IR Notes

El Tribunal de Justicia ha dictado una sentencia sobre la interpretación de la Directiva 2003/88 relativa al tiempo de trabajo (TJUE, 10 de septiembre de 2015, asunto C-266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras). El asunto concierne a dos empresas españolas de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad. Al tiempo de trabajo de sus técnicos le deducían el tiempo de trayecto entre las oficinas provinciales y el centro del cliente, si bien el tiempo de desplazamiento entre el domicilio y el lugar de trabajo no se contabilizaba como tiempo de trabajo. Con ocasión de una reorganización, el empleador decidió cerrar las oficinas regionales. Adscritos a la sede de la empresa, los técnicos desde entonces se desplazan para visitar a los clientes directamente desde su domicilio, al que regresan al final de la jornada directamente tras la última visita. El empleador no considera estos desplazamientos como tiempo de trabajo, algo con lo que los empleados se muestran en desacuerdo (v. comunicado de prensa, otros idiomas). El Tribunal recuerda que la definición de «tiempo de trabajo» se basa en tres criterios acumulativos: se trata de «todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones». Incluso si no fuera discutible que los empleados estaban efectivamente ejerciendo su actividad, el Tribunal subraya que estaban a disposición del empresario ya que «durante la duración necesaria del trayecto, que la mayor parte de los casos no se puede reducir, estos trabajadores carecen de la posibilidad de disponer libremente de su tiempo y dedicarse a sus asuntos personales». Quedaba por determinar si los trabajadores se encontraban «en el trabajo». A este respecto, el Tribunal señala que «si un trabajador que ya no tiene centro de trabajo fijo ejerce sus funciones durante el desplazamiento hacia o desde un cliente», debe considerarse que está trabajando durante dicho trayecto. Desde el momento en que los desplazamientos «son consustanciales a la condición de trabajador que carece de centro de trabajo fijo o habitual, el centro de trabajo de estos trabajadores no puede reducirse a los lugares de intervención física de estos trabajadores en los centros de los clientes de su empresario». Recordemos que la Directiva tiene por objeto proteger la salud y seguridad de los trabajadores, lo que quiere decir que los tiempos de desplazamiento correspondientes deben entrar en el recuento de las duraciones máximas de trabajo. No obstante, la Directiva no establece que las horas de desplazamiento se remuneren de igual modo que las horas de trabajo realizadas en los centros de los clientes.

• Desempleo de larga duración: tras haber promovido las prestaciones para la juventud, la Comisión se interesa desde ahora por otro grupo de la población muy afectado por la crisis: los desempleados de larga duración. La Comisión ha adoptado una propuesta de Recomendación a los Estados Miembros que incluye medidas para «ayudar mejor» a su reincorporación al empleo (v. comunicado de prensa). La Comisión propone que cada Estado: 1) fomente la inscripción de los desempleados de larga duración en un servicio de empleo; 2) facilite a cada desempleado inscrito una «evaluación individual detallada» antes de que lleve dieciocho meses en paro; 3) ofrezca a cada uno un «acuerdo de integración laboral» antes de que lleve dieciocho meses en paro.


• Discurso sobre el estado de la Unión: en su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, insistió en la necesidad de «promover y salvaguardar la libre circulación de los ciudadanos como un derecho fundamental de nuestra Unión, evitando al mismo tiempo los casos de abusos y el riesgo de dumping social». Se trata de respetar un «principio fundamental» que «debe ser garantizar la misma remuneración por el mismo trabajo realizado en el mismo lugar». Pretende también desarrollar un «pilar europeo de derechos sociales» que podría implementarse en primer lugar en el seno de la zona del euro.

• Precisión sobre la aplicación de la Directiva a la transmisión de empresas en el sector del transporte aéreo: el Tribunal de Justicia se pronunció sobre las condiciones de aplicación de la Directiva en materia de «transmisión de empresas» que prevé el mantenimiento de los contratos de trabajo de empleados adscritos a la empresa o entidad traspasada, en el sector del transporte aéreo (TJUE, 9 de septiembre de 2015, asunto C-160/14). El asunto concierne la liquidación de la compañía portuguesa AIA (que conllevó el despido de 97 empleados) y la reanudación de su actividad por la compañía TAP (véase el comunicado de prensa).


• El Tribunal de Justicia, sensible al llamamiento a la restricción del «turismo social» En la sentencia «Dano» (TJUE, 11 de noviembre de 2014, asunto C-333/13, véase IR Notes 20), el Tribunal de Justicia de la UE afirmaba que un Estado miembro puede denegar una prestación social a ciudadanos de la Unión «que ejercen su libertad de circulación con el único objetivo de poder disfrutar de la ayuda social de otro Estado miembro cuando no disponen de recursos suficientes para optar al derecho de residencia». El Tribunal amplía la jurisprudencia destinada a restringir el «turismo social» mediante una nueva sentencia (TJUE, 15 de septiembre de 2015, asunto C-67/14, Alimanovic) relativa a una familia de origen bosnio que tenía la nacionalidad sueca. Tras haber residido en Alemania, donde nacieron sus tres hijos, la familia se trasladó a Suecia para regresar más de diez años después a Alemania con el objetivo de buscar empleo. La madre encadenó varios contratos cortos durante un año y, desde entonces, no ha vuelto a ejercer actividad profesional alguna. Gozó de diversas prestaciones sociales para ella y sus hijos hasta que dejó de percibirlas por el hecho de que tanto ella como su hija mayor solo tenían derecho de residencia porque estaban buscando empleo (v. comunicado de prensa, otros idiomas). Haciendo prevalecer la Directiva 2004/38 relativa al derecho de residencia sobre el Reglamento n.º 883/2005 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, el Tribunal distingue dos casos específicos. En primer lugar, «si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo. En este caso, la condición de trabajador se mantendrá durante un periodo que no podrá ser inferior a seis meses». Durante este período, conserva su derecho de residencia y puede invocar el principio de igualdad de trato con el objeto de obtener las mismas prestaciones sociales que un ciudadano del país de acogida. Pasados seis meses, se pierde el derecho de residencia y, consecuentemente, las autoridades nacionales pueden negarse a abonar las prestaciones sociales en cuestión (artículo 7, apartado 3). En segundo lugar, el Tribunal subraya que el derecho de residencia puede conservarse, siempre según lo dispuesto en la Directiva 2004/38, cuando los ciudadanos de la Unión «entraron en el territorio del Estado miembro de acogida para buscar trabajo. En este caso […], no podrán ser expulsados mientras los ciudadanos de la Unión puedan demostrar que siguen buscando empleo y que tienen posibilidades reales de ser contratados» (artículo 14, apartado 4). Este caso específico, que es el correspondiente a esta familia, no impide recibir las prestaciones sociales en cuestión, pero la Directiva incluye una exención según la cual el Estado en cuestión (artículo 24, apartado 2) «no está obligado a conceder [a dicho ciudadano] el derecho a prestaciones de asistencia social». Para el Tribunal, la supresión de la concesión de las prestaciones está, por tanto, fundada y no constituye una infracción del principio de igualdad de trato con los nacionales del Estado de acogida que se encuentran en la misma situación. «El Tribunal de Justicia», explica Jean-Claude Fillon, experto de la Red europea FreSsco, «tras la sentencia Brey (TJUE, 19 de septiembre de 2013, asunto C-140/12) y Dano, desea concluir el asunto: en este campo la Directiva tiene prioridad frente al Reglamento y merma el equilibrio buscado por este entre una amplia apertura de los derechos en el Estado de residencia y una ausencia de exportación de las prestaciones a otro Estado miembro. Esta situación se hace a expensas de un claro retroceso de la protección otorgada anteriormente a las personas inactivas, a los antiguos trabajadores y a los trabajadores de actividad muy reducida».


• La modificación de un contrato de trabajo puede equipararse con un despido: la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE precisó en sus conclusiones (que permiten aclarar ciertos datos al Tribunal antes de que este dicte sentencia), en relación con la aplicación de la Directiva sobre despidos colectivos, que en algunos casos una «modificación de las condiciones de trabajo» propuesta a un empleado puede equipararse a un «despido» cuando afecta a elementos sustanciales del contrato de trabajo y conlleva un empeoramiento notable de las condiciones de trabajo (TJUE, concl. 3 de septiembre de 2015, asunto C-422-14, Rivera).

Hacia el fin del «modelo nórdico»: el «modelo nórdico» de relaciones sociales, basado en el hecho de que la negociación colectiva sin injerencia del Estado ocupa el lugar central, está siendo replanteado por completo por el actual Gobierno. Tras haber fracasado en su intento de obtener de los interlocutores sociales la adopción de medidas de austeridad, presentó un proyecto de ley encaminada a reducir las remuneraciones en el ámbito de la negociación colectiva. Los sindicatos finlandeses afirman que el proyecto de ley viola los derechos fundamentales de los sindicatos, las convenciones de la OIT y los derechos sociales fundamentales europeos de la UE. El proyecto prevé reducir los incrementos de tarifas de las horas suplementarias, del trabajo en fin de semana y del trabajo nocturno, así como las prestaciones por enfermedad y el número de días festivos. Los sindicatos, con el respaldo del movimiento sindical europeo (v. comunicado IndustriAll), han convocado protestas para luchar contra la nueva legislación, si bien estas acciones por el momento no han hecho retroceder al Gobierno, que se ha fijado como objetivo reducir el coste del trabajo en un 5 %.

• Informe sobre el lugar de la negociación colectiva: el Gobierno recibió un informe que preconiza acordar más importancia a la negociación colectiva dentro de los diferentes sectores y empresas durante el desarrollo del derecho laboral (v. Síntesis). Tras una fase de concertación con los interlocutores sociales, se someterá al Parlamento un proyecto de ley a comienzos de 2016.

• Límites al uso de contratos de duración determinada y mejora del permiso parental: el Parlamento adoptó en junio dos importantes leyes que modifican el Código del trabajo, leyes que han sido promulgadas el 5 de agosto. La primera, relativa a la celebración de contratos de duración determinada, limita su utilización para un mismo empleado a un máximo de tres contratos sucesivos para una duración total máxima de 33 meses. La enmienda fija en tres meses la duración de un contrato de trabajo celebrado como período de prueba, por lo que la duración total de la contratación mediante un contrato a duración determinada no puede exceder 36 meses. La enmienda iguala la duración del plazo de preaviso para los contratos de duración determinada e indeterminada, suprime una forma de contrato (el trabajo celebrado para la realización de una tarea específica) y suprime la obligación impuesta a los trabajadores de respetar el preaviso. La nueva normativa entrará en vigor en febrero de 2016. La segunda enmienda relaja las condiciones que deben cumplirse para gozar del permiso parental. La mayoría de las modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2016.

• Mejora del permiso parental y de la protección de la maternidad: la ley 120/2005 de 1 de septiembre modificó el Código del trabajo con el objeto de reforzar el permiso por maternidad y el permiso parental. El permiso, que actualmente dura entre 120 y 150 días consecutivos, se prolonga 30 días en caso de nacimiento múltiple. Los padres deben acordar entre ellos este permiso, excepto las seis primeras semanas que deben ser disfrutadas obligatoriamente por la madre. Desde el 6 de septiembre, los padres ya no están obligados a compartir el permiso por períodos sucesivos, sino que pueden coger una parte del permiso al mismo tiempo (salvo si ambos trabajan en una misma empresa y esta tiene menos de 10 empleados). El permiso por paternidad pasará en 2016 de 10 a 15 días, de los cuales cinco deberán cogerse inmediatamente después del nacimiento del hijo. Los empleados que tengan un hijo menor de tres años disfrutarán del derecho a trabajar desde su domicilio cuando sea posible, podrán quedar eximidos de la organización flexible del tiempo de trabajo y no podrán ser penalizados en la progresión de su carrera profesional si cambian a un contrato a tiempo parcial o gozan de flexibilidad para ocuparse de su hijo. Por otra parte, otra ley, la n.° 146/2014 del 9 de septiembre, permite impedir que las empresas reciban ayudas públicas o subvenciones si han sido sancionadas por el despido injustificado de una trabajadora durante el embarazo, tras el parto o durante la lactación.

Alcatel-Lucent / Nokia: en el marco de la adquisición de Alcatel-Lucent por Nokia, la federación sindical europea IndustriAll ha organizado una reunión de coordinación sindical entre sus afiliados de ambos grupos el 11 de septiembre en Bruselas. Los 45 sindicalistas de diez países europeos han adoptado una declaración común reclamando una mejor implicación de los empleados en el proceso de fusión. Han lamentado la ausencia de una verdadera notificación de información a los CE (Comités de Empresa) europeos y exigen el respeto del espíritu de la Directiva 2009/38 reclamando el lanzamiento de un verdadero proceso de información-consulta de los dos comités. Los participantes también han establecido un listado de preguntas destinadas a la Dirección de cada grupo y lamentan el hecho de que Nokia haya comenzado una negociación sobre el futuro CE europeo sin implicar a los representantes del CE europeo de Alcatel-Lucent. Se han enviado correos a los presidentes de los dos grupos, así como a los Primeros Ministros y Ministros de Economía franceses y finlandeses.

• Engie: el 8 y 9 de septiembre se ha celebrado una primera reunión de negociación entre la Dirección del grupo energético francés Engie (anteriormente GDF Suez) y las federaciones sindicales europeas IndustriAll, FETBB y EPSU.
  > Véase también: el acuerdo marco mundial sobre los derechos sociales fundamentales ABN AMRO ya está disponible.

• Aviación civil: el Comité económico y social europeo ha emitido un dictamen, el 16 de septiembre, sobre una política europea integrada de la aviación que impulse una estrategia coherente y global que elimine las cargas inútiles que socavan la «red de valor» de la aviación. En otro dictamen sobre «el nuevo dumping social en el sector europeo de la aviación civil» emitido el mismo día, el Comité expresa su inquietud por la creciente utilización de falsos trabajadores independientes y de agencias de trabajo temporal para reducir el coste de la mano de obra.


• Coste horario de la mano de obra: los costes horarios de la mano de obra han aumentado un 1,6 % en la zona del euro y un 1,9 % en la UE en el segundo trimestre de 2015, respecto al mismo trimestre del año precedente. Mientras que los aumentos se concentran en los países del Este de Europa, se han registrado reducciones en Grecia (–2,9 %), Chipre (–1,2 %) e Italia (–0,4 %) (v. comunicado de Eurostat).


• Crecimiento del empleo en la UE: el número de personas empleadas ha aumentado un 0,3 % en la zona del euro y 0,2 % en la UE en el segundo trimestre de 2015 respecto al trimestre precedente. Portugal (+1,3 %) así como Grecia (+1,2 %) han registrado los índices de crecimiento más elevados. En cambio, el empleo se ha reducido en Finlandia, Reino Unido, Bulgaria y Lituania (véasel el comunicado de Eurostat).