IR Notes

Durante la conferencia de alto nivel sobre la base europea de derechos sociales , organizada los días 15 y 16 de abril por la Presidencia belga de UE Europea, la mayoría de los Estados miembros, interlocutores sociales y representantes de las instituciones firmaron la Declaración de La Hulpe sobre el futuro de los derechos sociales (véase European Pillar of Social Rights). Su objetivo, según explicó la Presidencia belga, «es preparar la futura agenda social para el periodo 2024-2029 y volver a confirmar el pilar europeo de derechos sociales como brújula de la política social de la UE». Con tantos signatarios, sólo puede tratarse de un texto de compromiso y, por lo tanto, bastante general y desprovisto de medidas concretas. Pero la búsqueda de un consenso fracasó igualmente, ya que la patronal europea BusinessEurope se negó a firmar el texto por considerar que ya incluía demasiado espacio a posibles futuras normas vinculantes. Además, dos países no apoyaron el texto: Austria y Suecia, que aún no se ha recuperado de la adopción de la directiva sobre salarios mínimos adecuados. Sin embargo, si se lee entre líneas, se pueden encontrar puntos de apoyo que permitirán avanzar a la Europa social. Por ejemplo, la declaración solicita «una acción decidida para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, así como los estereotipos de género perjudiciales». Como solución a la escasez de empleo, la declaración subraya la necesidad de calidad de los puestos de trabajo, ya que «unas condiciones laborales dignas son esenciales para atraer y retener a los trabajadores». Los firmantes solicitan además iniciativas «destinadas a mejorar la capacidad de detectar fraudes y abusos», en particular reforzando las inspecciones de trabajo para «mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los nacionales de la UE y de terceros países», prestando especial atención a la subcontratación y al trabajo temporal.
La declaración hace asimismo referencia a «promover la implicación de los trabajadores y su derecho a la información, la consulta y la participación» para permitir a los empleados «desempeñar un papel activo en la anticipación y la gestión de las transiciones digital y ecológica». Por otro lado, la parte más prescriptiva es la sección sobre salud y seguridad en el trabajo, con la ambición de «seguir adaptando (…) los reglamentos y marcos pertinentes para integrar mejor los riesgos psicosociales, por ejemplo los vinculados a la transición digital, incluido el impacto negativo sobre la salud mental». Además, el texto pretende prevenir «los riesgos específicos derivados del cambio climático» y acelerar «el establecimiento de unas normas mínimas» para las sustancias peligrosas.
Por último, la declaración apoya la «contratación pública sostenible» para «promover la negociación colectiva», lo que puede implicar la revisión de las «directivas en materia de contratación pública» para permitir a las autoridades públicas contratar únicamente con empresas cubiertas por un convenio colectivo.

Informe parlamentario sobre la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos : el pasado 3 de abril, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo adoptó por amplia mayoría su informe sobre la propuesta de directiva relativa a la revisión de la Directiva 2009/38 sobre los comités de empresa europeos (28 votos a favor, 7 en contra y 8 abstenciones) (véase el comunicado de prensa y European Works Council). Los diputados conservadores del PPE se mostraron indiferentes frente a los argumentos esgrimidos por los empresarios, a pesar de sus apremiantes demandas (véase más abajo). Las principales enmiendas se refieren al acceso a la justicia y al refuerzo del sistema de sanciones en caso de violación del derecho de información y consulta. Respecto al primer punto, el acceso a los procedimientos judiciales o administrativos debe facilitarse y ser accesible a la CE europea. Ésta debería poder solicitar a los tribunales la suspensión temporal de las decisiones de la dirección central, lo que implicaría la suspensión de los efectos de las decisiones impugnadas sobre los contratos de trabajo de los trabajadores afectados. Al mismo tiempo, se ha aclarado y reforzado el sistema de sanciones. Debe prever: 1/ sanciones económicas proporcionales a la naturaleza, gravedad y duración de la infracción cometida por la empresa, cuyo importe aumente en función del número de trabajadores afectados; 2/ medidas que excluyan a la empresa del derecho a los fondos de la Unión correspondientes, durante un periodo de hasta tres años; 3/ medidas que limiten la participación de la empresa en un contrato público, tal y como se define en la Directiva 2014/24. Por otro lado, el ponente, Dennis Radtke (PPE), señala que «no es necesario volver a negociar por completo los acuerdos existentes, sino sólo adaptarlos a las nuevas exigencias». El texto debe presentarse ahora al pleno del Parlamento Europeo, sin duda después de las elecciones europeas del próximo mes de junio. Al no haber un número suficiente de eurodiputados presentes, o incluso la ausencia de determinadas formaciones políticas en el momento de la votación, la comisión no adoptó el mandato de negociación del Parlamento. Corresponderá ahora al pleno del Parlamento adoptar el mandato para iniciar las negociaciones con los representantes de los Estados miembros, que también comenzaron a examinar la propuesta el 11 de abril.

> Véase también: reacciones positivas de la Confederación europea de sindicatos (véase el comunicado de prensa) y de IndustriAll Europe (véase el comunicado de prensa).

Posiciones patronales sobre la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos : antes de la votación en la comisión parlamentaria, las organizaciones patronales intentaron influir en los eurodiputados exponiendo sus líneas rojas en una declaración conjunta adoptada el 22 de marzo por la patronal europea BusinessEurope y cinco de sus organizaciones sectoriales (Ceemet, EBF, ECEG, Eurocommerce, Hotrec). La ECEG ha emitido un comunicado el pasado 3 de abril. En su declaración, los empresarios se posicionan en torno a ocho puntos: 1/ El comité de empresa europeo sólo debe ser competente para los proyectos que afecten al menos a dos Estados miembros, y nunca para los proyectos que afecten a un solo Estado miembro. 2/ La futura directiva no debe cuestionar los acuerdos celebrados en virtud del artículo 13 de la directiva 94/45 o celebrados o revisados durante el periodo de transición tras la adopción de la directiva refundida 2009/38, de junio de 2009 a junio de 2011. Cabe destacar que el comunicado de la ECEG es más general e incluso parece abarcar todos los acuerdos celebrados antes de la entrada en vigor de la futura directiva. 3/ La capacidad de la dirección para exigir la confidencialidad de la información debe mantenerse para no retrasar el proceso de toma de decisiones. Además, el marco para el uso de la confidencialidad debe estar previsto en el convenio constitutivo, sin necesidad de una norma en la directiva. 4/ La cuestión de los gastos jurídicos a cargo del comité de empresa europeo debería estar regulada por la legislación nacional, y el empresario debería aprobar el mandato del experto y el importe de sus honorarios. «No es suficiente con que la dirección sea informada de antemano de los costes», afirman los empresarios. 5/ La directiva revisada debería obligar a los Estados miembros a desarrollar mecanismos alternativos de resolución de conflictos para evitar un aumento innecesario de los problemas judiciales. 6/ Permitir que el comité de empresa europeo exprese su opinión antes de que la empresa adopte su decisión, y que esta opinión sea objeto de una respuesta escrita motivada por parte de la dirección antes de que ésta adopte su decisión, corre el riesgo de «retrasar decisiones importantes en un momento en que las empresas a menudo necesitan reaccionar rápidamente a los cambios del entorno económico». 7/ La información y la consulta se llevan a cabo con los representantes de los trabajadores «incluidos, sin que sea una prioridad, los miembros afiliados a un sindicato». Por tanto, consideran que no es necesario otorgar más importancia a los representantes sindicales que en la actual directiva. 8/ La posibilidad de solicitar la suspensión de una decisión de la dirección ante los tribunales en caso de una posible violación del derecho de información y consulta «sería muy perjudicial para las empresas porque dificultaría considerablemente su proceso de toma de decisiones y constituiría una grave intrusión en la gobernanza empresarial». Por otro lado, en su comunicado de prensa, la ECEG añade que la directiva debe permitir que las reuniones se celebren virtualmente, utilizando subtítulos generados automáticamente para su comprensión en otros idiomas.

Encuesta sobre la Europa social : la Comisión Europea publicó el 12 de abril los resultados de una encuesta del Eurobarómetro sobre las expectativas de los ciudadanos respecto a la Europa social. Las iniciativas recientes más conocidas son la directiva sobre salarios mínimos adecuados (conocida por el 49 % de los encuestados) y la directiva sobre conciliación de la vida laboral y familiar (38 %). Cuando se les pregunta por iniciativas futuras, los ciudadanos desearían que se adoptaran medidas en materia de asistencia sanitaria (38 %), salarios (34 %) e ingresos para las personas mayores o jubiladas (30 %). A escala nacional, creen que la prioridad es luchar contra el aumento del coste de la vida (48 %) – los encuestados de 20 países lo sitúan en el primer puesto de la lista – por delante de los bajos salarios (35 %) y de una asistencia sanitaria inadecuada (29 %) (véase el resumen, el comunicado de prensa y la infografía).

Permiso para cuidadores : por primera vez, el Tribunal de Justicia ha tenido que pronunciarse sobre el acceso a una prestación pagada por un cuidador cuando la persona que recibe los cuidados no reside en el mismo Estado miembro que el trabajador que solicita el permiso para cuidador (véase la Work-life balance directive). En 2022, un ciudadano italiano, que trabajaba en Austria desde 2013, solicitó a su empleador austriaco un permiso de cuidador para atender a su padre, que vivía en Italia. El empleador le concedió el permiso, pero las autoridades se negaron a abonarle el permiso para el cuidado de familiares. Las autoridades explicaron que su padre no percibía una prestación de dependencia de nivel 3 con arreglo a la legislación austriaca, y el pago de dicha prestación a la persona dependiente sería una condición necesaria para que el empleado que presta cuidados recibiera el permiso para el cuidado de familiares. El Tribunal de Justicia subrayó que el hecho de que el permiso para el cuidado de familiares fuera accesorio de la prestación de dependencia «implica una discriminación indirecta por razón de la nacionalidad que sólo puede aceptarse si está objetivamente justificada», ya que sólo pueden beneficiarse aquellos trabajadores cuyos parientes cercanos residen en Austria. Además, el padre del empleado que se encontraba en un estado de dependencia le habría dado derecho, de haber residido habitualmente en Austria, a una prestación de dependencia de nivel 3. Esta discriminación sólo puede justificarse si la condición de percibir la prestación de nivel 3 está «objetivamente justificada por una finalidad legítima relacionada, en particular, con el mantenimiento del equilibrio financiero del régimen nacional de seguridad social, y constituye un medio proporcionado para alcanzar dicha finalidad», lo que corresponde comprobar a los tribunales austriacos (TJUE, 11 de abril de 2024, asunto C-116/23, Sozialministeriumservice).

Subcontratación : El pasado 8 de abril, tres federaciones sindicales europeas (FETBB, EFFAT y ETF) publicaron una nota de orientación en la que piden que la UE actúe para limitar la subcontratación, regular el papel de los intermediarios laborales y aumentar la frecuencia y eficacia de las inspecciones de trabajo (véase el comunicado de prensa), en particular en lo que respecta a la movilidad de los nacionales de terceros países en situación precaria que «dependen totalmente de los intermediarios» (véase el comunicado de prensa).

Construcción : la CES y dos federaciones sindicales europeas (FETBB y FSESP) han enviado una carta a la Presidencia belga de la UE para presionar a la Comisión Europea a fin de que presente, como anunciara en 2022, una propuesta legislativa sobre la detección y el registro del amianto en los edificios y solicite a los Estados miembros que pongan en marcha estrategias nacionales para la retirada del amianto (véase el comunicado de prensa).

Defender los empleos industriales : el pasado 12 de abril, los interlocutores sociales de la industria metalúrgica, Gesammtmetall e IG Metall, adoptaron una declaración conjunta en la que expresan su alarma ante las opciones empresariales en materia de localización e inversión en detrimento del territorio alemán. Para ello, solicitan a las autoridades que adopten las siguientes medidas: 1/ garantizar costes energéticos competitivos y crear condiciones de inversión más atractivas; 2/ acelerar el desarrollo de las infraestructuras; 3/ desarrollar y reforzar la formación en alternancia; 4/ equipar mejor las escuelas y los centros de formación profesional; 5/ reforzar la atención a la infancia; 6/ atraer a los profesionales, reducir la burocracia y promover una cultura más acogedora (véase el comunicado de prensa). Por último, al constatar la disminución del número de asalariados cubiertos por convenios colectivos en el sector, los interlocutores sociales «entablan un diálogo estructurado» para poner remedio a la situación.

Derecho a vacaciones pagadas : el Parlamento adoptó definitivamente el 10 de abril un proyecto de ley para armonizar la legislación francesa con la de la UE, adaptando el Código Laboral a la legislación europea sobre la cuestión de los derechos a vacaciones pagadas adquiridos durante los periodos de baja por enfermedad. El nuevo texto prevé principalmente: 1/ la adquisición de vacaciones a razón de dos días laborables al mes en caso de enfermedad no profesional, hasta un máximo de 24 días por periodo de referencia (12 meses); 2/ el trabajador que no pudiera, por enfermedad o accidente (profesional o no profesional), disfrutar total o parcialmente de las vacaciones retribuidas que haya adquirido, se beneficiaría de un periodo de prórroga de 15 meses para utilizarlas; 3/ en el mes siguiente a su reincorporación a la empresa, el trabajador debería recibir información de su empleador sobre el número de días de vacaciones de que dispone y la fecha hasta la que puede disfrutar de esos días de vacaciones. Estas nuevas normas son retroactivas al 1 de diciembre de 2009.

Programa de gobierno : el nuevo programa del gobierno dirigido por Luis Montenegro, líder de la coalición de centro-derecha Alianza Democrática, fue adoptado por el Parlamento el 10 de abril, con el voto favorable de los socialistas principalmente. El programa incluye 60 medidas sugeridas por otros partidos, 32 de ellas por el Partido Socialista, lo que parece indicar que este gobierno en minoría favorece a los socialistas como su principal interlocutor. La principal confederación sindical, la CGTP, ha expresado recientemente su recelo ante los planes de la Alianza Democrática (véase el comunicado de prensa), que pretende «revisar» los cambios en la legislación laboral que entraron en vigor a principios de 2023 como parte de la Agenda del Trabajo Digno (Agenda do Trabalho Digno) del anterior gobierno socialista (IR Notes 202 y el artículo de CM jornal). El gobierno quiere retomar además el diálogo social, recordando que los últimos acuerdos tripartitos se concluyeron sin la firma de la patronal, y perseguir el objetivo de elevar el salario mínimo nacional a 1.000 euros al final de la legislatura, en 2028, con aumentos basados en la inflación y las ganancias de productividad.

> Véase también: la evolución de la jurisprudencia y la legislación recogida en los informes Flash reports on labour law de enero y febrero 2024 elaborados por el Centro Europeo de Expertos (CEPE), a partir de los informes presentados por la red de expertos en derecho laboral del consorcio Goethe Universität y el ICF. Por su parte, la carta Collective Bargaining del ETUI de marzo de 2024 permite seguir la actualidad sobre la negociación colectiva en cada país.

Creación : el grupo francés de producción avícola LDC (25.000 empleados) ha concluido las negociaciones sobre un acuerdo europeo de comité de empresa (en fase de finalización), con un grupo especial de negociación asistido por la federación sindical europea EFFAT. La empresa tiene centros de producción en Francia, Hungría, Polonia y el Reino Unido. Según la EFFAT, el acuerdo prevé dos reuniones plenarias al año y dos reuniones en línea del comité restringido, así como la posibilidad de contar con la asistencia de un experto, que será, al menos durante los dos primeros años, un representante de la EFFAT (véase comunicado de prensa). En 2015 se presentó una primera solicitud de creación de un comité de CE, sin respuesta por parte de la dirección. En la primavera de 2021 se envió una segunda solicitud, con una carta de la EFFAT firmada por dos de las tres organizaciones sindicales francesas FO (mayoritaria) y CFDT (minoritaria), la CGT no la firmó.

• Reestructuración: la federación sindical europea UNI Europa y el comité de CE del grupo H&M han enviado un mensaje de solidaridad a los 588 empleados españoles (de unos 4.000) amenazados por un plan de cierre de 28 tiendas.

Un punto de referencia europeo : esta publicación anual del Instituto Sindical Europeo (ETUI) contiene gran cantidad de datos e información sobre el mundo laboral. Realiza un recorrido de los progresos realizados en la Europa social durante esta legislatura que toca a su fin. Tiene un capítulo dedicado a la democracia en el trabajo, con novedades sobre la práctica de los comités de empresa europeos en el contexto del debate sobre la revisión de la directiva. Incluye una actualización sobre las normas de confidencialidad y su impacto en la actividad de los comités de empresa, así como una evolución relativa al potencial de la reciente directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas en términos de desarrollo de derechos adicionales de participación de los trabajadores.

El teletrabajo y el derecho a la desconexión : este estudio, llevado a cabo por Visionary analytics y por nosotros, en el que participó IR Share, fue encargado por la Comisión Europea para analizar las tendencias, retos y oportunidades del teletrabajo y el derecho a la desconexión; presentar una visión general y un análisis del acervo comunitario, la legislación nacional y los acuerdos de los interlocutores sociales; identificar escenarios probables para la evolución del teletrabajo y presentar recomendaciones para el desarrollo de políticas futuras. Un documento muy completo y útil en un contexto en el que la Comisión va a lanzar una primera fase de consulta con los interlocutores sociales europeos sobre una iniciativa europea para establecer un marco para el teletrabajo y el derecho a la desconexión.