IR Notes

Los trabajadores desplazados a otro país de la UE deben recibir el mismo salario por el mismo trabajo en el mismo lugar. El principio se adoptó definitivamente con la votación del Parlamento Europeo el pasado 29 de mayo sobre la revisión de la Directiva 96/71 relativa al desplazamiento de trabajadores. Además de las disposiciones destinadas a reforzar la cooperación administrativa entre los Estados Miembros para luchar más eficazmente contra el fraude en el desplazamiento y las disposiciones que permiten a los empresarios tener un acceso más fácil a la legislación y a los convenios colectivos que necesitan sus trabajadores desplazados, la nueva directiva introduce pocos cambios significativos a la postre. El problema más importante es aplicar la legislación, lo cual exige voluntad política y recursos. Debe tenerse en cuenta sin embargo que el “núcleo duro” de las normas del derecho laboral que deben aplicarse a los trabajadores desplazados está actualmente establecido por medio de la legislación o por un convenio colectivo ampliado. No obstante, los Estados Miembros que no disponen de mecanismos de extensión (como es el caso de Dinamarca, Italia o Suecia) pueden considerar la posibilidad de aplicar los convenios colectivos no ampliados a los trabajadores desplazados. La nueva directiva amplía esta opción a los Estados que ya disponen de un sistema de extensión. En consecuencia, estos Estados podrán decidir y elegir los convenios colectivos específicos no prorrogados y celebrados a nivel sectorial, regional o nacional por los agentes sociales más representativos que vayan a aplicarse a los trabajadores desplazados. El “núcleo duro” propiamente dicho se complementaría con dos disposiciones. Además de las normas sobre los períodos máximos de trabajo, los períodos mínimos de descanso o la remuneración, la nueva directiva añade por una parte las condiciones de alojamiento de los trabajadores cuando el empresario ofrece alojamiento a los trabajadores fuera de su lugar de trabajo habitual. Por otra parte se detallan las indemnizaciones o el reembolso de los gastos de viaje, alojamiento o alimentación en que incurra un trabajador desplazado cuando deba desplazarse a su lugar de trabajo habitual en el Estado Miembro en cuyo territorio esté destinado, o cuando su empleador le envíe temporalmente de dicho lugar de trabajo a otro lugar distinto. Sin embargo, esto se limita a trasponer en la directiva la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ya aclaró los elementos de la remuneración que hay que abonar a los trabajadores desplazados. En cualquier caso la directiva tiene el mérito de dejar claro que los empresarios no pueden deducir de los salarios de los trabajadores los costes de alojamiento, alimentación y transporte. El texto debería reducir las distorsiones de la competencia, pero éstas persistirán. Por un lado, las ventajas previstas en los acuerdos de empresa no se han incluido en el principio de igualdad de retribución. Por otro lado y lo que es más importante, el texto no resuelve las diferencias en el nivel de las cotizaciones sociales entre los Estados Miembros y esto representa una considerable ventaja competitiva para las empresas constituidas en países con un nivel reducido de cargas sociales sobre los salarios.

• Lucha contra la competencia desleal: el pasado 30 de mayo los eurodiputados aprobaron definitivamente la propuesta de reglamento que modifica los reglamentos nº 1225/2009 y nº 597/2009 relativos a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Unión Europea (véase el comunicado).

La Comisión Europea publica sus recomendaciones para los países: Las recomendaciones específicas para cada país de este año prestan “una atención especial a los retos sociales apoyándose en el pilar europeo de los derechos sociales proclamado el 17 de noviembre de 2017”, tal como subrayó la Comisión Europea en la presentación de sus recomendaciones a los Estados Miembros de la UE el pasado 23 de mayo (véase el documento informativo sobre el paquete “semestre europeo”). Además de las recomendaciones dirigidas a cada uno de los países, la Comisión propone un resumen dentro de un comunicado general que sienta las bases para comprender la postura de la Comisión en lo que respecta a las reformas del mercado laboral que deben emprender los Estados Miembros (véase el comunicado de la Comisión). Estas recomendaciones son tanto más equilibradas que las anteriores, abarcan la dimensión social de la UE y dan la espalda a un ejercicio centrado exclusivamente en la reducción de la deuda y en la mejora de la competitividad. La Confederación Europea de Sindicatos las ha acogido con beneplácito (véase el comunicado). Además, apoyándose en un informe realizado por Eurofound sobre la participación de los agentes sociales en el Semestre Europeo y que ha contado con la colaboración de IR Share, la Comisión apunta que algunos Estados han tomado medidas desde el año pasado para aumentar las oportunidades de diálogo estructurado y la participación de los interlocutores sociales.

• Pierre Gattaz asume la presidencia de BusinessEurope: El pasado 18 de mayo Pierre Gattaz, actual presidente de la patronal francesa Medef, fue nombrado por unanimidad presidente de BusinessEurope, asociación que engloba a 39 organizaciones de la patronal de Europa. Gattaz sustituirá a la italiana Emma Marcegaglia (Confindustria) a partir del próximo día 5 de julio (véase el comunicado).


• Resolución contra la precariedad laboral: El pasado 31 de mayo y como respuesta a las numerosas peticiones, los eurodiputados aprobaron una resolución con la que invitan a la Comisión Europea a tomar medidas para luchar contra la precariedad laboral, incluyendo los denominados contratos “cero horas” y el recurso abusivo a los contratos laborales de duración determinada.


• Llamamiento europeo a favor de una Europa social: “Ha llegado el momento de plantearse el lugar de los más de 140 millones de empleados de la UE que trabajan en una empresa”, tal como destacan más de 400 personalidades de los ámbitos universitario, político o sindical en un Llamamiento europeo “Empresa y trabajo – Por una nueva vía europea”. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Confederación Europea de Sindicatos y se hace eco de su resolución a favor una mayor democracia en el lugar de trabajo.

• Acción judicial contra la Comisión Europea: El comité ejecutivo de la Federación Sindical Europea de la Función Pública (FSESP) decidió interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el pasado 17 de mayo contra la decisión de la Comisión Europea de negarse a presentar al Consejo el acuerdo sectorial sobre información y consulta en las administraciones centrales alcanzado por los agentes sociales europeos, con el fin de que el Consejo trasponga el acuerdo mediante una directiva europea. (véase el comunicado de la FSESP).

Derecho a las vacaciones pagadas: El pasado 29 de mayo el abogado general del Tribunal de Justicia presentó sus conclusiones sobre varios asuntos relativos al derecho a vacaciones anuales retribuidas, tal como garantiza el artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE de 4 de noviembre de 2003 y relativa a la jornada laboral. En dos casos distintos que afectan por un lado a un empresario privado y, por otro, a un colectivo local (TJUE, concl., 29 de mayo de 2018, asunto C-569/16 y C-570/16), el abogado general (cuya opinión sigue en el 80% de los casos el Tribunal de Justicia) confirma que la directiva se opone a una normativa que establece que cuando la relación laboral finaliza por el fallecimiento del trabajador, el derecho a vacaciones anuales retribuidas expira sin dar derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas y que, por lo tanto, imposibilita el pago de dicha compensación a los herederos del difunto. Además, el abogado general califica por primera vez el derecho a vacaciones anuales retribuidas como un “derecho social fundamental” consagrado en el apartado 2 del artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con la consecuencia práctica de que este derecho puede estar directamente disponible en el contexto de un litigio entre un trabajador asalariado y un empresario del sector privado con el propósito último de excluir la aplicación de estipulaciones nacionales cuya finalidad sea privar a un trabajador de su derecho a un período anual de vacaciones retribuidas (véase el comunicado de prensa). En relación con otros dos asuntos (TJUE, concl. 29 de mayo de 2018, asunto C-619/16 y C-684/16), el abogado general considera que el mero hecho de que un trabajador no haya solicitado sus vacaciones no puede implicar automáticamente la pérdida del derecho a compensación económica por las vacaciones no disfrutadas al final de la relación laboral y que en cualquier caso el trabajador no podrá reclamar indemnización alguna una vez que la empresa demuestre haber tomado las medidas necesarias para que los trabajadores puedan ejercer su derecho a las vacaciones anuales retribuidas y que a pesar de estas medidas el trabajador ha renunciado deliberadamente a este derecho aunque haya tenido la oportunidad de hacerlo durante la relación laboral (véase el comunicado de prensa).

• Derecho al trabajo a jornada parcial: El pasado 17 de abril el gobierno presentó un proyecto de ley por el que se modifica la legislación vigente sobre el trabajo a jornada parcial y el trabajo de duración determinada (Teilzeit- und Befristungsgesetzes) al introducir el derecho al trabajo a jornada parcial para un periodo determinado (“Brückenteilzeit”) y el derecho a recuperar el puesto de trabajo a jornada completa al finalizar el periodo de jornada parcial. El texto se presentará al Parlamento para su entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2019. Los empleados con una antigüedad mínima de seis meses en una empresa con un mínimo de 45 empleados podrán solicitar un mínimo de un año y un máximo de cinco años de trabajo a tiempo parcial. Cuando la empresa cuente entre 45 y 200 empleados, la dirección podrá rechazar la solicitud cuando un determinado número de empleados ya se beneficien de la medida (por ejemplo, cuando en una empresa con 135-150 empleados un total de 10 trabajadores se acogen a la jornada parcial) (véase el comunicado del Ministerio de Trabajo).
  > Véase también el artículo publicado en ReformsWatch del Instituto Sindical Europeo.

• Regreso al diálogo social tripartito: El gobierno y los agentes sociales han restablecido el diálogo social tripartito reuniéndose para debatir cuestiones pertinentes sobre política social y laboral. La última reunión tripartita tuvo lugar en el año 2002. El objetivo de la reunión era debatir las cuestiones de mayor importancia para el gobierno y los agentes sociales como, por ejemplo, el desarrollo de la democracia en el lugar de trabajo y las cuestiones sobre la mano de obra extranjera. Se acordó que las reuniones se celebrarían varias veces al año. La próxima tendrá lugar en septiembre de 2018.

Primer convenio colectivo en Amazon: El pasado 22 de mayo, la dirección de Amazon y los sindicatos firmaron un convenio colectivo con el que se complementa el acuerdo del sector y que está destinado a mejorar las condiciones laborales de los empleados de Amazon, sobre todo en lo que respecta a la organización de las horas de trabajo. Según UNI Global Union, se trata del primer acuerdo que el grupo estadounidense firma con una organización sindical (véase el comunicado). En opinión de la federación sindical italiana FILCAMS CGIL, se trata de un “acuerdo histórico” (véase el comunicado).

• Convenio colectivo sobre el sector de los servicios sociales: El 18 de mayo pasado el Ministerio de Asuntos Sociales y seis sindicatos que representan a los trabajadores de los servicios sociales (pero ninguna organización patronal al no haber ninguna en este sector) firmaron un convenio colectivo nacional. El acuerdo tiene el objetivo en particular de introducir un salario mínimo de aplicación para los trabajadores cubiertos por el convenio colectivo, lo que presupone que deberán ser miembros de uno de los sindicatos firmantes (véase el comunicado). Al ofrecer un salario superior a la norma dentro de este sector, el objetivo también es reforzar la participación sindical. El texto también introduce una escala salarial basada en las cualificaciones para fomentar así el desarrollo de las competencias.

• Protección de las víctimas de acoso sexual: la ley de 8 de abril de 2018 con la que se modifican varias estipulaciones del Código de Trabajo entró en vigor el pasado 15 de abril. La ley prevé ampliar las normas de indemnización aplicables en caso de despido o dimisión por acoso sexual a los empleados que dimitan por falta grave de conducta por parte del empleador.
  > Véase también el boletín informativo del gabinete de abogados Castegnaro.

Esterline : La dirección del fabricante estadounidense Esterline (13.000 trabajadores) especializado en aeronáutica y defensa firmó el pasado 14 de diciembre de 2017 un acuerdo para la creación de un comité de empresa europeo. Aunque el 57% de la plantilla se encuentra en Francia, el acuerdo se firma bajo los auspicios de la ley de trasposición británica. En el caso de que el Reino Unido abandonara la UE o el Espacio Económico Europeo, la dirección podría designar una nueva filial para que la representara en la UE así como una nueva legislación de aplicación dentro de la UE o del EEE. El texto especifica además que el comité “normalmente no entablará diálogos sobre ningún asunto dentro del ámbito de un único país de carácter puramente nacional o de naturaleza local”. Si dos o más proyectos no relacionados entre sí se llevan a cabo al mismo tiempo y sin planificación conjunta, las obligaciones de información y consulta solamente se aplican si cada uno de estos proyectos es en sí mismo una cuestión transnacional. Sin embargo, cuando un proyecto presentado en un país tenga consecuencias para los empleados de otros países, entonces se deberá informar al comité sobre la propuesta “con suficiente antelación para que la información se pueda estudiar de forma adecuada”.

EDF: El pasado 29 de mayo, la dirección del grupo EDF y las federaciones sindicales mundiales Industriall Global Union y la Internacional de los Servicios Públicos (ISP) firmaron en la sede de la OIT en Ginebra (Suiza) un nuevo acuerdo mundial sobre la responsabilidad social de la empresa. El acuerdo lleva negociándose desde junio de 2017 con un total de 11 federaciones sindicales nacionales (véanse los comunicados de IndustriAll, de ISP y de EDF. Este acuerdo sustituye a un texto anterior sobre la responsabilidad social y medioambiental de 2005 que fue renovado en 2009. Según detalla el comunicado de EDF, “el propósito es garantizar una base social común para los 160.000 trabajadores del grupo y consolidar el diálogo social internacional”. Además de la protección de los derechos sociales fundamentales, el texto incluye compromisos sobre la transparencia fiscal, la protección de los denunciantes, la lucha contra la corrupción y el fraude, la lucha contra la violencia y el acoso en el trabajo, el deber de vigilancia de los subcontratistas y proveedores, la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual. Que sepamos, este acuerdo es el primero en integrar el principio de una “transición justa” hacia “economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos” en sintonía con las directrices de la OIT. En este contexto, el grupo se compromete a garantizar una formación adecuada a sus empleados al tiempo que protegerá sus derechos, sus intereses y el desarrollo de sus competencias en colaboración con los representantes de los trabajadores. El acuerdo servirá de referencia en los próximos años para las negociaciones de un nuevo acuerdo marco global al tratarse de uno de los más completos en este campo.

STMicroelectronics : El pasado 24 de mayo y con motivo del nombramiento del nuevo director general, la red sindical mundial instaurada por la federación sindical internacional IndustriAll Global Union en el seno del fabricante franco-italiano de semiconductores STMicroelectronics aprobó una declaración (véase el comunicado de prensa). Los sindicatos instan a la dirección a negociar un acuerdo marco internacional “que consagre un pilar básico de derechos fundamentales para todos los empleados de STMicroelectronics en todas las sedes de la compañía y y que establezca un comité de empresa global”.

• Alstom-Siemens: Las organizaciones sindicales afiliadas a IndustriAll Global Union dentro de las empresas Alstom Transport y Siemens Mobility en pleno proceso de fusión organizaron una jornada de movilización en toda Europa el pasado 30 de mayo (véase el comunicado de prensa de IndustriAll Europe).


• LafargeHolcim: En un comunicado, la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y de la Madera (FETCM) se mostró “sorprendida e indignada” ante el anuncio por parte del Grupo LafargeHolcim el pasado 25 de mayo de su intención de cerrar sus sedes en Francia y Suiza cuando el pasado 17 de mayo en el pleno del comité de empresa europeo la dirección “negó los rumores de tal cierre”. La federación ha anunciado que “se pondrá en contacto con sus abogados en los próximos días” y que solicitará una reunión extraordinaria del comité de empresa europeo “para tomar las decisiones necesarias ante el incumplimiento del acuerdo y de la legislación europea”. La tradición de diálogo social de Lafarge parece no haber sobrevivido tras la fusión con Holcim.


• Marriott: La federación sindical internacional UITA ha lanzado una campaña para animar al principal grupo hotelero del mundo, Marriott, con 2.200.000 empleados, a poner en práctica una política de lucha contra el acoso sexual, problema “endémico” dentro del sector hotelero.


• Ryanair: Según comunica la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), la dirección de la compañía de bajo coste Ryanair recibirá por primera vez los días 3 y 4 de julio a representantes sindicales de los tripulantes de cabina de la alianza sindical Cabin Crew United (véase el comunicado).


• Yves Rocher: La federación sindical internacional IndustriAll Global Union ha denunciado la actitud del grupo francés de cosméticos Yves Rocher (13.500 empleados) que “desde abril ha despedido a un total de 115 trabajadores de una filial turca por haber ejercido su derecho fundamental de afiliarse a un sindicato” (véase el comunicado de prensa).