IR Notes

El pasado 8 de mayo, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros aprobaron en Oporto la “Declaración de Oporto”  reafirmando su “compromiso de trabajar en pro de una Europa social”. Sin embargo, algunos países nórdicos, que aún temen que la Unión Europea quiera cambiar su modelo social, tardaron en aceptar la expresión “Europa Social” y han preferido la expresión “continente de la cohesión social y la prosperidad”. Al final se han incluido los dos conceptos en la declaración. Así va Europa y sus laboriosos compromisos entre los 27 y sin incluir la noción de “igualdad de género”, que no acaba de gustar a Hungría y a Polonia. ¿Qué hay que aprender de esta cumbre? En primer lugar, es la primera vez en más de veinte años que la UE reafirma su dimensión social. Los representantes de los Estados miembros recordaron que “La dimensión social, el diálogo social y la participación activa de los interlocutores sociales siempre han sido el núcleo de una economía social de mercado altamente competitiva”. A continuación, los Veintisiete respaldaron la dimensión social de la nueva estrategia de la Unión Europea, compuesta por el plan de recuperación y el “plan verde”. En concreto, los Veintisiete validaron, por un lado, el plan de aplicación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales presentado por la Comisión Europea (véase IR Notes n° 159), y, por otro, los tres objetivos que se pretenden alcanzar de aquí a 2030: 1) Al menos el 78% de las personas de entre 20 y 64 años deberían tener un trabajo. 2) Al menos el 60% de los adultos deberían participar en actividades de formación cada año. 3) Reducir en al menos 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Los progresos realizados por los Estados en la consecución de estos objetivos y en la aplicación de los 20 principios del Pilar se medirán cada año “en el marco de la coordinación de políticas en el contexto del Semestre Europeo” y se supervisarán “estrechamente, incluso al más alto nivel”. Estos compromisos sociales son “un elemento fundamental de la recuperación” que debe garantizar una “transición digital, ecológica y equitativa”. Aunque no se esperaban anuncios concretos, los 27 Estados miembros destacaron la importancia de los textos en discusión o en preparación, como los relativos a “cambios relacionados con la digitalización, la inteligencia artificial, el teletrabajo y la economía de plataformas (…) con vistas a reforzar los derechos, los sistemas de seguridad social y la salud y la seguridad de los trabajadores”. Sin embargo, ocultan sus discrepancias y no mencionan directamente la propuesta de directiva sobre salarios mínimos adecuados -aunque dicen estar decididos a “defender unos salarios justos”- ni la de transparencia financiera -aunque quieren trabajar “activamente para colmar las brechas de genero en materia de empleo, salarios y pensiones”. Por último, los Veintisiete acogen con satisfacción que “los interlocutores sociales europeos hayan hecho una propuesta conjunta relativa a una serie alternativa de indicadores con los que medir los avances económicos, sociales y medioambientales, que complemente el PIB como medida de bienestar para un crecimiento inclusivo y sostenible”.

Los compromisos de Oporto : En su compromiso social de Oporto, aprobado el pasado 7 de mayo, los representantes de las instituciones europeas, los agentes sociales y los representantes de la sociedad civil pidieron a la Unión que mantenga las medidas de emergencia durante el tiempo necesario, promoviendo al mismo tiempo un enfoque estratégico que facilite la creación de nuevos empleos de calidad y la transición de un empleo a otro (véase el comunicado). También acordaron promover el diálogo social autónomo como elemento estructurador del modelo social europeo y reforzarlo a nivel europeo, nacional, regional, sectorial y de empresa, prestando especial atención a garantizar un marco favorable a la negociación colectiva en los diferentes modelos existentes en los Estados miembros. La previsión es que la cumbre marque el regreso de la negociación colectiva. Nicolas Schmit, Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales, subrayó en su discurso de clausura que la Unión Europea pretende reforzar el diálogo social y fomentar la negociación colectiva, “que debería ser la regla de oro en nuestros mercados laborales”.

• Cuentas de aprendizaje individuales : El pasado 28 de abril la Comisión Europea lanzó una consulta abierta a todos los ciudadanos europeos abierta hasta el 16 de julio sobre su proyecto de desarrollo de una cuenta de aprendizaje individual que permita hacer frente a los dos grandes retos de la Unión: por un lado, los grandes cambios en materia de competencias debidos a la doble transición digital y medioambiental y, por otro, la necesidad de facilitar el acceso a la formación profesional de los trabajadores atípicos, como los temporales o los de plataforma. Esta consulta servirá de base para una futura propuesta de recomendación del Consejo sobre las cuentas de aprendizaje individual de formación que la Comisión tiene previsto presentar a finales de año.
  > Véase también: El estudio del Instituto Jacques Delors dedicado a este instrumento que prevé una cuenta europea de aprendizaje individual que garantice la portabilidad de los derechos no solo de un empleo o estatus a otro, sino también de un país a otro.

Revisión de la estrategia industrial : El pasado 5 de mayo la Comisión Europea presentó una actualización de la estrategia industrial de la UE en forma de un comunicado (en inglés) y de una propuesta de reglamento para hacer frente a las distorsiones causadas por las subvenciones extranjeras en el mercado único (en inglés) y su análisis de impacto (véase el comunicado). La Comisión también ha publicado el informe anual sobre el mercado único 2021, un análisis sobre las dependencias y las capacidades estratégicas europeas y un documento sobre un acero europeo competitivo y limpio (véase el comunicado y la hoja de preguntas y respuestas). La federación sindical europea IndustriAll Europe se congratula de que por fin se tengan en cuenta sus reiteradas advertencias sobre la desindustrialización. Ahora es “crucial que los gobiernos europeos y la UE actúen con decisión para abordar las dependencias estratégicas mediante la reindustrialización, la economía circular y las medidas de política comercial”. La federación respalda la serie de medidas anunciadas “para luchar contra la competencia desleal debida a las subvenciones extranjeras” y pide “un diálogo social activo a todos los niveles”. La federación añade también que “el diálogo social y la participación de los trabajadores son herramientas esenciales, pero poco valoradas por muchos Estados miembros, y deben ser mejor promovidas y reforzadas por las instituciones de la UE (véase el comunicado de IndustriAll Europe). La iniciativa ha sido acogida con beneplácito por la patronal, el Ceemet (véase el comunicado).

• Intervención del FEAG: El pasado 6 de mayo la Comisión Europea propuso aportar 6,8 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para apoyar a los antiguos trabajadores de KLM (1.200 personas) en los Países Bajos y de Finnair en Finlandia (500 personas), que perdieron sus puestos de trabajo debido al impacto de la crisis COVID-19 en el transporte aéreo de pasajeros (véase el comunicado). 


• Conferencia sobre el futuro de Europa: La Conferencia sobre el Futuro de Europa se inauguró oficialmente el 9 de mayo en Estrasburgo (véase el comunicado) con la aprobación del reglamento interno que establece la composición del pleno de la Conferencia, así como su modo de funcionamiento (véase el comunicado). Se ha creado una plataforma digital para que los ciudadanos “se expresen y comuniquen en qué tipo de Europa” quieren “vivir y contribuir a configurar para nuestro futuro”. Uno de los temas elegidos es la “justicia social y el empleo”. La plataforma permite a la gente compartir sus ideas, asistir a eventos u organizarlos.


• Frente patronal contra el salario mínimo: Diez organizaciones patronales sectoriales europeas adoptaron el pasado 5 de mayo una posición común para pedir a la Comisión Europea que reconsidere su propuesta de directiva sobre salarios mínimos adecuados. Estas organizaciones denuncian que al querer reforzar la negociación colectiva, la Comisión está socavando en realidad la autonomía de los agentes sociales, y que una recomendación (no vinculante) sería más adecuada que una directiva, y más respetuosa con las prerrogativas de los Estados miembros, que son los únicos que pueden intervenir en el ámbito salarial.

El Estatuto de los Trabajadores se adapta a los algoritmos : El Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores incluye solamente dos artículos, especialmente innovadores: 1) El texto incluye una estipulación que afecta al conjunto de los trabajadores. Las empresas deberán informar a los trabajadores sobre los “parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles”. Se trata de un paso importante hacia la necesaria transparencia en el uso de la inteligencia artificial, pero sigue siendo insuficiente. Por ejemplo, el decreto no especifica cómo utilizará la empresa los resultados obtenidos por el sistema que incorpora la inteligencia artificial ni el peso respectivo de los distintos parámetros contenidos en el algoritmo. 2) De conformidad con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales el pasado 10 de marzo, el texto establece una presunción de empleo asalariado para todas las personas que presten servicios remunerados consistentes en la entrega o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía por parte de las empresas que ejerzan las facultades de organización, dirección y control del negocio de forma directa, indirecta o implícita mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital.

Proyecto de ley de lucha contra el cambio climático : Los diputados adoptaron en primera lectura el proyecto de ley de lucha contra el cambio climático, que ha recibido numerosas críticas por su escasa ambición de cara a los nuevos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el texto contiene interesantes disposiciones sociales que fueron reforzadas por los diputados. Así, la competencia de los comités sociales y económicos (antes “comités de empresa”) se ampliaría a las consecuencias medioambientales de las decisiones de la empresa relacionadas con la gestión y el desarrollo económico y financiero de la actividad. Además de los datos económicos y sociales actuales, la base de datos de información que la empresa debe poner a disposición de los representantes de los trabajadores debe incluir datos sobre las consecuencias medioambientales de la actividad de la empresa. Las tareas del contable al que puede recurrir el comité de empresa se ampliarían también a los datos medioambientales necesarios para comprender las orientaciones estratégicas de la empresa, su política social, las condiciones de trabajo y el empleo. La formación económica, social y sindical que existe actualmente para los empleados que ejercen un mandato sindical también abarcaría cuestiones medioambientales.
> Más información sobre el proyecto: archivo legislativo de la Asamblea Nacional.

competencias a lo largo de toda la vida y trabajo flexible : El pasado 11 de mayo, en el discurso de la Reina, la soberana británica anunció  una legislación que garantice las competencias a lo largo de toda la vida para permitir un acceso flexible a una educación y una formación de alta calidad a lo largo de toda la vida. El 18 de mayo se presentó en el Parlamento el proyecto de ley (Skills and post-16 Education Bill) (véase el comunicado). El texto pretende crear más vías de acceso a empleos cualificados en sectores que la economía necesita (ingeniería, digitalización, energías limpias…). La ley exige a los empresarios y a las instituciones de enseñanza superior que colaboren en la elaboración de planes de capacitación “para que la oferta de formación responda a las necesidades de las zonas locales y para que los ciudadanos no tengan que abandonar su ciudad para encontrar un buen trabajo”. Sin embargo, no se hizo ningún anuncio a favor de la legislación laboral y, en particular, del derecho al trabajo flexible. La confederación sindical TUC muestra su “inquietud ante el hecho de que el Gobierno no comparte el mismo sentido de urgencia” para poner en práctica dispositivos a favor del trabajo flexible, “habida cuenta de que es probable que las políticas y prácticas de las empresas varíen significativamente como resultado de la pandemia” (véase el comunicado).

Derechos fundamentales : La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo ha anunciado una audiencia pública para el 27 de mayo con el título “Los ataques de Amazon a los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores: libertad de reunión y asociación y derecho de negociación y acción colectiva”. La audiencia estará presidida por la presidenta de la Comisión, Lucia Duris Nicholsonova y entre sus objetivos se encuentra verificar la información publicada por varios medios de comunicación sobre la posibilidad de que Amazon vigile a sus empleados, así como otras prácticas que podrían violar la legislación europea en materia de trabajo, datos y privacidad (véase también el comunicado de UNI Europa).

La “erupción volcánica” del diálogo social sectorial : Desde sus orígenes a finales de los setenta, el diálogo social sectorial europeo nunca ha estado tan activo como en 2020 en respuesta a la pandemia de Covid-19. Esta es una de las conclusiones cuantitativas del estudio realizado por Christophe Degryse, investigador principal de la Unidad de Estudios Prospectivos del Instituto Sindical Europeo. El autor destaca que “nunca un tema ha dado lugar a tantos debates y negociaciones conjuntas en Europa” y prosigue que “a diferencia de la crisis de 2008, la crisis provocada por el COVID-19 muestra el carácter esencial del diálogo social, las buenas condiciones de trabajo y las medidas de apoyo al empleo.” Asimismo, “todos los sectores subrayan la importancia del diálogo social, de los procesos de información y consulta a los trabajadores y de la formación”. Así, la pandemia “ha dado un mayor impulso al diálogo social europeo que el que hubiera podido dar cualquier otra conferencia” organizada por las instituciones europeas y los agentes sociales. Si bien queda clara “la utilidad de un diálogo social sectorial inclusivo” en la gestión de esta crisis, aún está pendiente una “prueba definitiva” para que los interlocutores sociales demuestren su utilidad, que es la de “estimular y reforzar el diálogo social y la negociación colectiva a nivel nacional”.

• Competencias en materia de datos: El Departamento de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido ha publicado un estudio sobre la necesidad de competencias en materia de datos. “Según va avanzando la tecnología, la demanda de competencias en materia de datos aumenta de forma espectacular” y el informe ofrece una evaluación cuantitativa del desajuste entre la demanda y la oferta de competencias en materia de datos, recomendando medidas regionales y sectoriales. Para ello, se realizaron entrevistas en 1.045 empresas de todo el país, a un total de 5.000 trabajadores y a 1.000 estudiantes, con el fin de definir las necesidades específicas de competencias en materia de datos por tamaño de empresa y sector, así como para identificar las necesidades de formación reforzada (resumen del informe e informe completo).