IR Notes

El 27 de mayo el Consejo adoptó, tras el voto favorable del Parlamento Europeo el 14 de abril, una Directiva relativa a «la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas». Esta Directiva tiene por objeto proteger a las empresas frente al espionaje económico e industrial, estableciendo una definición armonizada del concepto de secreto comercial. El objetivo es permitir a las empresas víctimas de una violación del secreto comercial que soliciten más fácilmente una indemnización ante los tribunales (véase el comunicado de prensa del Consejo). Aparentemente, el texto protege a los denunciantes, los trabajadores y los representantes del personal. No obstante, como de costumbre, todo dependerá de cómo se transponga la Directiva en los 28 Estados miembros. En consecuencia, para los denunciantes, el texto prevé que la protección contra la divulgación de secretos comerciales se neutralice cuando la divulgación tenga por objeto «poner al descubierto alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, siempre que la parte demandada actuara en defensa del interés general». Los opositores del texto destacan que dicha cláusula no protegería a los trabajadores y al periodismo que está en la raíz del Luxleaks, que han revelado actividades completamente legales (las ventajas tributarias concedidas por Luxemburgo a las multinacionales), incluso si van en contra de los intereses europeos. Tras una larga campaña de las organizaciones sindicales y ONG («Stop trade secrets»), se han introducido ciertos cambios. Así, según su artículo 1, apartado 2, letra d), la Directiva no afecta a «la autonomía de los interlocutores sociales ni a su derecho a celebrar convenios colectivos, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho y las prácticas nacionales». Esto en principio debería permitir a los interlocutores sociales enmarcar libremente la utilización de la información confidencial en las empresas. Además, la Directiva no «podrá invocarse para restringir la movilidad de los trabajadores». No se trata de «limitar el uso por parte de los trabajadores de la experiencia y las competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional» ni de imponerles «restricciones adicionales en sus contratos de trabajo distintas de las restricciones impuestas en virtud del Derecho de la Unión o nacional» (artículo 1, apartado 3, letras b) y c)). El texto precisa, a continuación, que «la obtención de un secreto comercial se considerará lícita» cuando se realice por «el ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados» (artículo 3, apartado 1, letra c)). No obstante, el problema no desaparece para el representante de los trabajadores que obtiene una información confidencial y que divulga una parte a otros representantes de los trabajadores o a su sindicato. Además, la protección contra la divulgación de secretos comerciales se neutraliza cuando «los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de sus funciones». Por último, el artículo 14 sobre la indemnización por daños y perjuicios precisa que los «Estados miembros podrán limitar la responsabilidad por daños y perjuicios de los trabajadores frente a sus empresarios en relación con la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial, cuando aquellos no hayan actuado de forma intencionada». Como sucede con todas las Directivas, el diablo está en los detalles, en particular en los que se recogerán en los 28 textos legislativos nacionales que deberán transponer la Directiva en los próximos dos años.

La Comisión Europea presenta sus recomendaciones a los Estados miembros: la Comisión Europea presentó el 18 de mayo sus recomendaciones específicas por país para 2016, en las que expone a los Estados miembros las orientaciones económicas para los siguientes 12 a 18 meses. «Las orientaciones», explica la Comisión, «se centran en las reformas prioritarias para consolidar la recuperación de las economías de los Estados miembros fomentando la inversión, aplicando reformas estructurales y manteniendo la responsabilidad presupuestaria». Considera que «los Estados miembros han avanzado en sus reformas desde el año pasado, pero el ritmo de los avances debe acelerarse para contribuir adecuadamente al empleo, el crecimiento y la inversión». La Comisión esperaba «más avances en la creación de un marco normativo favorable a la empresa y al empleo, que aumentara la participación femenina en el mercado laboral (…)». En la página dedicada al Semestre europeo se pueden consultar: las recomendaciones específicas por país («Commission Recommendations»); los informes por países («Country report 2016») elaborados por los servicios de la Comisión y el plan nacional de reforma remitido por la Comisión a cada Estado miembro. Todos los documentos están disponibles en inglés y, como mínimo, en el idioma del país correspondiente. La organización patronal BusinessEurope insta a los Estados miembros a que apliquen las recomendaciones. En consultas de 2016, el 88 % de los miembros de BusinessEurope opinan que las recomendaciones de 2015 avanzaban en el buen sentido, pero solo el 20 % considera que se han aplicado correctamente en los Estados miembros.

• Aumento de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral: la Comisión Europea ha presentado el 19 de mayo un informe sobre los progresos alcanzados en la lucha contra la trata de seres humanos (solo disponible en inglés). En el informe se observa que, durante el periodo 2013-2014, se han registrado como víctimas de la trata de seres humanos en la Unión un total de 15 846 mujeres, hombres, niñas y niños. Sin embargo, las cifras reales son considerablemente más altas que las registradas por las autoridades públicas. Aunque el 67 % de los casos conocidos son casos de explotación sexual, la explotación laboral afecta a un 21 % de las víctimas registradas, en particular en los sectores de la agricultura, la construcción, la hostelería y restauración, y las labores domésticas. Aunque este «fenómeno no es nada nuevo (…) la crisis económica ha provocado que la demanda de trabajo a bajo coste aumente y haya personas que sean víctimas de la trata, tanto procedentes de terceros países como del interior de la Unión, para realizar un trabajo no remunerado o con salarios muy bajos», mientras «viven y trabajan en condiciones que no respetan su dignidad humana». La Comisión recuerda a los Estados miembros que deben aplicar mejor la Directiva de la UE relativa a la lucha contra la trata de seres humanos, adoptada en 2011.
  >Consulte asimismo: el informe (resumen y texto completo, en inglés) realizado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo.


• Representación de los trabajadores en los órganos de dirección de las empresas: la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo debía pronunciarse, el 26 de junio, sobre un informe de iniciativa relativo a «la representación de los trabajadores en los órganos de dirección en Europa», presentado por el Presidente de dicha comisión, Thomas Händel (S&D). La propuesta examinada pide, en particular, a la Comisión Europea que: 1) evite que los diferentes estatutos de sociedad creados a escala europea se utilicen para evitar o socavar las formas de representación de los trabajadores existentes actualmente en las empresas que vayan a adoptar uno de esos estatutos europeos; 2) prepare una Directiva que fije un modelo de representación de los trabajadores en esas instancias en «todas las Directivas en el ámbito del Derecho de sociedades europeo»; 3) modifique la Directiva 2004/25/CE, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición para que también sean consultados los trabajadores «de la empresa que presenta la oferta, y no solo los de la empresa que puede ser objeto de la absorción».


• Validación de las ayudas al cierre de minas en España: la Comisión Europea ha aprobado, el 27 de mayo, una ayuda de 2 130 millones de euros para paliar las repercusiones sociales y económicas del cierre, antes de 2018, de 26 minas de carbón no competitivas en España (véase el comunicado de la Comisión).


• Creación de una plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado: la Comisión Europea ha creado oficialmente, el 27 de mayo, la «plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado», compuesta por dos representantes de los 28 Estados miembros y de cuatro representantes de los interlocutores sociales europeos. Asimismo, incluye a catorce observadores nombrados por los interlocutores sociales a escala sectorial (véase la composición y el comunicado de la Comisión [en inglés], así como el comunicado de la Confederación Europea de Sindicatos).

• Contratación de un trabajador con cierto grado de incapacidad: a partir del 1 de julio, un empresario que contrate a un trabajador con cierto grado de incapacidad disfrutará de exenciones de las cotizaciones sociales (33 % del salario) hasta una cuantía de 380 euros (deberá abonar las cotizaciones que superen dicho importe).

Aplicación de la reforma de la justicia en materia social: un Decreto de aplicación de la Ley n.º 2015-990, de 6 de agosto de 2015, destinada a mejorar el funcionamiento de la justicia de lo social (el primer nivel de las jurisdicciones de trabajo en Francia), permite la entrada en vigor el 26 de mayo de las medidas previstas en la ley. Las partes podrán, a partir de ahora, defenderse a sí mismas ante el órgano jurisdiccional sin tener que invocar un motivo legítimo. No obstante, en caso de recurso, deberán ser representadas por un abogado o por un sindicalista responsable de defender a los trabajadores. Para acelerar la tramitación de los expedientes, cuyos plazos son escandalosamente largos, los jueces (consejeros de lo social) podrán celebrar las sesiones con dos participantes (un trabajador y un empresario) en lugar de cuatro, debiendo pronunciarse en tres meses.

• Nuevos datos sobre la tasa de afiliación a sindicatos en Francia: el Ministerio de Trabajo ha publicado un estudio basado en datos recopilados en 2013 sobre la afiliación a sindicatos en Francia. Aunque el porcentaje de trabajadores que afirma pertenecer a un sindicato se mantiene estable, en un 11,2 %, oculta una gran heterogeneidad entre el sector público (19,8 %) y el sector privado (8,7 %), las empresas del sector privado con 200 trabajadores o más (14,4 %) y las empresas con menos de 50 trabajadores (5 %), o incluso entre los trabajadores del sector privado con contrato fijo (9,9 %) y los que tienen un contrato de duración determinada (2,1 %) o temporal (1,2 %). Estas bajas tasas no indican, sin embargo, una marginalización de los sindicatos, puesto que su representatividad se basa en sus resultados en las elecciones profesionales, en las cuales la tasa de participación es significativa (43 % en 2012 en el sector privado y 53 % en la función pública en 2014), no en el número de afiliados.

• Fomento del tiempo parcial al final de la carrera: un Decreto Ministerial del 7 de abril de 2016 sobre el «tiempo parcial facilitado» que acaba de publicarse en el boletín oficial (Gazetta Ufficiale de 18 de mayo) y que entrará en vigor a principios de junio tiene por objeto fomentar el principio del envejecimiento activo recurriendo al tiempo parcial al final de la carrera profesional. El Decreto introduce un dispositivo que insta a los empresarios a reducir el tiempo de trabajo de los trabajadores con contrato de duración indeterminada que están cerca de la edad de jubilación. El Decreto prevé que, para compensar la reducción de su salario, el empresario abonará al trabajador el equivalente de las cargas patronales correspondientes a la remuneración dejada de percibir. Además, el trabajador seguirá cotizando para su jubilación, puesto que el Estado abonará a los organismos sociales el equivalente de las cargas patronales y salariales sobre la parte del tiempo de trabajo que se haya reducido.

• Hacia una reforma de la legislación sobre los contratos públicos: el Gobierno presentó el 19 de mayo un proyecto de ley sobre los requisitos que deben imponer las autoridades públicas en el marco de los contratos públicos. El objetivo es animar a las pymes a presentarse a las licitaciones y proteger el modelo sueco, imponiendo el respeto de los mínimos convencionales en materia de salarios y de condiciones laborales. El Gobierno ha comprobado, de hecho, que la concesión de los contratos públicos demasiado a menudo se basaba en ahorros principalmente salariales, lo cual fomentaba el dumping salarial. Si se procede a su adopción, el proyecto entraría en vigor el 1 de enero de 2017.

Coca-Cola Iberian Partners: la Dirección del grupo de embotellamiento Coca-Cola Iberian y los miembros del grupo especial de negociación formado para crear un comité de empresa europeo, con la ayuda de un representante de la federación sindical europea EFFAT, han firmado un acuerdo el 26 de mayo en Barcelona. El nuevo comité representa a 4 610 trabajadores españoles y a 430 empleados portugueses. El texto prevé una reunión plenaria anual y tres reuniones del comité reducido. Para Enrico Somaglia, encargado de la política de empresas en la EFFAT, el acuerdo, que va más allá de los requisitos de la Directiva revisada de 2009 sobre los CE europeos, se ha alcanzado en un momento en que otras sociedades europeas de embotellamiento están en vías de fusión para formar «Coca-Cola European Partners», «pero el acuerdo se puede considerar un buen ejemplo para las reestructuraciones que se van a llevar a cabo para crear un CE europeo en CCEP» (véase el comunicado de la EFFAT, en inglés).

• Siemens: el grupo alemán Siemens ha sido denunciado por la federación sindical danesa 3F por incumplir sus obligaciones medioambientales. Esta acción pone en tela de juicio la fiabilidad de la certificación «smiley» en el entorno profesional, proporcionada por un organismo de certificación, que dispensa a las empresas titulares de la visita de la inspección de trabajo. De hecho, 3F afirma que, en los últimos 10 años, se han registrado 64 casos demostrados de asma y eccemas crónicos provocados por una exposición a productos químicos peligrosos durante la producción de aerogeneradores. 3F ha presentado una queja contra la empresa tanto por no haber adoptado las medidas de precaución necesarias, como por haber pulverizado ilegalmente isocianato, un producto químico peligroso. El proceso debería iniciarse a finales de mayo en el tribunal municipal de Aalborg.

Estado de la situación social en Eslovaquia: el servicio encargado de los estudios en el Parlamento Europeo ha publicado un informe sobre la situación social y el empleo en Eslovaquia y la Presidencia eslovaca de la Unión Europea (en inglés). El informe, elaborado por el Central European Labour Studies Institute (CELSI), permite descubrir este país que ocupará por primera vez, a partir de julio y durante seis meses, la Presidencia de la Unión Europea. El informe muestra la fuerte progresión de la tasa de empleo, desde un 54 % en 2009 a un 62,7 % en 2015, si bien la tasa de desempleo no ha disminuido en la misma proporción, pasando de un 14,5 % en 2010 a un 10,3 % en enero de 2016. El salario mínimo ha aumentado continuamente desde 269 euros en 2008 a 405 euros en 2016. En 2015 representaba un 0,43 % del salario medio (883 euros). En lo relativo a las relaciones sociales, el informe hace referencia a tres niveles de diálogo social: a escala nacional, en el marco de un diálogo tripartito y en los sectores, el nivel dominante de la negociación colectiva y en las empresas. La tasa de cobertura convencional, así como la tasa de afiliación a sindicatos, están disminuyendo y han alcanzado, respectivamente, un 24,9 % y un 13,3 % en 2012. Cabe destacar una decisión reciente del Consejo constitucional que ha considerado inconstitucional la práctica de extender los convenios colectivos a todos los empresarios de un sector.