IR Notes

Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, acaba de sufrir su primer revés: los parlamentos nacionales de prácticamente la totalidad de los «nuevos Estados miembros» han considerado que la propuesta de Directiva destinada a imponer el principio de «a igual trabajo, igual salario» en relación con el desplazamiento de los trabajadores no respeta el principio de subsidiariedad y, en consecuencia, la Unión Europea no debe intervenir en dicho ámbito. Dicho principio constituye el núcleo de la propuesta de Directiva presentada el marzo pasado por la Comisión (v. comunicado). La revisión se centra en tres puntos: 1) la remuneración de los trabajadores desplazados será la aplicable a los trabajadores del país de acogida, lo que no se limita simplemente a respetar el salario mínimo como en la actualidad; 2) los trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal y desplazados a otro país deberán disfrutar de las mismas condiciones que los empleados contratados por empresas de trabajo temporal del país de acogida, es decir, no podrán sufrir discriminación en relación con los trabajadores de las empresas usuarias; 3) la duración del desplazamiento quedará limitada a 24 meses (véase el IR Notes n.° 49). El texto responde a las peticiones reiteradas de varios países de Europa occidental, que consideran que las normas actuales en materia de desplazamiento (recogidas en la Directiva 96/71) fomentan las situaciones de dumping social. Polonia, principal «exportador» de trabajadores desplazados en la UE, opina que la revisión iría en contra del principio de libre prestación de servicios y cuestiona sus efectos sobre la competitividad de sus empresas que operen en la UE mediante el desplazamiento de trabajadores. «Consideramos que esta propuesta entra en conflicto con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad», señala por su parte Kalle Palling, Presidente del comité de asuntos europeos del Parlamento estonio. Para resumir las posiciones de los países «contestatarios», este explica que «junto con otros Estados, vamos a transmitir un mensaje claro indicando que no es necesario modificar la reglamentación del desplazamiento de los trabajadores y que la Comisión Europea debería retirar su propuesta de Directiva». En referencia a los países de Europa occidental, señala: «hablan de proteger a los trabajadores desplazados, pero en realidad lo que hacen es proteger al mercado de trabajo local». Al menos un tercio de los parlamentos nacionales (Bulgaria, Croacia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumanía y Dinamarca) ha puesto en tela de juicio el texto, activando el procedimiento de «tarjeta amarilla» previsto por el tratado de la UE. Este exige a la Comisión que reexamine su propuesta para, a continuación, mantenerla, modificarla o retirarla, debiendo en cualquier caso explicar los motivos de su decisión. La Comisión ha reaccionado explicando que su propuesta es «equilibrada y respeta el principio de subsidiariedad». En lo que respecta al Parlamento, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales nombró, el 10 de mayo, dos coponentes para este delicado texto, la francesa Elisabeth Morin-Chartier (PPE) y la neerlandesa Agnes Jongerius (S&D), eurodiputadas veteranas. «Es una primicia que haya dos coponentes de la misma Comisión para una Directiva que, sin duda, es la más importante a escala europea en la actualidad o, incluso, de toda la legislatura», explica Elisabeth Morin-Chartier en una entrevista concedida al periódico regional francés Centre Presse (13-05). El desplazamiento es, sin duda, ¡un tema que divide a la familia europea!
> Véase asimismo más abajo: reacción de los interlocutores sociales europeos.

• Directiva relativa a la movilidad dentro de la Unión para investigadores y estudiantes procedentes de países terceros: el Parlamento Europeo adoptó el 11 de mayo una Resolución legislativa que respalda la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair. Con esta votación, el Parlamento permite la adopción definitiva de la Directiva, que en breve se publicará en el DOUE. El texto permite a los estudiantes e investigadores, en particular, permanecer un mínimo de nueve meses en la Unión tras haber finalizado sus estudios o investigaciones con el fin de encontrar un empleo o de crear una empresa. Asimismo, podrán desplazarse más fácilmente por la UE durante su estancia y disfrutar del derecho a venir con su familia. Para obtener más información: nota del Parlamento Europeo (versión en italiano o polaco).

La Comisión Europea decidida a mejorar la protección de los trabajadores contra las sustancias químicas cancerígenas: el 13 de mayo la Comisión ha propuesto modificar la Directiva 2004/37 sobre carcinógenos y mutágenos con el fin de establecer unos valores límite de exposición a trece carcinógenos en el lugar de trabajo (frente a los tres incluidos actualmente). Estos valores definen el nivel máximo de concentración de una sustancia cancerígena en el aire del lugar de trabajo. La propuesta incluye, en particular, la exposición a la «sílice cristalina respirable» (polvo de arena), que ya había sido objeto de un primer acuerdo multisectorial europeo destinado a establecer medidas de protección eficaces para los trabajadores sin recurrir a límites de exposición. Evidentemente, dicho acuerdo no ha obtenido los resultados esperados, puesto que la Comisión tiene previsto introducir un valor límite de exposición (véase el comunicado de la Comisión y la Hoja informativa, más detallada) para proteger a los cerca de 5,3 millones de trabajadores expuestos a dicha sustancia. La iniciativa ha sido acogida con satisfacción por la Confederación Europea de Sindicatos (CES). «Se trata de una gran noticia para la salud de los trabajadores de toda Europa», ha declarado Esther Lynch, Secretaria confederal de la CES que espera «que la Comisión presente límites de exposición para, como mínimo, quince sustancias más antes de que finalice el año» (véase el comunicado). Laurent Vogel, investigador del Instituto sindical europeo (Etui) destaca, no obstante, que el texto «es demasiado modesto en relación con las peticiones de la Presidencia neerlandesa», puesto que esta había solicitado a la Comisión que preparase la introducción de 50 valores límites durante el primer semestre de 2016. Tal objetivo sigue estando lejos de las 71 sustancias o procedimientos para los cuales la CES considera necesario fijar unos valores límite (véase el comunicado del Etui). Obligada por una sentencia del Tribunal de la Unión Europea (véase el IR Notes nº 45), la Comisión se ha conformado con el mínimo.
> Para saber más: los documentos presentados por la Comisión (en inglés): la propuesta de Directiva, el anexo sobre los límites de exposición, la evaluación de impacto y un documento de trabajo del Instituto sindical europeo (gratuito, «Cancer risks in the workplace: better regulation, stronger protection», en inglés).

• Resolución del Parlamento Europeo sobre el permiso parental: el Parlamento adoptó el 12 de mayo una Resolución sobre la aplicación de la Directiva 2010/18/UE, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental celebrado por los interlocutores sociales europeos. El texto recomienda a los Estados que hagan todo lo posible para que «la Directiva se aplique correctamente, de manera uniforme, tanto en el sector público como en el privado». El Parlamento considera que «la Comisión debe proponer medidas que animen a los padres a hacer un mayor uso del permiso parental, y pide que los Estados miembros fomenten un intercambio más eficaz de las mejores prácticas en este ámbito». Asimismo, debería presentar una nueva iniciativa legislativa para «una mejor conciliación entre vida familiar y vida laboral» y prever también una «amplia iniciativa no legislativa» a tal fin. Cabe señalar asimismo la petición a la Comisión y a los interlocutores sociales para que propongan «ampliar de manera adecuada» la duración mínima «del permiso parental por lo menos de cuatro a seis meses para garantizar una mejor conciliación entre vida familiar y vida laboral». Por último, «en este sentido, es indispensable y urgente una Directiva europea sobre un permiso de paternidad de un mínimo de dos semanas».


• Intervención del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en Bélgica: la Comisión Europea propuso el 5 de mayo conceder a Bélgica 1,8 millones de euros a cargo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para ayudar a 488 trabajadores despedidos por diversos fabricantes de maquinaria de construcción (Caterpillar, Carwall y Doosan) en la provincia de Hainaut (Valonia, Bélgica). Además de los antiguos trabajadores, las medidas financiadas incluyen asimismo apoyo a 300 jóvenes desempleados que ni estudian ni trabajan (los «nini»). (Véase el comunicado de la Comisión).

• Reacciones de los interlocutores sociales ante la «tarjeta amarilla» (véase En portada): en una carta (en inglés) destinada a la Comisaria Marianne Thyssen, encargada de la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores, el Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Visentini, ha solicitado a la Comisión que mantenga su texto y rechace los argumentos de los países que han recurrido a la «tarjeta amarilla», puesto que estos «no cuidan debidamente de sus propios trabajadores». «Queremos confirmar», añade, «que todos los sindicatos de Europa, inclusive de los países donde los parlamentos nacionales han respaldado el procedimiento de tarjeta amarilla, apoyan con firmeza la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento». Por su parte, la organización patronal BusinessEurope ha declarado que está de acuerdo con los países impulsores de la tarjeta amarilla y pide a la Comisión que abandone el proyecto (véase el comunicado).

Acuerdo salarial en la industria: los interlocutores sociales del sector metalúrgico lograron alcanzar un acuerdo el 13 de mayo para revalorizar los salarios un 4,8 % durante los próximos 21 meses. Los 3,8 millones de trabajadores de la metalurgia (automóvil, maquinaria-herramientas, electrónica) disfrutarán de un primer incremento del 2,8 % a partir del 1 de julio. Previamente recibirán una prima excepcional de 150 euros durante los meses de abril, mayo y junio. Los salarios subirán nuevamente un 2 % el 1 de abril de 2017. Este acuerdo, celebrado en Renania del Norte-Westfalia, sirve como base para todas las otras negociaciones regionales en el sector (véase el comunicado de IG Metall y el comunicado de Gesamtmetall).

• Hacia una política de fomento de la inspección laboral: en su último informe, la Inspección de trabajo polaca (PIP) señala un incremento de los casos de infracción del derecho laboral. Según sus cálculos, 700 000 personas trabajarían sin contrato laboral, 1,1 millones serían «falsos autónomos» cuya actividad debería modificarse para considerarse una relación de trabajo por cuenta ajena y 1,3 millones estarían trabajando con contratos denominados «basura» (contratos «por unidad» o «por obra») que no se adecuan al Código laboral. El diputado Janusz Śniadek, del partido actualmente en el poder, el PiS, ha hecho referencia a la posibilidad de crear una Policía laboral, un órgano independiente de la PIP y que podría llevar a cabo investigaciones, además de los controles. El Gobierno, no obstante, por el momento no prevé poner en práctica la propuesta de crear una Policía laboral.

• Deutsche Bahn: el comité de empresa europeo de la Deutsche Bahn se reunió entre el 23 y el 26 del pasado febrero en Berlín para celebrar una sesión plenaria dedicada a la transformación del grupo y a la privatización parcial de sus filiales Schenker Logistics y Arriva. Tras el pleno se ha organizado una formación intercultural (véase el comunicado).

• Sixt Leasing: el Instituto sindical europeo ha publicado en línea el acuerdo sobre la implicación de los trabajadores de Sixt Leasing (5 120 trabajadores en el mundo), firmado el 25 de febrero entre la Dirección de la sociedad alemana de alquiler de vehículos y un grupo especial de negociación. La firma del acuerdo permitirá la transformación del grupo en Sociedad Europea a partir del próximo 1 de junio. El acuerdo prevé la creación de un comité de, como mínimo, tres miembros y, como máximo, cinco representantes.

• Maersk: la Federación internacional de trabajadores del transporte, la ITF, ha acogido con satisfacción la decisión del grupo de transporte marítimo danés Maersk de modificar sus acuerdos de flete para incluir el requisito de que los propietarios de los buques fletados se comprometan a aplicar en su barco un acuerdo que reconozca el hecho sindical y proteja a los trabajadores. Maersk Group tiene en circulación en total cerca de 500 buques propios o fletados en el mundo (véase el comunicado).

La situación de los trabajadores LGTB en el trabajo: la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) ha publicado un estudio comparativo sobre la situación de los LGTB (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) en materia de empleo que se ha basado en datos nacionales recopilados mediante encuestas y por su red de corresponsales nacionales. El documento muestra una visión general muy útil sobre su integración en el mercado laboral y sobre las iniciativas legislativas o de los interlocutores sociales destinadas a protegerles contra la discriminación o a desarrollar una cultura de tolerancia en el lugar de trabajo. El trabajo incluye información muy útil sobre las impresiones de los trabajadores LGTB de diferentes países, reflejando grandes variaciones en el grado de aceptación de las diferencias, por ejemplo entre países como Dinamarca y Países Bajos por un lado y otro, así como entre ciertos países de Europa oriental o central.

• Los modelos occidentales de relaciones sociales a prueba por la mundialización: expertos en relaciones sociales de diversos países europeos han respondido, en esta obra disponible en francés, a la pregunta: «¿cómo ha evolucionado la reglamentación social en las empresas en la última treintena de años?». El libro muestra de forma precisa una visión de los principales cambios que han afectado a los sindicatos y al diálogo social en las empresas, en particular en Europa, bajo el efecto especialmente de la mundialización «y su cortejo de reestructuraciones y recomposiciones económicas». Los autores observan «la emergencia de zonas grises, no reglamentadas y sin verdaderos derechos sociales, incluso si ciertos modelos nacionales, debido a las culturas sociopolíticas en que se basan, resisten mejor que otros». La obra (Syndicats et dialogue social. Les modèles occidentaux à l’épreuve) ha sido dirigida por Dominique Andolfatto y Sylvie Contrepois, además de contar con la participación de dos contribuidores regulares de IR Notes, Vassil Kirov y Christer Thörnqvist.