IR Notes

El pasado 1 de junio y con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones, los eurodiputados aprobaron su posición sobre la directiva relativa al deber de diligencia debida de las empresas (véase el comunicado y la ficha elaborada por el Parlamento). Ahora se iniciarán las negociaciones con los representantes de los Estados miembros, con vistas a aprobar esta directiva tan divisiva, lo que no será tarea fácil, ya que la posición del Parlamento es mucho más ambiciosa que la posición de los Estados miembros (véase Due diligence). El texto parlamentario pretende responsabilizar a las empresas de “efectos adversos, reales y potenciales, sobre los derechos humanos y el medio ambiente que hayan causado, a los que hayan contribuido o con los que tengan una vinculación directa, con respecto a sus propias actividades y las de sus filiales y las actividades de las entidades de su cadena de valor con las que dichas empresas mantengan una relación comercial”. Esta responsabilidad se aplica a las empresas con una media de más de 250 trabajadores y ventas netas superiores a 40 millones de euros, así como a las empresas matrices con más de 500 trabajadores y ventas mundiales superiores a 150 millones de euros (incluidos al menos 40 millones de euros en la UE para las empresas no comunitarias). Las empresas deberán informar y consultar “a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores, así como a otras partes interesadas afectadas pertinentes” sobre sus políticas en materia de diligencia debida, así como cuando procedan a “determinar los efectos adversos”, “elaborar planes de acción”, “priorizar sus efectos adversos” y “elaborar medidas correctivas”. Además, las empresas adoptarán un “plan de transición” de conformidad con los requisitos de información a que se refiere el artículo 19 bis del Reglamento 2021/0104 (CSRD), con vistas a garantizar que el modelo empresarial y la estrategia de la empresa estén en consonancia con los objetivos de la transición a una economía sostenible y la limitación del calentamiento global a 1, 5°C y el objetivo de alcanzar la neutralidad climática establecido en el Reglamento 2021/1119, en relación con sus actividades en la UE, incluido su objetivo de neutralidad climática para 2050 y el objetivo climático para 2030. Corresponderá a la dirección supervisar estas obligaciones climáticas y las empresas con más de 1.000 trabajadores de media tendrán que contar con una política pertinente y eficaz para garantizar que una parte de cada pago de remuneración variable a los directivos esté vinculada al plan de transición de la empresa. También hay que tener en cuenta que “las empresas deben ofrecer a nivel operativo mecanismos de notificación y de reclamación extrajudicial de acceso público y eficaces” para que los particulares y las organizaciones (incluidos los sindicatos y otros representantes de los empleados que representen a quienes trabajan en la cadena de valor pertinente) puedan formular y notificar reclamaciones a las empresas y obtener reparación. El texto ha recibido las críticas de BusinessEurope, que considera que el Parlamento no ha introducido normas “realistas” (véase el comunicado). El 25 de mayo, antes de la votación, BusinessEurope reunió a 35 organizaciones patronales europeas para influir en la posición del Parlamento (véase la declaración conjunta). Para la Confederación Europea de Sindicatos (CES), el texto “representa un importante paso adelante para anteponer las personas y el planeta a los beneficios a cualquier precio y para que las empresas sean más responsables”. En su respuesta a la consulta sobre la revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos (véase IR Notes 209), la CES subrayó la necesidad de vincular la política del deber de diligencia a la futura directiva revisada, con vistas a reconocer un papel al comité de empresa europeo en este ámbito.

> Véase también: Documento informativo de los servicios del Parlamento “Corporate sustainability due diligence –How to integrate human rights and environmental concerns in value chains”

Avances en el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales : Los representantes de los Veintisiete, reunidos el 12 de junio, han aprobado una serie de posiciones en materia social. Esto permite iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo: 1) Una posición sobre la directiva relativa a los trabajadores de plataformas, adoptada por 22 países (5 abstenciones), que introduce una presunción de empleo asalariado (artículo 4.1) si la relación laboral entre un conductor o repartidor y una plataforma cumple tres de los siete criterios para reclasificar esta relación como empleo asalariado en el derecho laboral (y no necesariamente en el derecho de la seguridad social). El texto también establece un marco para la gestión por algoritmos (véase el comunicado del Consejo, la reacción negativa de la Confederación Europea de Sindicatos y la entrevista con Leila Chaibi, en el lateral). 2) Una posición sobre la directiva relativa a la protección contra la exposición al plomo y a los diisocianatos, presentada por la Comisión el 16 de febrero (véase IR Notes 202), que permitirá entablar negociaciones con el Parlamento, una vez que éste haya ultimado su posición (el texto se encuentra actualmente en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales) (véase el comunicado del Consejo). 3) Una posición sobre una directiva relativa a las normas aplicables a los organismos de igualdad de trato para reforzar su papel en la lucha contra la discriminación. Los Veintisiete también adoptaron una recomendación para reforzar el diálogo social (véase IR Notes 201).

> Véase también: El comunicado del Consejo sobre el conjunto de textos aprobados y los debates.

Acoso y violencia de género : En una resolución sobre el acoso sexual en la UE adoptada el 1 de junio, los eurodiputados señalan que “no se definen y penalizan de forma uniforme en la Unión, lo que provoca la fragmentación de los derechos y la protección de las víctimas entre los diferentes Estados miembros”. Para remediar esta situación, reiteran su petición a la Comisión de que presente “una propuesta de decisión del Consejo por la que se defina la violencia de género como nuevo ámbito delictivo” (véase Harassment and violence at work). También piden la rápida ratificación por la UE y todos los Estados miembros del Convenio de Estambul para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. El informe subraya que “el acoso sufrido en el trabajo constituye una violación de los derechos humanos y puede tener repercusiones graves en la salud física y psicológica de los supervivientes, que los hacen sentirse incómodos e inseguros en el trabajo y, en muchos casos, les impiden llevar a cabo su labor”. También subraya la necesidad de “poner fin a la ciberviolencia en el lugar de trabajo, ya que tiene enormes repercusiones en la salud mental de las víctimas “. Se invita a la Comisión y a los Estados miembros a garantizar que “las leyes contra el acoso sexual en el puesto de trabajo se actualicen para proteger a las mujeres que trabajan de forma remota contra el abuso en línea”. Los Estados también deben poner en marcha “mecanismos y procedimientos de denuncia en casos de violencia y acoso en el mundo laboral y que establezcan las medidas necesarias para garantizar la protección contra la victimización o represalias a las personas que reclamen, a las víctimas, a los testigos y a los denunciantes”. Los eurodiputados también piden a los Estados miembros que “garanticen que todos los trabajadores, al inicio de su contrato, reciban información sobre los procedimientos y políticas contra el acoso en vigor, los derechos de los trabajadores en los casos de acoso y violencia contra ellos en el lugar de trabajo y el acceso a servicios de asesoramiento externos”. También cabe destacar la sugerencia de crear “espacios seguros en el puesto de trabajo, tanto en línea como fuera de línea, en particular espacios seguros separados por género, donde las mujeres en toda su diversidad intersectorial puedan acudir para compartir información, crear redes comunitarias y recibir apoyo de sus colegas, con el objetivo de empoderar e inspirar a todas las mujeres “.

Refuerzo del diálogo social: : El 1 pasado de junio, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una resolución en respuesta a la Comunicación de la Comisión Europea de 25 de enero de 2023 destinada a reforzar el diálogo social en la UE (véase IR Notes 201). Los eurodiputados apoyan a los agentes sociales europeos a nivel sectorial (véase la carta conjunta del 3 de mayo a Ursula von der Leyen), pidiendo a la Comisión que mantenga “su apoyo logístico a los comités de diálogo social sectorial” e incremente “su apoyo financiero, jurídico y técnico”. Los eurodiputados insisten en que “hacen falta más esfuerzos para aportar soluciones sostenibles a la organización y financiación de los comités sectoriales de diálogo social”. El texto contiene varios pasajes que no son del agrado de las organizaciones patronales, como esta “advertencia de que la disminución de la cobertura de la negociación colectiva también se debe a prácticas antisindicales, a la escasa representación en las organizaciones patronales y a las dificultades causadas por la negativa de los empresarios a participar en la negociación colectiva (…)”. La resolución es instructiva en cuanto a la posición del Parlamento, muy favorable al diálogo social y al refuerzo de la negociación colectiva (véase Strengthening collective bargaining) en todos los expedientes actuales y futuros.

> Véase también: El dictamen del Comité Económico y Social Europeo, “Reforzar el diálogo social”, aprobado el pasado 27 de abril.

Lucha contra la fast-fashion : Los eurodiputados han aprobado con una amplísima mayoría una serie de recomendaciones para la estrategia de la Unión Europea para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles (véase el comunicado) en las que ponen de relieve y reconocen “la urgencia de garantizar que los productos textiles comercializados en la Unión sean de larga vida, reutilizables, reparables, reciclables, elaborados en gran medida con fibras recicladas y que carezcan de sustancias peligrosas”. Los eurodiputados instan por el respeto de “los derechos humanos y sociales” y ponen de relieve que “dentro del sector textil se producen una amplia gama de violaciones de los derechos laborales, que afectan, en particular, a las mujeres y a otros grupos marginales, entre ellas, salarios que acarrean pobreza, robo salarial, limitación indebida del derecho a afiliarse al sindicato que se desee o a constituirlo, trabajo infantil, trabajo forzado, exposición a condiciones laborales insalubres y acoso sexual” (véase el comunicado). El voto del Parlamento ha sido acogido favorablemente por las ONG y la organización IndustriAll Europe (véase el comunicado).

Remuneración de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal : El Tribunal Federal de Trabajo dictó sentencia el 31 de mayo en el caso de una trabajadora cedida por una empresa de trabajo temporal que impugnaba el hecho de que se le pagara menos que a los empleados fijos de la empresa usuaria por el mismo trabajo como preparadora de pedidos. El Tribunal Federal de Trabajo había remitido el asunto al Tribunal de Justicia. Los jueces europeos concluyeron que el convenio colectivo sobre trabajo temporal, que reduce la retribución de los trabajadores cedidos en comparación con los trabajadores de la empresa usuaria, debe prever prestaciones compensatorias para respetar la “protección global” que se les debe conceder (véase TJCE, 15 de diciembre de 2022, asunto C-311/21, CM c. TimePartner, y véase IR Notes 199). El Tribunal Federal hizo suyos los argumentos del Tribunal de Justicia, subrayando que la desigualdad de trato vinculada a una retribución inferior se veía contrarrestada, en particular, por el hecho de que los trabajadores temporales conservaban su retribución entre dos misiones, cuando no trabajaban (véase el comunicado). La central sindical alemana DGB lamentó que la sentencia del Tribunal Federal no diera la razón a la demandante (véase el comunicado).

Violencia doméstica : Tras la aprobación de la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de 2023, que introdujo el derecho legal a cinco días de permiso para las víctimas de violencia doméstica (véase IR Notes 206), el Gobierno irlandés acaba de firmar un contrato con la ONG Women’s Aid para desarrollar herramientas prácticas y guías para las empresas que apoyan a los trabajadores víctimas de violencia doméstica. En respuesta a las críticas, sobre todo de Women’s Aid y los sindicatos, de que la ley no exige que se mantenga el 100% de la retribución durante ese permiso, Roderic O’Gorman, ministro responsable del tema, ha anunciado que en los próximos meses se publicará una normativa “que establecerá el nivel de retribución del permiso por violencia doméstica”, lo que hace albergar esperanzas de una aclaración anhelada desde hace mucho tiempo (véase el comunicado).

Semana de cuatro días : El pasado 5 de junio, el Gobierno portugués lanzó la tercera fase del proyecto piloto para probar la semana de cuatro días. Se trata de un proyecto que se puso en marcha en noviembre de 2022. En esta tercera fase participan 1.000 trabajadores de 39 empresas de los sectores social, industrial y comercial. La evaluación se llevará a cabo mediante encuestas (antes, durante y después del experimento). En febrero de 2025 se realizará una evaluación. Las empresas participantes se comprometen a un período de prueba de un mínimo de seis meses, sin ayudas estatales. El Estado solamente proporcionará apoyo técnico y administrativo para la prueba (véase el comunicado).

Menopausia y menstruación : El organismo británico de normalización BSI ha publicado una guía titulada “Menstruación, salud menstrual y menopausia en el lugar de trabajo“, dirigida a las empresas y a modo de ayuda para que puedan introducir políticas de prevención dirigidas principalmente a las mujeres en el lugar de trabajo. Tras un recordatorio pedagógico de los efectos de estos síntomas en la vida laboral para combatir las ideas preconcebidas, la guía ofrece una caja de herramientas para directivos y departamentos de RRHH, así como una guía de entrevistas para facilitar las conversaciones entre las personas que padecen estos síntomas y su jefe o una persona de apoyo designada dentro de la empresa (véase el comunicado).

Semana de cuatro días : Los miembros del comité de empresa europeo de Axa (CEG Axa) compartieron las experiencias sobre la semana de cuatro días llevadas a cabo en sus países o las propuestas presentadas por sus sindicatos a nivel nacional. A petición, en particular, de los representantes españoles y franceses, la secretaría del CEG Axa decidió crear un comité de seguimiento de los proyectos en curso en los distintos países.

> Véase también: La Confederación Europea de Sindicatos ha publicado una guía sobre el acceso de los comités de empresa europeos a la justicia y una guía sobre la coordinación y la interacción en el seno de los comités de empresa europeos.

El Parlamento Europeo ha publicado un estudio sobre los requisitos mínimos de salud y seguridad para la protección de la salud mental en el lugar de trabajo, allanando el camino para los debates sobre una iniciativa europea, solicitada en particular por el movimiento sindical europeo y el Parlamento Europeo (en una resolución de 10 de marzo de 2022, véase IR Notes n° 182). El estudio está dirigido a los responsables políticos e interesará también a los agentes del diálogo social, incluidos los comités de empresa europeos encargados de esta cuestión (véase Psychosocial risks). El documento presenta una visión general del alcance y la evolución de la mala salud mental y los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo; identifica grupos vulnerables de trabajadores y sectores especialmente expuestos al riesgo; ofrece una visión general de la legislación en los Estados miembros e identifica ejemplos de buenas prácticas. Los autores abogan por una directiva que se refiera específica y explícitamente a los riesgos psicosociales, introduciendo normas mínimas como la obligación de que las empresas “realicen evaluaciones internas de los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo en colaboración con sus trabajadores o sus representantes”.

> Véase también: El dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre salud mental y precariedad (véase IR Notes 208).