IR Notes

Elevar el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo al nivel de principio y derecho laboral fundamental es el principal resultado de la Conferencia Internacional del Trabajo. El evento reunió a sindicatos, representantes de la patronal y gobiernos de los 187 Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, en su 110 reunión celebrada en Ginebra del 27 de mayo al 11 de junio. El principio de un entorno de trabajo seguro y saludable forma parte ahora de los principios y derechos fundamentales en el trabajo adoptados en 1998 en una declaración de la OIT (véase Health and Safety).. Este principio se une así a los principios anteriores: 1) Libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 2) Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 3) Abolición efectiva del trabajo infantil y 4) Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. En virtud de la declaración suscrita en 1998, los Estados miembros de la OIT, independientemente de su nivel de desarrollo económico, se comprometen a respetar y promover estos principios y derechos, hayan ratificado o no los convenios de la OIT que los establecen. Así, los nuevos convenios fundamentales, que deberán ser respetados incluso por los Estados que no los hayan firmado, son el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981 (n° 155) y el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud de los trabajadores de 2006 (n° 187) (véase el comunicado de prensa de la OIT). La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha acogido todos estos avances con beneplácito y tiene la intención de seguir actuando. La Confederación exige el derecho de todos los trabajadores a 1) la consulta sobre la evaluación de riesgos; 2) “la erradicación de los productos químicos tóxicos” y de las “organizaciones laborales tóxicas”, especialmente debido a las largas jornadas de trabajo; 3) equipos de protección y formación gratuitos, y 4) “el derecho a rechazar el trabajo peligroso”. Otro de los objetivos es “ampliar el acceso a los servicios de salud laboral más allá del 20% de los trabajadores que actualmente se benefician de ellos en todo el mundo, así como la universalización del subsidio de enfermedad desde el primer día”. En las empresas, la CSI reclama más competencias para los representantes sindicales encargados de la seguridad laboral y más órganos paritarios de seguridad (véase el comunicado). ¿Qué repercusión tiene todo esto en Europa? Como indica la Confederación Europea de Sindicatos (CES), si bien esta decisión tuvo un amplio apoyo por parte de los Estados miembros de la UE, el hecho es que “una docena de países europeos aún no ha ratificado el Convenio 155 de la OIT (…). Y entre ellos se encuentran algunos de los países con mayor índice de accidentes laborales del mundo, según la OIT. Estos datos sitúan a Francia, Austria, Suiza y Alemania entre los veinte países con un mayor número de lesiones (véase el comunicado). Claes-Mikael Stahl, secretario general adjunto de la CES, pide a los 12 países europeos interesados que firmen el convenio, ya que “sería la peor forma de hipocresía y excepcionalismo europeo votar para que la seguridad en el trabajo sea un derecho en otras partes del mundo sin aplicar las mismas normas en el propio país” (véase el comunicado). El sindicato español UGT se congratula de esta decisión, sobre todo en el contexto del aumento del número de accidentes y enfermedades laborales, pero también por la atención prestada a la salud mental y a la lucha contra la violencia y el acoso en el trabajo (véase el comunicado).

Hacia la adopción de la Directiva sobre información no financiera : El pasado 21 de junio, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la revisión de la Directiva relativa a los informes de sostenibilidad de las empresas (CSRD) (véase IR Notes 182) (véase Due diligence).. Este texto, que afectará a las empresas de 250 trabajadores o más, debe ser adoptado formalmente por el Consejo y el Parlamento antes de ser publicado en el DOUE. A continuación, los Estados miembros deben transponerlo en un plazo de 18 meses (véanse los comunicados del Consejo y del Parlamento, así como la orientación general aprobada por el Consejo con la propuesta de directiva anexa). La Comisión Europea presentó esta Directiva el pasado 21 de abril de 2021 (véase IR Notes 163). La Directiva se aplicará a partir del 1 de enero de 2024 a las empresas que ya están sujetas a la Directiva sobre información no financiera. A partir del 1 de enero de 2025 se hará a las grandes empresas (tal como se definen en el artículo 3 de la Directiva 2013/34 “contable”) que no están actualmente sujetas a ella; y a partir del 1 de enero de 2026 para las demás empresas, en particular las PYME cotizadas. En concreto, el informe de sostenibilidad permitirá que los representantes de los trabajadores comprendan el impacto de su empresa en el medio ambiente y la sociedad y su estrategia de sostenibilidad. El documento deberá incluir información social como la igualdad de género, la igualdad de remuneración por un trabajo igual o de igual valor, la formación, el desarrollo de competencias, las condiciones de trabajo, los salarios, el diálogo social, la negociación colectiva y la participación de los trabajadores, la conciliación de la vida laboral y familiar, y un entorno de trabajo saludable, seguro y adecuado.

Hacia la adopción de un reglamento para hacer más seguro el uso de las máquinas : El pasado 24 de junio, el Consejo aprobó un mandato de negociación con el Parlamento Europeo para adoptar la propuesta de reglamento relativo a las máquinas y sus partes y accesorios (véase el comunicado del Consejo y el resumen del informe de evaluación del impacto de la Comisión). Este texto modifica la directiva “máquina” de 2006 y la transforma en un reglamento, es decir, en una ley europea de aplicación inmediata que no requerirá su transposición a la legislación de los Estados miembros. El objetivo es doble: fomentar la libre circulación de maquinaria en el mercado único y garantizar un alto nivel de protección de los trabajadores y los ciudadanos de la UE. El reglamento mantiene un sistema de autoevaluación de la conformidad por parte de los fabricantes y restablece la intervención de los organismos de evaluación de la conformidad para una lista de productos de alto riesgo que había sido suprimida por la directiva de 2006. Para la Confederación Europea de Sindicatos, esto explicaría el aumento del número de trabajadores lesionados por las máquinas, de 75.000 en 2014 a más de 80.000 en 2019 (véase el comunicado y la posición de la CES sobre la propuesta de reglamento).

Nuevo programa de trabajo : El pasado 28 de junio, los agentes sociales europeos (CES, BusinessEurope, SGI Europe y SMEunited) adoptaron su nuevo programa de trabajo 2022-2024. El documento incluye el compromiso de negociar un acuerdo jurídicamente vinculante sobre “teletrabajo y derecho a la desconexión” (véase European social partners). El programa de trabajo 2022-24 consta de 6 acciones conjuntas: 1) Revisión del acuerdo autónomo de 2002 sobre el teletrabajo para proponer su adopción como acuerdo jurídicamente vinculante aplicado a través de una directiva, lo que sería la primera vez desde 2010. 2) Adopción de un “marco de acciones para garantizar una transición justa”. 3) Elaboración de una declaración conjunta sobre el empleo juvenil para explorar las mejores prácticas, los retos y las herramientas para facilitar el empleo de los jóvenes. 4) Organización de un seminario que podría dar lugar a directrices sobre tecnologías de control y vigilancia en el lugar de trabajo. 5) Organización de un seminario seguido de un proyecto de investigación conjunto sobre el acceso efectivo a la formación, la participación de los interlocutores sociales en la información sobre competencias y la forma de abordar los desajustes y la escasez de competencias. 6) Lanzamiento de un proyecto conjunto para examinar la eficacia de las acciones de refuerzo de las capacidades y para identificar los obstáculos a la aplicación de los acuerdos marco autónomos de los agentes sociales (véase communicado conjunto).

Las prestaciones familiares no pueden variar en función del país de residencia de los hijos : Austria debe revisar su legislación sobre prestaciones familiares. El Abogado General del Tribunal de Justicia recordó en sus conclusiones que la legislación europea sobre la coordinación de los sistemas de la seguridad social se levanta sobre un sistema que “se basa en la idea general de que, si un trabajador migrante paga cotizaciones sociales e impuestos en un Estado miembro, debe poder disfrutar de los mismos subsidios que los nacionales”. En su dictamen, el Tribunal de Justicia considera que el mecanismo de adaptación, que se basa en el criterio de residencia en el extranjero de los hijos para calcular el importe de las prestaciones familiares y de las ventajas sociales y fiscales perjudica más a los trabajadores migrantes y “constituye una discriminación indirecta basada en la nacionalidad que solo puede admitirse si está objetivamente justificada”. Y no es el caso. Esta “diferencia de trato (…)  no es ni apropiada ni necesaria para establecer o restablecer la función de apoyo y la equidad del sistema social” (véase TJUE, 16 de junio de 2022, asunto 328/20, Comisión contra Austria y el comunicado). El sindicato de autónomos Vidaflex subraya que esta decisión, que venía reclamando, afecta sobre todo a los trabajadores que cuidan a una de las 35.000 personas que necesitan ayuda a domicilio las 24 horas del día. El sindicato pide al gobierno que revise su legislación lo antes posible y que indemnice a los trabajadores afectados (véase el artículo de APA OTS). La confederación sindical austriaca ÖGB “advirtió que la indexación era ilegal según la legislación europea y que los cálculos no eran realistas” y que ahorraría al presupuesto del Estado 114 millones de euros al año. Según una respuesta a una pregunta parlamentaria de mayo de 2022, la ministra de Familia, Susanne Raab (ÖVP), ya había previsto 220 millones de euros para posibles pagos futuros (véase el comunicado).

Cooperación sindical para combatir la LGTBIfobia : Las dos confederaciones sindicales CCOO y UGT firmaron el pasado 27 de junio un acuerdo para la coordinación y trabajo conjunto de cara a la eliminación de la discriminación sufrida por las personas LGTBI+ en el lugar de trabajo. Para ambas organizaciones, es importante prever medidas que erradiquen y prevengan el acoso por orientación sexual, identidad de género y presión de género a través de la negociación colectiva, así como reforzar el compromiso de las empresas para garantizar las condiciones de acceso al empleo y mejorar la empleabilidad de las personas LGTBI+ (véase el comunicado). Por su parte, el pasado 16 de junio Comisiones Obreras publicó una guía para garantizar la igualdad y la diversidad en los convenios colectivos que aboga principalmente por eliminar todas las cláusulas que puedan suponer una discriminación para las personas LGBTI+.

Anticorrupción : La Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) y las tres confederaciones sindicales CGIL, CISL y UIL firmaron el pasado 16 de junio un protocolo de cooperación entre esta autoridad y los sindicatos, en particular mediante la creación de un observatorio permanente de los contratos públicos. Por ejemplo, los sindicatos podrán facilitar a las autoridades información sobre la correcta aplicación de los convenios colectivos y la lucha contra el dumping social y el trabajo no declarado. La iniciativa pretende garantizar que los fondos liberados en el marco del plan nacional de recuperación y resiliencia se utilicen correctamente y que las simplificaciones adoptadas en la legislación para la contratación pública “se apliquen respetando los convenios colectivos y la protección de los trabajadores”.

Inteligencia artificial : El gobierno irlandés ha dado a conocer el informe sobre las competencias necesarias para desplegar la inteligencia artificial, cuya presentación tuvo lugar el pasado 23 de junio de mano de un grupo de expertos. El documento subraya la necesidad de que todo el mundo, trabaje o no en el sector tecnológico, debe adquirir cierto nivel de conocimiento y comprensión de la IA. El estudio se centra en cuatro grupos e identifica las necesidades de competencias no solamente para los desarrolladores y expertos en IA, sino también para los trabajadores del sector público, los profesores y educadores y el público en general. El informe destaca la necesidad de que las organizaciones y los individuos identifiquen el impacto de la IA en su trabajo o sector y de que se preparen buscando la formación necesaria. Una de sus propuestas es hacer que las micro-certificaciones relacionadas con la inteligencia artificial en los niveles de educación superior y formación profesional estén ampliamente disponibles para estudiantes y trabajadores en toda la economía (véase el comunicado). Según los expertos, “el hecho de que los puestos de trabajo se transformen en lugar de ser sustituidos dependerá, en gran medida, de cómo se complementen los puntos fuertes de la IA y los humanos dentro de cada puesto de trabajo”.

Reestructuración : El secretario del comité de empresa europeo de Unilever, Hermann Soggeberg, anunció que el comité de empresa europeo ha recibido información por parte de la dirección de que la producción en su planta de Röszke (Hungría) cesará en 2023. Así, el 80% de los 190 empleados y sus familias “corren el riesgo de perder su medio de vida”, en palabras del secretario. Hermann Soggeberg espera que la dirección “asuma la responsabilidad de sus trabajadores en Röszke y les ofrezca una perspectiva”. El comité de empresa europeo cuenta con el procedimiento de consulta que acaba de iniciarse para ayudar a los trabajadores húngaros.

Transformación : El grupo Korian, que gestiona instalaciones de alojamiento para personas mayores y dependientes, ha firmado un acuerdo sobre el comité de empresa europeo con un grupo especial de negociación apoyado por la Federación Sindical Europea del Servicio Público (FSESP) tras la transformación del grupo en una sociedad europea. El nuevo acuerdo recoge en gran medida el contenido del acuerdo constitutivo del comité de empresa europeo, suscrito en 2019 (véase IR Notes 119). El nuevo acuerdo, que publicaremos en la web una vez recibamos la luz verde de la dirección, refuerza el papel del comité restringido, que se reunirá cuatro veces al año (en lugar de dos) y podrá ser consultado sobre determinados temas “que no requieran la movilización del pleno”, como dice el comunicado. El texto también introduce “umbrales de consulta en función de la importancia y el impacto de los temas presentados” y “aclara la lista de temas abiertos a la información y la consulta”. El acuerdo confirma la presencia de “observadores” como los trabajadores de las cooperativas de Italia (ya representados en el acuerdo anterior) y del Reino Unido. Cabe señalar que los 20 miembros se beneficiarán de un mínimo de 2 días de formación al año.

Salario mínimo en 2022 : La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo publicó el pasado 15 de junio su estudio anual sobre el salario mínimo. El informe es aún más importante este año, ya que los 27 Estados miembros están ultimando la directiva sobre el salario mínimo y la inflación está repuntando con fuerza. El estudio señala que si bien los salarios mínimos han aumentado significativamente entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2022 en términos nominales, el impacto en la vida real no se ha traducido en una mejora del nivel de vida teniendo en cuenta el aumento de la inflación. En 15 de los 21 Estados miembros con salario mínimo legal, los trabajadores han visto caer su salario en términos reales. Así, según advierte Eurofound, si se mantiene la tendencia actual de la inflación, los salarios mínimos apenas aumentarán en términos reales en todos los países de aquí a 2022, y la pérdida significativa del poder adquisitivo de los asalariados mínimos será tema recurrente.