IR Notes

La Comisión dio un giro imprevisto de 180 grados ante el Tribunal de Justicia de la UE el pasado 24 de enero en una audiencia sobre un asunto en litigio actualmente sobre la compatibilidad entre la legislación alemana sobre la cogestión y el derecho de la UE (asunto C-566/15, Erzberger/TUI). La legislación impone a las empresas con más de 2.000 trabajadores en territorio alemán la obligación de que la mitad de las plazas del Consejo de Supervisión sea ocupada por representantes de los trabajadores. La consecuencia de esta ley es que los trabajadores que no se encuentren en territorio alemán no pueden ni votar ni presentarse como candidatos a representantes de los trabajadores para el Consejo de Supervisión (véase para más información IR Notes 47). En este sentido, un accionista de la operadora turística TUI y opuesto por principio a la cogestión considera que la ley es discriminatoria y atenta en particular contra la libre circulación de los trabajadores, protegida en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En una nota del 9 de febrero de 2016 enviada al Tribunal de Justicia, la Comisión avanza en esa misma dirección e invita al Tribunal a constatar que se atenta contra la libre circulación de los trabajadores, lo que pondría bajo cuestión el sistema alemán de cogestión. Tras una intensa campaña por parte de los sindicatos indignados por la postura de la Comisión, el organismo europeo dio marcha atrás. En un comunicado el día de la audiencia la Comisión explicó que “la participación de los trabajadores constituye un importante objetivo de política pública y cualquier posible restricción a la libre circulación de los trabajadores que pueda derivar de dicha reglamentación puede justificarse por la necesidad de salvaguardar los sistemas de participación de los trabajadores y su objetivo social. Consecuentemente, la Comisión considera que la normativa alemana en vigor puede considerarse compatible con el derecho de la Unión”. Preguntada sobre la materia, la Comisión no ha querido comentar un “asunto en curso” ni precisar si se trataba de un caso concreto o de una verdadera profesión de fe a favor de los sistemas nacionales de participación de los trabajadores. Se trata de hecho de la primera vez desde hace muchos años que la Comisión antepone un objetivo social a una libertad económica de la UE. La representante nos confirmó que es “completamente normal que la postura de la Comisión evolucione en el curso de un asunto o que se adapte después de haber tenido en cuenta argumentos diversos”. Queda por saber ahora cuál será la postura del abogado general del Tribunal, cuyas conclusiones suelen ser la inspiración del Tribunal de Justicia cuando emite su veredicto.
> Véase también : Mitbestimmungs-Portal y comunicado (Hans Böckler Stiftung)

• Adopción definitiva de la reforma de los servicios portuarios: el Consejo aprobó definitivamente el pasado 23 de enero el reglamento “por el que se crea un marco de acceso al mercado de los servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos”. El texto establece disposiciones específicas sobre la transferencia de personal si hubiese un cambio en el prestador de servicios portuarios. (véase el comunicado del Consejo).

Conferencia sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales: el 23 de enero la Comisión Europea organizó una conferencia en Bruselas para examinar los resultados de la consulta pública sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales. La Comisión debería presentar su propuesta el mes de marzo. No obstante, la comisaria Marianne Thyssen dio a entender ya una serie de elementos en su discurso, como la necesidad de fijar condiciones de trabajo decentes a todos los trabajadores e independientemente de su estatus, al tiempo que se facilita sobre todo la adquisición de derechos transferibles en materia de protección social. Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión, destacó la instauración de un salario mínimo en todos los Estados donde se aplicará el pilar, los países de la zona euro, pero también en los otros países que optarán por aplicarlo (véase el comunicado de la Comisión, y el vídeo).

• El Parlamento europeo solicita un Pilar Europeo de Derechos Sociales ambiciosos: el pasado 19 de enero el Parlamento Europeo aprobó con una amplia mayoría una resolución sobre un pilar europeo de derechos sociales que exige medidas concretas para hacer respetar los objetivos sociales de los tratados y reducir la pobreza. Los parlamentarios reclaman una “Directiva marco sobre unas condiciones de trabajo dignas en todas las formas de empleo, por la que se amplíen las normas mínimas existentes a los nuevos tipos de relaciones laborales”.
  > Véase también sobre esta cuestión la Nota informativa del Comité Económico y Social Europeo (véase el comunicado)


• Protección de los trabajadores contra los agentes carcinógenos: el 4 de enero nueve organizaciones europeas de la patronal dirigieron una carta a los diputados de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo para solicitar que no se revise a la baja los valores límite de exposición contra los agentes carcinógenos propuestos por la Comisión. El 28 de febrero los diputados deberán adoptar un informe sobre la propuesta de modificación de la Directiva 2004/37 relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos. En opinión de estas organizaciones, unos valores demasiado bajos serían de difícil aplicación para las empresas. Además, una propuesta demasiado protectora por parte del Parlamento tendría justo el efecto inverso al dificultar el acuerdo entre el Consejo y la Comisión y entorpeciendo así la entrada en vigor de medidas a favor de la salud de los trabajadores (véase el comunicado). En opinión de Laurent Vogel, del Instituto Sindical Europeo, “es una carta cínica. Por ejemplo, el valor límite para el cromo hexavalente que ha propuesto la Comisión y aprobado por los firmantes equivale a un cáncer de pulmón por cada diez trabajadores expuestos y en Europa hay un total de un millón de trabajadores expuestos al cromo VI. El valor propuesto es 25 veces más elevado que el valor límite reglamentario en Francia o en los Países Bajos”.

• Adopción de un acuerdo interprofesional: el pasado 11 de enero los agentes sociales finalizaron la negociación de un acuerdo interprofesional que recibió la aprobación de las tres confederaciones sindicales el 31 de enero. El texto establece en particular que las negociaciones salariales en los sectores y en las empresas podrán fijar aumentos salariales que supongan hasta el 1,1% para el periodo 2017-2018. El texto revisa el sistema de prejubilaciones (pensiones anticipadas) y prevé un programa de negociación sobre temas diversos como el síndrome del burnout, la organización del trabajo, la digitalización y la economía colaborativa.

• La OCDE invita a hacer nuevas reformas en el mercado laboral: en un informe (en inglés) publicado el pasado 19 de enero, la OCDE invita a Portugal a realizar nuevas reformas en el mercado laboral (véase el comunicado). El informe considera que los resultados de la descentralización de la negociación colectiva se han visto “mitigados” y anticipa “nuevos aumentos en el salario mínimo” para poner remedio al problema de los trabajadores pobres reduciendo las cargas sociales en este nivel salarial para evitar la destrucción de puestos de trabajo. El informe propone en anexo una síntesis de las reformas adoptadas durante el periodo 2011-2015.

Reclasificación de los repartidores independientes como workers: el Tribunal de Empleo de Londres dictaminó el pasado 6 de enero que una repartidora de la empresa CitySprint no podía ser considerada como trabajadora independiente, sino como una worker. Se trata de una categoría específica del Reino Unido. Los workers no son ni empleados de la empresa ni trabajadores independientes. Se trata de un estatus intermedio que acuerda como protecciones más destacadas el pago de un salario mínimo, el derecho a vacaciones pagadas anuales o incluso la limitación de la jornada laboral semanal a 48 horas. El dictamen afecta a una mujer empleada desde hace más de dos años como trabajadora independiente (autónoma) que no tenía ninguna garantía de remuneración, ninguna vacación anual pagada ni indemnización de ningún tipo en caso de enfermedad. El tribunal consideró que el estatus oficial de esta persona hubiera debido ser el de worker (véase el artículo Guardian).

Fnac: el 6 de diciembre de 2016 se firmó un acuerdo para la creación de un comité de empresa europeo por parte de la dirección de la Fnac (cadena francesa de tiendas especializada en la distribución de productos culturales y electrónicos con 27.000 trabajadores) y un grupo especial de negociación encabezado por un experto de Syndex a las órdenes de la federación sindical europea UNI Europa. En cuanto a las cuestiones transnacionales, el acuerdo retoma la definición de la directiva y precisa que también es competencia del comité “independientemente del número de Estados involucrados si” una cuestión “tiene un impacto potencial importante sobre los trabajadores europeos o en el caso de que implique transferencias de actividad entre los Estados”. En cuanto a la articulación entre el comité y las instancias nacionales de representación de los trabajadores, el acuerdo prevé la simultaneidad “en la realización y cumplimiento de los procedimientos”, dejando para la dirección y el comité decidir en algunos casos una “articulación diferente”. El comité puede establecer grupos de trabajo para profundizar en cuestiones transversales. El comité está compuesto por 18 miembros, de los cuales 9 corresponden a Francia (73% de los efectivos), 3 a España (que va a superar el umbral del 10%) y 2 para cada uno de los países restantes (Bélgica, Países Bajos y Portugal). El texto prevé también un miembro observador para Mónaco y Suiza. Se podrá invitar a un representante sindical europeo a las reuniones. La representación del comité podrá recibir un mandato “definido en el tiempo y para una misión determinada” para ejercer alguna de las prerrogativas del comité. El organismo dispone de un presupuesto a disposición del experto de 20.000 euros al año que no incluye labores específicas del experto en caso de reestructuración y se fija en particular un presupuesto de funcionamiento de 8.000 euros para las traducciones en el seno del comité.

Suez: la dirección del grupo Suez firmó el pasado 1 de septiembre de 2016 un acuerdo europeo sobre la gestión de los empleos y de las competencias con representantes del comité de empresa europeo y la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos. Se trata del tercer acuerdo firmado a nivel europeo tras el acuerdo sobre la salud y la seguridad en el trabajo y el acuerdo sobre la igualdad en el trabajo. El acuerdo instaura un “observatorio europeo de los puestos del grupo” que realizará una supervisión de las evoluciones reglamentarias, tecnológicas y comerciales para evaluar así las consecuencias sobre el empleo y las cualificaciones. El acuerdo prevé crear también una presentación para identificar los puestos con “evolución cuantitativa significativa”, los puestos estratégicos, los puestos en peligro y los puestos que se enfrentan a un “riesgo significativo de eliminación del empleo” así como los puestos cuyas condiciones de ejercicio podrían comprometer una carrera completa en su desarrollo (horarios atípicos y trabajos desgastantes).

• OSM: la dirección de OSM Aviation (2.700 trabajadores), filial de la compañía de bajo coste Norwegian especializada en la contratación y suministro de personal para la aviación civil firmó el pasado 6 de enero un memorándum con la Federación Sindical Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) para garantizar el ejercicio de los derechos sindicales (véase el comunicado de OSM Aviation y de ITF).

• Aviapartner: la Federación Europea de los Trabajadores del Transportes (ETF) y sus filiales en Bélgica, Alemania e Italia distribuyó el pasado 7 de enero a los trabajadores de Aviapartner (empresa belga especializada en la asistencia aeroportuaria y con 6.000 empleados) octavillas para denunciar la mala calidad del diálogo social y el hecho de que la empresa no respeta su obligación legal de informar a los trabajadores por medio del comité de empresa europeo (véase el comunicado de ETF).


• Prosegur: la Federación Sindical Internacional UNI Global Union ha presentado ante la OCDE una reclamación en España contra el grupo español de seguridad privada Prosegur. La federación ha puesto de relieve las múltiples violaciones de las directrices de las empresas multinacionales en Latinoamérica y en India (véase el comunicado).

El mundo laboral frente a la revolución digital: el Instituto Sindical Europeo ha reunido en Bruselas a numerosos expertos para abordar las cuestiones sociales vinculadas a la digitalización de la economía. La cuestión es abordada cada vez con mayor frecuencia mediante el diálogo social, incluyendo en el nivel transnacional el tratamiento que hacen diversos comités de empresa europeos. Los agentes del diálogo social pueden consultar la edición de Notes de prospective dedicada a los resultados de esta conferencia. El acta del coloquio está disponible en inglés.