IR Notes

La Asamblea Nacional francesa aprobó el pasado 29 de noviembre una propuesta de ley relativa al deber de vigilancia de las empresas matrices y de las empresas subcontratistas (véase también el texto votado el 29 de noviembre), introducida con el apoyo de las ONG y tras la catástrofe de Rana Plaza de Bangladesh en 2013, donde fallecieron más de mil trabajadores de la confección. Se sabe que estos trabajadores cumplían pedidos para subcontratas realizados por grandes grupos mundiales del textil o de la gran distribución. El texto debe pasar todavía ante por el Senado, segunda cámara del Parlamento, que debería rechazarla de nuevo antes de ser adoptada de forma definitiva por la Asamblea Nacional en última lectura. Según la propuesta, «se trata de responsabilizar así a las empresas transnacionales para evitar que sucedan tragedias en Francia y en el extranjero y conseguir compensaciones para las víctimas en el caso de daños contra los derechos humanos y el medio ambiente». La propuesta prevé que las grandes empresas con más de 5 000 trabajadores en Francia (o 10 000 si tienen filiales en el extranjero) estén obligadas a poner en marcha un plan de vigilancia destinado a evitar ataques graves a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, la salud y la seguridad de las personas así como al medio ambiente como resultado de las actividades de la empresa. Esta obligación abarcaría también a las empresas controladas por la primera sociedad así como a las actividades de sus subcontratas y proveedores. Se ha previsto una multa disuasoria de hasta 10 millones de euros en el caso de que se viole esta obligación. Además, en el caso de que una subcontrata registrara un accidente, la multinacional emisora del pedido original podría verse implicada si el demandante demuestra que su perjuicio está vinculado a la ausencia de un plan de vigilancia o a que este no se ha aplicado debidamente. En este caso los jueces podrían fijar multas máximas de hasta 30 millones de euros. El texto final tiene todas las bazas para ser aprobado y ha recibido el aplauso de la federación sindical internacional IndustriAll Global Union, organización que se ha mostrado especialmente activa para que las víctimas del Rana Plaza reciban compensaciones (comunicado de IndustriAll). Por su parte, la Medef, la principal organización de la patronal francesa, publicó un comunicado para denunciar una «ley franco-francesa» que «introduce obligaciones en un ámbito demasiado vasto y demasiado difuso» (véase el comunicado). Esta iniciativa destaca también el texto finalizado por los negociadores del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo para excluir del mercado de la UE a los llamados «minerales de conflicto» o de «sangre». El reglamento garantiza que a partir de 2021 en la UE no se utilizarán minerales y metales como tantalio, tungsteno, estaño y oro (indispensable para la fabricación de aparatos como los móviles) que hubieran podido servir para armar a grupos armados o para atentar contra los derechos humanos en las zonas de conflicto. El Parlamento reforzó de forma considerable la propuesta de la Comisión, que propuso un sistema voluntario de control basado en la creación de una etiqueta de importador responsable (véase la nota de prensa de junio de 2016 y el enlace a la conferencia de prensa del Parlamento).

• Propuesta de Directiva sobre la insolvencia empresarial: el 22 de noviembre la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva relativa a un marco de prevención de las reestructuraciones, a una segunda oportunidad y a las medidas para mejorar la eficacia de los procedimientos de reestructuración y de insolvencia (en inglés) (véase el comunicado). La iniciativa ha sido bien acogida por la Confederación Europea de Sindicatos, aunque poniendo de relieve una serie de reservas (véase el comunicado). La propuesta debe ahora ser adoptada por el Consejo y por el Parlamento.

• Ayuda europea a los trabajadores despedidos del sector comercial de los Países Bajos: el 29 de noviembre la Comisión Europea propuso que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización aportara una ayuda de 1,8 millones de euros y por petición de los Países Bajos para la reconversión de 800 de los 1096 trabajadores despedidos por seis empresas del sector comercial (véase el comunicado).

Posición común sobre la digitalización en la industria química: el 22 de noviembre pasado los agentes sociales europeos del sector químico adoptaron una posición común sobre la digitalización y los aspectos vinculados al empleo. A raíz de la digitalización «una serie de trabajos caerán en desuso o serán objeto de una reconversión radical debido a la integración de las nuevas tecnologías digitales», mientras que «otros trabajos de nueva creación requerirán competencias nuevas y específicas». Los firmantes insisten en la formación de la mano de obra y en la implicación de los agentes sociales en todos los niveles, sobre todo en los comités de empresa y en las empresas «atenuando los procesos de transformación digital gracias a la sensibilización y al intercambio de las mejores prácticas».

• Definición de «trabajador» en el sentido de la directiva relativa al trabajo temporal: el Tribunal de Justicia delimita el concepto de «trabajador» en el sentido de la Directiva 2008/104 relativa al trabajo temporal (TJUE, 17 de noviembre de 2016, asunto C-216/15, Betriebsrat der Ruhrlandklinik). En opinión del Tribunal, un concepto demasiado restrictivo de qué es un trabajador temporal permitiría a los Estados miembros o a las agencias de trabajo temporal «descartar a su discreción de la protección deseada (por la Directiva) a algunas categorías de personas ». Para el Tribunal, el concepto de «trabajador» en el sentido de la Directiva 2008/104 cubre «toda persona que realice una prestación laboral, es decir, que lleve a cabo, durante cierto tiempo, a favor de otra persona y bajo su dirección, prestaciones a cambio de las cuales recibe una retribución, y que esté protegida por ello en el Estado miembro de que se trate con independencia de la calificación jurídica de su relación laboral en Derecho nacional, de la naturaleza del vínculo jurídico que una a estas dos personas y de la forma de esa relación».


• Incumplimiento de las aportaciones de «jubilación» e insolvencia del empresario: el Tribunal de Justicia dictó sentencia (TJUE, 24 de noviembre 2016, asunto C-454/15, Webb-Sämann) en un proceso que afectaba a un trabajador cuyo empresario, declarado en quiebra, durante varios meses descontó retenciones en el salario en concepto de las cotizaciones de jubilación y que no las ingresó en la cuenta de jubilación del empleado. El efecto de esta omisión fue que la pensión del trabajador se viera reducida de 5 a 7 euros al mes. La cuestión radicaba en saber si estas sumas estaban protegidas por la Directiva 2008/94 de 22 de octubre de 2008 relativa a la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario. En opinión del Tribunal de Justicia, según el artículo 8 de esta directiva «las retenciones salariales convertidas en aportaciones a un plan de pensiones de un antiguo empleado» son elementos parte del salario (la «masa concursal») y deben ser garantizados por la Directiva.

• Acuerdo para un aumento en el salario mínimo: el Congreso aprobó un acuerdo para aumentar el salario mínimo en un 8%, situando el salario mínimo interprofesional del país en unos 825 euros mensuales (12 pagas) para los trabajadores a jornada completa en 2017″.

Responsabilidad adquirida de los trabajadores víctimas de accidentes de la carretera: el Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias que abren la vía a que los empresarios puedan solicitar compen-saciones a sus trabajadores víctimas de un accidente de carretera cuando éstos hayan causado algún daño al empresario. Y así, un camionero griego que perdió el control de su vehículo en una carretera italiana y que provocó la destrucción del vehículo y de su carga ha sido ahora declarado responsable del accidente y su empleador podría reclamarle una indemnización. En otro caso, un conductor se salió de la carretera y falleció al caer por un barranco. La familia inició un proceso contra el empresario al considerar que el accidente había sido provocado por la fatiga del conductor ya que éste estaba haciendo horas extra sin haber descansado. Por un lado, un primer tribunal dictaminó que el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad y que era corresponsable del accidente en un 40%. Pero el Tribunal Supremo dictaminó que el accidente tuvo lugar tras cuatro días libres del conductor y que el día de autos solamente había conducido unas pocas horas. Por tanto, el conductor fue declarado responsable del accidente y el empresario está ahora en su derecho a reclamar daños y perjuicios.

Los sindicatos se resisten a la futura reforma de la educación obligatoria: bajo la amenaza de muchos puestos redundantes, los profesores de la educación pública esperan con ansiedad la futura reforma de gran calado de la educación obligatoria. La reforma sustituirá el sistema de tres niveles actual por un sistema de dos niveles y eliminará la educación intermedia. Los detalles de la reforma eran desconocidos todavía a principios del curso escolar. En otoño, el Sindicato Polaco de Profesores (ZNP), la organización sectorial de mayor tamaño, se opuso activamente a los cambios que se vaticinaban. En el mes de octubre, el ZNP organizó una serie de protestas en todo el país para oponerse a la reforma y para mostrar su desacuerdo ante la indiferencia del gobierno a todas las voces críticas. Según los organizadores, en las protestas participaron más de 25 000 personas (véase el comunicado de prensa). A finales de noviembre tuvo lugar una inmensa protesta (los cálculos en el número de participantes fluctúan desde varios miles hasta las 50 000 personas). La marcha fue liderada por el ZNP y cruzó Varsovia hasta el Parlamento el día de la primera lectura del borrador de la nueva ley (véase el artículo de la prensa).

• Propuesta para enmarcar el trabajo en las plataformas digitales: la federación sindical sueca Unionen ha propuesto crear una nueva agencia con la que regular las plataformas digitales como Uber, Airbnb, Foodora y TaskRunner. Se trata de una propuesta que será parte de las negociaciones colectivas nacionales para el año 2017. Según Unionen, las plataformas como Uber y Airbnb deberían solicitar la certificación de esta agencia. Los objetivos principales son desarrollar un marco común para el pago de impuestos y cotizaciones sociales, para los sistemas de calificación social y para una mejor gestión de los datos personales, cuestiones todas que en opinión de Unionen son los principales escollos.

• Schreiber Foods: el grupo lácteo americano (con 7 000 empleados y 1 452 en la UE) suscribió un acuerdo para la creación de un comité de empresa europeo (en español) el pasado 23 de noviembre. El grupo opera en Alemania, Bulgaria, España (734 trabajadores), Portugal, República Checa y Eslovaquia. Según Enrico Somaglia, encargado de la política de empresa en el seno de la federación sindical europea Effat, «el acuerdo va más allá de las normas de la directiva sobre el comité de empresa europeo» (véase el comunicado de Effat).
  > Véase también el acuerdo firmado por el grupo Erwin Hymer Group (en alemán).

Orange: la dirección del grupo de telecomunicaciones Orange (154 000 trabajadores en total y 96 000 en Francia) firmó el pasado 27 de septiembre un acuerdo sobre el acompañamiento de la transfor-mación digital en la empresa. Se trata del primer acuerdo en una de las cuarenta empresas que cotizan en la Bolsa de París dedicado plenamente a la cuestión de la transformación digital. Una parte del acuerdo vela en específico por garantizar la conciliación entre la vida privada y la vida laboral garantizando el llamado derecho a la desconexión. Orange «recomienda activamente a sus trabajadores que no utilicen la mensajería electrónica ni otras herramientas de comunicación durante sus periodos de descanso diarios, semanales o vacacionales a fin de garantizar el respeto a este derecho». Para ello, la dirección tiene un deber de ejemplaridad en la utilización de las herramientas digitales y «debe garantizar el respecto de este derecho».

• Volkswagen: el futuro del grupo y de sus trabajadores en todo el mundo ha quedado asentado mediante un acuerdo suscrito entre la dirección del fabricante alemán de automóviles, el sindicato IG Metall y los representantes del comité mundial de empresa de Volkswagen. Con este acuerdo (titulado «Pacto para el futuro»), Volkswagen recortará 30 000 puestos de trabajo (23 000 en Alemania) de aquí a 2025 sin optar por despidos forzosos, sino recurriendo a jubilaciones anticipadas  (véase el comunicado IndustriALL, y IG Metall). Además, en el marco de un programa de formación iniciado por el comité de empresa mundial, representantes de los comités de empresa procedentes de Brasil, España y Portugal visitaron la sede de Wolfsburgo (Alemania) y debatieron con representantes de IG Metall sobre temas relativos a la cooperación sindical (véase el comunicado IG Metall).

• Saint-Gobain: IndustriAll Global Union organizó en París los pasados 23 y 24 de noviembre la segunda reunión de la red sindical mundial del grupo Saint-Gobain (170 000 trabajadores). Las conversaciones se centraron sobre todo en la precariedad laboral, pero también en la salud y la seguridad. Los participantes adoptaron un programa de trabajo para los próximos doce meses (véase el comunicado IndustriALL).


• BAE Systems: la red sindical mundial inaugurada en 2014 en el seno de BAE Systems (82 500 trabajadores), grupo británico con participación en el sector aeroespacial y de la defensa, se reunió los días 9 y 10 de noviembre para adoptar un nuevo plan de acción (véase el comunicado IndustriAll).

Negociación colectiva a favor de los nuevos derechos para los trabajadores LGBT en Italia: la Fundación Di Vittorio (FDV), en colaboración con la Confederación Sindical CGIL y su federación de comercio y de servicios FILCAMS, publicó un estudio (en inglés o en italiano) sobre el papel de la negociación colectiva para mejorar los derechos de los trabajadores LGBT. El estudio se basa en el análisis de los acuerdos colectivos más recientes y negociados esencialmente con empresas que contienen medidas específicas a favor de estas categorías de trabajadores. El estudio incluye una tabla resumen que presenta las cláusulas más destacadas.