IR Notes

El pasado 16 de diciembre el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un proyecto de reglamento por el que se modifica el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en favor de los trabajadores despedidos (véase European Globalisation Adjustment Fund). El fondo tiene por objeto prestar apoyo financiero en caso de reestructuraciones a gran escala para ayudar a volver a trabajar a los trabajadores y a los autónomos que pierdan su empleo. La ayuda debe ser solicitada a la Comisión Europea por un Estado miembro. El dinero no se paga directamente a los trabajadores afectados, sino que se utiliza para financiar programas como los de capacitación, nueva formación y creación de empresas. De este modo, el fondo permite complementar las medidas aplicadas a nivel nacional, por la empresa o empresas que sean objeto de reestructuraciones o por los poderes públicos y a fin de apoyar a los trabajadores en su readaptación. Las modificaciones introducidas por el futuro Reglamento deberían facilitar el recurso a este fondo que, hasta ahora, ha sido infrautilizado por los Estados miembros: 1) El principal criterio para poner en marcha el fondo es el despido de al menos 200 trabajadores, umbral inferior al actual de 500 despidos, lo que permitirá aumentar el número de beneficiarios. 2) El fondo podrá intervenir para cubrir hasta el 85% de los gastos a favor de los trabajadores, lo que corresponde a la tasa más alta de financiación del Fondo Social Europeo + (FSE +). Esto facilitará el uso del FEAG en las regiones menos desarrolladas. La tasa mínima de cofinanciación es del 60%. 3) Cualquier razón para la reestructuración, incluyendo los efectos económicos de la crisis de Covid-19, la descarbonización y la automatización, puede justificar el apoyo por lo que se va más allá de las razones aceptadas hoy día relacionadas con los cambios en la estructura del comercio mundial o las consecuencias de la crisis financiera y económica. Se recurrirá por tanto con más frecuencia a este fondo, símbolo de la solidaridad europea para los trabajadores que pierden su empleo. Sin embargo, su presupuesto anual cambia relativamente poco y pasa de 150 millones anuales a 186 millones. Poco conocido, el fondo nunca ha utilizado toda su línea de presupuesto. Por ejemplo, según el informe de actividad publicado en 2019, el fondo aceptó 13 solicitudes de ayuda en 2017 y 2018 por un total de 37,8 millones de euros (beneficiando a casi 13.000 trabajadores). Se beneficia por tanto en ser más conocido, sobre todo en un contexto de aceleración de las reestructuraciones y en la medida en que la ayuda mejora la atención de los trabajadores que pierden su empleo. Los representantes de los trabajadores, incluidos los comités de empresa europeos, pueden movilizarse útilmente para que los poderes públicos interesados se comprometan a presentar expedientes de ayuda. El Reglamento todavía tiene que ser aprobado formalmente por el Consejo y el Parlamento antes de su publicación y antes de que entre en vigor (véase el comunicado del Consejo y de la Comisión). Podrá encargarse de las solicitudes introducidas a partir del 1 de enero de 2021.

• Convenios colectivos para los trabajadores autónomos : La Comisión Europea ha publicado un primer análisis de impacto destinado a conciliar la posibilidad de que los trabajadores autónomos, en particular los trabajadores de plataformas, puedan suscribir convenios colectivos sin que dichos convenios puedan considerarse ilegales. Las partes interesadas podrán presentar observaciones hasta el 3 de febrero de 2021.

Presidencia portuguesa de la UE : Portugal, que asumió la presidencia de turno del Consejo el 1 de enero (véase la página web de la presidencia), tiene la intención de fomentar la confianza en el modelo social europeo. La Presidencia organizará una Cumbre Social Europea en mayo de 2021 en la ciudad de Oporto que, tal como subraya el programa de trabajo de la presidencia (PT), dará un impulso político a la puesta en marcha del Pilar Europeo de los Derechos Sociales y su plan de acción, destacando su papel central en la recuperación europea y en la adaptación a las transiciones climáticas, digitales y demográficas”. Portugal quiere llegar a un consenso sobre la directiva relativa a los salarios mínimos adecuados y da “prioridad” a la nueva estrategia europea sobre la salud y la seguridad en el trabajo. Prestará “especial atención” a “las medidas vinculantes sobre la transparencia de los salarios y la propuesta de directiva sobre un mejor equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas”. La Presidencia organizará una conferencia en abril sobre la importancia de combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y también quiere desbloquear las negociaciones entre las instituciones de la UE sobre la revisión del reglamento de coordinación de los sistemas de seguridad social.

Nueva agenda social europea : El Parlamento Europeo estableció sus prioridades en una resolución sobre “una Europa social fuerte para unas transiciones justas” aprobada por una abrumadora mayoría el pasado 17 de diciembre. Preparada por dos figuras destacadas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento, Agnes Jongerius (S&D) y Dennis Radtke (PPE), la resolución pone de relieve que los eurodiputados defenderán las posiciones a favor del fortalecimiento de la Europa social a lo largo de su mandato. Los eurodiputados desean que la próxima cumbre social europea prevista para el mes de mayo de 2021 en Oporto y bajo la presidencia portuguesa de la UE se convierta en la ocasión para diseñar una agenda política ambiciosa con objetivos e indicadores de sostenibilidad social identificables, viables, sostenibles, claros y obligatorios. Los eurodiputados piden a la Comisión y a los Estados miembros por ejemplo que reduzcan a la mitad el desempleo juvenil para 2030, que eliminen la brecha salarial entre hombres y mujeres (actualmente del 16%) y que se comprometan a garantizar que el 90% de los trabajadores queden cubiertos por un convenio colectivo. En cuanto a la democracia en el trabajo, las peticiones son exigentes habida cuenta de que los representantes electos piden: 1) Una nueva directiva marco sobre la información, la consulta y la participación de los trabajadores que incluiría, en particular, las cadenas de subcontratación y las franquicias. Se trata de establecer “unas normas mínimas, entre otras, sobre la anticipación del cambio y la reestructuración”. 2) Una revisión de “la Directiva sobre la constitución de un comité de empresa europeo, al objeto de garantizar, entre otras cosas, su aplicación adecuada, el acceso a la justicia y unas sanciones efectivas por violación de las normas” garantizando un “proceso transnacional de información y de consulta que se lleve a cabo adecuadamente y se complete antes de tomar ninguna decisión. 3) Un objetivo de “al menos el 80 % de las empresas cubiertas por acuerdos de gobernanza empresarial sostenibles de aquí a 2030, estableciendo estrategias convenidas con los trabajadores con el fin de influir positivamente en el desarrollo medioambiental, social y económico […]”. 4) Una directiva vinculante sobre diligencia debida, derechos humanos y conducta empresarial responsable […]” (véase el comunicado).

Acuerdo global de inversiones con China : El 30 de diciembre la Unión Europea y China finalizaron las negociaciones relativas a un acuerdo global sobre las inversiones (véase el comunicado de la Comisión, y la ficha de presentación del acuerdo). Ambas partes deben ahora finalizar el texto del acuerdo, que todavía no se ha hecho público. El texto se presentará a continuación al Consejo y al Parlamento Europeo para su aprobación. El texto prevé “compromisos sobre el respeto de los principios fundamentales de la OIT y la aplicación efectiva de los convenios de la OIT ratificados” así como un “compromiso específico sobre la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT relativos al trabajo forzado”. Queda por ver si estos compromisos convencerán al Parlamento Europeo, que el pasado 17 de diciembre de 2020 aprobó una resolución sobre el trabajo forzado y la situación de la etnia de los uigures. Los eurodiputados piden “al gobierno chino que ratifique y aplique el convenio nº 29 de la OIT sobre el trabajo forzado, el nº 105 sobre la abolición del trabajo forzado, el nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva”. También piden a las empresas “que evalúen sus compromisos en Xinjiang, que ejerzan su responsabilidad social empresarial realizando auditorías independientes” sobre “el respeto de los derechos humanos en todas sus cadenas de suministro y que pongan fin a las relaciones comerciales” en caso de que fuera necesario.

Gobernanza empresarial y directiva de comité de empresa europeo : El pasado 17 de diciembre el Parlamento Europeo aprobó una resolución “sobre la gobernanza empresarial sostenible” por una escasa mayoría. El texto aboga por la creación de normas europeas claras para la elaboración de informes medioambientales, sociales y de gobernanza para las empresas”, tal como destaca el ponente (véase el comunicado). Los diputados celebran el compromiso de la Comisión Europea de revisar la Directiva sobre la presentación de información no financiera en 2021, pero reiteran su llamamiento para que se amplíe su ámbito de aplicación a todas las grandes empresas que cotizan y no cotizan en bolsa establecidas en la UE e incluyendo las empresas de terceros países que operan en la Unión. El Parlamento especifica que los representantes de los trabajadores deben participar en la definición del proceso de divulgación de información no financiera y en la verificación de la información, en particular en lo que respecta a los objetivos de sostenibilidad social y las cuestiones relativas a la cadena de suministro y producción, incluidas la contratación externa y la subcontratación. Los eurodiputados subrayan también la necesidad de implicar más a los trabajadores en los procesos de toma de decisiones de las empresas para integrar mejor los objetivos y los impactos sociales y ambientales a largo plazo. A tal fin, piden a la Comisión que examine la posibilidad de revisar la Directiva sobre los comités de empresa europeos y de establecer un nuevo marco para informar, consultar y hacer participar a los trabajadores en las empresas europeas.

Desplazamiento de trabajadores de agencias de trabajo temporal : El Tribunal de Justicia se ocupa de un caso delicado relativo al desplazamiento de trabajadores de agencias de trabajo temporal por parte de una agencia de empleo temporal búlgara (ETT) para un cliente en Alemania. La autoridad búlgara encargada de expedir un certificado A1 a los trabajadores desplazados para justificar su afiliación a la seguridad social búlgara se negó a expedir dichos certificados a la ETT alegando que no realizaba “actividades significativas” en el territorio búlgaro, por lo que inhabilitaba a la empresa a desplazar a los trabajadores. La Comisión Europea considera que para poder destinar trabajadores temporales basta con que las ETT tengan empleados que trabajen en el Estado de origen y que contraten allí a trabajadores que se pondrán temporalmente a disposición de las empresas usuarias. Una vez cumplida esta condición, nada impide que las ETT contraten trabajadores para ser destinados únicamente a empresas usuarias establecidas en otros Estados miembros. Por su parte, los gobiernos de Bélgica, Bulgaria, Estonia, Francia, Polonia y Finlandia consideran que una agencia debe llevar a cabo una parte importante de sus actividades de puesta a disposición de personal a las empresas establecidas en el Estado de origen, en este caso Bulgaria. El objetivo es evitar una forma de dumping social mediante la creación de “empresas buzón” en países con bajos costos sociales a fin de enviar trabajadores a países con costos laborales más elevados. En sus conclusiones (TJUE, concl., 10 de diciembre de 2020, asunto C-784/19, Team Power Europe), el Abogado General del TJUE se muestra a favor de la posición de la Comisión y considera que sería una restricción injustificada exigir a las ETT que lleven a cabo una actividad significativa en el país de origen para poder enviar empleados a otro Estado miembro. Queda por ver qué decidirá el Tribunal de Justicia en este caso, lo cual preocupa al movimiento sindical y, en particular, a IndustriAll Europe y a la FETBB (véase el comunicado común).

• Sector ferroviario : Los agentes sociales europeos del sector ferroviario (CER y ETF) aprobaron el pasado 3 de diciembre una declaración sobre la pandemia de Covid-19, el rendimiento excepcional de los trabajadores y las medidas necesarias para el futuro del ferrocarril. En su declaración, los agentes manifiestan su intención de concertar un acuerdo autónomo en 2021 sobre la promoción y la integración de la mujer en el sector ferroviario y de abordar las cuestiones de la empleabilidad y la futura seguridad de las profesiones en el contexto de la digitalización y la automatización.

Fortalecimiento de los comités de empresa : El Ministro Federal de Trabajo Hubertus Heil (SPD) ha presentado un proyecto de ley para fortalecer los comités de empresa (Betriebsrätestärkungsgesetz). El texto contiene varias medidas destinadas a promover el establecimiento de comités de empresa y a reforzar sus competencias. Por ejemplo, el texto otorga una mayor protección contra el despido a los trabajadores que se comprometen a crear un comité de empresa. En la actualidad, solamente los miembros del comité están protegidos al tiempo que los trabajadores que toman la iniciativa de crear un comité no están protegidos en absoluto. En lo que respecta a la digitalización y a las condiciones de implantación del teletrabajo (“la oficina en casa”), el comité de empresa tendría un derecho de cogestión que obligaría a las empresas a llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Cuando se le consulte sobre el diseño de sistemas de inteligencia artificial que las empresas deseen introducir, se debería permitir que el comité recurra a sus propios expertos y su remuneración debería correr a cargo de las empresas. El texto también extrae lecciones de la crisis de Covid-19 y ahora se autorizan las reuniones por videoconferencia y la firma electrónica cuando se concluyen acuerdos de empresa (véase el análisis de la revista arbrb y de Bund-Verlag y el comunicado de la federación sindical Verdi).

Cuota de mujeres : El 6 de enero, el gobierno adoptó un proyecto de ley para obligar a las empresas a aumentar la presencia de mujeres en sus órganos de dirección. Las grandes empresas que cotizan en bolsa y las que están sujetas a la legislación de cogestión, así como las grandes empresas controladas por el Estado, estarán obligadas a tener un mínimo del 30% de mujeres en sus órganos de dirección. El texto no establece un límite de tiempo para llegar a esta cuota. Esta ley constituye un pequeño paso en la dirección correcta, ya que Alemania va muy a la zaga de otros países en la feminización de los órganos de gestión de sus empresas. Esto ha llevado al gobierno a aceptar a regañadientes la introducción de una cuota. Esta opción había sido rechazada durante mucho tiempo por el gobierno, que se había basado en un enfoque voluntario por parte de las empresas, pero los avances en este ámbito en los últimos años se habían considerado demasiado escasos.

Algoritmo discriminatorio : El pasado 31 de diciembre de 2020 el Tribunal de Bolonia dictaminó que las condiciones de acceso a la plataforma digital de reparto de comidas de Deliveroo eran discriminatorias. En su fallo, el tribunal confirmó la denuncia presentada por tres organizaciones sindicales sectoriales afiliadas a la CGIL (Filt, Filcams y Nidl) contra Deliveroo confirmando el carácter discriminatorio del algoritmo que fija las condiciones de acceso de los “riders” a la plataforma digital. El juez dictaminó que el sistema de reserva utilizado daba prioridad a los repartidores con mejor reputación y penalizaba a los que se ausentaban del trabajo, por ejemplo para participar en huelgas o para cuidar a un hijo y sin tener en cuenta los motivos de la ausencia. Los repartidores que rechazaron entregas porque se declararon en huelga vieron sus calificaciones mermadas y esto les privó de acceder a las franjas horarias más codiciadas por sus colegas que, con mejores calificaciones, recibían prioridad para reservar esas franjas horarias de trabajo. Este dictamen es el primero de su tipo en Europa y por él Deliveroo ha sido condenada a pagar 50.000 euros en concepto de daños y perjuicios a las tres organizaciones sindicales, sin que un repartidor o un sindicato establecieran ningún perjuicio real. El objetivo del juez fue pronunciar una sanción disuasoria más allá del daño real. La sentencia exige también que se elimine el carácter discriminatorio del algoritmo y que la sentencia se publique en un diario de tirada nacional. A principios de noviembre, casi dos meses antes de la sentencia, Deliveroo ya había corregido el funcionamiento de su plataforma eliminando este algoritmo.

• Salario mínimo y fiscalidad : El pasado 1 de enero de 2021 entraron en vigor dos cambios relativos a los ingresos: En primer lugar, el salario mínimo mensual aumentó en 600 coronas (23 euros) hasta alcanzar las 15.200 coronas (579 euros). Esto equivale a 90,50 coronas (3,40 euros) por hora y al 42,4% del salario medio (en 2020 el salario mínimo equivalía al 40% del salario medio). El salario mínimo ha venido aumentando regularmente una vez al año desde 2015. Pero este último aumento del 4% es el más bajo de todo el período. En segundo lugar, el cálculo del impuesto sobre la renta de las personas físicas se ha modificado. A partir de ahora, el impuesto se aplicará únicamente sobre los salarios brutos y ya no sobre los salarios “superbrutos”, que también incluyen las cargas sociales pagadas por la empresa.

Transformación digital : La dirección del grupo textil español Inditex y su comité de empresa europeo aprobaron el pasado 21 de diciembre de 2020 una declaración conjunta relativa al plan estratégico de transformación digital. Mientras el grupo propietario de la marca Zara entre otras cerraba tiendas de forma masiva durante los periodos de confinamiento y la demanda de compras online se disparaba, “los representantes de los trabajadores del comité de empresa europeo de Inditex han estado trabajado con el gigante de la moda”, según la federación sindical europea UNI Europa, para aprobar esta declaración conjunta. En la declaración se subraya la prioridad de mantener el empleo a lo largo del proceso de transformación digital. En los casos en que los empleos de los trabajadores se vean afectados, en particular por el cierre de ciertas tiendas, la declaración prevé la participación de los sindicatos en su reclasificación mediante la creación de nuevos puestos en las cercanías. La declaración reconoce la necesidad de aportar una formación adecuada a los trabajadores cuyos puestos de trabajo se vean afectados por todos estos cambios (véase el comunicado de UNI Europa).

Ampliación de la baja por maternidad : El grupo químico belga Solvay ha ampliado la baja por maternidad de 14 a 16 semanas en todo el mundo a partir del 1 de enero de 2021 (véase Maternity leave). El permiso ahora también estará disponible para el co-progenitor, sin importar su género u orientación sexual y se aplicará también a los padres que adopten a un niño. El progenitor empleado por Solvay recibirá el 100% de su salario durante esta baja (véase el comunicado). En 2017, el grupo suscribió un acuerdo mundial sobre un pilar de protección de los trabajadores que preveía 14 semanas de baja por maternidad con un 100% de remuneración.