IR Notes

La Comisión Europa presentó el pasado 23 de abril una propuesta de directiva relativa a la protección en caso de denuncia sobre una violación de la legislación europea (véase la sección correspondiente en el comunicado). Más allá de esta sección, la Comisión alienta a los Estados Miembros a “a superar estas normas mínimas y a establecer normativas exhaustivas basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de irregularidades”. Todas las empresas con más de 50 trabajadores o cuyo volumen de negocios anual supere los 10 millones de euros deberán instaurar un procedimiento interno para atender los apuntes de los denunciantes (capítulo II). Lo mismo tendrá aplicación para las administraciones nacionales o regionales y para los municipios con más de 10.000 habitantes. Se beneficiarán de la protección en particular los trabajadores (artículo 2.1 a) de la empresa afectada, pero también los trabajadores autónomos (artículo 2.1 b) vinculados con la empresa, los ejecutivos (artículo 2.1 c), los aprendices (artículo 2.1 c), así como todas aquellas personas inmersas en un proceso de contratación (artículo 2.2). Los mecanismos de protección a implementar deben incluir, entre otros, canales de comunicación claros dentro y fuera de la organización (Capítulo III). Estos mecanismos deben garantizar la confidencialidad e incorporar un sistema de información en tres niveles que incluya canales de información internos o, en caso de fallo de estos últimos, el recurso a una autoridad nacional competente, o, en caso de fallo de los dos primeros niveles, informar al público en general o a los medios de comunicación. La propuesta añade obligaciones de información de retorno para las autoridades y las empresas, que tendrán que reaccionar a las alertas y hacer un seguimiento en un plazo de tres meses en el caso de una alerta a través de canales de comunicación internos. El texto establece la prohibición de cualquier forma de represalia contra el denunciante (Capítulo IV, Artículo 14). Si éste sufre represalias, debe tener acceso a asesoramiento gratuito y a recursos adecuados (art. 15). La carga de la prueba se invertirá en tales casos y la persona u organización involucrada tendrá que demostrar que no está tomando represalias contra el denunciante (Art. 15.5). Los denunciantes también estarán protegidos en los procedimientos judiciales, en particular mediante una exención de responsabilidad en relación con la divulgación de la información en cuestión. Mientras que muchos actores de la sociedad civil consideran que la directiva propuesta es ambiciosa, la Confederación Europea de Sindicatos aboga por ampliar el texto a la legislación laboral: “Un empleado podría reportar unos abusos contra los animales o un daño ambienta, pero no así un daño a los trabajadores”, según denuncia Esther Lynch, secretaria confederal de la CES (véase el comunicado).
> Véase también la nota sobre la propuesta de la Comisión redactada por el grupo parlamentario de los Verdes/ALE.

Propuesta de directiva relativa a las transformaciones, fusiones y divisiones transfronterizas: el 25 de abril, la Comisión Europea presentó una propuesta de directiva por la que se establecen procedimientos comunes dentro de la UE para permitir que las empresas se desplacen de un país de la UE a otro, se fusionen o se dividan en dos entidades nuevas o más en un contexto transfronterizo. El texto incluye una sección sobre información, consulta y participación de los trabajadores. Al igual que la Directiva 2001/86 sobre la implicación de los trabajadores y que acompañaba al reglamento sobre el estatuto de la sociedad europea, el texto contiene disposiciones destinadas a evitar que las transformaciones empresariales eludan la legislación nacional sobre participación de los trabajadores. Este es el objetivo del artículo 86 I de la propuesta, que trata de la participación de los trabajadores en la empresa que vaya a someterse a una conversión y cuando la operación pone en peligro la protección de los derechos de participación. En principio, la empresa deberá seguir las normas respectivas del Estado miembro de destino, a menos que la legislación nacional de dicho Estado no prevea el mismo nivel de participación de los trabajadores en los órganos de gestión o supervisión de la empresa. Dependiendo de un cierto umbral de empleados cubiertos por tal mecanismo antes de la transacción propuesta, la empresa estará obligada a entablar negociaciones con los empleados para determinar su participación. Las negociaciones serán obligatorias y deberán desembocar en un acuerdo sobre la implicación de los trabajadores o, si no hubiera acuerdo en un plazo de seis meses, en la aplicación de las normas tipo sobre participación de los trabajadores establecidas en el anexo de la directiva 2001/86/CE. En lo que se refiere a los distintos tipos de operaciones contempladas en la directiva, el texto prevé que la información específica sobre los asuntos de interés para el personal afectado deberá ser entregada a los representantes del personal o, en su defecto, a todos los trabajadores. Los representantes de los trabajadores recibirán también la información destinada a los accionistas y a otras partes interesadas. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) considera que estas disposiciones “deben revisarse seriamente para garantizar que los trabajadores puedan anticipar e influir en las decisiones de la dirección. Debe quedar claro que los derechos de participación existentes no pueden diluirse, ni ahora ni en el futuro”. (Véase el comunicado de la CES).

• Regulación de las plataformas en línea: el 26 de abril, la Comisión Europea presentó nuevas normas que rigen la actividad de las plataformas en línea (véase el comunicado). Según la Confederación Europea de Sindicatos (CES), las medidas propuestas no satisfacen las expectativas porque la regulación de las prácticas desleales se limita a las plataformas comerciales que ofrecen bienes y servicios, y no a las denominadas plataformas de colaboración como Uber o Deliveroo (véase el comunicado).

• Voto sobre el “paquete de movilidad» en la comisión del Parlamento Europeo: el 25 de abril, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo adoptó tres dictámenes sobre el “paquete vial”, que incluye varias propuestas legislativas (véase la web de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales). En particular, los eurodiputados desean aplicar las nuevas normas de desplazamiento al sector del transporte por carretera y garantizar los periodos de descanso en el hogar de los conductores. La Federación Europea de Trabajadores del Transporte ha acogido con beneplácito las enmiendas aprobadas en comisión (véase el comunicado).


• Ayuda para los empleados despedidos por Air France: el pasado 23 de abril y a petición de Francia la Comisión Europea propuso movilizar 9,8 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para ayudar a 1.858 empleados despedidos por Air France a encontrar un nuevo empleo (véase el comunicado de la Comisión).


• Sustancias peligrosas: la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha puesto en marcha su campaña paneuropea “Lugares de trabajo saludables” para 2018-2019 que versa sobre el tema “Alerta frente a sustancias peligrosas”.

• Navegación interior: los agentes sociales europeos del sector de la navegación interior suscribieron el pasado 23 de abril una declaración conjunta en aras de la eliminación de la violencia contra las mujeres y los trabajadores LGTBQI (véase el comunicado de la federación sindical europea ETF).

Convenio colectivo para el turismo: la Asociación de Empresarios Croatas y los dos sindicatos más importantes del sector firmaron el convenio colectivo sectorial para el turismo y la restauración el pasado 18 de abril. El convenio establece un salario mínimo garantizado para los trabajos tradicionales del sector hotelero como limpiadoras, camareros o cocineros. Los empleados encargados de las tareas más sencillas recibirán un salario bruto garantizado de al menos 4.700 kunas (627 euros). Es el salario mínimo básico sobre el que se calculan los complementos por trabajo nocturno, domingos y festivos y las horas extraordinarias. El convenio se ha hecho extensivo a todos los empresarios y trabajadores del sector.

• Refuerzo de la lucha contra el fraude en las comisiones de servicio: el Gobierno aprobó el pasado 27 de febrero un proyecto de ley sobre la reforma del aprendizaje, la formación profesional y el seguro de desempleo que prevé también sanciones más severas contra el fraude y el trabajo ilegal, al tiempo que refuerza las prerrogativas de la Inspección de Trabajo. Las multas administrativas que pueden imponerse a los empresarios que no cumplan las normas sobre comisión de servicio o la normativa laboral aplicable a los trabajadores en comisión de servicio aumentarían su límite máximo de 2.000 a 3.000 euros por trabajador en comisión de servicio afectado por la infracción y de 4.000 euros a 6.000 euros en caso de reincidencia. En caso de impago de las multas administrativas, la Inspección de Trabajo podrá ordenar la suspensión de la prestación de servicios. Se ha promulgado también una disposición para combatir las “empresas buzón” mediante la creación de un nuevo caso de delito de trabajo oculto: el fraude en establecimiento (véase el comunicado de prensa del gobierno y el comunicado del Ministerio del Trabajo).

• Reforma del mercado laboral: el pasado 23 de marzo el gobierno portugués presentó una propuesta de reforma del mercado laboral con el propósito de combatir la precariedad y la segmentación del mercado laboral y para reforzar al mismo tiempo la función de los convenios colectivos. En particular, el proyecto prevé limitar la utilización de los contratos de trabajo de duración determinada, limitando su duración (de tres a dos años) y las posibilidades de renovación que ya no podrán superar la duración prevista en el contrato inicial. Se ha previsto otra medida que tiene por objeto crear una contribución social adicional para las empresas que hagan un mayor uso del empleo precario (véase el comunicado de prensa).

Dentsply Sirona: tras la fusión, en 2016, de la empresa norteamericanas Dentsply y la alemana Sirona, ninguna de las cuales contaba con un comité de empresa europeo, la nueva empresa norteamericana Dentsply Sirona, especializada en equipos dentales, suscribió el 23 de febrero un acuerdo para la creación de un comité de empresa europeo. El acuerdo queda sujeto a la legislación alemana y establece que sus disposiciones en materia de información y consulta serán de aplicación también para Suiza y Turquía. Y también lo serán para el Reino Unido cuando el país salga de la Unión. El comité de empresa europeo podrá contar con la ayuda de un experto sindical durante las reuniones de la Mesa o del Pleno. El acuerdo prevé la participación de los responsables de las distintas actividades en los procedimientos de información y consulta, a fin de que los representantes de los trabajadores tengan ante sí los contactos adecuados. El grupo cuenta con unos 7.000 empleados en la UE, distribuidos sobre todo en Alemania (3.740), Suecia (997), Italia (609) y Francia (417).

• Orpéa: el grupo especial de negociación encargado de negociar la constitución de un comité de empresa europeo con la dirección del grupo Orpéa (50.000 empleados y uno de las empresas más importantes de alojamiento y cuidados de personas mayores) se reunió por primera vez el 25 de abril. A la reunión asistieron dos representantes de la Federación Sindical Europea de los Servicios Públicos (FSESP). La FSESP quiere organizar a los trabajadores en el seno de los grandes grupos del sector de los cuidados a las personas mayores como son Orpéa o su competencia directa Korian (véase la nota siguiente). (Véase el comunicado de la FSESP).


• Korian: el pasado 11 de abril se reunieron representantes de los trabajadores del grupo de atención a las personas mayores Korian (49.000 empleados), especializado en la atención y apoyo a las personas mayores. La reunión fue organizada por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP) con el fin de establecer una red de sindicalistas que cubra Alemania, Bélgica, Francia e Italia. Los participantes discutieron los pasos para establecer un comité de empresa europeo. (véase el comunicado de la FSESP).


• Safran: el pasado 10 de abril la dirección del grupo aeroespacial Safran y su comité de empresa europeo firmaron una cláusula adicional del acuerdo de constitución del comité de empresa europeo (véase IR Note 96, 3. Empresas). Esta cláusula adicional no cambia el ámbito de aplicación del acuerdo, que sigue estando limitado a los Estados miembros de la UE, lo que llevará finalmente a la retirada de la delegación británica. Cabe destacar en primer lugar, una mayor protección de los miembros del comité de empresa europeo y con la obligación en particular de informar a la dirección de recursos humanos y a la oficina del comité de empresa europeo de cualquier medida destinada a poner fin al contrato de trabajo de un miembro, y ello hasta con seis meses de antelación al final de su mandato. En segundo lugar, una definición de jurisdicción transnacional que mantenga una información simple relativa a un único Estado miembro en caso de que se registrara un acontecimiento importante para los trabajadores europeos. En tercer lugar, la posibilidad de comunicar el resumen de los debates de las reuniones a los representantes de los trabajadores europeos o, en su defecto, directamente a los trabajadores. En cuarto lugar, la supresión de los criterios relativos al número de personal afectado y al volumen de negocios afectado para justificar una reunión extraordinaria del comité de empresa europeo y en quinto y último lugar, la obtención para los miembros de un derecho de visita a las instalaciones europeas siempre que se informe previamente de ello.

Danone : el director general de Danone, Emmanuel Faber, anunció el pasado 26 de abril la apertura de una consulta con los interlocutores sociales del grupo para crear una gobernanza participativa basada en el principio de “una persona, un voto, una acción”. El grupo entregará una acción de Danone a cada uno de los 100.000 empleados y establecerá “un mecanismo de incentivos basado en un multiplicador del dividendo anual que se paga a los accionistas”. Además, a finales de año, se invitará a todos y cada uno de los empleados a que se comprometan activamente e inventen el futuro contribuyendo a la construcción de la hoja de ruta de los Objetivos 2030 de Danone (véase el comunicado del grupo).

ArcelorMittal: el pasado 26 de abril se reunieron en Bruselas y por iniciativa de la Federación Europea de Sindicatos IndustriAll Europe alrededor de 50 sindicalistas del grupo siderúrgico ArcelorMittal y de la empresa siderúrgica italiana Ilva, que ArcelorMittal tiene intención de recomprar, para denunciar las decisiones de desinversión presentadas por la dirección a la Comisión Europea con el fin de satisfacer las peticiones del servicio encargado del control de la competencia (véase el comunicado de IndustriAll Europe). Los participantes aprobaron el día 3 de mayo una declaración común para la preservación del conglomerado industrial.

• PSA-Opel: representantes de los trabajadores de PSA y Opel se reunieron por primera vez en Bruselas el 4 de mayo bajo los auspicios de la Federación Europea de Sindicatos IndustriAll Europe.


• WestRock: las federaciones sindicales mundiales UNI Global Union e IndustriAll Global Union crearon, el 20 de abril, una alianza sindical dentro del grupo estadounidense de papel y embalaje WestRock (45.000 trabajadores) instaurado en 2005 tras la fusión de MeadWestvaco y RockTenn (véase el comunicado).

Cartografía regional del desempleo: según un comunicado de Eurostat, más del 80 % de las regiones de la UE registraron una reducción de la tasa de desempleo de las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 74 años en 2017, en comparación con 2016, y alrededor del 60 % registró un descenso de al menos 0,5 puntos porcentuales. Sin embargo, las tasas de desempleo regionales siguen estando marcadas por grandes disparidades entre las regiones de la UE. Las tasas más bajas se registraron en la región de Praga (1,7%) en la República Checa y Tréveris (2%) en Alemania, seguidas por las regiones checas de Bohemia Central y Bohemia del Sur y las regiones alemanas de Baja Baviera y Franconia Central (ambas con un 2,1%).
> Notas breves: Estudio del Parlamento Europeo sobre la integración de los refugiados en el mercado laboral de los tres principales países de acogida (Alemania, Austria y Suecia). Estudio de la Fundación Friedrich Ebert sobre la colaboración instaurada por el sindicato norteamericano de obreros automovilísticos (UAW) y la federación alemana de metalúrgicos IG Metall. El Instituto Sindical Europeo (ETUI) ha presentado un libro que estudia el impacto sobre el mercado laboral de los programas de austeridad presupuestaria puestos en práctica desde 2009 en 11 Estados Miembros de la UE.