IR Notes

La publicación de una guía para los directivos encargados de un CE europeo, aunque útil igualmente para los representantes de los trabajadores europeos: ese es el proyecto de un consorcio formado por el centro de formación y de capacitación neerlandés SBI Formaat, la asociación Astrees e IR Share [NDLR: el editor de IR Notes], con un mandato de la organización patronal europea CEEP y el apoyo financiero de la Comisión Europea. El proyecto se ha alimentado de los intercambios llevados a cabo durante tres seminarios celebrados en 2015 y 2016, en los cuales participaron directivos de diferentes nacionalidades. El marzo pasado se celebró en Lisboa una conferencia final que también contó con la presencia de los representantes de los trabajadores y tenía por fin validar las recomendaciones sobre cada uno de los tres temas mantenidos, que generan numerosas fricciones dentro de los CE europeos: 1) la determinación del carácter transnacional de una medida; 2) la celebración del proceso de información y de consulta del CE europeo en relación con las instancias nacionales de representación de los trabajadores; 3) la gestión de la confidencialidad de la información. En relación con estos tres temas, los ponentes del proyecto han observado, en la práctica, que la dimensión legal no era suficiente para ofrecer unas líneas directrices claras a los interlocutores. La guía elaborada ya se ha publicado y se puede descargar a través del sitio web de IR Share o se puede consultar en el sitio web específico. Durante el proyecto, los colaboradores se dieron cuenta de algo notable: para los tres temas, los interlocutores consideran que las soluciones solo pueden conseguirse a través de una relación de confianza entre la Dirección y los representantes de los trabajadores. La guía no ofrece soluciones mágicas para los problemas, pero sí incluye orientaciones para ayudar a los interlocutores sociales a desarrollar esa confianza indispensable que es el cemento que reafirma la efectividad de los comités de empresa europeos. Para cada tema, los colaboradores del proyecto indican tres orientaciones que han sido validadas por un panel de directivos y de representantes del personal de diferentes culturas, como por ejemplo la creación de un taller con el comité restringido y la Dirección para tratar cuestiones relacionadas con la «zona gris» (esos temas que resulta difícil determinar si son o no transnacionales) o bien negociar la gestión de la confidencialidad de la información con los miembros del CE europeo.

• El Parlamento quiere proteger a los denunciantes: los diputados europeos debatieron el 6 de julio con representantes del Consejo y de la Comisión Europea sobre la mejora de la protección legal de las personas que hayan denunciado actividades ilegales o inmorales en el sector público o privado. Unos días después de la condena de dos antiguos empleados de PricewaterhouseCoopers por haber revelado documentos que dieron lugar a los LuxLeaks, la mayoría de diputados europeos que han expresado su opinión consideran que los denunciantes que divulgan datos en beneficio del público desempeñan un papel esencial para la democracia y deben disfrutar de mayor protección en los procesos y contra posibles represalias o amenazas (véase el comunicado).


• El Parlamento Europeo plantea sus requisitos sociales: en una Resolución de 6 de julio, adoptada por 417 votos a favor, 209 en contra y 78 abstenciones, el Parlamento ha planteado sus recomendaciones para el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2017. En materia social, los diputados consideran que la Comisión, en cooperación con los Estados miembros y los interlocutores sociales, debe «reforzar el diálogo social europeo para conciliar mejor los mercados laborales y las exigencias de protección social, con objeto de afrontar las desigualdades sociales y los retos en materia de competitividad» (véase el comunicado). Los diputados esperan mucho del «pilar» europeo de derechos sociales, que debe permitir a todos los ciudadanos de la UE «contar con un conjunto esencial de condiciones de trabajo justas» que, por ejemplo, permitan «afrontar los retos que plantean la conciliación de la vida laboral y la vida familiar y la brecha de género en materia de remuneraciones y pensiones».

• Una declaración para un nuevo impulso del diálogo social: la Comisión Europea, la Presidencia neerlandesa del Consejo y los interlocutores sociales europeos (la Confederación Europea de Sindicatos y las organizaciones patronales BusinessEurope, CEEP y UEAPME) han firmado, el 27 de junio, una declaración cuatripartita titulada «Un nuevo comienzo para el diálogo social». Se trata de la primera iniciativa de este tipo, destinada a conferir un nuevo impulso al diálogo social europeo, así como a reforzar el diálogo social en los Estados miembros donde es débil. El texto regula asimismo las relaciones entre, por una parte, los interlocutores sociales y, por otra, el Consejo y la Comisión. Los interlocutores sociales europeos señalan que informarán a la Comisión al inicio de cada negociación de todos los acuerdos marco o programas de acción. Notificarán asimismo al Consejo el inicio de cualquier negociación de un acuerdo europeo para el cual hayan previsto solicitar una aplicación mediante una Decisión del Consejo. La Comisión también debe tener en cuenta el carácter específico de los acuerdos europeos para respaldar a los interlocutores sociales en sus negociaciones, ofreciéndoles información técnica y jurídica cuando así lo soliciten. Además, incluirá a los interlocutores sociales en el proceso legislativo europeo, en particular mediante consultas sobre las iniciativas clave siempre que tengan un impacto significativo sobre la situación social y laboral a escala de la Unión, incluso cuando no esté entre los temas para los cuales es obligatorio consultar a los interlocutores sociales europeos.

Un acuerdo sobre la salud y la segu-ridad en el sector de la peluquería: los interlocutores sociales europeos del sector de la peluquería han finalmente firmado su acuerdo marco sobre la salud y la seguridad en el trabajo. En 2012 ya se había firmado un texto, pero el Consejo siempre había bloqueado la petición de transposición de este texto mediante una Directiva, puesto que consideraba que las organizaciones signatarias no eran representativas y que el texto iba demasiado lejos con sus disposiciones de protección. Tras una larga labor de reescritura, en colaboración con la Comisión y el Consejo, los negociadores han logrado alcanzar un nuevo acuerdo, que no se ha hecho oficial hasta después del Brexit para evitar dar un argumento adicional a los defensores de Brexit, que habría denunciado una vez más que un texto «de Bruselas» prohibía a las peluqueras llevar joyas y zapatos de tacón… (véase el comunicado de UNI Europa). No obstante, esto todavía no ha acabado: antes de que se pueda transponer a través de una Directiva, como solicitan los signatarios, el texto debe someterse a un nuevo capricho de la Comisión: un «estudio de proporcionalidad». Si es favorable al texto, entonces la Comisión podrá instar al Consejo a dar su visto bueno.

• Un marco para las prácticas en el sector de la electrici-dad: los interlocutores sociales europeos del sector de la electricidad firmaron el 27 de junio un acuerdo marco sobre las condiciones mínimas que se deben respetar al contratar personas en prácticas. El acuerdo incluye normas mínimas en materia de condiciones de trabajo, objetivo educativo, función del tutor, duración de las prácticas (seis meses como máximo, con opción de renovación si está justificado y tras informar y consultar a representantes del personal), la «compensación» (pero sin fijar una cuantía mínima) y el reconocimiento y validación de los conocimientos y las competencias. Este acuerdo no tiene valor vinculante y debe servir de guía a las organizaciones nacionales afiliadas a los signatarios para las negociaciones sectoriales o de empresa.


• Los diez años del acuerdo multisectorial europeo sobre el silicio cristalino: las organizaciones sindicales y los empleadores signatarios del acuerdo Nepsi, destinado a prevenir la exposición de los trabajadores al silicio cristalino, han organizado una conferencia para celebrar el décimo aniversario de la firma de ese primer acuerdo multisectorial europeo el 25 de abril de 2006. El acuerdo recoge recomendaciones y herramientas para controlar la exposición al polvo, para supervisar el estado de salud de los trabajadores y para garantizar la formación e investigación. Abarca un gran número de sectores industriales. No obstante, su ámbito de aplicación no incluye a los trabajadores del sector de la construcción, que representan un 70 % de las personas expuestas al silicio. Otro punto débil es que no hay ningún estudio que demuestre que la exposición al silicio realmente se ha reducido desde la firma del acuerdo. Este fue celebrado, en particular, por los empleadores para evitar que la Comisión Europea adoptase un valor límite de exposición. La reciente propuesta de Directiva de la Comisión sobre los agentes carcinogénicos (véase IR Notes n.° xx) acaba precisamente de fijar tal valor límite. Un modo de destacar el fracaso de la reglamentación a través del diálogo social.

• Un acuerdo salarial celebrado en el sector químico: los interlocutores sociales del sector químico han celebrado un acuerdo salarial, el 23 de junio, para los 550.000 trabajadores del sector. Estos, además de los aprendices, disfrutarán de un incremento del 5,3 % en su salario en dos etapas: un 3 % entre el 1 de agosto y el 1 de octubre, en función de las regiones, y un 2,3 % el 13º mes de aplicación del convenio colectivo celebrado para una duración de veinticuatro meses. En las empresas que se encuentran en dificultades, será posible posponer dos meses la aplicación de los incrementos salariales. Los signatarios han formado un programa «pre-start» para integrar a jóvenes con déficit lingüístico o educativo grave en el mercado laboral.

• El verdadero coste de los trabajadores desplazados: el Ministerio de Finanzas ha publicado una nota que intenta clarificar las ventajas que se espera obtener mediante el desplazamiento de trabajadores en Francia. En lo relativo al coste del trabajo, para un puesto remunerado con el salario mínimo legal en Francia (SMIC), «recurrir en un marco legal a un trabajador desplazado en Francia por una empresa localizada en Portugal, Rumanía, Polonia o España es equivalente a utilizar mano de obra de una empresa localizada en Francia», teniendo en cuenta el abono de los gastos derivados del desplazamiento que ascenderían tan solo a 100 euros al mes. El incremento incesante del número de trabajadores desplazados estaría más relacionado con la proliferación de prácticas fraudulentas que con la reducción del coste del trabajo, siempre que se respeten las disposiciones legales en materia de desplazamiento.

• Una reforma del Código laboral puesta a juicio: el movimiento sindical europeo denuncia el proyecto de reforma del Código laboral presentado por el Gobierno (véase el comunicado de IndustriAll)

Eni: la Dirección del grupo energético italiano Eni (33.000 trabajadores) ha renovado su acuerdo marco mundial, firmado el 6 de junio por la federación sindical mundial IndustriAll y sus miembros afiliados italianos FILCTEM-CISL, FEMCA-CISL y UILTEC-UIL. El acuerdo original, firmado en 2002, ya había sido renovado en 2004 y 2007. El nuevo acuerdo marco prevé que el comité de empresa mundial se reúna cada año. Estará formado por representantes de IndustriAll y sus afiliados italianos, cinco miembros del comité restringido del CE europeo y otros cinco representantes de países no pertenecientes a la UE. Estos últimos serán designados cada año por IndustriAll siguiendo un principio de rotación de los países, para que todos estén representados periódicamente. Además, IndustriAll nombrará un coordinador para garantizar la adecuada aplicación del acuerdo (véase el comunicado de IndustriAll, en inglés).

• General Electric/Alstom: el procedimiento de información y de consulta del Foro europeo de cada actividad energética de Alstom («Interim Representative Structure, IRS») que prevé, en el plan general de reestructuración, la destrucción de 6.500 puestos de empleo, ha finalizado a principios de junio, tras 45 reuniones, con la redacción de un dictamen negativo de IRS. En su dictamen detallado, actividad por actividad, IRS se opone «a esta destrucción masiva de puestos de empleo y al cierre de instalaciones, que únicamente se deben a una estrategia de reducción de costes», destaca la federación sindical europea IndustriAll Trade Union Europe en un comunicado. IRS solicita para cada empresa y filial afectadas: 1) información sobre el proceso local de consulta llevado a cabo y las negociaciones relacionadas, así como sus decisiones; 2) información sobre la aplicación y despliegue de planes de reestructuración, tal como han sido decididos a escala nacional; 3) información sobre el proceso de integración; y 4) información sobre los planes de negocios y las estrategias que se aplicarán. «Esta información deberá presentarse de forma adecuada y se debatirá durante las reuniones trimestrales de IRS», destaca la instancia europea.
  > Véase asimismo: el comunicado de prensa del comité de empresa europeo del grupo Safran en apoyo de una solicitud de apertura de un proceso de información y consulta para la filial especializada en seguridad, Morpho (véase IR Notes 57).

Un análisis del «pilar» europeo de derechos sociales: la Comisión Europea ha iniciado un proyecto para establecer un pilar europeo de derechos sociales (véase IR Notes 49) que, según la Comisión, tiene por objetivo revisar los principios del modelo social europeo y determinar si siguen siendo pertinentes en el siglo XXI. Se trata de desarrollar el pilar de los derechos sociales de los países miembros de la Unión Económica y Monetaria. Este proyecto, presentado en una Comunicación del pasado 8 de marzo, acaba de someterse a un análisis jurídico (en inglés) del Instituto sindical europeo llevado a cabo por Klaus Lörcher e Isabelle Schömann. El documento analiza el contenido de la Comunicación y de los 20 ámbitos que quedarían cubiertos, según la Comunicación, por ese pilar (igualdad entre sexos, derecho a la información y la consulta, etc.). Por último, se centra en los derechos olvidados por la Comisión, pero que tendrían su lugar en tal pilar, como el derecho a la protección de los datos personales en la relación laboral, el derecho a una duración razonable del trabajo o, incluso, el derecho a la liberad de expresión, incluido el derecho a presentar una denuncia. Recordemos que la Comisión ha iniciado una consulta pública sobre su proyecto que durará hasta finales de año. Este documento puede ayudar a los interlocutores a desarrollar su propia aportación.