IR Notes

La Comisión Europea arrancó el pasado 10 de enero la revisión de la legislación europea en materia de protección de la salud y de la seguridad en el trabajo al tiempo que proponía una nueva lista de agentes cancerígenos y mutágenos para los que se propone unos valores limitados de exposición. La Comisión se ha dado dos años para el primer punto para “suprimir o actualizar normativas desfasadas” teniendo en cuenta la actual y abundante legislación adoptada desde la directiva marco de 1989 sobre la salud y la seguridad en el trabajo. Esta “modernización” se hará “con los Estados miembros y con los agentes sociales”, precisa la Comisión (véase el comunicado). El punto débil más destacado de este marco legislativo es su mala aplicación por parte de las empresas y, en particular, por las de pequeño tamaño. Y precisamente de ahí surge la idea de que sería necesario simplificar la legislación para facilitar su aplicación y proteger mejor a los trabajadores. Hay además varias disposiciones que necesitan ser revisadas como, por ejemplo, la definición de “lugar de trabajo” en lo que respecta al trabajo realizado sobre plataformas o al trabajo itinerante o también las disposiciones de la directiva sobre el trabajo frente a una pantalla. La Comisión ha fijado sus objetivos en un comunicado (en inglés) elaborado sobre la base de un documento de trabajo de sus servicios (en inglés) y ha distribuido ya una guía destinada a empresas y contratantes disponible de momento solamente en inglés. Como muestra de su buena voluntad, la Comisión ha publicado también una propuesta de directiva en la que se fijan los nuevos valores límite de exposición a cinco agentes químicos cancerígenos y que se vienen a añadir a los incluidos en la propuesta de directiva publicada en mayo de 2016 (véanse los comunicados de “preguntas más habituales” sobre la política en materia de saluda y seguridad y la acción relativa a los agentes cancerígenos). En relación con estos puntos, el Instituto Sindical Europeo editó un primer análisis muy crítico con la iniciativa relativa a los agentes cancerígenos ya que esta no incluía gran parte de las sustancias involucradas e incluso incluía menos de las que se habían anunciado por parte de la Comisión en mayo de 2016, pero es que por otra parte ni siquiera incluía a los vapores de los motores diésel (véase el comunicado). La Confederación Europea de Sindicatos denuncia igualmente la escasa ambición de la Comisión (véase el comunicado).

• Nueva directiva relativa a los fondos de pensiones de empleo: se ha publicado la directiva 2016/2341 de 14 de diciembre de 2016 relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo. La directiva deberá ser traspuesta de aquí al 13 de enero de 2019 (véase el comunicado del Consejo). El texto ni impone reglas armonizadas en materia de solvencia para estos fondos gestionados “según el principio de financiación por capitalización” y denominados más comúnmente como “fondos de pensiones”. Pero el texto impone una serie de obligaciones de información y de transparencia para proteger mejor a los afiliados y a los beneficiarios de los regímenes de pensiones.

Facilitar la libre prestación de servicios en la Unión: el pasado 10 de enero la Comisión presentó una serie de medidas que “permitirá a las empresas y a los profesionales ofrecer sus servicios con mayor facilidad”. La iniciativa incluye de forma destacada una propuesta de reglamento (en inglés) relativa a una “tarjeta electrónica de servicios”. La idea es que las empresas de servicios realicen en su país de origen y en su propio idioma todas las formalidades administrativas necesarias para ejercer su profesión en el extranjero y corresponderá al interlocutor del país de origen verificar los datos necesarios y transmitirlos al Estado miembro de acogida. Esta iniciativa no implica la adhesión de los agentes sociales. En el ámbito diplomático, la organización patronal BusinessEurope quiere garantizar que esta tarjeta electrónica aportará un valor añadido y que permitirá reducir los costes, ahorrar tiempo y facilitar las cosas a las empresas (véase el comunicado). Por su parte, la Confederación Europea de Sindicatos ha mostrado sus dudas sobre la materia (véase el comunicado).

• Prioridades sociales de la presidencia maltesa de la Unión Europea: el gobierno maltés asume la presidencia rotatoria de la UE durante el primer semestre de 2017 y pretende fomentar la igualdad entre los sexos y los derechos de las minorías y de los grupos más desfavorecidos, fomentar los debates para la propuesta de una directiva para mejorar el equilibrio entre hombres y mujeres entre los directivos de las sociedades cotizadas en Bolsa y luchar contra la violencia sexista (véase el programa).


• Protección de los denunciantes e informantes: la Comisión del Control Presupuestario del Parlamento Europeo aprobó el pasado 9 de enero y por unanimidad un informe que reclama la realización inmediata de un “programa europeo eficaz y completo” para proteger a los denunciantes e informantes que actúen para proteger los intereses financieros de la Unión Europea. Además de los agentes de la UE protegidos por el reglamento del personal de la Unión, los denunciantes dependen de la protección que tengan acordada por la legislación de cada país, suponiendo que existiera alguna. “La situación varía de un Estado miembro al otro. Por tanto, es importantísimo disponer de una herramienta legislativa así como de un órgano europeo independiente que proteja a los denunciantes externos”, precisa el autor del informe, el diputado neerlandés Dennis de Jong (GUE/NGL). El Parlamento se pronunciará en pleno sobre las propuestas legislativas el próximo mes de febrero.

• Una autorización previa de despido puede infringir el principio de libertad de establecimiento: una filial griega del grupo Lafarge contestaba a una decisión administrativa rechazando que estuviera haciendo un despido colectivo (v. IR Share n° 66). El Tribunal de Justicia considera que una autorización previa al despido colectivo no es incompatible en principio con la directiva sobre despidos colectivos ni con la libertad de establecimiento. Sin embargo, la puesta en práctica de la autorización previa analizada por el Tribunal ha sido considerada incompatible con el tratado al haberse realizado con criterios imprecisos y demasiado generales (TJUE, 21 de diciembre de 2016, asunto C- 201/15, AGET Iraklis y comunicado de prensa).

Proyecto de ley para luchar contra las desigualdades salariales entre hombres y mujeres: el gobierno alemán aprobó el 11 de enero pasado un proyecto de ley destinado a reducir la desigualdad salarial que existe en Alemania y que alcanza hasta el 21%. El objetivo es animar a las empresas a apostar por la transparencia, permitiendo así que las trabajadoras dispongan más fácilmente de datos para poder exigir la misma remuneración que sus colegas masculinos. Así, en las empresas con más de 200 empleados, una trabajadora podrá solicitar a su empresa y mediante la intermediación de un comité de empresa que le expliquen sobre qué criterios se cimienta su remuneración y que se la comparen (la remuneración en bruto así como prestaciones en especie como un coche de empresa o un teléfono inteligente) con un panel de otros siete trabajadores masculinos. Con los elementos recopilados y si se da el caso, la trabajadora podrá solicitar una igualación salarial (véase el esquema publicado por el ministerio). Igualmente, las empresas con más de 500 trabajadores deberán presentar un informe anual sobre la estructura de las remuneraciones que se hará del dominio público. Según datos del ministerio, el texto afecta a unos 14 millones de trabajadores (véase el comunicado de prensa).

• Proyecto de ley para el desarrollo de planes de jubilación de empresa: el gobierno alemán aprobó el pasado 21 de diciembre de 2016 un proyecto de ley que pretende ayudar a las pequeñas y medianas empresas a poner en práctica con más facilidad planes de jubilación de empresa y motivar fiscalmente a los trabajadores con salarios más bajos para que coticen en programas de este tipo (véase el comunicado de prensa).

• Nueva legislación sobre la incapacidad laboral: la ley de 20 de diciembre de 2016, en vigor desde el 9 de enero, legisla sobre cuestiones vinculadas al derecho laboral en el caso de una reincorporación parcial tras un periodo de baja por incapacidad. Además, la ley fija las condiciones de ruptura de los contratos de trabajo en caso de incapacidad laboral definitiva (véase el comunicado de prensa).

• Adopción de una ley destinada a proteger a los denunciantes: aunque ya existen numerosos textos en ámbitos diversos destinados a proteger a los denunciantes, la ley de 9 de diciembre de 2016 viene a dotarles de un estatus común independientemente del ámbito de su denuncia. La ley define qué es un denunciante, establece cómo debe realizarse una denuncia y fija una garantía para los denunciantes exonerándolos de una responsabilidad penal y prohibiendo las represalias profesionales.

Discriminación vinculada al género en la distribución de primas: la empresa de transporte público de Turín (GTT) ha sido condenada en primera instancia por haber discriminado a sus trabajadoras en la distribución de primas de resultados. El sistema de distribución de primas fijaba reducciones en caso de ausencias debidas a las bajas por maternidad, permisos parentales por educación o en caso de enfermedad de los hijos. A la hora de evaluar la productividad de sus trabajadores muchos de los sistemas de prima en vigor actualmente se basan en la presencia del trabajador en la empresa. Este criterio presencial, si no es objeto de correctivos vinculados al género, puede acabar siendo discriminatorio. Esta cuestión debería sentar jurisprudencia.

• El Tribunal Constitucional rechaza un referéndum sobre la Jobs Act: el pasado 11 de enero  el Tribunal Constitucional italiano rechazó el proyecto de referéndum por iniciativa popular presentado por la Ggil, la confederación sindical italiana más importante. La Cgil solicitaba la derogación de una estipulación emblemática de la Jobs Act con la que se suprimió el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores y que imponía la reintegración en la empresa de los trabajadores despedidos indebidamente. Por otra parte, el Tribunal Constitucional aceptó especialmente la celebración de un referéndum para derogar los “vales”, con los que es lícito remunerar a personas que realicen ocasionalmente trabajos accesorios y que no acuerdan la protección que se otorga mediante un contrato formal de trabajo.

Entrada en vigor de la reforma del permiso parental: la ley del 3 de noviembre de 2016 sobre la reforma del permiso parental entró en vigor el día 1 de diciembre de 2016. La ley pretende mejorar la conciliación entre vida la privada y la profesional y pretende incitar a los progenitores (sobre todo a los padres) a que se acojan más al permiso parental. Los puntos más destacados de la reforma consisten en adjudicar una ayuda proporcional sobre los ingresos del progenitor que se acoge al permiso y en ofrecer la posibilidad de acogerse al permiso en su totalidad o de forma fraccionada o incluso de forma parcial. (Véase la presentación de la reforma).

• Recuperación del salario mínimo e inicio de la indexación de los salarios: en aplicación de la ley de 15 de diciembre de 2016, el salario mínimo ha aumentado un 1,4% a partir del uno de enero de 2017. Teniendo en cuenta la activación simultánea de la indexación de los salarios con la que se fija un aumento del 2,5% de salarios, remuneraciones y pensiones, el salario mínimo sube un total del 3,9% desde el uno de enero y alcanza los 1.998,59 euros.

BNP Paribas: la dirección del banco francés BNP Paribas (186.000 trabajadores y más de 146.000 de ellos en Europa) firmó el pasado 10 de enero su tercer acuerdo europeo después de los acuerdos sobre la gestión del empleo (2012) y sobre la igualdad profesional. El nuevo acuerdo versa sobre “la prevención del estrés en el trabajo” y, al igual que los anteriores, se ha suscrito con UNI Europa (véase el comunicado de prensa), con la FECEC y con la secretaría del comité de grupo europeo (véase el comunicado de la dirección). El acuerdo incluye cuatro capítulos destacados relativos a la descripción del estrés en el trabajo, a su evaluación, prevención y tratamiento. Es de destacar que el acuerdo recuerda que el uso de herramientas digitales “debe realizarse durante el horario habitual de trabajo y respetando siempre el descanso semanal”. En opinión de los firmantes, “los modos de gestión basados en una presión sistemática no pueden ser un modo de gestión de los equipos”.

UniCredit: el comité de empresa europeo del grupo bancario UniCredit aprobó una declaración en el pleno celebrado el pasado 15 de diciembre de 2016. El comité de empresa europeo considera que el plan estratégico a tres años adoptado por el banco no debe tranquilizar únicamente a los accionistas y al mercado, sino que también debe llevarse a la práctica respetando unas garantías mínimas para los trabajadores. El texto precisa el contenido mínimo de un plan social (derecho a un año de formación profesional para facilitar el reciclaje profesional, ningún despido forzado, reclasificaciones antes de un despido…) y solicita el inicio de una negociación a favor de un acuerdo marco internacional entre el comité de empresa europeo y UNI Global Union.

• ArcelorMittal: en el pleno celebrado los días 14 y 15 de diciembre de 2016, el comité de empresa europeo presentó los trabajos sobre las subcontratas realizados por sus tres grupos de trabajo (empleo, sanidad-seguridad y desarrollo sostenible) que dieron pie a una serie de recomendaciones como, por ejemplo, la elaboración en cada una de las sedes de un documento de subcontratas o la adopción de un plan de acción para reducir los accidentes laborales mortales.


• Michelin: el comité de empresa europeo de Michelin ha decidido realizar un peritaje sobre la relevancia de la gestión de los trabajadores senior en el seno de las entidades europeas del grupo. “El objetivo es definir un estado de cosas y lograr acciones concretas”, explica Christian Bradier (CFDT), secretario del comité de empresa europeo.


• Sanofi: la dirección del grupo farmacéutico Sanofi y su comité de empresa europeo finalizaron la negociación de una enmienda sobre el acuerdo para el comité de empresa europeo. El acuerdo pone fin al nombramiento de 5 trabajadores administrativos con función consultiva en el consejo de administración para ajustarse así a la ley francesa nº 2015-994 de 17 de agosto de 2015, en la que se fija que las grandes empresas contarán con dos representantes de los trabajadores con función deliberativa en el consejo de administración. El comité podrá nombrar a uno de los dos representantes.

• Integración de los refugiados en el mercado laboral: la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo ha publicado un estudio sobre la integración de los refugiados en el mercado de trabajo (véase también la entrevista en IR Notes 65).