IR Notes

¿Cómo evolucionarán las políticas económica, presupuestaria, social y medioambiental de la Unión Europea durante los próximos meses? La respuesta está en la primera parte del “paquete de otoño” que la Comisión Europea presentó el pasado 26 de noviembre (véase el comunicado). Una de las etapas es el Semestre Europeo, introducido en 2010, que proporciona un marco anual para coordinar las políticas presupuestarias y económicas propuestas por la UE y la zona del euro (véase European Semester). Se trata del primer ejercicio que se lleva a cabo desde la entrada en vigor de la reforma del nuevo marco de gobernanza económica de la UE en abril de 2024 (véase el comunicado del Consejo). En junio, la Comisión envió a los Estados miembros directrices para la elaboración de sus planes fiscales y estructurales a medio plazo. Estos planes establecen sus objetivos presupuestarios, así como las reformas e inversiones prioritarias. Los Estados miembros presentaron sus planes en septiembre y la Comisión acaba de aprobarlos, a veces con reservas. Mientras tanto, la Comisión ha recibido el informe de Mario Draghi en el que insta a la UE a invertir fuertemente para reducir su diferencia de competitividad con los Estados Unidos y China (véase IR Notes 236). Oficialmente, el nuevo marco ayuda a los Estados miembros a lograr la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y la sostenibilidad fiscal, “esenciales para la fortaleza económica de la UE en el difícil entorno mundial actual”. El marco también “fomenta las reformas e inversiones que sentarán las bases de la estabilidad económica a largo plazo y el crecimiento sostenible”. Por último, “contribuye a construir una economía europea más resiliente, equitativa, competitiva y segura en interés de los ciudadanos”. De forma particular, el ejercicio pretende lograr “una reducción gradual y realista de los niveles de deuda pública, que han aumentado considerablemente tras la pandemia del COVID-19 y la posterior crisis energética”. Este objetivo debe incluirse en los planes a medio plazo de reformas e inversiones adoptados por cada país para cumplir las prioridades comunes de la UE (transiciones ecológica y digital, resiliencia social y económica, seguridad energética y refuerzo de las capacidades de defensa). Una vez que el Consejo apruebe los planes a medio plazo, la Comisión comprobará si los Estados miembros cumplen sus compromisos. A continuación, los Estados miembros presentarán informes anuales de situación. En las próximas semanas, la Comisión presentará la segunda parte del paquete de otoño del Semestre Europeo, que incluye la estrategia anual de crecimiento sostenible, la recomendación sobre la eurozona, el informe sobre el mecanismo de alerta rápida y la propuesta de informe conjunto sobre el empleo. ¿Salvará este nuevo ejercicio a la economía europea del estancamiento? Las orientaciones, difíciles de entender y que buscan un compromiso entre los Estados que se resisten a cualquier gasto común y los que esperan que la UE se endeude para permitir el revulsivo inversor reclamado por Mario Draghi, son la mejor garantía para seguir en el atolladero. Según afirma Ludovic Voet, secretario confederal de la CES: “Estos planes no tienen nada que ver con los retos económicos a los que se enfrentan Europa, sus industrias y sus trabajadores y demuestran una vez más que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento impone restricciones autodestructivas al gasto de los Estados miembros”. Y prosigue: “Europa necesita una política fiscal que fomente la inversión, que dé prioridad al bienestar de los trabajadores y que proteja el planeta”.

Trabajo forzoso : El pasado 19 de noviembre, el Consejo adoptó el reglamento destinado a prohibir los productos derivados del trabajo forzoso. El texto prohíbe la comercialización en la Unión Europea, la puesta a disposición en el mercado de la UE, así como la exportación desde el mercado de la UE, de cualquier producto derivado del trabajo forzoso (véase el comunicado de prensa; IR Notes 192 y IR Notes 229). El reglamento entrará en vigor tras su publicación en el DOUE y será aplicable tres años después.

Declaración electrónica para el desplazamiento : El pasado 13 de noviembre, la Comisión propuso la creación de un portal único de declaración digital para las empresas de servicios que desplacen trabajadores a otro Estado miembro de la Unión. Así lo prevé la propuesta de reglamento “relativo a una interfaz pública conectada al Sistema de Información del Mercado Interior para la declaración de desplazamiento de trabajadores y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1024/2012”. Esta plataforma se basa en la creada para las declaraciones de desplazamiento en el transporte por carretera y debería permitir: 1) reducir la carga administrativa asociada al desplazamiento de trabajadores, ya que las empresas dedicarán una media del 73% menos de tiempo a las declaraciones; 2) promover la cooperación entre los Estados miembros a través de este portal, que formará parte del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI); 3) reforzar la protección de los trabajadores, facilitando en particular “inspecciones eficaces y específicas” en los Estados miembros. Los Estados miembros podrán utilizar este sistema de forma voluntaria. Según la Comisión, nueve Estados miembros ya han anunciado que desean introducir el sistema. La secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) denunció el “coste social de esta propuesta”, que “superaría con creces el pequeño ahorro que supone para las empresas”. La secretaria general considera que la propuesta no es más que un ejemplo de “falsa economía” que se deriva del programa de desregulación “al estilo Trump” de la Comisión y cuyo objetivo es reducir la burocracia en un 25% (véase la carta de la CES). “Esta propuesta permitirá a las empresas ‘buzón’ continuar e incluso ampliar su modelo de negocio de envíos falsos”, según afirma Tom Deleu, secretario general de la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETBB). Las empresas apoyan el proyecto. En su reciente informe sobre la aplicación de la directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, las empresas pidieron a la Comisión que introdujera sin demora la declaración electrónica única. BusinessEurope también acoge favorablemente la iniciativa y considera que, a largo plazo, el mercado único “se beneficiaría de la existencia de un portal único de notificación con obligaciones unificadas en materia de información y documentación” (véase el comunicado).

• Revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos : El 3 de diciembre, los eurodiputados de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo votarán el mandato de negociación del Parlamento para entablar negociaciones con el Consejo, con vistas a la adopción de la propuesta de directiva presentada por la Comisión Europea (véase el orden del día).

Directiva sobre la regulación de los períodos de prácticas : El pasado 20 de noviembre, seis organizaciones patronales publicaron una declaración conjunta en la que piden la retirada de la propuesta de directiva para la mejora de los períodos de prácticas, sobre la que los Estados miembros intentan llegar a un acuerdo. En opinión de las empresas, el texto “no respeta el principio de subsidiariedad” ni el objetivo de la Comisión de reducir la carga administrativa de las empresas. “Dada la diversidad de los sistemas y marcos reglamentarios nacionales, los firmantes consideran que la cuestión de los períodos de prácticas debe tratarse a nivel nacional”.

Directiva sobre salarios mínimos adecuados : Los Estados miembros de la UE tenían hasta el 15 de noviembre para transponer a su legislación nacional la directiva sobre los salarios mínimos adecuados (véase IR Notes 192 e IR Notes 188). En un comunicado, la Comisión Europea se congratula de que la directiva ya haya empezado a producir “efectos positivos incluso antes de que finalizara su período de transposición, suscitando debates a nivel nacional sobre los salarios mínimos adecuados”. El estudio anual de Eurofound sobre los salarios mínimos destacó que “la práctica de vincular los salarios mínimos a un porcentaje de los ingresos medios o medianos, como sugiere la directiva, continuó” a lo largo de 2023, con “un número creciente de países de la Unión Europea que adoptan esta práctica”. Además, “en los dos últimos años, los salarios mínimos legales han aumentado significativamente en la mayoría de los Estados miembros”, señala la Comisión, “compensando el impacto de la elevada inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios reducidos”. La Comisión afirma que evaluará si la directiva ha sido plena y correctamente incorporada a la legislación nacional por cada Estado miembro y que tomará medidas en caso necesario. La Confederación Europea de Sindicatos es mucho menos positiva. Si bien reconoce los efectos positivos expuestos por la Comisión (véase el estudio del Instituto Sindical Europeo), la Confederación denuncia sin embargo el hecho de que la mayoría de los países no hayan respetado la fecha de transposición (véase el comunicado).

Competitividad y licitaciones : En su audiencia de confirmación ante los eurodiputados del pasado 12 de noviembre, Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo nombrado por la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, presentó su visión de lo que debe ser la política industrial de la UE. En su intervención, Séjourné abordó una serie de cuestiones sociales, abogando en particular por la creación de un Fondo Europeo de Competitividad que combine garantías públicas y capital privado, y por el desarrollo de nuevos productos de ahorro a escala europea. Séjourné se comprometió a promover la introducción de condiciones sociales obligatorias, como mejores condiciones laborales, en las licitaciones públicas e insistió en la necesidad de garantizar empleos de calidad, defendiendo al mismo tiempo un enfoque equilibrado entre progreso social y competitividad económica.

Mejora de las competencias y calidad del empleo : Al igual que Stéphane Séjourné (véase más arriba), la comparecencia de la vicepresidenta ejecutiva responsable de Personas, Habilidades y Preparación, Roxana Mînzatu, fue una de las últimas previstas para confirmar la composición de la nueva Comisión. El objetivo era validar los nombramientos de los comisarios conservadores y de extrema derecha, antes de validar a los comisarios de Renew y a los socialdemócratas. El nombramiento suscitó críticas sobre el título de su puesto por parte de los presidentes de las comisiones de Empleo (EMPL) y Cultura (CULT), que señalaron la ausencia de las palabras “empleo” y “derechos sociales” en su título. En respuesta, Roxana Mînzatu subrayó que estas cuestiones siguen estando en el centro de sus prioridades. En su primera intervención, Mînzatu destacó la necesidad de promover empleos de calidad y fomentar el aprendizaje permanente e hizo hincapié en la transferibilidad de las competencias. Mînzatu abogó también por una mayor inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral y alentó el uso de las nuevas tecnologías, como la IA, para desarrollar habilidades clave. Mînzatu se ha comprometido a aplicar un nuevo y ambicioso plan de acción para el conjunto europeo de derechos sociales (véanse las actas de la audiencia y las respuestas escritas a los eurodiputados).

Acuerdo salarial en la metalurgia : El pasado 12 de noviembre, los agentes sociales de las industrias metalúrgica y electrónica de las regiones de Baviera y Küste alcanzaron un acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo durante las negociaciones piloto llevadas a cabo a nivel regional. Los resultados se transpondrán al resto de las regiones alemanas. El acuerdo prevé una subida salarial del 2% el 1 abril de 2025 para los cuatro millones de empleados del sector, seguida de un aumento del 3,1% en abril de 2026, así como el pago de una prima única de 600 euros en febrero de 2025. Los 230.000 aprendices recibirán 140 euros más al mes a partir de enero de 2025. Además, el sindicato IG Metall ha obtenido un “componente social” con  un aumento de ocho puntos de la “prima tarifaria anual”, que pasará del 18,5% del salario de referencia al 26,5% a partir de febrero de 2026, es decir, de 630 a 900 euros (véase el comunicado). (Photo: Frank Rumpenhorst)

Audiencia previa para el despido : El pasado 18 de noviembre la Sala de lo Social del Tribunal Supremo emitió una importante sentencia que obliga a las empresas a realizar una entrevista previa al trabajador con anterioridad a cualquier despido disciplinario. Salvo excepciones, se trata de un requisito que no existe en la legislación española. El único requisito formal será el envío de una carta de despido antes de la fecha efectiva de finalización del contrato de trabajo. Si bien la decisión de la empresa se puede impugnar ante un tribunal laboral, lo cierto es que el trabajador no tiene derecho a defenderse de las acusaciones de la empresa hasta que no haya recibido la carta de despido. El Tribunal Supremo aplicó el Convenio 158 de la OIT, cuyo artículo 7 establece que “no deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad”. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior, que se remontaba a finales de los años ochenta. Esta doctrina consideraba que el sistema de carta global de despido cumplía los requisitos del artículo 7 y que no podía considerarse que este artículo era de aplicación directa sin intervención legislativa. El Tribunal considera ahora que este artículo es una estipulación aplicable directamente. A partir de la fecha de publicación de esta sentencia, todos los despidos disciplinarios deben ir precedidos de una entrevista con el trabajador (véase el artículo del profesor Francisco Javier Gómez Abelleira y el comunicado del Tribunal Supremo).

Salario mínimo : El presidente Klaus Iohannis ha promulgado la ley sobre el “salario mínimo europeo”, que transpone la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados. El salario mínimo en Rumanía pasará a ser de 4.050 lei (unos 815 euros) a partir del 1 de enero de 2025. El monto fue objeto de negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas (véase el comunicado).