IR Notes

Amenazada por una serie de anuncios de huelga por parte de los pilotos en varios países de la Unión Europea, la más antisindical de las compañías aéreas europeas acaba de verse obligada a dar un giro de ciento ochenta grados y no sin algunas dificultades. Todo empezó en Italia, donde la unión italiana de pilotos Anpac (Asociación Nacional de la Aviación Civil Profesional) anunció una huelga de cuatro horas de los pilotos de Ryanair para el día 15 de diciembre. La compañía reaccionó publicando una carta en la que amenazaba a los pilotos italianos que participasen en la huelga con una pérdida de los aumentos ya previstos o con una serie de desventajas en cuestiones de ascensos y de transferencias. Todo esto suscitó una viva reacción del gobierno como autoridad garante del derecho de huelga, que recordó que la amenaza de venganzas contra los trabajadores en huelga representa una violación flagrante de su derecho constitucional y que la ley nº 46/1990 que protege a los usuarios de los transportes en caso de conflicto colectivo sanciona igualmente el comportamiento de las empresas que envenenan el conflicto. En Irlanda el pasado 12 de diciembre los pilotos de Ryanair miembros de la Asociación de pilotos de avión de Irlanda (IALPA), una filial del sindicato Impact, informaron a la dirección de la compañía aérea de bajo coste sobre la organización de una jornada de huelga para el próximo día 20 de diciembre. Los pilotos irlandeses empleados directamente por Ryanair apoyan la huelga con un 94% de los votos hechos en un escrutinio secreto. Según explica el sindicato Impact, “el litigio arranca de la negación por parte de la dirección a iniciar negociaciones directas con el Consejo Europeo de Personal Representativo (EERC) o con IALPA en su papel de único organismo representativo independiente para los pilotos que trabajan en la empresa”. “Hasta el momento la compañía aérea se ha negado a reconocer a EERC o a IALPA e insiste que cualquier debate sobre la remuneración y sobre las condiciones laborales deberá ser realizado por “consejos representativos de los trabajadores” controlados por la dirección” según añade Impact. Esta organización también ha amenazado a Ryanair con más días de huelga en el caso de que no se llegara a un acuerdo. Ashley Connolly, del sindicato Impact, considera que la ausencia de diálogo social generó las decisiones adoptadas por Ryanair de suprimir miles de vuelos el verano pasado al no poder contratar y mantener a sus pilotos. Los pilotos portugueses de la compañía aérea han convocado también una huelga para el día 20 de diciembre para que Ryanair reconozca al Sindicato de Pilotos de la Aviación Civil (SPAC) y para que abra las negociaciones con dicho organismo. Y los pilotos alemanes también se han sumado. Así que finalmente Ryanair se ha visto obligada a iniciar las negociaciones en cada uno de estos países reconociendo a las organizaciones sindicales originarias del movimiento (véase el comunicado de prensa de Ryanair). Evidentemente se trata de una gran primicia en esta compañía, que detesta todas las formas de organización colectiva de las relaciones sociales y del diálogo social con representantes de los trabajadores. Michael O’Leary, consejero delegado de la empresa irlandesa, ha denunciado a los sindicatos en todo momento y ha pedido la cabeza del presidente del Comité de Diálogo Social Europeo para la Autoridad de la Aviación civil al publicar este último una larga lista de pilotos que trabajaban en exclusiva para Ryanair a pesar de constar como autónomos en la empresa con sede en Irlanda. Este comportamiento ha sido finalmente confirmado por el mercado con el aumento de poder de Easyjet, empresa que da muestras de un comportamiento social más virtuoso y con las críticas dirigidas por los accionistas a la compañía irlandesa tras los anuncios de cancelaciones de vuelos. Queda por ver cuánta sinceridad hay en este retorno al diálogo social (véase el comunicado de prensa de las federaciones sindicales ITF y ETF así como el de la Asociación Europea de Pilotos).

• Resultados del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales: el pasado 8 de diciembre el Consejo aprobó un enfoque general sobre la directiva de accesibilidad que permitirá a las personas con algún tipo de minusvalía acceder más fácilmente a los productos y los servicios (véase el comunicado). Además, el Consejo ha llegado a un acuerdo parcial relativo a la regulación de la coordinación de los sistemas de seguridad social. El acuerdo cubre los capítulos sobre la prestación de cuidados de larga duración y las prestaciones familiares. El texto también está siendo examinado por el Parlamento Europeo y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales deberá pronunciarse sobre el informe elaborado por Guillaume Balas (S&D) que modifica la propuesta de la Comisión Europea. El Consejo también ha llegado a un acuerdo sobre la directiva relativa al convenio del trabajo marítimo y que mejora las condiciones laborales de los trabajadores del mar (véase el comunicado) y ha adoptado formalmente la directiva sobre la protección contra los agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo (véase el comunicado).


• Prioridades legislativas para 2018-2019: la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo aprobaron el pasado 14 de diciembre una declaración conjunta sobre las prioridades legislativas 2018-2019 con vistas a acelerar el procedimiento legislativo para 31 nuevas iniciativas (véase el comunicado de prensa) así como para otras iniciativas que ya están incluidas en la declaración conjunta 2016 (véase el comunicado de prensa). En materia social, los textos prioritarios son los siguientes: 1) revisión del reglamento sobre la coordinación de los regímenes de seguridad social; 2) revisión de la directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores en el marco de la prestación de servicios; 3) revisión de la directiva sobre la protección de los trabajadores contra los agentes cancerígenos y mutágenos; 4) propuesta de directiva sobre el acceso de las personas con minusvalía a los bienes y los servicios y 5) propuesta de reglamento para la creación del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Estudio sobre la digitalización en el sector químico: los agentes sociales europeos del sector químico (IndustriAll Europe y ECEG) publicaron el pasado día 8 de diciembre un folleto en el que presentan su programa de trabajo 2018-2020 (otros idiomas), así como todas las actividades que han realizado en el curso de los tres últimos años. Los agentes han preparado además un nuevo programa de trabajo 2018-2020 (véase el comunicado de prensa. Una de las acciones es el proyecto financiado por la UE sobre el “impacto de la transformación digital y de la innovación en el lugar de trabajo: estudio sectorial de las industrias química, farmacéutica, plástica y del caucho en Europa”.

• Programa de trabajo en el sector ferroviario: los agentes sociales europeos del sector ferroviario (EFT y CER) aprobaron el pasado día 1 de diciembre un programa de trabajo para 2018-2019 que adjudica una atención particular al transporte ferroviario de mercancías. Los agentes sociales  han anunciado también actividades conjuntas en materia de seguridad, empleabilidad, digitalización e integración profesional de la mujer (véase el comunicado).

• Exención de cotizaciones sociales para favorecer el uso de la bicicleta: el Consejo de Ministros ha aprobado dos proyectos de real decreto relativos a una serie de beneficios acordados para las empresas como la prestación por el uso de bicicletas o prestaciones por el uso de ordenadores personales, móviles y tabletas. El primer proyecto pretende fomentar el uso de la bicicleta para los desplazamientos del domicilio al lugar de trabajo estableciendo ayudas para las bicicletas eléctricas que alcancen hasta los 45 km/h así como la puesta a disposición de bicicletas y de sus accesorios e incluyendo los gastos de mantenimiento y para el guardado de la bicicleta. Además, ambas ayudas estarán exentas de cotizaciones sociales (véase el comunicado de prensa).

• Primera anulación de una “cláusula Molière” por parte de una jurisdicción: el pasado 13 de diciembre y por primera vez un tribunal administrativo anuló una cláusula incluida en un concurso público hecho por una región y que obligaba a las empresas que fueran a trabajar en una obra a presentar por una parte una certificación de honor comprometiéndose a no contratar trabajadores desplazados o de otro lugar y, por otra parte, una garantía de que sus trabajadores dominan la lengua francesa independientemente de su nivel de responsabilidad. El objetivo de la región era que “no hubiera ningún trabajador desplazado en sus obras públicas”. Citando el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Directiva nº 2014/24 de 26 de febrero de 2014 sobre la contratación pública, el tribunal administrativo de Lyon ha dictaminado que esta cláusula se adoptó “no para garantizar la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores, sino para excluir de las obras públicas regionales a los trabajadores desplazados y favorecer así a las empresas regionales”.

Wilsonart: el fabricante norteamericano de productos estratificados, Wilsonart (4.500 trabajadores) suscribió el pasado 22 de noviembre un acuerdo relativo a un comité de empresa europeo para sus trabajadores de Alemania, Francia, Polonia y el Reino Unido. El acuerdo incluye una disposición sobre las consecuencias del Brexit por la que se mantendrán a los representantes británicos cuando el Reino Unido prorrogue la directiva 2009/38 o mantenga en condiciones equivalentes los derechos de los trabajadores europeos. En el caso de que esta legislación no fuera prorrogada, los representantes británicos conservarían su mandato hasta el final, pero no tendrían derecho a voto y no podrán ser renovados. Cada país nombra a un representante que engloba al menos a 50 trabajadores. Los representantes deben tener el mandato de un representante del personal a nivel local. Los suplentes podrán asistir a las reuniones del comité de empresa europeo cuando dichas reuniones se celebren en su país. El comité de empresa europeo podrá reunirse cuando se registren circunstancias excepcionales, incluso cuando los cambios previstos afecten solamente a un único Estado miembro pero cuando “sean tan importantes que tengan obligadamente una considerable incidencia sobre los trabajadores del resto de los Estados miembros”. Se considera como circunstancia excepcional cuando se registre “un accidente laboral mayor con grandes consecuencias sobre la salud de los trabajadores y sobre la viabilidad de la empresa europea”. En el proceso de información y de consulta se especifica claramente que la dirección debe aplicar medidas en el momento que arranque el procedimiento de consulta con el comité de empresa europeo. El acuerdo permite recurrir a un experto independiente e invitar a todas las reuniones a un experto sindical nombrado por la federación sindical europea IndustriAll.

Unicredit: la dirección de Unicredit y el comité de empresa europeo del grupo bancario italiano firmaron el pasado 28 de noviembre una declaración común sobre la conciliación entre la vida profesional y la vida privada (en inglés). Se trata de toda una primicia para el sector bancario europeo (véase el comunicado de prensa). El comité de empresa europeo ya firmó unas declaraciones con la dirección, relativas sobre todo a la formación, a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación y a la venta responsable. Esta declaración pretende hacer frente a las consecuencias de la digitalización y al cambio socio-económico que modifica las expectativas de los trabajadores en cuanto a la conciliación entre la vida profesional y la vida personal. Con la declaración las partes han fijado un enfoque común y una serie de líneas directrices y de principios para favorecer el diálogo social en todos los países y empresas del grupo sobre la conciliación de la vida profesional y la vida personal. La declaración se articula sobre cinco grandes ámbitos. 1) La digitalización con el objetivo de evitar cualquier forma de intrusismo en la vida privada y en el tiempo de descanso. 2) La flexibilidad espacial y el tiempo de trabajo. 3) La gestión del tiempo de trabajo con el objetivo de maximizar la calidad y la eficacia del tiempo durante las horas de trabajo. 4) El bienestar. 5) El cambio cultural para avanzar hacia una cultura de empresa levantada sobre “la conciliación entre vida profesional y vida privada” y “la inclusión”. La puesta en práctica de la declaración conjunta será controlada a partes iguales por el comité especializado del comité de empresa europeo y la dirección del grupo.

Tata Steel: ThyssenKrupp y Tata Steel anunciaron en septiembre su intención de  fusionarse como “ThyssenKrupp Tata Steel” convirtiéndose así en la segunda por nivel de facturación en el sector del acero plano europeo. La empresa estaría dividida a partes iguales y su sede se instalaría en los Países Bajos. Esta nueva entidad daría trabajo a 48.000 empleados en un total de 34 emplazamientos y produciría hasta 21 millones de toneladas de acero al año con un volumen de negocios anual previsto de 15.000 millones de euros. En un primer momento un plan de reestructuración daría lugar a la supresión de 4.000 puestos de trabajo. El pasado 7 de diciembre se reunieron en Bruselas los sindicalistas de los dos grupos bajo los auspicios de la federación sindical europea IndustriAll Europe. En la capital belga se firmó una declaración en la que se reivindica el mantenimiento de los puestos de trabajo y de las fábricas y el respeto al derecho de información, consulta y participación e incluyendo la determinación conjunta (véase el comunicado de prensa). Está prevista una reunión de coordinación para el próximo día 10 de enero.

• Shell : el pasado 10 de diciembre los sindicatos afiliados de IndustriAll Global Union organizaron una jornada de acción para exigir que Shell “respete los derechos humanos de todos sus trabajadores, independientemente de donde estén contratados” (véase el comunicado).

Aumento del gasto en protección social dentro de la UE: de media y dentro de la UE, el gasto en protección social representó el 29% de la riqueza nacional de los Estados miembros en 2015, un aumento con respecto a 2010 (28,6%) y 2014 (28,7%). Esta media maquilla grandes disparidades: mientras que siete países alcanzan o superan el umbral del 30% del producto interior bruto, el gasto en protección social iba del 15% al 20% del PIB en otros nueve países, de los cuales siete son de Europa oriental y los otros dos son Irlanda y Malta. Los países que dedican una mayor porción de su PIB al gasto en protección social son Francia (33,9%) (por delante de Dinamarca y de Finlandia con un 32% cada uno), Bélgica, los Países Bajos, Austria e Italia (30% cada uno). Las pensiones de jubilación y de viudedad representan el 45,2% del conjunto de las prestaciones sociales y constituyen el gasto de protección social más importante en casi todos los países. Además, las prestaciones por enfermedad, de cuidados de la salud y de invalidez suponen el 37,3% del total de las prestaciones sociales. En realidad, “los gastos se concentran básicamente en las jubilaciones si tenemos en cuenta las pensiones y los gastos de sanidad, de los que casi mitad corresponden a gente mayor de 60 años”, según informa Bruno Palier, director de investigación CNRS del Centro de Estudios Europeos y codirector del Liepp.