IR Notes

La Comisión Europea adoptó el 19 de octubre su programa de trabajo para 2022, titulado “Juntos por una Europa más fuerte” en el que se han incluido 42 nuevas iniciativas que cubren las seis principales ambiciones establecidas en las directrices políticas de la Presidenta Ursula von der Leyen. En una tabla se ha incluido un resumen de las propuestas, las revisiones o los textos retirados por obsoletos. El programa de trabajo anuncia una consulta pública lanzada el mismo día para debatir las normas presupuestarias (suspendidas durante la crisis de Covid-19) y el marco de gobernanza económica de la Unión Europea. Se trata de una cuestión crucial, ya que se tratará de saber si los 27 Estados miembros pretenden volver a la ortodoxia presupuestaria con criterios de convergencia vinculantes, como el 3% de déficit público, o si están de acuerdo en mantener un alto nivel de gasto público, aunque suponga alejarse de las normas presupuestarias impuestas hasta la fecha. En el ámbito social, la Comisión puede destacar la extrema eficacia del “instrumento europeo de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en situaciones de emergencia” (SURE), pero pretende analizar los resultados sin entrar en la sostenibilidad de dicha herramienta. El punto principal de su programa en el ámbito del empleo es el seguimiento de la aplicación del plan de acción sobre la base de los derechos sociales europeos, sin más detalles. Sin embargo, anunció una serie de textos específicos: 1) Una iniciativa legislativa para mejorar la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto en el trabajo (en el tercer trimestre), que tendrá en cuenta los resultados de la consulta a los agentes sociales. De paso, la Comisión tiende la mano al Parlamento Europeo y cita su reciente informe (véase más abajo) para concluir que está de acuerdo con los eurodiputados en que “la cuestión del amianto es muy preocupante”. 2) Destaca también el anuncio de otra iniciativa legislativa para reforzar el papel y la independencia de los organismos de igualdad (en el tercer trimestre), que repercutirá en la forma de tratar las infracciones del principio de no discriminación, incluso en el empleo. 3) La revisión de la directiva sobre la certificación de los maquinistas que operan locomotoras y trenes en el sistema ferroviario, lo que debería facilitar la movilidad de los maquinistas. Además, aunque reconoce que “la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de contar con redes de seguridad social sólidas”, la Comisión, que ya tiene dificultades para promover su propuesta de directiva sobre salarios mínimos, anuncia una simple recomendación sobre “ingresos mínimos”. Por tanto, será un texto no vinculante para “apoyar las acciones de los Estados miembros” (en el tercer trimestre) en la creación de redes de seguridad. En su programa (pero no en el cuadro), la Comisión presentará una comunicación para reforzar el diálogo social a nivel nacional y de la UE con vistas a apoyar el papel clave de los agentes sociales en el fomento de una recuperación económica, social y basada en la cohesión y en las transiciones ecológica, digital y del mercado laboral. Por último, a pesar de la salida del Reino Unido, la Comisión mantiene el enfoque de ‘una más, una menos’ con vistas a reducir sistemáticamente y de forma proactiva las cargas impuestas por la legislación existente cuando se introduzcan cargas nuevas. Se trata de un “estribillo populista”, como afirma Luca Visentini, Secretario de la Confederación Europea de Sindicatos (véase el comunicado), que podría resultar fatal en el ámbito del derecho laboral y, en particular, de la salud y la seguridad en el trabajo.

Resultados más destacados del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales : Los ministros de Empleo de los 27 Estados miembros no adoptaron ningún texto importante en la reunión del Consejo del pasado 15 de octubre. Se limitaron básicamente a relanzar el proceso del Semestre Europeo (proceso anual por el que los Estados miembros coordinan sus políticas económicas, sociales y fiscales dentro de la UE) (véase European Semester). Los ministros quieren volver a un proceso de seis meses con una fuerte dimensión social y debatieron cómo el plan de acción del pilar europeo de derechos sociales y, en particular, los tres principales objetivos de la UE (empleo, capacitación y reducción de la pobreza) pueden reflejarse mejor en el futuro semestre europeo. Los ministros adoptaron los mensajes clave del Comité de Empleo y los mensajes del Comité de Protección Social, así como una decisión de mantener en 2021 las directrices publicadas en 2020. La Comisión utilizará todos estos documentos para preparar sus recomendaciones a los Estados miembros. Los ministros también debatieron sobre el marco europeo de salud y seguridad en el trabajo, considerando que las nuevas tecnologías y el teletrabajo pueden ser relevantes para que los trabajadores de más edad puedan mantener su empleo. Durante la rueda de prensa, la Presidencia eslovena destacó la preocupación de los ministros por la salud mental y los riesgos psicosociales de los trabajadores. Los Veintisiete también adoptaron conclusiones sobre la integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la UE (véase el comunicado de prensa del Consejo).

Amianto : El Parlamento Europeo votó en sesión plenaria el 19 de octubre el informe (véase el resumen del informe) presentado por el eurodiputado danés Nikolaj Villumsen (GUE), que pide a la Comisión Europea que presente varias directivas para proteger mejor a los trabajadores de la exposición al amianto en el contexto de la política de renovación térmica presentada por la Comisión en una comunicación de 14 de octubre de 2020. Los eurodiputados piden una directiva marco europea para las estrategias nacionales de retirada del amianto que incluya la evaluación del amianto en el entorno construido con la creación de registros digitales públicos que recojan todo el amianto de un país o región. Estos registros deben ser accesibles para los trabajadores y las empresas, los propietarios, los habitantes y los usuarios de los edificios y deberán actualizarse periódicamente. Se anima a los Estados a que faciliten los procedimientos de reconocimiento invirtiendo la carga de la prueba, especialmente si los registros se han establecido recientemente. Del mismo modo, se les invita a proporcionar una compensación adecuada a los trabajadores que sufren enfermedades relacionadas con el amianto. La Comisión debería presentar una propuesta de directiva que establezca normas mínimas para el reconocimiento y la indemnización de las enfermedades profesionales, incluidas las relacionadas con el amianto. Se invita a los Estados a facilitar el reconocimiento y la indemnización de las víctimas documentadas de la exposición secundaria por contacto no laboral con el amianto. El informe también pide que se reduzca drásticamente el valor límite de exposición (OELV) al amianto. La norma mínima actual de la UE es de 100.000 fibras por m3 (0,1 fibra/cm3). Si bien la mayoría de los estados aplican esta norma mínima, otros tienen valores límite mucho más bajos, por ejemplo, los Países Bajos, con un límite de 2.000 fibras/m3 (0,002). Teniendo en cuenta el trabajo de los investigadores, el Parlamento pide rebajar el OELV a 0,001 fibras/cm3 (1.000 fibras/m3). Preguntado al margen del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales del 15 de octubre, Nicolas Schmit, comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, explicó que la petición de rebajar el OELV se estaba debatiendo y que pediría el dictamen del Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo sobre el informe del Parlamento. “Con toda probabilidad habrá límites nuevos al tratarse de un proceso continuo”, dijo. Hay que recordar que la Comisión había intervenido en el debate parlamentario para solicitar a los diputados que no bajaran el límite para dejar que los agentes sociales encontraran la mejor solución.

• Salud y seguridad en el trabajo: La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo está examinando el informe sobre el nuevo marco estratégico para la salud y la seguridad en el trabajo presentado por la Comisión Europea el 28 de junio de 2021 (véase IR Notes 167). La ponente, la eurodiputada Marianne Vind (S&D, Dinamarca), pretende reforzar la estrategia pidiendo a la Comisión que adopte legislación sobre el teletrabajo, el derecho a la desconexión, la prevención de trastornos musculoesqueléticos y los riesgos psicosociales. El informe podrá ser objeto de enmienda por parte de los eurodiputados hasta el 9 de noviembre y pone de relieve que ya es hora de “tomarse en serio los problemas de estrés, ansiedad, depresión, acoso y agotamiento, así como el impacto negativo en la conciliación entre la vida laboral y la vida personal de los trabajadores que trabajan en su tiempo libre”. Se espera que el informe, que recoge en gran medida las demandas de la Confederación Europea de Sindicatos (véase la posición de la CES), se apruebe en comisión el 26 de enero de 2022.


• Reestructuración: La Comisión Europea ha propuesto movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para proporcionar 1,2 millones de euros para apoyar a 300 antiguos trabajadores del sector siderúrgico en el País Vasco. Se trata de la primera solicitud de ayuda del FEAG con arreglo al nuevo Reglamento para el período 2021-2027 (véase el comunicado).

Huelga en el sector del transporte aéreo : El Tribunal de Justicia ha completado su jurisprudencia sobre la indemnización a los pasajeros de las compañías aéreas cuyo vuelo se cancele por motivo de una huelga del personal. A menos que las demandas únicamente puedan ser atendidas por las autoridades públicas, aunque sean ilegales estas huelgas son inherentes al ejercicio normal de la actividad de las compañías aéreas y no pueden eximir a la compañía de indemnizar a los pasajeros. Con ello, el Tribunal de Justicia reconoce que la acción colectiva es “una de las posibles expresiones de la negociación social y, por tanto, debe entenderse como un hecho inherente al ejercicio normal de la actividad empresarial” (TJUE, 6 de octubre de 2021, C‑613/20, Eurowings).

• Electricidad : Los agentes sociales europeos del sector eléctrico organizaron el pasado 22 de septiembre la conferencia final de su proyecto Skills2Power, cuyo objetivo era desarrollar estrategias conjuntas concretas para anticipar y supervisar las necesidades de cualificación, formación continua y reciclaje de los trabajadores del sector eléctrico en Francia, Italia, España, Hungría y Suecia (véase el resumen del informe final y el comunicado de EPSU).

• Acuerdo sobre la formación profesional : Los agentes sociales concluyeron la noche del 14 al 15 de octubre un acuerdo marco interprofesional para adaptar la reforma de la formación profesional aprobada en 2018. Este texto prepara el camino para una serie de siete negociaciones temáticas que los agentes sociales pretenden llevar a cabo hasta finales de junio de 2022. Una de ellas se referirá al sistema de “transición profesional”, que permite financiar el paso de los trabajadores de un sector a otro. Tal como señala el periódico Les Échos, “la importancia de este acuerdo no radica tanto en su contenido, que se traducirá en muy pocos cambios en la legislación social a corto plazo, como en su significado político” ya que permite a los agentes sociales demostrar que saben negociar en el marco de su propia agenda, sin la intervención del gobierno e influir en el gobierno que saldrá de las próximas elecciones presidenciales de abril de 2022.

Tarjeta sanitaria en el trabajo : En su discurso sobre el estado de la nación el pasado 12 de octubre, el primer ministro Xavier Bettel confirmó que los empresarios podrán exigir a sus empleados la tarjeta sanitaria (CovidCheck), que actualmente se exige para acceder a lugares públicos como los restaurantes. Se trata de una restricción adicional para fomentar la vacunación con el fin de “proteger la salud de los trabajadores, por un lado, y permitir la vuelta a la normalidad, por otro”. La propuesta ha sido rechazada por un frente sindical de las tres confederaciones nacionales (véase la carta conjunta dirigida al primer ministro y el artículo del Luxemburger Wort), mientras que la prensa destaca que las empresas avanzan de forma dispersa en el uso de CovidCheck (véase el artículo del Luxemburger Wort). Esta nueva medida debería entrar en vigor el 1 de noviembre.

• Derecho a jornadas a tiempo parcial: El primer ministro Xavier Bettel ha comunicado que el gobierno está preparando “un plan de conciliación de la vida laboral y la vida familiar” que pretende introducir el derecho al trabajo a tiempo parcial. El paso al trabajo a tiempo parcial no debe reducir “los futuros derechos de pensión de las madres y los padres”, ya que “el Estado pagará parte de las cotizaciones”. Añadió también que quienes hayan ejercido este derecho podrán volver a trabajar a tiempo completo durante un determinado periodo de tiempo. El plan también incluirá una medida que recompense a los padres que han tomado ambos el permiso parental con el fin de “promover una distribución justa de los roles en las familias”.


• Teletrabajo: El primer ministro Xavier Bettel destacó que “la pandemia ha puesto de manifiesto una vez más las ventajas del teletrabajo”, ya que “muchos trabajadores han sentido” sus “efectos secundarios positivos”. Rechazando volver al modelo actual, en el que “cientos de miles de personas de todas las direcciones vienen a trabajar cada día en la misma aglomeración”, el primer ministro anunció que el gobierno de su país “acelerará la descentralización de los puestos de trabajo” con el propósito de “acercar la vivienda y el empleo”.

Reducción de personal : La empresa siderúrgica anglo-india ArcelorMittal está en plenas negociaciones para revisar el convenio de su comité de empresa europeo, con la voluntad por parte de la dirección de adaptar el órgano a la nueva configuración del grupo. De hecho, desde su creación en 2006, el grupo ha perdido más de un tercio de su plantilla en todo el mundo. En la Unión Europea, el número de empleados se ha reducido de 111.000 en 2006 a 83.000 a finales de 2015 hasta alcanzar los 56.700 en junio de 2021. El 23 de septiembre, en una reunión de negociación, la dirección presentó propuestas para 1) Reducir el número de miembros del comité de empresa europeo de 42 a 14, aplicando las normas de cálculo de los requisitos subsidiarios de la directiva; 2) Reducir el número de miembros del Comité restringido de 25 a 4 miembros (un número elevado que permite a cada organización sindical del grupo tener un representante en el Comité restringido), lo que corresponde a la actual secretaría; 3) Transformar la actual reunión plenaria y las tres reuniones anuales del Comité restringido en cuatro reuniones anuales del Comité de Empresa Europeo, una de las cuales se extendería a todos los miembros suplentes. La dirección insiste en un “cambio estructural” del comité de empresa europeo y desea contar con un comité “más eficaz”, con una “gobernanza clarificada” y un número de mandatos “más concentrado”. Por su parte, los negociadores con mandato del comité de empresa europeo, entre los que se encuentra un representante de IndustriAll Europe, subrayan que no tienen mandato para modificar la estructura del comité ni el número de miembros del comité de empresa europeo o del comité restringido.

Acuerdo para enmarcar la negociación : : La dirección del grupo energético francés EDF y los miembros de su comité de empresa europeo firmaron el pasado 5 de mayo de 2021 un “acuerdo de método sobre la negociación de la revisión del convenio del comité de empresa europeo de EDF”, firmado el 14 de noviembre de 2001, para enmarcar su proceso de renegociación en el marco de la “prolongada crisis sanitaria COVID-19”. El acuerdo del comité de empresa europeo ya se revisó en febrero y mayo de 2005 y en junio de 2015. Las negociaciones se iniciaron a finales de septiembre y pretenden “renovar” el acuerdo para que esté “en mayor sintonía con las cuestiones estratégicas del grupo”. El texto define los términos de la negociación, así como la composición de las delegaciones, la organización de las reuniones preparatorias y de información, los medios concedidos, el uso de la videoconferencia y las condiciones de la firma del acuerdo por vía electrónica. Los nueve miembros de la secretaría, encargados de las negociaciones, informarán a los demás miembros de pleno derecho en el marco de las reuniones de “back office” que tendrán lugar antes y después de cada reunión de negociación con la dirección. El grupo negociador incluye un representante de cada una de las federaciones sindicales europeas: IndustriAll Europe y EPSU. El acuerdo es por un periodo fijo y finalizará el 31 de diciembre de 2021.

Plataformas y seguridad en el trabajo : La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA-UE) ha publicado un policy brief en el que repasa los riesgos de salud y seguridad en el trabajo a los que se enfrentan los trabajadores de las plataformas digitales. El documento afirma: 1) Que estos trabajadores están más expuestos a estos riesgos que otros trabajadores que realizan actividades similares; 2/ Que la prevención y la gestión de los riesgos es más complicada debido a la naturaleza del trabajo y a las condiciones de trabajo dentro de las plataformas; 3/ Que existen importantes lagunas de conocimiento y una falta de concienciación sobre las cuestiones de seguridad y salud laboral en este sector.

• Diálogo social durante la COVID-19: La OIT ha publicado un estudio en el que se analizan 381 iniciativas de diálogo social tripartito y bipartito entre gobiernos y agentes sociales a nivel nacional o sectorial que han contribuido a configurar las respuestas de los países a la crisis (El diálogo social en tiempos de pandemia de COVID-19: Lo que funciona).