IR Notes

La Comisión Europea está finalizando actualmente una iniciativa para el transporte por carretera (Road Initiative) que debería presentarse el 31 de mayo tal como anunció Violeta Bulc, comisaria encargada de este asunto. Partiendo de la evaluación de las diversas legislaciones que son de aplicación actualmente al transporte por carretera (véase IR Notes 74, Actualidad social), la Comisión desea abordar al mismo tiempo las vertientes de la seguridad, las condiciones de trabajo y la competencia leal. Para ello, la Comisión ha multiplicado las consultas sobre una cuestión sintomática de todos los males que atenazan a la Unión Europea: el sector está viviendo una competencia desbocada con empresas que han invertido en la ingeniería social para optimizar al máximo el coste laboral practicando la optimización social aunque ello consista en adoptar comportamientos fraudulentos recurriendo a las denominadas “empresas buzón”. Este sector simboliza las derivas liberales con las que el dumping social se ha convertido en una práctica masiva. Al igual que sucede con las reglas del cabotaje, se sortean o se interpretan todas las normativas con vistas a reducir el coste del transporte por carretera. Los camioneros búlgaros viven varios meses recorriendo Europa en su vehículo donde pasan encerrados los fines de semana y las áreas de descanso de las autopistas alemanas han acabado convertidas en zonas de camping para los transportistas. Los países que están sufriendo esta nivelación a la baja están reaccionando individualmente para proteger el sector del transporte de cada cual. Alemania ha decidido aplicar su salario mínimo legal a todos los transportistas que atraviesen el territorio alemán o que realicen labores de cabotaje. Francia ha recordado que el salario mínimo se aplica a todos los conductores que realicen labores de cabotaje en Francia. Alemania también acaba de votar una normativa con la que se prohíbe a los transportistas pasar su descanso semanal de 45 horas a bordo de la cabina del vehículo, al igual que ya hicieran Bélgica, Francia y los Países Bajos. Al igual que sucede con los trabajadores desplazados, el futuro de este sector enfrenta a los países de Europa occidental con los países de Europa central y oriental. El pasado 31 de enero, nueve Estados miembros lanzaron una “alianza” para luchar contra la competencia desleal y los abusos en el sector transportista. Estos países son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia y entre ellos no hay ningún país de Europa oriental. Por su parte, la Comisión pretende perseguir a los países que intenten protegerse cuando se constaten afrentas a la libre circulación o a la libre prestación de servicios (véase “Austria”, a continuación). Ha llegado por tanto el momento de adoptar una iniciativa europea con la que regular debidamente este sector. En opinión de la federación sindical europea ETF, el sector “se ha convertido en un paraíso para las actividades criminales” en un contexto en el que los trabajadores son explotados en gran medida y los Estados miembros tienen que afrontar pérdidas de millones de euros en materia de seguridad social y fraude fiscal. Pero si nos atenemos a las organizaciones sindicales del sector, “en lugar de atajar el fraude, la Comisión Europea tiene intención de legalizarlo todo”, explica el presidente de la sección de transportes por carretera de la ETF, Roberto Parrillo. La federación sindical ha preparado un documento que, en palabras de la federación, retoma el primer boceto del proyecto de la Comisión. Del mismo modo, para declarar en alto la postura de la ETF, 60 afiliados nacionales de la organización aprobaron una declaración el pasado 5 de abril en Varsovia para recordar a la Comisión, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que se debe adoptar una iniciativa que combata eficazmente el dumping social y la competencia desleal. El contenido de la iniciativa que finalmente adopte la Comisión será un buen indicador del eventual cambio de paradigma en la Unión Europea a favor del progreso social, como es el deseo del presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker, para la que la Unión consiga por fin una triple A en lo social. Si nos atenemos a lo que opinan los sindicatos, todavía falta mucho camino para llegar a esta orientación.

Para la presentación del Pilar Europeo de Derechos Sociales (véase IR Notes 74), la Comisión Europea aprobó el 26 de abril pasado una serie de iniciativas que pasamos a analizar a continuación.

• Propuesta de directiva para la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional: la Comisión ha presentado una propuesta de directiva relativa a la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional (véase el comunicado). La propuesta acuerda derechos nuevos para los trabajadores, suprime la Directiva 2010/18 sobre el permiso por paternidad y promulga un acuerdo suscrito por los agentes sociales europeos, lo cual ha provocado una airada reacción de BusinessEurope (véase el comunicado). La Comisión propone crear dos permisos nuevos. Por un lado, un permiso por paternidad de al menos diez días tras el nacimiento del niño y, por otro lado, un permiso de asistencia y ayuda de cinco días al año en caso de enfermedad de uno de los progenitores directos. En ambos casos, el permiso da derecho a una retribución que debe ser al menos equivalente a la baja percibida por enfermedad. La Comisión ha propuesto también mejorar el permiso de paternidad de cuatro meses y que se podrá disfrutar hasta que el niño cumpla los doce años (en lugar de los ocho de la actualidad) y hacer que este permiso no sea transferible para animar a los padres a usar este permiso, que se podrá disfrutar a jornada completa o parcial. Por último, la Comisión propone crear un derecho con el que los progenitores con hijos de hasta 12 años de edad y sus ayudantes podrán solicitar fórmulas flexibles de trabajo, como jornadas reducidas o adaptadas o incluso la posibilidad de trabajar desde casa.


• La Comisión arranca dos consultas a los agentes sociales europeos: en un momento en el que los agentes sociales europeos están negociando el contenido de su próximo programa de trabajo plurianual, la Comisión ha lanzado dos cuestiones sobre la mesa. La primera de ellas es la modernización de la regulación de los contratos de trabajo con una revisión de la directiva nº  91/533 del 14 de octubre de 1991, que obliga a las empresas a dar a los trabajadores una serie de informaciones sobre la relación de trabajo. La Comisión quiere ir por el carril rápido en cuanto a la revisión de esta directiva. A partir de ahora se incluiría una definición de “trabajador” que incluya las nuevas formas de empleo y se fijaría la entrega del documento escrito como muy tarde el primer día de trabajo en lugar del “plazo de dos meses después del inicio de la relación laboral” que rige hoy día, lo cual constituiría un arma adicional para luchar contra el fraude. La segunda cuestión radica sobre el acceso a la protección social para todos los trabajadores, después de haber constatado que los derechos y las obligaciones asociados a la protección social a lo largo del tiempo se han desarrollado básicamente para los trabajadores con contratos clásicos de trabajo, cuando puede verse que esta evolución no es suficiente para los trabajadores autónomos o atípicos (véase el comunicado).


• Reflexión sobre el futuro de la Europa social: tras la publicación del Libro blanco sobre el futuro de Europa, la Comisión emitió también un primer documento con reflexiones sobre la dimensión social de Europa de aquí a 2025 (véase el comunicado). Este texto permitirá iniciar un proceso de consultas en torno a tres opciones: 1) Limitar la dimensión social a la libre circulación. 2) Permitir a los Estados que así lo quieran trabajar más en el ámbito social. 3) Profundizar la dimensión social de la UE. En este caso, la legislación no se contentaría con fijar normas mínimas, sino que en algunos casos podría armonizar por completo los derechos de los ciudadanos en el conjunto de la UE con el propósito de alcanzar una convergencia de los resultados sociales.


• No habrá revisión de la legislación sobre la jornada laboral: la Comisión ha publicado un comunicado con el que pretende aclarar la directiva sobre la jornada laboral y aportar orientaciones sobre la interpretación de los diversos elementos de la directiva de conformidad con un volumen cada vez mayor de jurisprudencia. La esperanza de la Comisión es que los Estados miembros puedan así poner en práctica correctamente el acervo adquirido y evitar infracciones nuevas.


• No habrá revisión de la Directiva 2009/38 sobre los comités de empresa europeos: la Comisión ha indicado en un documento de trabajo que este mismo año publicará el informe de evaluación de aplicación de la Directiva 2009/38 sobre los comités de empresa europeos así como un documento de orientación (documento guía) destinado a mejorar su aplicación y a reforzar su seguridad jurídica. Dicho de otra manera, la Comisión no pretende presentar una revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos.

Obligación de diligencia en el sector de la confección: en una resolución aprobada el 27 de abril con una holgada mayoría (505 votos a favor, 49 votos en contra y 57 abstenciones), los eurodiputados expresaron su deseo de que se adopte una “legislación vinculante sobre obligaciones de diligencia debida para las cadenas de suministro del sector de la confección” que se inspirara en las directrices de la OCDE y parecidas a las relacionadas con los minerales extraídos de zonas de conflicto. La iniciativa ha sido bienvenida por la federación sindical europea IndustriAll y por la organización patronal Euratex, que en cualquier caso considera necesario evitar todo tipo de intervención legislativa para imponer una obligación de vigilancia (véase el comunicado).

Las autoridades nacionales solamente tienen una vía poner en tela de juicio los certificados A1 emitidos para los trabajadores desplazados: las autoridades francesas encargadas de controlar el ajuste a la seguridad social del país de los trabajadores desplazados por una empresa de crucero con base en Suiza consideraron que los certificados A1 (los antiguos E101) entregados a estos trabajadores por el régimen de la seguridad social suiza no se habían expedido de acuerdo a la legislación de la UE. Las autoridades suizas no deberían haber expedido los certificados a los trabajadores en cuestión ya que estos ejercían su actividad en territorio francés y no en Suiza. Por tanto, no podía haber un “desplazamiento” en el sentido en el que queda definido para el derecho de la UE. Las autoridades francesas impusieron una multa de dos millones de euros a la empresa suiza. Sobre una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Casación francés (Casación, pleno, 6 de noviembre de 2015, nº 13-25.467), el Tribunal de Justicia confirma su jurisprudencia en virtud de la cual el certificado A1 se impone a la institución competente y a las jurisdicciones del Estado miembro de acogida (TJUE, 27 de abril de 2017, asunto C-620/15, A-Rosa Flussschiff GmbH). Si las autoridades del país de acogida desean impugnar un certificado A1 se debe seguir un procedimiento administrativo preciso previsto por los reglamentos de coordinación de los regímenes de la seguridad social. Este procedimiento debe ser respetado “aunque se hubiera confirmado que las condiciones en que se desarrolla la actividad de los trabajadores de que se trate quedan manifiestamente fuera del ámbito de aplicación material de la disposición sobre cuya base se expidió el certificado”.
> Léase también: a tenor de esta sentencia, Ryanair publicó un comunicado en el que afirmaba que iba a reclamar 15 millones de euros pagados sin razón a las autoridades francesas que no admitieron certificados A1 emitidos por Irlanda para el personal de Ryanair desplazado a la base de Marsella.

• Determinación del juez competente en un litigio que afecta al personal de cabina: el Abogado General del Tribunal de Justicia presentó sus conclusiones el pasado 27 de abril sobre un asunto que versaba sobre los litigios relativos a los contratos laborales del personal de cabina de Ryanair que ejercían su actividad con base en el aeropuerto belga de Charleroi (TJUE, concl., 27 de abril de 2017, asuntos C‑168/16 y C‑169/16, Sandra Nogueira). En opinión del magistrado, estos litigios son competencia del juez del lugar “en el cual o a partir del cual” el personal de cabina cumple la parte principal de sus obligaciones frente al empresario. Después de enumerar seis criterios que deben tenerse en cuenta, el Abogado General considera que “estos seis indicios designan de forma unívoca a los tribunales del lugar en el que se halla el aeropuerto de Charleroi” (véase el comunicado del Tribunal). El Tribunal de Justicia se pronunciará en los próximos seis meses.


• Compatibilidad de la legislación alemana con el derecho de la Unión: el Abogado General del Tribunal de Justicia presentó sus conclusiones el pasado 4 de mayor en un asunto que ha movilizado en gran medida al movimiento sindical europeo (TJUE, concl., 4 de mayo de 2017, asunto C-566/15, y véase también IR Notes n° 60, entrevista. De la lectura de las conclusiones (véase el comunicado del Tribunal), no debería ponerse en tela de juicio la legislación alemana. Queda por llegar todavía la confirmación del Tribunal de Justicia.

• Dumping social en el sector del transporte por carretera: la Comisión Europea inició el pasado 27 de abril un procedimiento de infracción contra Austria por la aplicación de la ley austríaca destinada a luchar contra el dumping social y salarial en el sector del transporte por carretera. Al tiempo que respalda plenamente el principio del salario mínimo nacional, la Comisión considera que la aplicación de esta legislación sobre todas las operaciones de transporte internacional que lleven aparejada una carga o descarga en territorio austríaco constituye una restricción desproporcionada contra la libre prestación de servicios así como contra la libre circulación de las mercancías (véase el comunicado).

• El gobierno dictamina que las “cláusulas Molière” son ilegales: el gobierno publicó una orden el pasado 27 de abril para informar a los representantes del Estado en los distintos departamentos sobre la ilegalidad de las llamadas “cláusulas Molière” que obligaban a hablar francés a los trabajadores de las obras de licitación pública solicitadas por las autoridades regionales. Esta orden serviría de argumentario a las empresas que no pudieran presentar sus licitaciones a las obras públicas debido a que sus trabajadores no saben hablar francés en el caso de que estos tuvieran que desplazarse a trabajar a una obra en Francia.

DS Smith: DS Smith Packaging, con 26.000 trabajadores y uno de los fabricantes más importantes de embalajes de cartón ondulado, anunció el pasado 3 de abril la firma de una carta de los trabajadores con su comité de empresa europeo. El texto ha sido presentado por el grupo como una “declaración de gran envergadura” que abarca numerosos aspectos de la relación laboral (véase el comunicado de la dirección).

• Unilever: el comité de empresa europeo del grupo Unilever ha denunciado el proyecto del grupo de vender sus marcas de margarina Flora, Bertolli y Stork por 6.000 millones de libras.Según Hermann Soggeber, secretario del comité y citado por el periódico The Telegraph (véase el artículo), la venta afectaría a 1.100 trabajadores de toda la Unión Europea. Soggeber ha exigido al grupo que suscriba una cláusula de garantía de empleo durante tres años para todos los trabajadores cedidos.


• XPO Logistics: uno de los líderes mundiales del transporte y la logística, el grupo americano XPO Logistics (87.000 trabajadores) ha organizado un grupo especial de negociación con el propósito de crear un comité de empresa europeo.

• LafargeHolcilm: unos cuarenta activistas movilizados por IndustriAll Global Union y por la Internacional de Trabajadores de la Construcción y de la Madera (ICM) se personaron en el lugar de celebración de la junta general de accionistas del grupo en Zúrich para informarles sobre las negociaciones en curso sobre un acuerdo marco mundial. Según IndustriAll, el presidente y director general del grupo se comprometió a firmar dicho acuerdo antes de su salida de la compañía en julio de 2017 (véase el comunicado).

La inversión de la convergencia salarial: un nuevo estudio publicado por el Instituto Sindical Europeo confirma que los salarios de los países del este han dejado de converger con los de los países occidentales. Las desigualdades salariales entre Polonia, Hungría y la República Checa por un lado y Alemania por el otro son más importantes hoy en día que en 2008. Las cifras aparecen publicadas en un documento de trabajo titulado “Por qué Europa central y del este necesita subidas salariales” (disponible en inglés) y realizado por Bela Galgoczi. El salario bruto medio de Polonia en el año 2008 era el 33% del salario bruto medio que regía en Alemania. En 2015 no era nada más que el 29,3%. En Hungría era el 31,9% en 2008 y fue solamente del 25% en 2015. Por último, en la República Checa las cifras son del 34,9% y del 30,9% para 2008 y 2015 respectivamente. El estudio pone de relieve que la convergencia se detuvo en 2008 (véase también IR Notes 73, Estudios e informes). A partir de entonces la desviación tendió a la baja y desaparecieron los beneficios de la convergencia registrada a lo largo de los años 2000 a 2008. El movimiento sindical quiere utilizar estos trabajos para reivindicar subidas salariales en los países afectados (véase el comunicado de la CES).