IR Notes

El pasado 17 de octubre se inauguró en Bruselas la nueva Autoridad Laboral Europea. Situada en los locales de la Comisión Europea, tan pronto como esté lista se trasladará a Bratislava (véase el comunicado de prensa, la capital eslovaca elegida para albergar su sede. Para 2024, se espera que cuente con 140 empleados. Su presupuesto se estima en 50 millones de euros. En un memorándum de preguntas y respuestas, la Comisión precisa el papel de la autoridad que ya tiene su sitio web. Deberá: 1º, facilitar el acceso a la información sobre derechos y obligaciones en los casos de movilidad transfronteriza; 2º, apoyar la coordinación entre los Estados miembros en relación con el cumplimiento transfronterizo de la legislación pertinente de la Unión; 3º, mediar entre las autoridades de los Estados miembros para resolver sus litigios transfronterizos. Sin embargo, a diferencia de la propuesta de la Comisión, no se le ha encomendado la tarea de “facilitar la búsqueda de soluciones en caso de perturbaciones del mercado de trabajo”, en particular en caso de reestructuración empresarial que implique a varios países. De conformidad con lo dispuesto en su Reglamento del 20 de junio de 2019, ni los trabajadores ni los empresarios pueden remitirse directamente a la Comisión en caso de conflicto sobre la aplicación del Derecho de la Unión. Este tipo de litigios sigue siendo competencia de los tribunales nacionales. A diferencia de otras autoridades, como la Autoridad Bancaria Europea, no dispone de ningún poder de sanción. Tampoco podrá decidir por sí sola llevar a cabo inspecciones en varios Estados miembros para luchar contra el fraude en el desplazamiento. Sólo puede actuar a petición de los Estados miembros. Cabe señalar que los interlocutores sociales cuentan con cuatro puestos en su Consejo de Administración (de un total de 34 miembros, incluidos 27 representantes de los Estados miembros) y diez puestos (de 11, incluido un representante de la Comisión) en el “Grupo de partes interesadas”, que desempeña una función consultiva. Por lo tanto, su influencia será real y tienen la clara intención de recurrir a la nueva autoridad. Así, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM) han anunciado que someterán a la autoridad “casos representativos de los frecuentes abusos sufridos por los trabajadores desplazados”, (véase el comunicado de la CES).

• Protección de los denunciantes : el pasado 7 de octubre, el Consejo adoptó formalmente la directiva relativa a la protección de los denunciantes (véase IR Notes 116). En breve se publicará en el BOUE. Los Estados miembros dispondrán de dos años para transponer las nuevas normas (véase el comunicado del Consejo).

Refuerzo de la Europa social : el pasado 10 de octubre, el Parlamento Europeo adoptó por amplia mayoría una decisión “sobre el empleo y las políticas sociales en la zona euro“. En esta decisión, los eurodiputados abordan algunas de las cuestiones incluidas en el mandato de los comisarios europeos, al tiempo que aclaran sus expectativas (véase el comunicado de prensa). Los diputados subrayan que “los objetivos sociales y económicos de la Unión deben tener un grado equivalente en prioridad y contar con recursos financieros garantizados en el próximo presupuesto”. A este respecto, las recomendaciones remitidas por el Consejo a los países “deberían estar en consonancia con los objetivos económicos, sociales y medioambientales de la Unión y reforzarlos, en lugar de contradecirlos”. En particular, los diputados piden a la Comisión que proponga: 1° un sistema europeo de seguro de desempleo “para proteger a los ciudadanos y reducir la presión sobre las finanzas públicas en caso de crisis externas”; 2° una “estrategia de lucha contra la pobreza” con la aplicación de una “garantía europea para la infancia”; 3° una política para “responder a las necesidades sociales de las personas que no pueden acceder al mercado de trabajo”; 4° “un instrumento jurídico que garantice a cada trabajador de la Unión un salario mínimo equitativo”; 5° una directiva sobre la transparencia salarial “para reducir cuanto antes las diferencias salariales entre hombres y mujeres”; 6° el establecimiento de “un derecho a la desconexión digital”; 7° “una estrategia de planificación a largo plazo para la integración de las minorías étnicas en el mercado laboral, con el fin de reducir el riesgo de exclusión”; 8° una acción para velar por la protección social de los trabajadores de la plataforma y garantizar todos sus derechos sociales y laborales, independientemente de su situación profesional, y ampliar la cobertura de los convenios colectivos a estos trabajadores”. En otras palabras, el Parlamento se posiciona claramente como la institución europea que recordará a los Estados miembros la dimensión social de la integración europea.

Sanciones por incumplimiento de las formalidades relativas al desplazamiento : el Tribunal de Justicia ha recordado que los Estados miembros deben velar por que se respete el principio de la libre prestación de servicios cuando se trate de limitar los abusos relacionados con el desplazamiento de trabajadores. Para realizar una reparación de emergencia, una empresa austriaca subcontrató parte del trabajo sucesivamente a dos empresas croatas. Durante una auditoría, las autoridades impusieron varias cuantiosas multas de más de 2 millones de euros a las dos empresas croatas y a sus directivos por incumplimiento en la presentación de los documentos salariales. El Tribunal consideró que el importe de las multas “no parece estar en consonancia con la gravedad de las infracciones sancionadas”. El Tribunal de Justicia señala que el cumplimiento podría garantizarse mediante “medidas menos restrictivas, como el establecimiento de multas más bajas o la imposición de un límite máximo a dichas multas, y sin que necesariamente se les impongan penas privativas de libertad alternativas” (TJUE, 12 de septiembre de 2019, asuntos adjuntos C‑64/18, C‑140/18, C‑146/18 y C‑148/18, Zoran Maksimovic).

Política industrial : en una conferencia conjunta celebrada el 9 de octubre, los empresarios y los sindicatos europeos solicitaron a la nueva Comisión Europea y al Parlamento Europeo la adopción de una estrategia industrial europea más proactiva y ambiciosa (véase el comunicado de prensa de la CES y de BusinessEurope). Este tema figuraba asimismo en el orden del día de la Cumbre Social Tripartita del 16 de octubre (véase la Declaración Conjunta).

• Agroalimentación: los interlocutores sociales del sector agroalimentario (EFFAT y FoodDrinkEurope) presentaron, el 15 de octubre, los resultados de su proyecto de diálogo social financiado por la UE, que explora los cambios actuales en el empleo y los retos relacionados con la digitalización (véase el comunicado de EFFAT y el informe).


• Seguros y banca: el pasado 7 de octubre, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) publicó los estudios de representatividad de los sectores de seguros y de banca, que permiten comprobar la representatividad de los interlocutores sociales en estos sectores, a petición de la Comisión Europea.


• Ferrocarriles: el 16 de octubre, los interlocutores sociales europeos en el sector ferroviario (CER y ETF) iniciaron negociaciones sobre un acuerdo europeo para promover el empleo de las mujeres en este sector (véase los comunicados de prensa de ETF y CER).

Regulación del transporte por carretera : el Gobierno ha encargado a un comité que prepare un informe sobre la introducción de un salario mínimo para los trabajadores móviles en el transporte de cabotaje por carretera para garantizar que reciban una remuneración en consonancia con los niveles salariales establecidos por los convenios colectivos daneses. Aunque el informe está previsto para diciembre, el 1 de noviembre entrará en vigor una normativa relativa a los conductores extranjeros de autobuses y autocares que realizan actividades de cabotaje en territorio danés. La Federación Europea de Sindicatos (EFFAT) ha acogido la noticia con satisfacción (véase el comunicado).

• Supresión de la responsabilidad solidaria de los comitentes: la responsabilidad solidaria de los comitentes, que podían desde una ley de 2018 ser declarados solidariamente responsables del pago de los salarios, las cotizaciones sociales y las indemnizaciones por despido a los empleados del contratista, ha sido suprimida por el artículo 117 de la ley 4623/7.8.2019. El concepto de responsabilidad solidaria en caso de subcontratación ya no se aplica.

> Ver más información sobre la evolución jurídica en los Estados miembros en los informes Flash sobre Derecho laboral de julio y agosto de 2019.

Incumplimiento del procedimiento de consulta : el tribunal británico encargado de examinar los litigios relativos a los comités de empresa europeos, el Comité Central de Arbitraje (CAC), condenó severamente a la empresa estadounidense Verizon, en una decisión de 9 de octubre, por el incumplimiento de las condiciones de su acuerdo sobre el comité de empresa europeo. Como parte de una reorganización que condujo a la eliminación de 216 puestos en Europa en un total de ocho países, la dirección de Verizon simplemente informó al comité restringido del CE europeo antes del anuncio oficial. Ahora bien, sin embargo, el acuerdo prevé una reunión no sólo informativa, sino también de consulta de un comité restringido ampliado a los representantes de los países afectados que forman parte del comité de empresa europeo. Al no responder a las peticiones del Secretario del CE europeo de convocar un comité restringido ampliado, la dirección fue condenada por el CAC por no haber respetado el procedimiento y a sufragar los gastos de los abogados en los que incurrió el CE europeo para defender sus intereses. “El comité de empresa europeo ha iniciado un nuevo procedimiento ante otro tribunal británico que deberá decidir si impone una multa de hasta 100.000 euros a la empresa”, explica Jean-Philippe Charpentier, secretario del CE europeo. El objetivo es mostrar a los empleados del grupo que la condena del CAC no es sólo simbólica. La decisión del CAC es importante porque el problema de la financiación de un procedimiento por un órgano representativo del personal que no dispone de su propio presupuesto se plantea habitualmente en caso de controversias.

Revisión de acuerdo : la dirección de Nexans (27.000 empleados) y los miembros de su CE europeo revisaron su acuerdo del 16 de julio de 2003, mediante una enmienda del 12 de febrero de 2019. El texto, que refuerza los recursos del comité de empresa europeo, especifica su relación con las autoridades nacionales. “Con el fin de garantizar un efecto útil en el proceso”, los procedimientos de información y consulta a nivel de los órganos representativos de los Estados afectados por un proyecto que requiera la consulta al comité de empresa europeo “no podrán iniciarse antes de que se inicie el procedimiento a su nivel”. Por lo tanto, las instituciones interesadas “no podrán ser convocadas antes de que se convoque el comité de empresa europeo, ni celebrar su primera reunión antes de que el comité de empresa europeo celebre su primera reunión.”

• Brexit: el 26 de junio, la dirección del Grupo Veolia y los miembros de su CE europeo firmaron una enmienda para añadir una disposición al acuerdo constitutivo para mantener al Reino Unido dentro del ámbito del acuerdo en caso de salida de la UE. Los representantes británicos en el comité de empresa europeo disfrutan de los mismos derechos, prerrogativas y protección que los demás miembros del comité. El 19 de diciembre de 2018, la dirección de Suez y su CE europeo firmaron una enmienda con el mismo objetivo, pero sin dirigirse específicamente al Reino Unido.


• Cierre impugnado: el comité restringido del CE europeo de Michelin, reunido el pasado 9 de octubre en una reunión extraordinaria para anunciar el cierre de la planta de Bamberg (Alemania), que emplea a 860 personas, denunció esta decisión en una declaración.

Derechos fundamentales : la multinacional belga Umicore (10.700 empleados), especializada en materiales, y la federación sindical internacional IndustriAll Global Union renovaron el 17 de octubre, por tercera vez, su acuerdo marco global sobre desarrollo sostenible. Incluye nuevas disposiciones sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo, seguridad y salud en el trabajo y cuestiones medioambientales, así como disposiciones sobre la debida diligencia en la cadena de suministro y la transformación digital (véanse los comunicados de prensa de IndustriAll y Umicore (en neerlandés).
> Ver también: el grupo textil español Inditex (174.000 empleados) y la federación sindical internacional UNI Europa celebraron el pasado 3 de octubre el décimo aniversario de su acuerdo marco internacional (véase el comunicado de Uni Global Union).

• Acoso sexual: la dirección del grupo cooperativo lácteo danés Arla (19.190 empleados) y la Federación Sindical Internacional UITA firmaron el 7 de octubre un acuerdo sobre acoso sexual. (Ver el comunicado de la UITA).

Consejo sindical mundial : el Consejo sindical mundial del Grupo sueco SKF (47.000 empleados) reunió a más de 40 delegados de 20 países entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre. Los participantes debatieron sobre la digitalización y la salud y la seguridad. Asimismo debatieron toda una jornada con la dirección sobre las perspectivas, las estrategias y las actividades del grupo (véase el comunicado de IndustriAll Global Union).