asignar 6,4 millones de euros a Grecia para ayudar a 600 antiguos trabajadores de la cadena de grandes almacenes Fokas (véase comunicado de prensa de la Comisión, en inglés). También se pondrán a disposición de Polonia 1,2 millones de euros para ayudar a las 777 personas despedidas por el fabricante automovilístico Fiat Auto Poland (véase comunicado de prensa de la Comisión, en inglés).

• Guía para la adjudicación de contratos públicos en el sector de la seguridad privada: Los interlocutores sociales del sector de la seguridad privada, UNI Europa y CoESS, han revisado su guía “Best value manual” destinada a las entidades públicas que realizan licitaciones en este ámbito. En ella se exige a estas entidades que a la hora de adjudicar un contrato basen su decisión en la relación calidad/precio que ofrece el proveedor y no sistemáticamente en la oferta más barata (véase comunicado de prensa de UNI Europa). La guía se traducirá a catorce idiomas y en breve se pondrá a disposición de los agentes sociales en internet.

• Los trabajadores asalariados sin permiso de residencia están protegidos por la “directiva de insolvencia”: A raíz de su divorcio, un trabajador de nacionalidad turca perdió su permiso de residencia en los Países Bajos. Éste, sin embargo, continuó trabajando para su empresa habitual hasta que ésta presentó una suspensión de pagos. Al trabajador, que estuvo casi seis meses sin cobrar ningún salario, le fue denegado su derecho a percibir una prestación por insolvencia con el argumento de que estaba en situación de residencia irregular en los Países Bajos. Ahora, el Tribunal de Justicia de la UE ha determinado que la Directiva 80/987 de 23 de octubre de 1980 es aplicable a todos los trabajadores aunque se trate de nacionales de países terceros que no residan legalmente en el estado miembro afectado (TJUE, 5 de noviembre de 2014, en el asunto C-311/13, Tümer). En cualquier caso, debe garantizarse al trabajador una protección equivalente si la legislación nacional lo excluye del sistema de garantías para asalariados. No era éste el caso de la legislación neerlandesa. El Tribunal de Justicia recuerda asimismo que “la finalidad social de dicha Directiva [consiste] en garantizar a todos los trabajadores asalariados un mínimo de protección en la Unión Europea”.


• El empresario podrá reducir los complementos de los empleados a tiempo parcial: El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado sentencia sobre el complemento por hijo a cargo abonado sobre la base del convenio colectivo para los empleados del sector bancario (TJUE, 5 de noviembre de 2014, en el asunto C-476/12, Österreichischer Gewerkschaftsbund). ¿Puede un empresario reducir la cuantía del complemento por hijo a cargo de los trabajadores a tiempo parcial en proporción a la duración de su jornada laboral respecto de la jornada de los trabajadores a tiempo completo? ¿Se trata de una discriminación de los trabajadores a tiempo parcial contraria a la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial (anexo de la Directiva 97/81), que establece que no se les puede tratar “de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo comparables por el simple motivo de que trabajen a tiempo parcial”?  Para el Tribunal de Justicia el complemento por hijo es un elemento retributivo adicional en el sentido del artículo 157 y, por tanto, “debe considerarse que el cálculo del complemento por hijo a cargo en virtud del principio de pro rata temporis está objetivamente justificado, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, y es apropiado, en el sentido de la cláusula 4, apartado 2, de dicho Acuerdo marco”.

• IG Metall demanda incrementos salariales del 5,5%: Por recomendación de sus secciones regionales, el sindicato metalúrgico IG Metall fijó el pasado 11 de noviembre sus exigencias de incremento salarial en el marco de la renovación del convenio colectivo del sector. IG Metall propone un aumento del 5,5%, que deberá ser avalado por las instancias del sindicato antes de que el convenio actual expire a finales de diciembre. El sindicato reivindica asimismo un derecho a la formación profesional y la introducción de un sistema de trabajo a tiempo parcial para los trabajadores que se acercan al final de su vida laboral (véase comunicado de prensa de IG Metall, en alemán).

• Aumento de sueldo o del tiempo libre en la industria metalúrgica: El pasado 5 de noviembre los interlocutores sociales de la industria metalúrgica (180.000 trabajadores) alcanzaron un acuerdo en relación con el nuevo convenio colectivo del sector, el cual prevé un incremento salarial del 2,1%. En algunos segmentos (minería/industria automovilística) este incremento puede transformarse mediante acuerdos internos de empresa en 38,5 horas más de tiempo libre (véase comunicado de prensa del sindicato PRO GE).

• Estrategia de responsabilidad social de las empresas: El 24 de octubre de 2014 el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, que incluye 60 medidas destinadas a reforzar la responsabilidad de las empresas españolas en el ámbito social (véase comunicado de prensa del Ministerio de Trabajo, en español).

• Tres contratos colectivos adquieren obligatoriedad: El 7 de noviembre el Consejo de Gobierno de Luxemburgo aprobó la declaración de obligación general del convenio colectivo 2014-2016 para los empleados de banca. Esto es válido también en relación con un añadido al convenio colectivo de empleados de empresas de seguridad y vigilancia y con el convenio colectivo sobre condiciones de trabajo de los profesionales del mar.

• Adopción de una estrategia para la igualdad de trato de hombres y mujeres: El pasado 12 de noviembre el gobierno checo aprobó una Estrategia para la igualdad de trato de hombres y mujeres (en checo) para el período 2015-2020, que persigue los siguientes objetivos fundamentales: 1. el incremento del número de mujeres en puestos de dirección hasta el 40% (en el plano político y también empresarial y tal y como prevé una propuesta de directiva de la Comisión Europea); 2. el aumento de la tasa de empleo de las mujeres al 65%; 3. la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres, estimada actualmente en el 22%, para alcanzar la media de la UE del 16,4%; 4. el aumento del porcentaje de modelos de jornada laboral flexible al 20%; 5.  la consecución de los objetivos de Barcelona sobre las estructuras de cuidado de los niños en edad preescolar. Según el “Índice Global de Brecha de Género 2014“, publicado en octubre por el Foro Económico Mundial,  la República Checha ocupa el puesto 96 de 142 países en lo que a cuestiones de igualdad de género se refiere. Si exceptuamos a Malta, este es el país de la UE con el peor resultado.

Falck: La empresa danesa de transporte sanitario Falck (10.000 trabajadores) ha revisado el acuerdo de CEE suscrito en el año 2005 incorporando las disposiciones de la Directiva 2009/38/CE. El nuevo acuerdo se suscribió en el mes de octubre. El comité de empresa está formado por: 1 miembro por país en el caso de países con más de 200 trabajadores, 2 miembros por país en el caso de países a partir de 1.000 trabajadores y 3 miembros por país a partir de 5.000 trabajadores.  Dinamarca, el país en el que radica la sede central, cuenta con una representación fija de tres miembros. Los suscriptores del acuerdo se han comprometido a mantener sus reuniones en inglés a partir del año 2015 (véase comunicado de la federación sindical europea FGÖD) y han acordado asimismo que el comité tendrá derecho a invitar a representantes de trabajadores de países ubicados fuera de la UE.

• Crédit Mutuel Nord Europe: Sindicatos belgas y franceses han presentado a la dirección del banco cooperativo francés Crédit Mutuel Nord Europe, con delegaciones en el norte de Francia, en Bélgica y en Luxemburgo, una solicitud de creación de un comité de empresa europeo (véase comunicado de UNI Finance).


• Grupo empresarial Sulzer: El 3 de junio de 2014 se revisó el acuerdo CEE del fabricante suizo de maquinaria y equipos Sulzer (6.000 trabajadores). El nuevo acuerdo —que tiene aún carácter provisional, tal y como resaltan las partes signatarias— viene acompañado de un reglamento interno en el que se especifica el funcionamiento y los medios del comité de empresa europeo.

• Deutsche Telekom: La alianza sindical europea de la multinacional alemana de telecomunicaciones Deutsche Telekom se reunió en Bucarest los días 30 y 31 de octubre de 2014 a iniciativa de UNI Global Union (véase el comunicado de prensa de UNI Europa).

• AEON: El pasado 10 de noviembre la dirección del gigante minorista japonés AEON (420.000 trabajadores) firmó un acuerdo marco global con la federación sindical internacional UNI Global Union en el que se garantizan los derechos sociales básicos de los empleados (véase comunicado de prensa de UNI Global Union).

• La pobreza amenaza a una cuarta parte de la población europea: Según un estudio publicado por Eurostat, en 2013 un 24,5% de la población de Europa se encontraba en riesgo de pobreza o de exclusión social, lo cual equivale a 122,6 millones de personas. El número de ciudadanos europeos que se encuentran en esta situación ha crecido respecto al año 2008, con lo que el objetivo de la UE del año 2010 de reducir el nivel de pobreza en 20 millones de personas hasta el año 2020 ha fracasado.


• Efectos de un seguro de desempleo común para la eurozona: El pasado mes de septiembre el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo publicó un estudio sobre los efectos que tendría un seguro de desempleo común para toda la eurozona entendido como elemento estabilizador de la Unión Económica y Monetaria.  El estudio revela que, de haberse dispuesto de un mecanismo de este tipo, el PIB de los países de la zona euro entre los años 2009 y 2012 habría caído 71.000 millones de euros menos (El coste de la no Europa – Régimen de seguro de desempleo común para la zona del euro, en inglés).

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia contra el llamado “turismo social” (véase “Es noticia”) pone de nuevo de actualidad la Directiva 2004/38 del 29 de abril de 2004 relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión a circular libremente. En un principio limitado a los trabajadores, el derecho de libre circulación se fue ampliando progresivamente con el tiempo hasta que, en 1992, el Tratado de Maastricht otorgó a todos los ciudadanos de la Unión el derecho de circular y residir libremente en cualquier estado miembro sin necesidad de acreditar el desempeño de una actividad laboral.  Para estancias superiores a tres meses, sin embargo, el ciudadano en cuestión ha de disponer de recursos económicos suficientes y de una cobertura médica integral a fin de “no ser una carga para el sistema de asistencia social del estado de acogida”. Más información al respecto en el Diccionario Europeo de Relaciones Laborales (en inglés).