IR Notes

La dirección del primer grupo lácteo del mundo recibió una citación emitida por la federación sindical europea Effat y por nueve federaciones sindicales nacionales afiliadas para comparecer  el próximo 26 de marzo en una audiencia ante el tribunal de primera instancia de Laval. Las organizaciones sindicales reprochan al grupo (con 35.000 trabajadores por toda Europa) que se niegue a implantar un comité de empresa europeo a pesar de las solicitudes repetidas hechas a la dirección en 2014 y en 2016. En una respuesta enviada a la federación Effat en julio de 2017 y reproducida en la citación entregada por el abogado de los sindicatos, don Rachid Brihi, la dirección de Lactalis considera que la federación Effat se ha “dotado ilegítimamente de un poder de representación de los trabajadores de nuestro grupo o de un mandato de organización sindical […]”, mientras que “las federaciones nacionales […], directamente o mediante la mediación de Effat y viendo la legislación europea o el Código del Trabajo de Francia no disponen de la capacidad de iniciar una solicitud de constitución de un grupo especial de negociación”. Los sindicatos pretenden demostrar la admisibilidad de sus demandas y por ende que Lactalis sea condenada a instaurar un comité de empresa europeo, que se hubiese debido constituir como muy tarde en septiembre de 2017, seis meses después de la última solicitud enviada a la dirección (véase el comunicado de la federación Effat). El contencioso será de gran utilidad ya que permitirá precisar algunos de los términos de la directiva 2009/38 sobre los comités de empresa europeos. De hecho la directiva precisa que la dirección de la empresa debe iniciar las negociaciones para instaurar un comité de empresa europeo tras la “solicitud escrita de un mínimo de cien trabajadores, o de sus representantes, pertenecientes por lo menos a dos empresas o establecimientos situados en al menos dos Estados miembros diferentes” (artículo 5 de la directiva). ¿Quiénes son los “representantes de los trabajadores”? Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, la diversidad de los modelos de relaciones sociales dentro de la UE y el hecho de que la Unión no tenga competencias para actuar en el ámbito de las relaciones sociales (artículo 153.5 del tratado), la directiva establece que se trata de los “representantes de los trabajadores previstos por las legislaciones y/o las prácticas nacionales (artículo 2.1 d). Esta estipulación obliga a fijarse en las legislaciones de cada uno de los países de donde sean las federaciones sindicales que soliciten la constitución del comité de empresa europeo. De esta manera, el Código del Trabajo de Francia establece que los miembros del grupo especial de negociación o del comité de empresa europeo sean nombrados por los sindicatos de entre sus “elegidos de los comités de empresa o de establecimiento o sus representantes sindicales en la empresa o el grupo” y a partir de los resultados de las últimas elecciones profesionales que se hubieran celebrado. La legislación española es más explícita y establece que “el papel de representantes de los trabajadores corresponde a los representantes sindicales, a los comités de empresa y a los delegados del personal”. En Italia, la solicitud puede venir “de los sindicatos que hayan suscrito el convenio colectivo nacional aplicado a la empresa o al grupo de empresas que corresponda”. ¿Analizará el juez todos estos elementos para reconocer la legitimidad de las federaciones sindicales nacionales a la hora de solicitar la creación de un comité de empresa europeo y responderá en justicia para tal fin? Al mismo tiempo, este asunto permitirá verificar en qué condición puede una federación sindical europea como Effat solicitar el inicio de unas negociaciones en nombre de sus federaciones afiliadas.

• Sindicatos preocupados por el impacto del Brexit en el sector aeronáutico: los representantes sindicales del sector aeronáutico afiliados a la federación sindical europea IndustriAll Europe aprobaron una postura conjunta para que el Brexit no tenga un efecto desestructurador en el trabajo de este sector y, sobre todo, en el Reino Unido (véase el comunicado de IndustriAll).

• Dispositivo para facilitar la movilidad juvenil en la industria química: los agentes sociales europeos del sector químico han lanzado el portal “Mobility & Mentoring” (Tutoría de Movilidad) para ayudar a los jóvenes que quieran mudarse a otro país de la UE a conseguir un puesto de trabajo en este sector. El portal es financiado por la Comisión Europea y pone en contacto a los jóvenes con mentores que trabajan en la industria química del país donde el joven desea ir. Los creadores del proyecto han formado a más de 150 mentores de empresas distintas de toda Europa y los han inscrito en el portal (véanse los comunicados de IndustriALL Europe y del ECEG).

El Tribunal de Justicia da un primer paso en la lucha contra el fraude del desplazamiento: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto un límite a la obligación de las autoridades de la seguridad social del Estado de acogida de aceptar los efectos del certificado A1 entregado a los trabajadores desplazados por el régimen de seguridad social del país que los envía. El certificado sirve para justificar en el país de acogida la afiliación a la seguridad social en el país de origen. En este asunto (TJUE, 6 de febrero de 2018, asunto C-359/16, Ömer Altun), la inspección social belga inició una serie de acciones judiciales contra una empresa de construcción belga que empleaba exclusivamente a trabajadores desplazados por empresas búlgaras dotados del certificado A1. La investigación desarrollada por la justicia belga demostró que estas empresas búlgaras no tenían ninguna actividad real en Bulgaria, lo que va en contra de la legislación europea sobre las condiciones de desplazamiento de los trabajadores (directiva 96/71). A pesar de todo, el régimen de la seguridad social búlgara otorgó los certificados A1 a estos trabajadores desplazados certificando su adscripción al régimen búlgaro de la seguridad social y, por tanto, el pago de cotizaciones sociales mucho más reducidas que las de Bélgica. Hasta la fecha el Tribunal de Justicia siempre ha considerado que el certificado A1 debe imponerse a las autoridades del país de acogida mientras no se siga un procedimiento específico hasta el final e incluso cuando el certificado se haya emitido por error (véase TJUE, 27 de abril de 2017, asunto C-620/15, A-Rosa Flussschiff GmbH). En esta ocasión, la cuestión radicaba en saber si las autoridades del país de acogida, Bélgica, podían descartar o no los certificados sin concluir el procedimiento específico a raíz del hecho de que los certificados se habían expedido de forma fraudulenta y con la intención manifiesta de beneficiarse fraudulenta o abusivamente de las ventajas previstas por el derecho de la Unión”. El Tribunal de Justicia dio la razón al país de acogida al considerar que la aplicación de la regulación de la Unión no puede ampliarse para abarcar operaciones realizadas con el propósito de beneficiarse fraudulenta o abusivamente de prestaciones previstas por el derecho de la Unión. Tal como lo explica Jean-Philippe Lhernould, profesor de derecho en la Universidad de Poitiers en el periódico Le Monde (07/02), el Tribunal de Justicia “ha derribado un dogma” al aceptar que en una hipótesis así las autoridades del país de acogida pueden descartar el certificado A1 obligando por tanto a la empresa a pagar las cotizaciones sociales en Bélgica, lo que pone fin así a una situación de dumping social vinculado al diferencial existente entre las cargas sociales existentes de ambos países. En cualquier caso, para descartar un certificado A1, el Tribunal exige que las autoridades del país de acogida presenten a las autoridades del país de origen elementos concretos que permitan pensar que estos certificados se han obtenido de forma fraudulenta. Obviamente, estos elementos van más allá de unas meras suposiciones de fraude.

IG Metall consigue un derecho para pasar a jornadas parciales: los agentes sociales del sector metalúrgico (el sindicato IG Metall y la organización patronal Gesamtmetall) han llegado a un acuerdo sobre la renovación del convenio colectivo del sector. Los puntos más destacados del acuerdo son los siguientes: 1) los trabajadores reciben el derecho para convertir su jornada laboral en jornada parcial de 28 horas durante un periodo comprendido entre seis y veinticuatro meses. Cuando finalice este periodo, los trabajadores recuperarán su puesto a jornada completa. Este paso a jornada parcial se realiza sin ningún tipo de compensación salarial. 2) Los salarios aumentarán un 4,3% el 1 de abril de 2018. 3) Los trabajadores recibirán también una prima global de 100 euros. 4) El acuerdo prevé para el año 2019 el pago de una prima de 400 euros y de una prima que ascienda al 27,5% de un mes de salario. Los trabajadores con niños a su cargo, con familiares a su cargo y cuidado o que trabajen en equipo podrán convertir esta prima en ocho días de vacaciones adicionales de los cuales dos correrán a cargo de la empresa. 5) Las empresas podrán solicitar a una cuota mayor de trabajadores que la de ahora para que aumenten su jornada laboral de 35 a 40 horas y poder atender así las necesidades de la producción. En declaraciones del presidente primero de IG Metall, Jörg Hofmann, “el acuerdo supone un cambio en la cuestión de la jornada laboral. Durante mucho tiempo la flexibilidad fue un privilegio de los empleadores y por primera vez los trabajadores han conseguido el derecho a trabajar menos horas, para ellos mismos, para su salud y para sus familias·. “Con este modelo hemos acordado la flexibilización al alza y a la baja que buscábamos”, según destaca por su parte Rainer Dulger, presidente de Gesamtmetall.
> Para más información: véanse los comunicados de Gesamtmetall y de IG Metall.

• Fallos en el cumplimiento y respeto del salario mínimo: según un informe sobre el respeto del salario mínimo legal publicado por el Instituto de Investigación Económica y Social (WSI) de la Fundación Hans Böckler, unos 2,7 millones de trabajadores recibieron menos que el salario mínimo en el año 2016, lo que supone casi el 10% de los trabajadores que deberían recibir el salario mínimo por ley. Esta situación afecta básicamente a los sectores de las empresas privadas (42,6%), de la hostelería y la restauración (38%) y del comercio (19,5 %).
  > Véase el informe y el comunicado de prensa.

• El gobierno presenta un proyecto de reforma del aprendizaje: el pasado día 9 de febrero el gobierno francés presentó una profunda reforma del aprendizaje cuyo propósito es simplificar el dispositivo para las empresas, mejorar la información y los incentivos para los futuros aprendices, generar circuitos nuevos de financiación y, sobre todo, una función más amplia para las ramas profesionales para definir así el contenido y el número de los cursos de formación para ajustarse de forma más precisa a las necesidades de las empresas (véase la nota de prensa del gobierno). La reforma ha sido bien recibida por los agentes sociales y, en particular, por las empresas.

• Precisión sobre el nuevo derecho de peritaje: un Reglamento gran ducal del 15 de diciembre de 2017 fijó las condiciones para que las empresas asuman los gastos de peritaje de los expertos nombrados por las delegaciones del personal. A menos que haya un acuerdo previo, el presupuesto dedicado a las tarifas de peritaje no debe superar el 0,10% de la masa salarial total anual. Esta cobertura queda limitada a un peritaje al año y la empresa debe ser informada con antelación sobre la naturaleza del mandato que se vaya a dar al experto o perito.

• Orpea: el pasado 6 de febrero la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) organizó una reunión de sus afiliados en el grupo Orpea (50.000 trabajadores) en Bruselas para constituir una red sindical dentro del grupo y conseguir la creación de un comité de empresa europeo. Esta reunión se enmarca dentro de una iniciativa de mayor tamaño por parte de la federación con vistas a organizar a los trabajadores de grandes grupos que participan en el sector de los cuidados y la atención de las personas mayores.

Vinci: la dirección del grupo Vinci y el comité de empresa europeo han preparado de forma conjunta una declaración común que versa sobre las acciones ineludibles y fundamentales en materia de salud y de seguridad en el trabajo y que es de aplicación para todas las entidades del grupo por todo el mundo. Esta declaración permite incumplir el compromiso número 5 “Juntos, hacia el ‘accidente cero’” del Manifiesto de Vinci, documento que constituye un pilar común por el que regir el comportamiento del conjunto de colaboradores del grupo en todo el mundo. La declaración fue firmada el día 1 de junio en la reunión del pleno del comité de empresa europeo por el presidente del grupo Vinci, Xavier Huillard, y por el secretario del comité de empresa europeo, Noureddine Boudjeniba. La declaración es el fruto del trabajo de varios meses asociando los polos de las profesiones dentro del grupo, la dirección y los miembros del comité de empresa europeo. Con el objetivo último de adaptar las acciones al día a día, los compromisos de Salud y Seguridad serán definidos o rechazados dentro de cada polo profesional con vistas a promover una mejora continua. En la actualidad se está realizando una difusión a través de las instancias representativas del personal. Aparte de todo ello y adicionalmente a la información anual que se entrega al comité de empresa europeo, la mesa del comité recibirá información trimestral relativa a los accidentes laborales, accidentes en trayecto y enfermedades laborales.

• Kimberly-Clark: el grupo americano Kimberly-Clark, especializado en la producción de productos de higiene personal anunció el pasado 23 de enero la supresión de 5.000 a 5.500 puestos de trabajo en todo el mundo (12% de su plantilla). La federación sindical internacional IndustriAll Global Union denunció que los representantes de los trabajadores no fueron consultados antes de que se adoptara esta decisión y de su anuncio (véase el comunicado). El día 8 de febrero se celebró una reunión extraordinaria de la mesa del comité de empresa europeo.

Fincantieri: el pasado 10 de enero y durante una reunión celebrada en Roma, las federaciones sindicales italianas de la metalurgia FIM-CISL, UILM y la federación sindical francesa FO Métaux examinaron la situación de los astilleros STX y Fincantieri, agrupados recientemente con el propósito de crear un gigante de los astilleros europeos. Según FO Métaux, los sindicatos italianos consideran que “es posible construir conjuntamente un marco de derechos y de reglas comunes por medio de una negociación de grupo a nivel europeo”. Las federaciones se han comprometido a cooperar juntas con regularidad.

• LafargeHolcim: por iniciativa de la federación sindical internacional IndustriAll Global Union, 73 dirigentes sindicales de 39 países firmaron una carta conjunta dirigida a Jan Jenisch, presidente del grupo cementero LafargeHolcim, en la que se le solicitaba que su empresa cumpliera el compromiso de firmar un acuerdo marco mundial sobre los derechos sociales fundamentales (véase el comunicado).

Una perspectiva sobre el salario mínimo en la UE: la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) publicó el pasado 9 de febrero los primeros resultados de su estudio anual sobre el salario mínimo en la Unión Europea. El estudio permitirá alimentar la reflexión sobre un salario mínimo europeo y, sobre todo, sobre las dificultades que habrá que superar para alcanzar una armonización del mismo dentro de la UE. Sigue habiendo grandes diferencias entre el salario mínimo de Bulgaria (260,80 euros), muy inferior al salario mínimo vigente en Shanghái (360 euros) y el salario mínimo en Luxemburgo (1.998,60 euros). Es decir, 7,7 veces más que el salario mínimo búlgaro. La diferencia era de 20 en 2005, según datos de Eurostat. La diferencia es de 3,3 veces si se compara la paridad en cuanto al poder adquisitivo. El grupo de países con los salarios mínimos más bajos (menos de 500 euros) son todos nuevos Estados miembros. No obstante, todos ellos experimentaron subidas del salario mínimo con un 5% en el caso de Croacia y de Polonia y de hasta el 52% en el caso de Rumanía.