IR Notes

Para aquellos que dudan del valor de salir a votar en las elecciones europeas del próximo mes de mayo, la adopción de la directiva para proteger a los denunciantes debería convencerles del importante papel de esta institución democrática, la única en la Unión. De hecho, el Parlamento actual ha conseguido que los Estados miembros den su brazo a torcer para que la Comisión pueda elaborar una directiva para proteger a los denunciantes y a cambio de la revisión de la directiva sobre el secreto empresarial que contaba con el apoyo de los gobiernos. En las negociaciones con el Consejo, que representa los intereses de los Estados miembros, ha demostrado una vez más su capacidad para renunciar a una disposición que habría vaciado de contenido la protección de los denunciantes de irregularidades. De hecho, cinco países, entre los que se encontraban Alemania y Francia, querían obligar a los denunciantes a iniciar primero una alerta interna dentro de su organización antes de que pudieran, si no se resolvía, remitir el asunto a una autoridad externa o alertar directamente al público en general. O dicho de otra manera, el objetivo era proteger los secretos comerciales de las empresas permitiéndoles lavar sus trapos sucios a nivel interno. A fuerza de movilización, los eurodiputados con la ponente Virginie Rozière (S&D) a la cabeza, consiguieron dividir este grupo de cinco hasta la aprobación final del texto el 11 de marzo y validado formalmente por el Consejo en la misma fecha. El texto todavía debe ser validado por el Parlamento en abril, antes de ser publicado en el DOUE para ser traspuesto por los Estados miembros en un plazo de dos años (véase el comunicado del Consejo y el del Parlamento). La nueva directiva prevé en particular 1) El establecimiento de canales y procedimientos internos para la presentación y el seguimiento de los informes por parte de todas las empresas del sector privado con al menos 50 empleados y de las entidades del sector público. 2) Los informadores que se benefician de la protección contra las represalias son aquellos que, por una parte, tienen motivos razonables para creer que la información declarada era cierta en el momento de la denuncia y que esta información entra en el ámbito de aplicación de la Directiva. Y, por otro lado, los que realicen un informe interno y externo, o directamente externo o público, incluso si la Directiva permite a los Estados miembros fomentar los procedimientos internos. 3) La protección se concede a una amplia gama de personas, desde los trabajadores, pasando por los funcionarios, hasta los accionistas, los directivos o los becarios y aprendices. Entre ellos pueden figurar informantes que revelen información adquirida en el curso de una relación laboral finalizada o que no haya comenzado todavía en el momento en el que se obtuvo la información sobre un delito durante un proceso de contratación. 4) La protección abarca una larga lista de posibles represalias y que van desde el despido hasta el juicio erróneo, el traslado o la intimidación. La organización patronal BusinessEurope pidió que la demanda interna fuera la norma principal (véase el documento de posición). La Confederación Europea de Sindicatos ha declarado que acoge “con cautela el acuerdo” sobre esta directiva (véase el comunicado). El texto fue acogido con satisfacción por la Federación Europea de Sindicatos de la Función Pública (véase el comunicado).

Guía práctica para los comités de empresa europeos : la Comisión Europea ha creado un grupo de expertos que la ayuden a elaborar una guía práctica sobre el funcionamiento de los comités de empresa europeos. El objetivo es fomentar la creación de nuevos comités de empresa europeos, reforzar la eficacia de los comités existentes y difundir las buenas prácticas. La guía se publicará en 2020, junto con un comunicado de la Comisión y una línea de crédito de 7 millones de euros para financiar acciones destinadas a mejorar el funcionamiento de los comités. El grupo de expertos estará compuesto por 20 miembros, 10 nombrados por las organizaciones de empresarios (BusinessEurope, CEEP) y 10 por la Confederación Europea de Sindicatos. El grupo se reunirá seis veces en 2019 y su primera reunión está programada para el 1 de abril. Sin embargo, algunas federaciones sindicales europeas consideran que la iniciativa es insuficiente y que no impedirá que se sigan registrando malas prácticas. Por muy innovadora que sea, con esta guía práctica no vinculante no se conseguirá resolver los problemas de mantenimiento de los acuerdos derogatorios conocidos como “artículo 13” y que están muy alejados de los requisitos de la Directiva o de la debilidad de las sanciones en caso de violación del derecho a la información-consulta.

• Cumbre tripartita y Consejo de Empleo y Asuntos Sociales: los representantes de los Estados miembros celebraron el 15 de marzo un Consejo de Empleo y Asuntos Sociales que se dedicó básicamente al semestre europeo (véase el comunicado del Consejo y sus resultados principales). El Consejo fue precedido por una cumbre social tripartita (véanse los comunicados de la Comisión , del Consejo y las reacciones de la CES).

• Movilidad transfronteriza de las empresas: El 13 de marzo, el Parlamento y el Consejo celebraron un acuerdo sobre nuevas normas para facilitar las fusiones, escisiones o traslados de sedes sociales en el mercado único. Según la Comisión, las normas “incluyen salvaguardias sólidas para empleados (…) que garantizarán que estas operaciones transfronterizas no puedan utilizarse indebidamente con fines fraudulentos o abusivos” (véase el comunicado). El acuerdo todavía debe ser aprobado oficialmente por el Parlamento Europeo y el Consejo.

• Coordinación de los sistemas de seguridad social: El Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión llegaron a un acuerdo el pasado 19 de marzo relativo a la revisión del reglamento de coordinación de los sistemas de seguridad social (véase el comunicado de la Comisión y del Parlamento). Entre las novedades destacan las disposiciones destinadas a impedir los fraudes en materia de desplazamiento de los trabajadores (solamente se podrá desplazar a otro Estado miembro a aquellos trabajadores que hayan estado asegurados al menos durante tres meses su país de origen) así como una serie de reglas más flexibles para los solicitantes de trabajo quienes podrán, por ejemplo, recibir su subsidio durante seis meses y no durante los tres meses de la actualidad cuando busquen trabajo en otro Estado miembro. El acuerdo todavía no ha sido aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo.

• Hacia un referéndum sobre las pensiones : las tres organizaciones sindicales más importantes del país están recogiendo firmas para lanzar una iniciativa con vistas a celebrar un referéndum sobre la reforma de las pensiones. Para ello, deberán conseguir la firma del 10% del electorado, es decir, casi 350.000 personas. El objetivo es cuestionar la reforma que se aprobó en diciembre y que pretende aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años y reducir la cuantía de la jubilación anticipada. La iniciativa apoyada por los sindicatos propone que una persona asegurada tenga derecho a una pensión al cumplir 65 años y después de haber cotizado durante 15 años. También sería posible jubilarse a los 60 años habiendo cotizado 35 años. Se reducirá también la sanción por jubilación anticipada y se aplazará la igualación de la edad de jubilación de mujeres y hombres.

Denuncia a la Comisión en relación con el desplazamiento de los trabajadores : El 1 de febrero, la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM) presentó una denuncia ante la Comisión Europea contra Eslovenia por la concesión de ayudas estatales ilegales a sus empresas cuando desplazan a trabajadores al extranjero. Se trata de la primera vez que una federación sindical europea plantea la cuestión de las ayudas estatales ilegales (utilizada por la Comisión en el ámbito fiscal para obligar a Apple a devolver las “ayudas” concedidas por Irlanda) para denunciar a los Estados que hacen la vista gorda o fomentan las prácticas abusivas en materia de desplazamiento de trabajadores. Según Susanne Wixforth, del departamento europeo e internacional de la Confederación Sindical Alemana DGB, esta iniciativa debería ser emulada. Según la FETCM, las empresas eslovenas que desplazan trabajadores se benefician de reducciones considerables de las cotizaciones a la seguridad social y esto les permite ofrecer sus servicios en el extranjero a precios más bajos que en su propio país. Esta ventaja podría suponer unos 500 euros por trabajador y mes en función del país de destino.
> Para más información: comunicado de prensa elaborado por la FETBB.

• Denunciantes : La ley para la protección de los denunciantes aprobada en 2017 entró en vigor el pasado 1 de enero. Se trata de la primera ley sobre la materia que permite denunciar más fácilmente la corrupción en el lugar de trabajo. Tanto es así que desde principios de año se han registrado un total de 14 denuncias y cinco personas han recibido el estatus de denunciantes. La ley ha sido criticada por fuentes internacionales al haber previsto la posibilidad de pagar a los denunciantes a cambio de la información facilitada.

Brexit : En virtud de una modificación suscrita el día 15 de marzo sobre su acuerdo de comité de empresa europeo, la dirección del grupo químico belga Solvay y su comité de empresa europeo acordaron mantener los dos puestos de los representantes de los trabajadores británicos en el comité y con los mismos derechos que el resto de miembros. Además, en el caso de que el Reino Unido saliera de la UE, el país seguiría cubierto por el acuerdo y el comité de empresa europeo seguirá encargándose de todas las cuestiones transnacionales relacionadas con el Reino Unido.

• Maquinistas ferroviarios: El comité de empresa europeo del grupo ferroviario francés SNCF ha creado, con el acuerdo de la dirección, un grupo de trabajo sobre los maquinistas ferroviarios para examinar sus condiciones de trabajo en Europa, su formación inicial y las cualificaciones necesarias, así como su evolución profesional.


• Elecciones europeas: El comité de empresa europeo del fabricante alemán de equipos de automoción ZF Friedrichshafen (146.000 trabajadores) aprobó una resolución, el pasado 7 de marzo, en la que se invitaba a todos los trabajadores a participar en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019 y a dar su voto a los candidatos comprometidos con una Europa social, justa y democrática.

> Para ir más lejos: en la página web de IR Share hemos publicado el acuerdo marco europeo sobre el trabajo del futuro que firmado el pasado 6 de marzo por Unilever (véase IR Notes 115, En portada) y el acuerdo sobre el comité de empresa europeo de Honda (en su última versión revisada en 2017).

El objetivo de esta nota no es influir sobre el voto del lector en las próximas elecciones europeas, sino ser parte de las iniciativas destinadas a abrir un debate sobre el futuro de la Unión Europea o presentar propuestas.

> En este número destacamos las iniciativas de los agentes sociales europeos (CES, Businesseurope y CEEP), que en el ámbito interprofesional han hecho un llamamiento a los ciudadanos por medio de una declaración conjunta para que vayan a votar a las elecciones europeas del próximo mes de mayo para pronunciarse sobre el futuro y defender la democracia, el crecimiento económico duradero y la justicia social. La Confederación Europea de Sindicatos presentó el pasado mes de febrero en todos los idiomas de la UE su programa para las elecciones europeas de 2019 en el que presentaba “la base de un nuevo contrato social”. Se trata de una iniciativa que podemos encontrar también en el seno de las federaciones sindicales europeas como IndustriAll Europe, que ha publicado su manifiesto para las elecciones europeas o en el seno de las organizaciones patronales como la Federación Europea de la Industria de la Construcción (Fiec), que ha publicado un manifiesto para el próximo mandato.