IR Notes

«Habría que hacer entender a los Estados miembros que la evolución demográfica europea pasa por una apertura de las fronteras y su consiguiente apaciguamiento.» Esta política «sigue siendo una prioridad» fundamental «a la hora de afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece la migración en la era de la globalización». Estas son las declaraciones que realizó el portavoz de la Comisión Europea en la presentación de su programa de trabajo para el año 2009. El pasado 13 de mayo, la Comisión publicaba una comunicación titulada «Una Agenda Europea de Migración» en la que subrayaba que la demografía y el mantenimiento de la competitividad pasan por un aumento de la inmigración legal, con el fin de preservar el modelo social europeo. La Comisión se prepara desde hace años para un incremento de la inmigración, en aras de preservar la economía europea, así como su modelo social, aunque no logra invertir la tendencia al repliegue nacional de los movimientos populistas presentes en toda Europa. Por este motivo, las declaraciones de Angela Merkel son dignas de aplauso: Alemania es, sin lugar a dudas, el país más consciente de la necesidad de garantizar el «cambio demográfico» con el fin de mantener la capacidad productiva de una Alemania que se enfrenta al envejecimiento de su población activa. Además de defender esta idea de que la inmigración es la solución y no el problema, Alemania es también el país que acoge al mayor  número de inmigrantes y con beneplácito generalizado de la población. El país germano parece haber entendido el presente conflicto mucho mejor que sus vecinos del Este, que consideran que esta cuestión no les atañe, o que quienes avanzan tímidamente en la esfera política creyendo evitar el auge de la extrema derecha. Por consiguiente, Angela Merkel se encuentra en posición de afirmar que «Los derechos civiles universales han estado estrechamente ligados hasta ahora a Europa y su historia. Si fracasa en la crisis de los refugiados, se romperá este vínculo y ya no será la Europa que conocemos». A modo de ejemplo, nadie se imagina que una empresa europea pueda tener éxito a nivel mundial contratando solo a empleados de su país de origen. Entonces, ¿cómo pretende Europa avanzar por el arduo camino de la globalización cerrando sus puertas a trabajadores dispuestos a sacrificarse por formar parte del modelo social y democrático europeo y por impulsarlo?

• Conciliación de la vida profesional y la vida familiar: la Comisión Europea presentó el pasado 3 de agosto, una hoja de ruta para la conciliación del trabajo y la vida familiar (en inglés). Esta iniciativa fue anunciada tras la decisión de retirar su propuesta de revisión de la directiva relativa a la «baja de maternidad» (véase IR Notes 36). Dicha hoja de ruta tiene por objetivo reforzar la situación de la mujer en el mercado laboral y luchar contra la brecha salarial, especialmente a través de la mejora, tanto para mujeres como para hombres, del acceso a metodologías de trabajo con flexibilidad horaria e instando a los hombres a coger bajas de paternidad. La Comisión propone actuar por la vía legislativa, con medidas no coercitivas o con una combinación de ambos instrumentos.


• Programa de trabajo de los interlocutores sociales europeos: los interlocutores sociales europeos presentaron, el pasado 15 de julio, su quinto programa de trabajo autónomo para los años de 2015 a 2017 en el que proponen una «asociación para un crecimiento y un empleo inclusivos» (véase el comunicado de prensa). Asimismo, llevaron a cabo un análisis en profundidad del empleo en la UE, centrado en el funcionamiento de los mercados laborales europeos. El nuevo programa de trabajo incluye el compromiso de emprender una negociación europea colectiva centrada en el envejecimiento activo. Dicha negociación estará precedida por un seminario conjunto con el objetivo de tener en cuenta las prácticas de cada Estado y de garantizar una mejor aplicación de los acuerdos voluntarios. Los interlocutores sociales han previsto visitas conjuntas que se organizarán en los cinco países cuya situación se considera problemática. Asimismo, prepararán conclusiones comunes para promover la conciliación de la vida profesional, privada y familiar así como la igualdad, con el fin de reducir la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. La disminución de las diferencias salariales se podría conseguir por medio de políticas que promuevan la conciliación de la vida privada y la vida profesional. Esta es también la posición de la «hoja de ruta» adoptada por la Comisión Europea (véase más abajo).


• Nuevas intervenciones del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: este verano, la Comisión Europea ha propuesto tres nuevas intervenciones del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. El Fondo pagará: 6,9 millones de euros a Alemania para ayudar a encontrar trabajo a los 2.692 trabajadores que han sido despedidos por el fabricante de automóviles Adam Opel y uno de sus proveedores (véase el comunicado de prensa); 6,2 millones de euros a Bélgica para facilitar la reinserción laboral de los 4.500 trabajadores que han sido despedidos por Ford y once de sus proveedores y subcontratistas (véase el comunicado de prensa) y, por último, 1,4 millones de euros para ayudar a 184 de los 1.249 trabajadores despedidos por la compañía aérea Alitalia a volver a encontrar un trabajo (véase el comunicado de prensa).

• Baja de paternidad: el Tribunal de Justicia se pronunció con respecto al caso del juez griego al que se le negó el derecho a una baja de paternidad porque su mujer se encontraba en paro y, por lo tanto, podía hacerse cargo del cuidado de su hijo (TJUE, 16 de julio de 2015, asunto C-222/14, Konstantinos Maïstrellis). A ojos del Tribunal, resulta incompatible con la legislación europea una normativa según la cual «se priva a un funcionario del derecho al permiso parental si su esposa no ejerce una actividad laboral o profesional, salvo que, debido a enfermedad o dolencia grave o discapacidad, la considere incapacitada para hacer frente a las necesidades de cuidado del hijo».

• Obligación de registro de los trabajadores de la industria cárnica: tras una primera medida cuyo objetivo era el de combatir el fraude y el dumping social en el sector de la construcción, la ley programática de 10 de agosto de 2015 obliga al registro de asistencia de los trabajadores de la industria cárnica. Esta obligación será aplicable a todos los empleados, trabajadores por cuenta propia y expatriados que trabajen en un matadero, sala de despiece o empresa de preparación de la carne o de productos cárnicos.

Puntualización con respecto a la posibilidad de que un sindicado denuncie un proceso de información del Comité de Empresa Europeo: el sindicato francés CGT y el británico UNITE, han presentado un recurso contra la dirección del grupo Total en relación a los proyectos de reestructuración para los procesos de refinado de dos de sus instalaciones, una en Francia y la otra en Gran Bretaña. Ambos sindicatos consideran que se debería informar y consultar al Comité de Empresa Europeo en una sesión plenaria. El tribunal competente (véase Sentencia del JPI de Nanterre, 17 de julio de 2015) señala que los proyectos fueron examinados por una comisión especial del Comité Europeo que había recibido un documento informativo de la Dirección detallando ambos proyectos. Asimismo, señala que «ni el Comité de Empresa Europeo ni la oficina encargada de garantizar, en particular, el cumplimiento de las competencias del CEE, que finalmente no se reunió para debatir el punto litigioso, volvieron a cuestionar los procedimientos de información a la instancia europea mediante, por ejemplo, una consulta» sobre los dos proyectos. El tribunal considera que ninguno de los dos sindicatos puede «sustituir» al comité ni a la oficina «en la valoración, en concreto, de la conveniencia y la forma de un procedimiento ya aplicado».

• Polémico proyecto de ley de reforma del derecho a la huelga: el Gobierno ha presentado un proyecto de ley (Trade Union Bill) que tiene por objeto garantizar que la legislación relativa a los derechos sindicales y el derecho a huelga «sea más justa para los trabajadores», puesto que «una pequeña minoría de sindicalistas puede trastocar la vida de millones de personas que viven en las afueras, de padres, trabajadores y empleadores». La legislación actual somete la convocatoria de una huelga por parte de un sindicato al voto de la mayoría de los trabajadores afectados. Este proyecto de ley pretende endurecer dichas normas: seguirá siendo necesaria la mayoría de votos, pero la tasa de participación deberá ser de, al menos, el 50 %. Asimismo, en los seis servicios públicos fundamentales, el número de votantes que se pronuncien a favor de la huelga habrá de representar al 40 % de los trabajadores afectados. Los expertos consideran que este endurecimiento de los requisitos para la autorización de la convocatoria de una huelga prácticamente imposibilita su organización. Además, los empleadores podrán recurrir a interinos para cubrir las bajas de los huelguistas. El gobierno ha puesto en marcha varias consultas públicas en relación con diferentes aspectos de dicho proyecto y espera recibir las respuestas el 9 de septiembre. Por su parte, la federación sindical europea IndustriAll ha hecho un llamamiento a sus miembros y Comités de Empresa Europeos para que participen en dichas consultas y denuncien el proyecto de ley del Gobierno (véanse el comunicado y las cartas).

• Randstad: el grupo de trabajo temporal Randstad ha llegado a un acuerdo sobre el establecimiento de un Comité de Empresa Europeo, que sustituirá a una instancia de concertación creada en 1996 (véase el comunicado de UNI Europa). Dicho acuerdo se encuentra disponible en la página web del Instituto Sindical Europeo.


• Sika: el Comité de Empresa Europeo del grupo químico suizo Sika (con 17.000 empleados) envió una carta abierta al Presidente del grupo Saint-Gobain el pasado 27 de julio, con el objetivo de pedir garantías para sus empleados en el contexto de la propuesta de adquisición de Sika por el grupo francés. El Comité de Empresa Europeo insta a Saint-Gobain a que se comprometa a mantener, durante tres años, todos los centros de Sika en funcionamiento y a no empeorar sus condiciones de empleo en términos salariales y de beneficios sociales.

ABN AMRO: la dirección del banco neerlandés ABN AMRO, la federación sindical internacional UNI Global Union y su filial neerlandesa FNV han firmado un acuerdo marco internacional sobre los derechos sociales fundamentales. Se trata del primer banco neerlandés que participa en una iniciativa de este tipo (véase el comunicado de UNI Global Union y de ABN AMRO).

• Solvay: según la federación sindical internacional IndustriAll Global Union, los signatarios del acuerdo marco internacional de Solvay (empresa con 26.000 empleados) presentaron, el pasado 28 de julio, un informe sobre el funcionamiento de las relaciones sociales a nivel del grupo ante la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la Organización Internacional del Trabajo y ante representantes de diferentes departamentos de la OIT (véase el comunicado).

• Coca-Cola: en respuesta al anuncio de fusión de las diferentes empresas de embotellado de Coca-Cola en Europa -Coca-Cola Enterprises (CCE), Coca-Cola ibérique Partners S.A. (CCIP) y Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG (CCEAG)- de finales de julio, la federación sindical internacional Effat expresó su preocupación por las posibles consecuencias negativas de dicha fusión para la situación laboral de los 25.000 trabajadores europeos afectados (véase el comunicado).

• Situación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: la Comisión Europea ha publicado un informe sobre las actividades del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en 2013 y 2014. El FEAG ha ayudado a buscar nuevas oportunidades laborales a los 27.610 trabajadores que perdieron su puesto a causa de la crisis y de la globalización. Durante dichos años, invirtió un total de más de 114,4 millones de euros en ayudas para respaldar a trabajadores de trece Estados miembros en su transición profesional. Desde la creación del Fondo, España es el Estado que ha presentado el mayor número de solicitudes al FEAG (20), seguido por los Países Bajos (16), Italia (12) y Dinamarca (10).