IR Notes

A pesar del fracaso de las negociaciones europeas sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión el pasado mes de diciembre, que deberían haber desembocado en la adopción de una directiva aplicable en todos los Estados miembros (véase IR Notes 219), la Comisión Europea, la Presidencia belga de la UE y los agentes sociales europeos lograron reactivar las perspectivas del diálogo social europeo en una cumbre celebrada el 31 de enero en el Château de Val Duchesse, cerca de Bruselas (véase Val Duchesse). Con este motivo, se adoptó una Declaración tripartita para un diálogo social europeo floreciente, en la que se destaca una frase de Jacques Delors: “Para que la Unión Europea funcione, necesitamos la competencia que estimula, la solidaridad que une y la cooperación que refuerza” (véase European Social Dialogue). Esta declaración representa “un compromiso renovado para reforzar el diálogo social a escala de la UE” y establece una serie de compromisos. Uno de ellos es coyuntural y pretende hacer frente a la escasez de mano de obra y cualificaciones mediante la preparación de “un plan de acción” para la primavera de 2024. El objetivo es “incorporar más personas al mercado laboral, mejorar las condiciones de trabajo, facilitar el reconocimiento de las cualificaciones e integrar a los trabajadores procedentes del extranjero, a través del diálogo social y la negociación colectiva”. Los demás compromisos intentan restañar las heridas de la crisis de la EPSU (véase IR Notes 129), cuando la Comisión se negó a presentar un acuerdo sectorial europeo al Consejo para su aprobación con vistas a transformarlo en directiva (véase EPSU case). Este control discrecional de los acuerdos europeos, ejercido en nombre de su derecho de iniciativa reconocido por el Tratado, ha sido validado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que refuerza las tensiones entre la Comisión y los agentes sociales. La declaración recuerda “que el papel asignado a los agentes sociales por el Tratado distingue el diálogo social de otras formas de consulta, como el diálogo con la sociedad civil”. Más concretamente, la Comisión ha decidido nombrar “un enviado especial para el diálogo social europeo” que “apoyará y coordinará la aplicación de la Comunicación de la Comisión sobre el refuerzo del diálogo social en la UE” (véase IR Notes 201), basándose en la “red de coordinadores del diálogo social de la Comisión” recomendada por el informe Nahles (véase IR Notes 157). Se establecerá un mecanismo para los casos “en que los agentes sociales identifiquen conjuntamente que el diálogo social no está siendo respetado y promovido adecuadamente en la Unión Europea”. Del mismo modo, si los agentes sociales “identifican conjuntamente preocupaciones a nivel nacional, el enviado especial transmitirá estas preocupaciones comunes a las instituciones europeas”. Contribuirá a la aplicación de los compromisos asumidos para apoyar y promover el diálogo social, incluidos en la declaración cuatripartita “Un nuevo comienzo para el diálogo social” (véase IR Notes 58). Por último, los firmantes pondrán en marcha un proceso para adoptar un “Pacto por el diálogo social europeo” a principios de 2025, en forma de una serie de reuniones tripartitas y bipartitas para “identificar nuevas propuestas para reforzar el diálogo social europeo”. Estas reuniones se centrarán en los aspectos financieros, tema de tensión desde que la Comisión quiso recortar la financiación directa a los agentes sociales europeos invitándoles a elaborar expedientes para financiar proyectos en el marco de los fondos europeos. De las reuniones debería salir también un “enfoque bipartito consensuado de los procesos de negociación y de aplicación y promoción de los acuerdos europeos autónomos y de los acuerdos aplicados mediante una directiva europea o una decisión del Consejo”, para dejar atrás de una vez por todas el asunto EPSU (FSESP). Queda por ver si los actores deciden finalmente utilizar el poder que les otorga el Tratado para colegislar en materia de empleo elaborando normas, incluso sin la amenaza de intervención legislativa de la Comisión.

> Reacción de los agentes sociales: La Confederación Europea de Sindicatos se congratula de esta declaración, que contiene “medidas destinadas a poner fin al bloqueo del diálogo social europeo” resultante del fracaso de las negociaciones sobre el teletrabajo (véase el comunicado). BusinessEurope advierte que “el diálogo social bilateral autónomo solamente puede desarrollarse si los empresarios y los trabajadores disponen del espacio necesario para comprometerse mutuamente” (véase el comunicado), es decir, sin la amenaza de una intervención legislativa por parte de la Comisión. La CEEMET, que representa a los empresarios de las industrias metalúrgica y tecnológica, se declara “muy satisfecha con los resultados de la Cumbre de Val Duchesse” (véase el comunicado).

> Más información: Nota de Notre Europe – Instituto Jacques Delors – Social Europe: social dialogue at the heart of the debate, enero de 2024.

Condiciones de trabajo en el transporte de pasajeros : El 29 de enero, los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta de revisión del Reglamento 561/2006 sobre los tiempos de conducción y los períodos de descanso en el sector del transporte discrecional de viajeros. Este texto pretende introducir excepciones a los tiempos de pausa y descanso para los conductores dedicados al transporte discrecional de viajeros, por ejemplo en el caso de los autocares turísticos (véase el comunicado del Consejo). Continúan los trabajos técnicos con vistas a la aprobación final del texto por el Consejo y el Parlamento.

• Deber de diligencia debida: Tras el acuerdo alcanzado en el diálogo a tres bandas, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han ultimado el proyecto de directiva sobre el deber de diligencia de las empresas. El documento debería permitir presentar un texto consolidado a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento el 13 de febrero, para su adopción en la sesión plenaria de abril. Una vez adoptada por el Consejo, la nueva directiva podrá publicarse.

Revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos : El mundo sindical ha reaccionado muy positivamente tras la presentación de la propuesta de revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos el 24 de enero (véase IR Notes 222). IndustriAll Europe ha anunciado que sigue queriendo luchar para mejorar el texto durante su proceso legislativo, en particular introduciendo la posibilidad de suspender judicialmente la decisión de las empresas en el caso de que el comité de empresa europeo no haya sido debidamente consultado; garantizando “un acceso simple y rápido a la justicia para los comités de empresa europeos en cada Estado miembro”; el recurso a un experto no solamente en la comisión negociadora, sino en el seno de los comités de empresa europeos una vez constituidos, y la ampliación de las competencias de los comités de empresa europeo a los proyectos previstos en un país que afecten a otro” (véase el comunicado), tal como prevé explícitamente la directiva sobre la implicación de los trabajadores en la sociedad europea. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) sigue exigiendo “sanciones suficientemente fuertes para evitar que las empresas violen los derechos de información-consulta”, que la directiva “se amplíe a las franquicias para garantizar que empresas como McDonalds queden cubiertas por un comité de empresa europeo, y que garantice que al menos un experto del comité de empresa europeo sea un representante sindical” (véase el comunicado de la CES y de la EPSU). En la vertiente patronal prosigue la lucha y BusinessEurope tiene la intención de seguir insistiendo en varios puntos. 1) La organización no acepta que la futura directiva se aplique a los acuerdos celebrados antes de 1996 o entre 2009 y 2011, ya que ve el riesgo de que esto “perjudique a muchos comités de empresa europeos que funcionan bien”, y pide que se respeten “los procedimientos de renovación de estos acuerdos, que permiten adaptaciones mutuamente beneficiosas”; 2) Rechaza la ampliación de la definición de transnacionalidad a los casos en que un único Estado miembro participe en un proyecto; 3/ En lo que respecta a la confidencialidad de la información, se opone a la posibilidad de que los Estados miembros impongan una autorización administrativa o judicial previa para que las empresas puedan ocultar información, ya que ello “perjudicaría la competitividad de las empresas y retrasaría su toma de decisiones” (véase el comunicado). Los empresarios de la industria química (ECEG) también piden que la revisión “salvaguarde al menos la situación actual de los comités de empresa europeos establecidos y permita a las empresas contar con su mantenimiento, tal y como preveía originalmente la directiva” (véase el comunicado). Algunas patronales nacionales también están alarmadas, como la BDA de Alemania, que considera que “la revisión que acaba de presentarse es superflua, no respeta suficientemente los órganos existentes y únicamente provocará confusión en las empresas”. La BDA considera que transformar el comité de empresa europeo “en un órgano de codecisión según el modelo alemán no tiene en cuenta la realidad de las multinacionales y no sería aceptado en toda Europa” (véase el comunicado).

> Véase también: Parlamento Europeo, Información, Revision of Directive 2009/38/EC on European works councils

Riesgos psicosociales: : En la conferencia de alto nivel sobre salud mental en el trabajo organizada por la Presidencia belga de la UE los días 30 y 31 de enero, los ponentes debatieron el papel de la reglamentación y, en particular, la función que podría desempeñar una futura directiva europea específica sobre riesgos psicosociales. De los debates se desprendió que una legislación específica que incorpore medidas organizativas para combatir el estrés laboral tiene un mayor impacto en la protección de la salud mental de los trabajadores. La Comisión Europea ha anunciado que iniciará en breve una revisión inter pares de las legislaciones nacionales vigentes, con vistas a desarrollar “un marco legislativo europeo reforzado que garantice la igualdad de condiciones en toda la Unión Europea”. La Presidencia belga recibirá en Bruselas a los distintos Estados miembros para iniciar estos trabajos (véanse las conclusiones de la conferencia).

Amianto : En una carta enviada el 25 de enero, la Confederación Europea de Sindicatos y las federaciones europeas de la industria IndustriAll Europe, FETCM, FSESP-EPSU y CSEE-ETUCE, instan a la Comisión Europea a cumplir su promesa de presentar una propuesta de directiva sobre la detección, el registro y el control del amianto en el sector de la construcción, con el fin de reforzar la seguridad de los trabajadores, en particular ante la necesaria ola de renovaciones energéticas que se avecina. Estaba previsto que el Colegio de Comisarios presentara el texto en junio de 2023, pero desde entonces ha desaparecido de la agenda de la Comisión (véase el comunicado de la CES).

• Encadrement des stagesRegulación de los períodos de prácticas : : El 29 de enero, la Confederación Europea de Sindicatos envió una carta a la Comisión Europea en la que expresaba su preocupación por el retraso en la presentación de una iniciativa para regular los períodos de prácticas y, en particular, para garantizar su remuneración. La Comisión se pronunció al respecto ante el Parlamento Europeo el 6 de febrero.

Incapacidad permanente : El Tribunal de Justicia ha dictado sentencia en un asunto español relativo a un conductor de camión de recogida de residuos domésticos víctima de un accidente laboral (TJUE, 18 de enero de 2024, Ca Na NegretaSA). Al no poder realizar su trabajo, fue reclasificado por su empresa como conductor en el sector de los puntos de recogida móviles, que era menos exigente físicamente, implicaba menos tiempo de conducción y era compatible con sus limitaciones físicas. Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se negó a reconocer la incapacidad laboral permanente. Sin embargo, tras un recurso interpuesto por el trabajador, la incapacidad permanente fue finalmente reconocida. En aplicación de la legislación española, la empresa extinguió el contrato de trabajo, ya que la constatación de la incapacidad permanente total para la profesión habitual permite la extinción automática del contrato de trabajo, sin necesidad de cumplir ningún trámite y sin que la extinción esté sujeta al cumplimiento de ninguna obligación previa en materia de “ajustes razonables”, en contra de lo dispuesto en la Directiva 2000/78. Por tanto, el TJUE dictaminó que la legislación española no se ajustaba al Derecho de la UE. Antes de cualquier despido, la empresa está obligada a “con carácter previo, a prever o mantener ajustes razonables con el fin de permitir a dicho trabajador conservar su empleo” o “demostrar, en su caso, que tales ajustes constituirían una carga excesiva”.

Frente común contra la extrema derecha : Frente al ascenso del partido de extrema derecha AFD, los agentes sociales han emitido un mensaje conjunto recordando que “contribuyeron de forma decisiva a la reconstrucción” de Alemania “tras los horrores del régimen nacionalsocialista y al desarrollo de un modelo social y económico que permitiera un equilibrio justo y social”. Nunca hicieron “distinción alguna en cuanto al origen o la nacionalidad de los trabajadores. Esto ha contribuido a garantizar la democracia y la prosperidad en nuestro país durante décadas. La economía alemana, los sindicatos alemanes y los comités de empresa conocen la enorme importancia de la paz social para Alemania”. Denunciando “los actuales planes de emigración de la extrema derecha”, los agentes sociales han subrayado que “nuestras empresas son el espejo de la sociedad. Las personas que trabajan para nosotros y con nosotros son nuestros colegas, nuestros vecinos y nuestros amigos” (véase la declaración conjunta DGB-BDA).

• Permiso retribuido : Desde el 1 de enero, un trabajador que caiga enfermo durante un período de vacaciones anuales puede conservar sus días de vacaciones para disfrutarlos más adelante. (véase el comunicado de prensa de la CSC y de la FGTB). En este caso, debe comunicar inmediatamente a su empresa su dirección de residencia, presentar un certificado médico en el plazo normal aplicable en la empresa e informar a la empresa de su deseo de transferir sus días de vacaciones no disfrutados después del período de ausencia en curso (véase el comunicado del Ministerio de Trabajo).

• Estatuto de los repartidores : Por segunda vez, Amazon ha perdido un pleito planteado por la Seguridad Social, al reclasificar como relación laboral a 3.688 repartidores considerados por la multinacional como autónomos. El grupo ha decidido recurrir (véase el comunicado de la UGT y el artículo de El Periódico).

Inflación : Si bien los comités de empresa europeos no tienen competencias en materia de política salarial, el impacto de la inflación sobre los trabajadores europeos les lleva a abordar esta cuestión. En su sesión plenaria de diciembre de 2023, el comité de empresa europeo de BNP Paribas guardó un minuto de silencio en homenaje a la pérdida de poder adquisitivo, mientras cada miembro exhibía un caballete con las tasas de inflación de sus respectivos países (véase la foto). “Aunque se han realizado algunos esfuerzos en determinados países y líneas de negocio, el comité de empresa europeo lamenta la falta de medidas colectivas y significativas”, señala un comunicado de prensa de la oficina del comité de empresa europeo de BNP Paribas.

Diálogo social internacional : Durante la reunión de la red sindical mundial del grupo Saint-Gobain, a la que asistieron 20 representantes sindicales de 9 países los días 19 y 20 de diciembre de 2023, los sindicalistas tuvieron la oportunidad de entablar un debate con el director responsable de asuntos sociales de Saint-Gobain, Régis Blugeon. En la reunión se debatió en particular sobre las posibilidades de ampliar el diálogo social con el grupo a escala internacional (véase el comunicado de IndustriAll).