IR Notes

El 24 de enero a mediodía, el Vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el Comisario Europeo de Derechos Sociales, Nicolas Schmit, presentaron la revisión de la Directiva 2009/38 sobre los comités de empresa europeos, tras las dos fases de consulta con los agentes sociales europeos (véanse IR Notes 209 y IR Notes 213), en respuesta a la resolución legislativa aprobada por el Parlamento Europeo en la que se pedía la revisión de la Directiva (véase IR Notes 201). Dados los plazos, no es posible hacer un análisis pormenorizado, pero he aquí algunos puntos iniciales. Los lectores pueden consultar el comunicado de prensa y la propuesta de directiva que hemos publicado en la web. Como señaló Valdis Dombrovskis, se trata de una “revisión selectiva” de la directiva, lo que también se corresponde con la petición de Dennis Radtke, ponente de la resolución legislativa del Parlamento, que sostuvo que no era necesario volver a inventar la rueda. Se ha dado la razón al movimiento sindical europeo y al Parlamento: 1) Incluso si, como reconoce Nicolas Schmit, la Comisión no ha mantenido el nivel de sanciones financieras solicitado por el Parlamento (tomando como modelo las sanciones previstas en el Reglamento RGPD), a la hora de determinar las sanciones, la propuesta pide a los Estados miembros que “tengan en cuenta la gravedad, la duración, las consecuencias y el carácter intencionado o negligente de la infracción y, en el caso de las sanciones pecuniarias, también el tamaño y la situación financiera de la empresa o grupo sancionado (por ejemplo, su volumen de negocios anual), así como otros criterios pertinentes”. 2) El considerando 16 de la Directiva 2009/38 se incorpora al cuerpo de la Directiva. 3) Las reuniones plenarias pasan de una a dos al año. 4) Se confirma el carácter previo a la decisión de la consulta, y esta vez se hace explícito: la consulta debe permitir a los representantes de los trabajadores “expresar una opinión antes de que se adopte la decisión, y que esta opinión reciba una respuesta escrita motivada de la dirección central antes de que esta adopte su decisión sobre la medida propuesta”. 5) Con el fin de mejorar la eficacia de los comités de empresa europeos existentes, los nuevos requisitos relativos a los recursos financieros y materiales (que deberán especificarse en los acuerdos) serán de aplicación también para los acuerdos ya existentes, que deberán por tanto adaptarse. Se implantará un período transitorio durante el cual las partes en los acuerdos existentes deberán comprobar si cumplen los requisitos revisados de la nueva directiva y, en caso contrario, tendrán que “renegociarlos” para evitar el riesgo de litigios cuando sean aplicables los requisitos revisados. Si esta renegociación no tiene éxito, se aplicarán los requisitos subsidiarios anexos a la directiva”. En la próxima edición profundizaremos en estos importantes cambios adoptados, como explicaba Dennis Radtke, para que los comités de empresa europeos dejen de ser tigres de papel.

Autoridad Laboral Europea : El pasado 18 de enero, los eurodiputados adoptaron una resolución sobre la revisión del mandato de la Autoridad Laboral Europea (ELA). Creada en 2019 y con sede en Bratislava, el mandato de la ELA consiste en mejorar la cooperación entre los países de la Unión Europea en materia de movilidad de los trabajadores, coordinar inspecciones conjuntas, realizar análisis y evaluaciones de riesgo sobre cuestiones de movilidad laboral transfronteriza y mediar en litigios entre Estados miembros (véase European Labour Authority). De acuerdo con las disposiciones del reglamento 2019/1149 de 20 de junio de 2019, el mandato de la institución debe revisarse al cabo de cinco años y la Comisión debe presentar un informe a tal efecto antes del próximo mes de agosto. En este contexto, los eurodiputados pretenden reforzar su mandato. Para Dennis Radtke (PPE), coponente de la resolución, es hora de dar “dientes” al tigre de papel, porque la autoridad de la ELA reside únicamente en su nombre (véase IR Notes 114). “El nuevo mandato debe desempeñar un papel activo en la protección de los trabajadores de la Unión Europea frente a la explotación y asegurar el cumplimiento de las normas de la UE, garantizando así un mercado único justo”, subraya. Señalando que a la gente no le gustan las visitas en una casa desordenada, Agnes Jongerius (S&D), coponente de la resolución, pide que la ELA pueda llevar a cabo investigaciones de forma independiente, algo que no sucede puesto que debe recibir una invitación de los Estados antes de realizar una operación de inspección, algo que los responsables se cuidan de no hacer. Además, la ELA debería cubrir a los trabajadores de terceros países cuya circulación dentro de la UE no entra dentro de sus competencias. Hay ejemplos en los que se ha explotado a ciudadanos de terceros países, pero la ELA ha sido incapaz de actuar”, señala. Cuando una empresa radicada en la Unión Europea no paga a sus trabajadores o los trata mal, la ELA debe investigar y emprender acciones judiciales. No importa si los trabajadores son europeos o no. La próxima Comisión entrará en funciones tras las elecciones europeas de junio y el organismo tendrá entonces que ocuparse de la cuestión y proponer una revisión del reglamento fundacional de la ELA.

Contratación pública : El pasado 15 de enero, en una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea, los eurodiputados debatieron la necesidad de revisar la directiva 2014/24 sobre contratación pública con vistas a reforzar el uso de criterios sociales en la adjudicación de contratos. Según un estudio reciente encargado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento, las autoridades públicas se enfrentan a obstáculos jurídicos e incertidumbres a la hora de intentar aplicar criterios de adjudicación sociales y sostenibles para seleccionar empresas (véase Social clauses). Este debate marca la última etapa de una campaña realizada por la de la federación sindical europea UNI Europa (véase el comunicado). Las principales demandas de revisión son garantizar que una autoridad pública pueda imponer criterios sociales en una licitación, por ejemplo reservando el contrato público a empresas que apliquen un convenio colectivo, o excluir de una licitación a una empresa que no haya respetado uno de los convenios fundamentales de la OIT. Los principales miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales subieron a la tribuna para transmitir un mensaje claro al comisario europeo Nicolas Schmit (véase la audiencia). Denis Radtke (PPE) confió en que el “pequeño estímulo” proporcionado por la pregunta parlamentaria lleve a la Comisión a “comprometerse a garantizar que los fondos públicos se destinan a quienes respetan las reglas de la economía social de mercado”. Agnes Jongerius (S&D) denunció una directiva que “conduce a la explotación y al pago insuficiente así como a la violación de los derechos sociales”. El tema volverá sin duda a la agenda tras las elecciones europeas de junio.

Denunciar el acoso : El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una importante sentencia sobre la toma en consideración de la opinión de los trabajadores víctimas de acoso (véase el comunicado). La trabajadora de una asociación, creyéndose víctima de acoso por parte de su empresario, del que era secretaria, pidió al hijo de éste, que ocupaba un cargo de dirección espiritual en la organización, que se le permitiera ocupar otro puesto debido a la actuación de su padre. El director le propuso que se tomara una baja por enfermedad para ultimar la rescisión de su contrato de trabajo en forma de finiquito. Acto seguido, la trabajadora envió un correo electrónico al director general de la asociación, denunciando “agresión sexual, acoso sexual y acoso moral”, con copia a cinco personas: su cónyuge, su empleador, el director espiritual, otro de los hijos del empleador y el inspector de trabajo. La trabajadora fue condenada por difamación sobre la base de este correo electrónico, en particular por no haber probado ninguna agresión sexual, sentencia confirmada por el Tribunal de Casación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo hincapié en la necesidad, a la luz del artículo 10 del CEDH (libertad de expresión), de proporcionar una protección adecuada a las personas que denuncien actos de acoso psicológico o sexual de los que se consideren víctimas. El Tribunal considera que los órganos jurisdiccionales (…) impusieron una carga de la prueba excesiva a la demandante al exigirle que aportara pruebas de los hechos que pretendía denunciar. El Tribunal señala que el correo electrónico únicamente tuvo efectos limitados sobre la reputación de su presunto agresor y que la sanción pecuniaria impuesta en el marco de una condena penal tiene, por su propia naturaleza, un efecto disuasorio que puede disuadir a las personas afectadas de denunciar hechos tan graves como los que, en su opinión, constituyen acoso psicológico o sexual, o incluso una agresión sexual.

Derecho de huelga : Por primera vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la prohibición del derecho de huelga en una sentencia (resumen en francés) relativa a unos profesores, funcionarios del Estado federal alemán, condenados por haber dejado de trabajar, a pesar de que la Constitución prohíbe el derecho de huelga a los funcionarios (véase el comunicado). El Tribunal recuerda que el derecho de huelga es una de las formas de libertad sindical, que constituye un “aspecto particular del derecho de asociación” (artículo 11 del CEDH). El Tribunal constata además que las distintas garantías institucionales existentes permiten a los sindicatos de funcionarios y a los propios funcionarios defender eficazmente los intereses profesionales en juego. Por lo tanto, la prohibición de la huelga no ha vaciado de contenido la libertad de asociación de los funcionarios.

Indemnización por vacaciones retribuidas : Según el artículo 7 de la Directiva 2003/88 sobre el tiempo de trabajo, los trabajadores que no hayan podido disfrutar de la totalidad de sus vacaciones anuales retribuidas antes de finalizar su relación laboral tienen derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas. Por tanto, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que el derecho de la Unión Europea se opone a una normativa que prohíbe el pago de dicha compensación a los trabajadores que pongan fin voluntariamente a su relación laboral, con la esperanza de jubilarse anticipadamente (TJUE, 18 de enero de 2024, asunto C-219/22, Comuna de Copertino). La legislación de la Unión únicamente se opone a la pérdida de ese derecho cuando el trabajador se ha abstenido de forma deliberada de disfrutar de sus vacaciones, a pesar de que la empresa le hubiera animado a hacerlo y si le hubiera informado del riesgo de perderlas al término de un período de referencia o de prórroga autorizado (véase el comunicado).

IA en el comercio minorista : La federación sindical europea UNI Europa Commerce ha lanzado un proyecto de dos años financiado por la UE sobre el uso de la IA en el sector minorista en cuatro países (España, Francia, Hungría y Suecia), en cooperación con las federaciones CCOO Servicios, CFDT Servicios, KASZ, Handels y Unionen. El objetivo del proyecto es elaborar un conjunto de herramientas y vídeos educativos para ayudar a los sindicatos a garantizar unas buenas condiciones de trabajo negociando el uso de algoritmos (véase el comunicado).

Riesgos psicosociales : Un tribunal español ha dictaminado por primera vez que los problemas de salud mental que sufrió durante cinco años un joven trabajador de una subcontrata del gigante tecnológico Meta para filtrar contenidos publicados en línea son una enfermedad relacionada con el trabajo y no una enfermedad común. Según el juzgado de lo social de Barcelona, los vídeos violentos de decapitaciones, suicidios y automutilaciones que se vio obligado a ver entre 2018 y 2020 fueron la causa de sus problemas: “el estrés laboral es el desencadenante único, exclusivo e indubitado” de los trastornos (véase el artículo de El País). Según los datos del periódico La Vanguardia, entre el 20% y el 25% de los 2.030 trabajadores de la empresa cursaron una baja, la mayoría, según los sindicatos, por problemas de salud mental (véase el artículo de La Vanguardia).

Rechazo de un empleo indefinido : En aplicación de la ley 2022-1598 de 21 de diciembre de 2022 sobre medidas urgentes relativas al funcionamiento del mercado laboral con vistas al pleno empleo, a partir del 1 de enero de 2024, todas las empresas que quieran contratar a un trabajador con un contrato indefinido al término de un contrato de duración determinada o temporal deben notificar su propuesta al trabajador y, en caso de rechazo por parte del trabajador, informar al servicio público de empleo (France Travail) en el plazo de un mes. Este procedimiento se establece en un decreto y en una sentencia. Los trabajadores que rechacen una oferta de contrato indefinido dos veces en un período de doce meses no tendrán derecho al seguro de desempleo.

Integración de los jóvenes : El grupo de equipos aeronáuticos Safran (50.000 trabajadores en la UE) y la federación sindical europea IndustriAll Europe han concluido la negociación de un acuerdo europeo para fomentar la integración de los jóvenes en el mundo laboral. El acuerdo toma el relevo del primer acuerdo firmado en 2013 y del firmado en 2017. Las grandes necesidades de contratación exigen hacerse atractivos para los jóvenes. En el preámbulo se reconoce que los jóvenes son sensibles “al impacto medioambiental y social de sus empleos, a la conciliación de la vida laboral y familiar, a la posibilidad de trabajar en otros países” y que “les preocupan los retos de las transiciones ecológica y digital”. El acuerdo también incluye medidas para integrar a los aprendices, a los que realizan cursos en alternancia, a los becarios y a los estudiantes investigadores europeos, con objetivos cuantificados. En virtud del acuerdo, todos los jóvenes con contratos de trabajo-estudio tienen derecho a una entrevista con el departamento de RRHH para hablar de su trayectoria profesional. En caso de dificultades, se ha previsto un seguimiento “para garantizar la buena evolución de la situación”. Se prestará especial atención a la vivienda. “Se hace hincapié en el despliegue del acuerdo, en particular implicando al nivel local”, subraya Corinne Schievene (CFDT), secretaria del comité de empresa europeo. Así, en el plazo de seis meses está prevista una reunión del comité de seguimiento y los responsables de RRHH de las entidades europeas, basada en los indicadores cuantitativos y cualitativos definidos en el acuerdo; una comunicación con los equipos de RRHH de las empresas y una presentación a los representantes locales del personal. Además, deberán elaborarse planes de acción entre la dirección local y los sindicatos y los órganos de representación de los trabajadores en un plazo de nueve meses a partir de la firma, en caso de que aún no existieran.