IR Notes

El abandono del uso de combustibles fósiles para producir energía forma parte de las medidas para reducir el impacto climático de la actividad humana. Los acuerdos negociados entre los agentes sociales durante los últimos años preconfiguran negociaciones futuras que afectarán a otros sectores de la actividad. Así, en octubre de 2018, el gobierno español y las federaciones sindicales UGT Fica y CC.OO. Industria firmaron un acuerdo relativo a una transición justa en las minas de hulla y de carbón abocadas al cierre de acuerdo con la decisión de la UE (véase el comunicado de UGT Fica y de CC.OO. Industria). El acuerdo forma parte de un enfoque de transición justa, que ha sido acogido con beneplácito por IndustriAll Global Union y IndustriAll Europe. El pasado 3 de julio, el Parlamento alemán aprobó la ley de salida del carbón para 2038. Esta ley prevé el establecimiento de un fondo de compensación para los trabajadores de 58 años o más que pierdan su empleo en las regiones afectadas por el cierre de las centrales eléctricas y las minas de lignito. Este fondo, financiado por el Gobierno Federal, proporciona un subsidio de transición a los trabajadores afectados durante un máximo de cinco años hasta la jubilación y está dotado con unos 5.000 millones de euros. A fin de beneficiarse del apoyo financiero previsto por la ley, varias empresas han negociado acuerdos para asegurar los puestos de trabajo de estos trabajadores y fomentar las salidas voluntarias entre los trabajadores de más edad. El 28 de agosto, la dirección del grupo energético RWE suscribió un acuerdo con los sindicatos IG BCE y Ver.di que se aplicará hasta finales de 2043 a sus 10.000 trabajadores. El acuerdo prohíbe los despidos forzosos. En él se prevé un plan de despido voluntario con una compensación diferenciada según la edad, la antigüedad y los factores sociales; la utilización de diversas formas de reducción de la jornada laboral; la utilización de la formación con mantenimiento del salario; la creación de una empresa de transferencia (para preparar la redistribución externa) a la que se puede transferir un empleado durante un año al 80% del último salario bruto; un aumento del subsidio de transición financiado por el fondo de ajuste para cubrir al menos el 80% del último sueldo neto, o la asignación de una prima única de 12.000 euros brutos para quienes acepten entrar en este plan dentro de los 15 días siguientes a la firma del acuerdo (véase el comunicado de Ver.di). En Onyx o Uniper (4.000 trabajadores en Alemania) se firmó también un acuerdo similar (véase el comunicado de Ver.di). Se trata de textos que deben ser examinados detenidamente para buscar un equilibrio entre todos los intereses en juego. Sin embargo, estos acuerdos también deben alertar a los responsables de la toma de decisiones: lo que es socialmente aceptable es aceptable porque el Estado interviene en la financiación de los planes. Sin fondos suficientes, la transición ecológica no puede ser social.

Publicación del “paquete de movilidad” : El 31 de julio se publicaron en el DOUE tres textos destinados a mejorar las condiciones de trabajo de los camioneros y a reducir el riesgo de competencia desleal en el transporte por carretera (véase IR Notes n° 146, En portada). Estos textos son: 1) Reglamento nº 2020/1054 de 15 de julio de 2020 sobre los requisitos mínimos relativos a los tiempos de conducción máximos diarios y semanales y a los períodos de descanso mínimos diarios y semanales, así como a la localización por medio de tacógrafos. 2) Reglamento nº 2020/1055 de 15 de julio de 2020 sobre la adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera. 3) Directiva nº 2020/1057 de 15 de julio de 2020 por la que se establecen normas específicas relativas al desplazamiento de conductores en el sector del transporte por carretera.

• Libre circulación en tiempos del Covid-19 : El 4 de septiembre la Comisión Europea aprobó una propuesta de recomendación del Consejo para garantizar que todas las medidas adoptadas por los Estados miembros que restringen la libre circulación debido a la pandemia de coronavirus se coordinen y se comuniquen claramente a nivel de la UE (véase el comunicado).

Iniciativa Sure : El 24 de agosto, la Comisión Europea presentó al Consejo propuestas de decisiones para conceder un apoyo financiero de 81.400 millones de euros (del total de 100.000 millones presupuestados) a 15 Estados miembros en el marco del instrumento Sure, el mecanismo temporal que permite a los Estados miembros acceder a préstamos a tipos de interés ventajosos para apoyar o establecer acuerdos de reducción de jornada laboral (véase el comunicado).

• Derecho a la desconexión: En una propuesta de resolución presentada el pasado 28 de julio, el eurodiputado Alex Agius Saliba (S & D) pidió a la Comisión Europea que adopte una iniciativa para introducir un derecho a la desconexión para los trabajadores europeos. Si el texto se aprueba en el pleno, la Comisión deberá especificar si tiene la intención de tomar esa iniciativa o justificar por qué no tiene la intención de seguir adelante con ella.


• Limpieza industrial: En su reunión plenaria del 16 al 18 de septiembre, el Consejo Económico y Social europeo deberá adoptar un dictamen de iniciativa sobre la “contratación pública como instrumento para crear valor y dignidad en el trabajo de los servicios de limpieza y mantenimiento”.

Salario mínimo : El Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos ha sometido a votación de sus afiliados su proyecto de respuesta a la segunda consulta iniciada por la Comisión Europea sobre el establecimiento de un salario mínimo justo en la Unión Europea. El texto ha sido aprobado por una gran mayoría de los afiliados (85% a favor, 11% en contra y 4 abstenciones) y pide en particular que los Estados miembros no puedan fijar su salario mínimo legal por debajo de un determinado umbral digno y que se ponga fin a las prácticas desleales como las deducciones de las empresas por el salario mínimo legal, pero también que se promueva el derecho a la negociación colectiva en cada Estado miembro. La CES, que no oculta la falta de unanimidad sobre este texto dentro de la propia organización, ha lanzado al mismo tiempo un plan de acción para apoyar sus reivindicaciones ante las instituciones europeas y los Estados miembros pidiendo el apoyo de todos sus afiliados.

• Directiva de “reestructuración”: En un artículo publicado en Social Europe, las dos secretarias generales adjuntas de la federación sindical europea IndustriAll Europe, Isabelle Barthès y Judith Kirton-Darling, “dan la alarma para advertir a los responsables de la toma de decisiones y a los políticos sobre la próxima oleada de reestructuraciones empresariales”. A modo de respuesta, sacan de nuevo a la luz la resolución adoptada en enero de 2013 por el Parlamento Europeo, a iniciativa del eurodiputado español Alejandro Cercas, con el apoyo del difunto Fernando Vasquez, en la que se pide a la Comisión Europea que presente “una propuesta de acto legislativo sobre la información y la consulta de los trabajadores y la anticipación y gestión de las reestructuraciones”. Para las autoras, es el momento de reanudar este trabajo y de actuar antes del tsunami de las futuras reestructuraciones.

Uso del velo islámico : El Tribunal Federal de Trabajo emitió un fallo sobre el uso del velo en el trabajo. El caso se refería a una informática que se presentaba como musulmana devota y llevaba pañuelo en la cabeza como expresión de sus creencias religiosas. La interesada solicitó un puesto de maestra en una escuela pública en el Land de Berlín. En la entrevista para el puesto de trabajo, una trabajadora de la administración preguntó a la interesada sobre su posición con respecto a la llamada Ley de Neutralidad de Berlín, que generalmente prohíbe al profesorado llevar ropa con connotaciones religiosas en el desarrollo de sus funciones. La demandante declaró entonces que no se quitaría el pañuelo en clase. Después de que su solicitud fuera rechazada, la interesada consideró que el Land la había discriminado por su religión, en violación de la legislación alemana que prohíbe la discriminación (AGG). El Tribunal Federal sostuvo que la Ley de Neutralidad introduce una prohibición general que no puede satisfacer ni los requisitos de la AGG y la Constitución ni el derecho de la UE y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La especialista informática fue efectivamente discriminada y tiene derecho a una indemnización. Para el tribunal, la prohibición de llevar un pañuelo islámico únicamente se aplica en caso de que exista un peligro concreto para la paz en la escuela o la neutralidad del Estado y este hecho no ha podido ser demostrado por las autoridades en este caso en concreto. Por tanto, esta prohibición general constituye una violación desproporcionada de la libertad religiosa (Bundesarbeitsgericht, sentencia de 27 de agosto de 2020 – 8 AZR 62/1, véase el comunicado).

Modificación del dispositivo de jornada parcial : Los agentes sociales austriacos (ÖGB, WKO) y el gobierno del país suscribieron a finales de julio un nuevo acuerdo de trabajo a corto plazo que permanecerá en vigor hasta el 30 de marzo de 2021. La jornada laboral puede reducirse en un 30-80%. Los trabajadores recibirán el 80%, el 85% o incluso el 90% de su salario neto, dependiendo de su nivel de salario bruto. Los agentes sociales han dejado claro que comprobarán mucho más detenidamente si la empresa que solicita el acceso a este plan tiene realmente una justificación económica. Según el nuevo plan, los trabajadores que trabajan a jornada reducida deben estar dispuestos a recibir formación adicional. La confederación sindical ÖGB también ha propuesto un modelo de horario de trabajo “90 por 80” en virtud del cual si cuatro trabajadores reducen voluntariamente su jornada laboral al 80% (de 40 a 32 horas), se puede contratar a una quinta persona para una semana laboral de 32 horas. El salario únicamente puede reducirse al 90% y la diferencia debe ser cubierta por el servicio público de empleo (véase el artículo en Kompetenz). La propuesta ha levantado la hostilidad de la patronal y el gobierno todavía no se ha pronunciado.
> Para saber más: Vídeo de la conferencia de prensa organizada por la ÖGB.

Dictamen favorable para una adquisición : El comité de empresa europeo del grupo canadiense Bombardier adoptó el pasado 28 de agosto un dictamen positivo sobre la adquisición de Bombardier Transportation, la rama de transporte de Bombardier, por parte del Grupo Alstom. La Comisión Europea autorizó la adquisición propuesta el 31 de julio. En su opinión, el comité de empresa europeo se mostró satisfecho con todo el proceso y con la calidad de “la información compartida por la dirección con el comité selecto, los expertos y el comité de empresa europeo”. El comité de empresa europeo celebró una serie de reuniones durante todo el proceso y se reunió también con la dirección de Alstom y con representantes del foro europeo del grupo Alstom. El comité selecto se reunió semanalmente con los expertos de Syndex para discutir la información obtenida en detalle. En cuanto al fondo, la oferta de Alstom se presenta como “la mejor solución” debido al bajo nivel de duplicidad entre las producciones, el carácter complementario de las tecnologías utilizadas y la sólida salud financiera del comprador. Preocupado por las respuestas a las objeciones de la Comisión, que se refieren a tres actividades, el comité de empresa europeo obtuvo de la dirección la creación de tres grupos de trabajo específicos. El comité apunta también que la adquisición generará necesariamente una reducción de puestos de trabajo, en particular en las funciones de apoyo. Por consiguiente, reitera su petición a la dirección de Alstom de que garantice que el proceso de integración se llevará a cabo sin recurrir a despidos forzosos o al cierre de instalaciones.

Cumplimiento del principio del antes y el después : En una sentencia del 18 de agosto, el Tribunal Federal de Trabajo de Alemania planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE sobre la posibilidad de que los sindicatos IG-Metall y Ver.di designaran cada uno a un sindicalista ajeno a la empresa para formar parte del consejo de supervisión del grupo SAP SE como representante de los trabajadores. Según el Tribunal Federal, en el caso de la constitución de una sociedad europea (SE) por transformación de una sociedad anónima sujeta a gestión conjunta, el párrafo 6 del artículo 21 de la ley alemana sobre la participación de los trabajadores en las sociedades europeas establece que en el acuerdo sobre la participación de los trabajadores en la sociedad europea debe garantizarse un procedimiento de selección separado para los representantes de los trabajadores en el consejo de supervisión propuesto por los sindicatos (véase el comunicado). Sin embargo, una disposición del acuerdo de 2014 entre la dirección de SAP y el grupo de negociación permite reducir el número de directores de 18 a 12, al tiempo que se elimina el derecho de los sindicatos a nombrar dos representantes. SAP cree que está en su derecho, en particular bajo el principio de autonomía de las partes, de negociar acuerdos sobre la participación de los empleados en la sociedad europea. Sin embargo, el Tribunal Federal considera que esta norma de designación sindical debería haberse respetado y pide al Tribunal de Justicia de la UE que verifique la compatibilidad de la legislación alemana con el párrafo 4 del artículo 4 de la Directiva 2001/86, de 8 de octubre de 2001. Esta directiva establece que en el caso de una sociedad europea creada por transformación, el acuerdo sobre la participación de los trabajadores prevé, para todos los elementos relativos a la participación de los trabajadores, la aplicación del principio “antes-después”, es decir, el acuerdo debe prever un nivel al menos equivalente al existente en la empresa que se va a transformar en una sociedad europea. La decisión ha sido bien acogida tanto por IG Metall (véase el comunicado) como por Ver.di (véase el comunicado).
> Para saber más: Véase el comunicado de prensa de la Fundación Hans Böckler y un estudio publicado recientemente por la Fundación sobre las diversas estrategias que se han puesto en práctica por parte de empresas alemanas para librarse de la cogestión en caso de transformación en sociedad europea (véase el comunicado).

Crisis del Covid-19 : La dirección del grupo alimentario Danone y la federación sindical internacional UITA se comprometieron el 3 de agosto a iniciar negociaciones sobre medidas de apoyo a los trabajadores y a mitigar las consecuencias negativas de la pandemia del Covid-19. La declaración conjunta establece que todos los acuerdos deberán centrarse en la identificación y protección de los trabajadores más vulnerables. Además, deberá darse prioridad a la redistribución de los trabajadores dentro de la empresa mediante la capacitación. Durante estos cursos de formación, que podrían durar hasta dos años, Danone se aseguraría de que los trabajadores conservarán sus contratos de trabajo, sus salarios y las prestaciones correspondientes (véase el comunicado de la UITA).