IR Notes

El 13.º Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), celebrado en París del 29 de septiembre al 2 de octubre, ha otorgado un mandato al nuevo equipo de dirección del sindicato italiano UIL, liderado por Luca Visentini, a efectos de que la confederación se concentre en su papel de sindicato, más que en desempeñar las funciones de grupo de presión sobre los intereses de los trabajadores ante las instancias europeas. El Congreso aprobó un documento político – el Manifiesto de París – así como un programa de acción 2015-2019 y una serie de resoluciones relativas, en especial, a la crisis de los refugiados, solicitando la reforma del derecho de asilo y poniendo de manifiesto el compromiso inequívoco del movimiento sindical con la lucha contra los «comportamientos populistas y xenófobos» (no sin haber pasado por un debate interno para obtener dicho resultado ), así como con la sanidad y la seguridad laboral, solicitando a la Comisión Europea que cese en su empeño de evaluar y refundir todas las directivas de protección de los trabajadores. La cuestión es: teniendo en cuenta los recursos asignados a la CES que se han gastado en los últimos años, ¿cómo podrá la Confederación mantener la función de influenciar las decisiones europeas a la vez que adquiere un papel más reivindicativo con el objeto de incrementar su visibilidad y, tal como solicita Laurent Berger, secretario de la confederación francesa CFDT, «proporcionar resultados a los trabajadores»? Efectivamente, resulta paradójica la poca visibilidad de la CES en comparación con ciertas organizaciones no gubernamentales cuando, a través de sus filiales, representa a unos 60 millones de trabajadores de toda la Unión. El Congreso en sí revela los retos a los que se enfrenta la CES: la necesidad de «resindicalización» de los trabajadores, puesto que si la afiliación sindical no aumenta, la CES seguirá perdiendo influencia. Sin embargo, la sociología de los participantes en el congreso muestra que se ha de dar un paso más allá para que los sindicalistas blancos de más de 45 años ya no sean los únicos representantes de los trabajadores europeos. Por último, la CES no puede evadir el debate fundamental acerca de su capacidad de representar al sindicalismo europeo, puesto que resultará urgente definir y aplicar o representar el mínimo común denominador de las 90 organizaciones sindicales y de las 39 culturas nacionales en materia de relaciones laborales que la componen. Si bien la diversidad es riqueza, en este sentido es, en última instancia, garantía de ineficiencia. ¿Acaso no podría la CES convertirse en el crisol de un sindicalismo europeo basado en la participación en la negociación colectiva y en la involucración de los trabajadores en el funcionamiento de las empresas y la capacidad de movilización cuando sea necesario?

• El dumping social sigue siendo una prioridad: el Comité económico y social europeo aprobó, los días 16 y 17 septiembre, dos importantes dictámenes: el primero sobre el dumping social en el sector de la aviación civil (véase IR Notes 34) y el segundo sobre «El mercado interior del transporte internacional de mercancías por carretera: dumping social y cabotaje» por encargo de la Presidencia luxemburguesa de la Unión Europea. Ambos informes son de gran calidad y examinan de forma clara las diferentes prácticas que van desde la optimización de la legislación a la lucha contra el fraude. En materia de cabotaje, el informe propone «evitar la acumulación continuada y sistemática de periodos de cabotaje de siete días, tal y como ocurre en la actualidad». Por otra parte, la Federación Europea de los Trabajadores del Transporte (ETF) presentó el 29 de septiembre una serie de medidas para reforzar la aplicación de la legislación europea en el sector del transporte (véase el comunicado, en inglés). El día anterior, el movimiento sindical puso en marcha una «iniciativa ciudadana» a efectos de recoger un millón de firmas a favor de una competencia leal y de un tratamiento equitativo de los trabajadores del transporte (véase el comunicado).

• Electricidad: los interlocutores sociales europeos del sector de la electricidad aprobaron el 22 de septiembre una posición común que propone medidas destinadas a mitigar el impacto social asociado al cambio climático antes de la conferencia COP21 de París. El objetivo de dicha posición común es garantizar «una transición social sencilla hacia una economía sostenible y más respetuosa con el medio ambiente» (véase el comunicado de prensa).

• Los jóvenes que trabajen durante sus vacaciones escolares no cobrarán la indemnización por precariedad laboral: el Tribunal de Justicia ha dictado sentencia en el caso de un joven trabajador (TJUE, 1 de octubre de 2015, asunto C‑432/14 O contra Bio Philippe Auguste) que consideraba haber sido víctima de una discriminación. El Código laboral francés establece que al término de un contrato de trabajo de duración determinada, dicho trabajador percibirá una indemnización para compensar la precariedad de su situación (10 % de la remuneración total bruta abonada a dicho trabajador) si la relación laboral no continúa con un contrato por tiempo indefinido (artículo L. 1243-8). Sin embargo, dicha indemni-zación no deberá pagarse cuando «el contrato se celebre con un joven para un período comprendido dentro de sus vacaciones escolares o universitarias» (artículo L. 1243-10). Por su parte, el joven considera que dicha disposición constituye una discriminación por razón de edad, lo que está reñido con el Derecho de la Unión. El Tribual señala que el legislador nacional «ha considerado […] que, al extinguirse su contrato, dichos jóvenes no se encuentran en una situación de precariedad profesional» puesto que retoman sus estudios. Asimismo, establece que su situación «no es análoga a la de otras categorías de trabajadores que tienen derecho a la indemnización por extinción de contrato». Por consiguiente, «el legislador nacional no ha sobrepasado en modo alguno los límites del margen de apreciación de que dispone en materia de política social». En consecuencia, la disposición que priva a dichos jóvenes de la indemnización de precariedad no se opone al Derecho comunitario.

• Avance en la aplicación del Jobs Act: el Gobierno acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado los cuatro últimos decretos de aplicación de la Ley Marco sobre el Jobs Act (Ley n.º 183/2014). El primer decreto (n.° 148/2015) extiende los «amortiguadores sociales» en caso de suspensión de la relación laboral («cassa integrazione») a trabajadores y empresas que hasta ahora no tenían derecho al mismo. El segundo decreto (n.° 149/2015) establece la reforma de los servicios de inspección laboral y reagrupa sus servicios en una única agencia nacional. El tercero (n.° 150/2015) establece la reforma del servicio público de empleo gestionada por la nueva Agencia Nacional de Empleo (Anpal), así como las relaciones entre esta y las personas en situación de desempleo. El último decreto (n.° 151/2015) racionaliza y simplifica varias de las obligaciones de los empleadores (relativas a trabajadores con discapacidad, dimisiones, etc.) y establece la posibilidad de que un empleado ceda sus vacaciones a compañeros de trabajo que necesiten ausentarse por necesidades familiares.

• Reducción temporal del importe de las pensiones: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencia en el caso de una jubilada cuya pensión se redujo en menos de un 5 % en un plazo de tiempo de dos años (TEDH, 24 de septiembre de 2015, n.º 13341/14, da Silva Carvalho Rico vs. Portugal, en inglés). La demandante consideraba que Portugal había violado su derecho de propiedad, garantizado por la Convención Europea de Derechos Humanos. Sin embargo, en consideración de «los intereses generales que se encontraban en juego en Portugal, en un contexto de crisis económica, así como del carácter limitado y temporal de las medidas aplicadas», el Tribunal determinó que la reducción de la pensión constituyó una restricción proporcional del derecho de la demandante a la protección de su propiedad a favor de la recuperación económica del país a medio plazo.

Solvay: el presidente del grupo químico belga Solvay (26.000 trabajadores), Jean-Pierre Clamadieu, y el secretario del CE europeo, Albert Kruft, firmaron el pasado 11 de septiembre un «estatuto para las prácticas de buena colaboración en materia de diálogo social» destinado a conciliar los procedimientos de información y de consulta a nivel europeo y nacional. Este acuerdo experimental, firmado por un plazo de dos años, permite involucrar al CE europeo y a los organismos nacionales de información y consulta en el establecimiento de las políticas de recursos humanos a nivel de grupo. De acuerdo con el mismo, en primera instancia se debe informar a la secretaría del CE europeo antes de enviar un proyecto a los responsables de las relaciones sociales a nivel nacional para iniciar un procedimiento de información y consulta a nivel local. Estos debates se extenderán por un período de tiempo establecido de común acuerdo entre el grupo de gestión y la secretaría del CE europeo. A escala europea, estos debates se llevarán a cabo entre la Dirección y la secretaría del CE europeo para «finalizar el proyecto a su debido tiempo y de mutuo acuerdo». Por consiguiente, los órganos representativos locales y nacionales se harán cargo del proyecto con vistas a alinear y armonizar las nuevas reglas, procedimientos o normas, con arreglo a la legislación nacional.

Carrefour: la gran distribuidora francesa Carrefour (381.227 trabajadores) firmó, el 30 de septiembre, un nuevo acuerdo marco global (EN ES DE) con la federación sindical internacional UNI Global Union (véanse los comunicados de prensa de UNI y de Carrefour) que sustituye a un primer acuerdo relativo al respeto de los derechos laborales fundamentales suscrito de 2001. El nuevo acuerdo es radicalmente diferente al anterior, que se limitaba a mencionar en una página las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo aplicables al grupo. A lo largo de sus 18 páginas, el nuevo acuerdo trata los derechos fundamentales de los trabajadores y determina el compromiso del grupo en materia de libertad sindical, de lucha contra la discriminación y de negociación colectiva. Asimismo, contiene un capítulo relativo a la promoción del diálogo social que debe «versar sobre las orientaciones estratégicas». Se trata de un acuerdo innovador puesto que cuenta con concesiones recíprocas: el grupo acuerda favorecer el diálogo social y la sindicalización al tiempo que se protege. Efectivamente, este acuerdo a favor «de unas relaciones sociales de calidad» supone «el respeto de la reputación» y de «la imagen» del grupo así como de la «confidencialidad» de los intercambios, tanto en el ejercicio del diálogo social como en su intervención en las «redes sociales».

• Sappi: la red sindical formada por los representantes sindicales del grupo papelero Sappi (13.500 trabajadores) solicitó, a principios de septiembre, la apertura de una negociación a efectos de establecer un acuerdo marco global. El Presidente del Comité de Empresa Europeo, Wolfgang Kamedler, se reunirá con la Dirección del grupo para llevar a cabo un intercambio de opiniones preliminar a este respecto (véase el comunicado de IndustriAll Global Union).


• Pirelli: una red sindical mundial perteneciente al grupo italiano Pirelli (37.561 trabajadores) han formado una red mundial. Los representante sindicales de la empresa se muestran preocupados por la adquisición del 30 % de las acciones del grupo por parte de la empresa pública china ChemChina (140.000 trabajadores) y de las posibles consecuencias que esto conlleve para sus trabajadores (véase el comunicado de IndustriAll Global Union).


• Shell: en la reunión organizada por IndustriAll Global Union en Singapur los días 29 y 30 de septiembre, una sesentena de dirigentes y representantes sindicales de 22 países anunció la formación de una red sindical mundial en el seno del gigante petrolero holandés Shell (90.000 trabajadores). Asimismo, se adoptó un plan de acción que se divulgará por diversos medios de comunicación, entre los que destaca una página de Facebook. Esta red sindical pretende constituir «una base de datos» relativa a las condiciones laborales dentro del grupo. La próxima reunión tendrá lugar en los Países Bajos en 2016 con el apoyo financiero de la Fundación Friedrich Ebert (véase el comunicado).

Diferencia salarial entre el Oeste y el Este de Alemania: al tiempo que Alemania celebra los 25 años de su reunificación, un estudio publicado por el Instituto WSI de la Fundación Hans Böckler (cercana a la Confederación de Sindicatos Alemanes, DGB) subraya que la diferencia salarial entre los acuerdos colectivos celebrados en los Länder del Este y del Oeste ha disminuido, mostrando una diferencia del 3 % en perjuicio de las regiones del Este, frente a una diferencia del 40 % en 1991 o del 5 % en 2006. Por otra parte, en cuanto a los salarios percibidos por los trabajadores que no se encuentran sujetos a un acuerdo colectivo, la diferencia entre las regiones del Oeste y del Este era, en 2014, de un 17 % en perjuicio del las regiones del Este. Asimismo, el estudio pretende destacar el papel de los sindicatos en la reducción de dicha diferencia y la importancia de la sindicalización para negociar los acuerdos colectivos.