IR Notes

El pasado 29 de enero, la Comisión Europea presentó su «brújula para la competitividad» en forma de una comunicación que considera la «primera gran iniciativa» de su nuevo mandato (véase el comunicado de prensa). Este comunicado establece el marco de las futuras iniciativas destinadas a responder a los puntos débiles de la UE puestos de manifiesto por los informes de Enrico Letta y Mario Draghi. El comunicado establece tres prioridades: 1/ Cerrar la brecha de la innovación con la propuesta de crear un estatuto adaptado a las start-ups y a las empresas jóvenes en expansión, conocido como «28º régimen jurídico». O dicho de otro modo, una especie de 28º Estado miembro ficticio en el que las empresas se beneficiarán de normas simplificadas, sobre todo en materia de derecho laboral. 2/ Elaborar una hoja de ruta para la descarbonización y la competitividad destinada a dar un respiro a la industria europea. Esto incluye un plan de acción para una energía asequible y planes de acción a medida para determinados sectores de gran consumo energético como el acero, los metales y los productos químicos. 3/ Reducir la dependencia excesiva y reforzar la seguridad, para garantizar el suministro de materias primas, energía limpia y combustibles sostenibles. Por otro lado, la Comisión tiene previsto revisar las normas sobre contratación pública en 2026, con vistas a introducir una preferencia europea en la adjudicación de contratos públicos para sectores y tecnologías críticos. Además de estos tres ámbitos, la Comisión anuncia «cinco catalizadores horizontales para la competitividad», uno de los cuales es la «simplificación» destinada a reducir la carga reglamentaria y administrativa. Menciona varios paquetes «ómnibus» para simplificar la legislación, incluida la próxima propuesta de directiva «ómnibus» que simplificará «la publicación de información sobre sostenibilidad, el deber de diligencia y la taxonomía» (véase IR Notes 244). Otro «catalizador» pretende «promover las competencias y los empleos de calidad», garantizando al mismo tiempo la «justicia social». Para garantizar «una buena adecuación entre las competencias y las exigencias del mercado laboral», la Comisión presentará una iniciativa para construir una Unión de Competencias, así como una iniciativa sobre la «portabilidad de las competencias». La Comisión tiene la intención de trabajar con los interlocutores sociales para «presentar una hoja de ruta para empleos de calidad», y reitera que «el diálogo social seguirá siendo una piedra angular»

Consejos de administración : la Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento a 11 Estados miembros por no haberle notificado sus respectivas medidas de transposición de la directiva 2022/2381 del 23 de noviembre de 2022 relativa a la mejora del equilibrio entre hombres y mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas y otras medidas afines; y a otros seis Estados miembros por haber notificado sólo una transposición parcial de la Directiva. Esta directiva pretende garantizar una representación más equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa en todos los Estados miembros de la UE. Establece un objetivo del 40 % del sexo infrarrepresentado entre los administradores no ejecutivos de las grandes empresas cotizadas de la UE, y del 33 % entre todos los administradores. La directiva debía transponerse a más tardar el 28 de diciembre de 2024 (véase el comunicado de prensa).

Industria automovilística : el pasado 30 de enero, la Presidenta von der Leyen reunió a los principales dirigentes de la industria automovilística europea, los interlocutores sociales y las partes interesadas para poner en marcha el diálogo estratégico sobre el futuro de la industria automovilística europea. La Comisión, que reconoce que es «urgente adoptar medidas que protejan» esta industria, ha solicitado al Comisario Tzitzikostas que presente un plan de acción el 5 de marzo (véase el comunicado de prensa). Para estimular el debate, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) publicó el 27 de enero un primer estudio, sobre el empleo en el sector del automóvil, que precede a un estudio sobre el impacto de la doble transición en el sector del automóvil previsto para este año. Aunque el empleo en la industria del automóvil representa el 1,5 % del empleo total en la UE, algunos países están muy expuestos a una crisis en este sector, con una proporción mucho mayor del empleo total. Entre ellos están Eslovaquia (5 %), la República Checa (4,4 %), Rumanía (3,1 %), Hungría (3 %) y Alemania (2,6 %). Eurofound enumera además los recortes de empleo anunciados para 2024, que representan más de 88.000 pérdidas netas de puestos de trabajo. En su audiencia del 30 de enero, IndustriAll Europe reivindicó tres acciones: 1/ un plan de acción para preservar el empleo en el sector y un refuerzo del marco jurídico para anticipar y gestionar mejor el cambio estructural; 2/ aplicar y completar el Green Deal con una estrategia industrial y de inversión europea, como recomienda el informe Draghi; 3/ un plan de acción europeo para fabricar coches limpios y hacerlos accesibles a todos (véase el comunicado de prensa).

Desplazamiento de trabajadores : parece que por fin se reanudan los trabajos de revisión de los reglamentos sobre la coordinación de las normativas de seguridad social (véase Portability of social security rights), en curso desde 2016, por lo que los interlocutores sociales europeos del sector de la construcción han adoptado una declaración conjunta a favor de mantener la notificación previa obligatoria para todos los trabajadores desplazados en el sector de la construcción. Esta notificación «garantiza la transparencia y la responsabilidad en los desplazamientos transfronterizos. Impide prácticas abusivas como los desplazamientos falsos y el trabajo no declarado, proporciona a las autoridades los medios para controlar» el cumplimiento de la legislación y facilita las inspecciones. «Una vez más, la llamada simplificación y competitividad se discuten a expensas de los derechos de los trabajadores de la construcción», denuncia Tom Deleu, Secretario General de la FETCM. «Una exención de este tipo socavaría el principio de movilidad justa que promovemos», añade Domenico Campogrande, Director General de la FIEC.

Transición Justa : el pasado 28 de enero, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que solicita a la Comisión Europea que presente una Directiva de Transición Justa para reforzar la democracia en el lugar de trabajo, en el contexto del cambio climático, la transformación digital y la reestructuración empresarial (véase Just transition). El texto, aprobado por 40 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, aborda también la próxima revisión de la directiva europea en materia de contratación pública. Los eurodiputados solicitan a la Comisión que promueva la negociación colectiva y el trato preferente a las empresas cuyos empleados estén cubiertos por convenios colectivos. En consecuencia, no debe concederse ninguna ayuda financiera de la UE a las empresas que no respeten las condiciones de trabajo y empleo. El Parlamento votará este proyecto de resolución en una de sus próximas sesiones plenarias (véase el comunicado de prensa).

Grupo de trabajo tripartito sobre plataformas : el Ministerio de Empleo y Economía ha creado un grupo de trabajo que reúne a organizaciones de empresarios y trabajadores, así como a los ministerios responsables de la salud y la seguridad en el trabajo, la protección de datos personales y la seguridad social (véase el comunicado de prensa). El objetivo no es otro que transponer la directiva europea destinada a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas antes de diciembre de 2026 (véase IR Notes 240).

Acoso moral institucional : el Tribunal de Casación ha puesto fin al caso «France Télécom», relativo a la aplicación, en 2006, de una política de empresa que afectó a una cuarta parte de los trabajadores del grupo de telecomunicaciones France Télécom, esto es, un plan de reducción de plantilla destinado a 20.000 personas y un plan de movilidad interna destinado a 10.000 personas. La aplicación de este plan provocó una «oleada de suicidios», que llevó a los sindicatos a emprender acciones legales contra los directivos de la época. Estos últimos, algunos de los cuales fueron condenados a penas de prisión y multas, impugnaron la sentencia del Tribunal de Apelación. La principal cuestión jurídica que debía decidir el Tribunal de Casación era si el comportamiento de los directivos era constitutivo de «acoso moral», punible en virtud del artículo 222-33-2 del Código Penal, aunque no tuvieran relación directa con las víctimas. En una sentencia dictada el 21 de enero, el Tribunal de Casación subrayó que, para tipificar el delito de acoso moral no es necesario, cuando la finalidad de los actos denunciados sea empeorar las condiciones de trabajo, que afecten a uno o varios trabajadores en relación directa con el autor, ni que se nombre individualmente a los trabajadores víctimas. El Tribunal dictaminó que «constituyen actos» de acoso moral «que pueden caracterizar una situación de acoso moral institucional» las siguientes actuaciones: decidir y aplicar, con pleno conocimiento de causa, «una política de empresa cuya finalidad sea degradar las condiciones de trabajo de todos o algunos de los trabajadores para conseguir una reducción de plantilla o alcanzar cualquier otro objetivo, ya sea de gestión, económico o financiero, o que tenga como efecto dicha degradación, susceptible de atentar contra los derechos y la dignidad de dichos trabajadores, de alterar su salud física o mental o de comprometer su futuro profesional» (véase el comunicado de prensa).

Seguridad en el teletrabajo : según una encuesta realizada por la confederación sindical FNV, la falta de atención que se presta a las cuestiones de seguridad de los empleados que teletrabajan, como el ciberacoso y el sexting se pone de manifiesto (véase el comunicado de prensa). Casi el 47 % de los empleados que han sufrido un incidente no lo denuncian, por falta de confianza o bien miedo a las represalias. Algunos empleados que se han atrevido a denunciar se han visto obligados a guardar silencio o han recibido amenazas. Según la FNV, se necesitan nuevos procedimientos para regular estos cambios en el lugar de trabajo.

Plan de acción para la igualdad de las personas LGBTQ+ : este plan pretende garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, con medidas para promover mejores condiciones laborales (véase el comunicado de prensa). Las personas LGBTQ+ están más expuestas a la discriminación, el acoso y las microagresiones en el trabajo (véase el informe Eurofound). La Autoridad Sueca para el Entorno Laboral y la Agencia Sueca para el Conocimiento del Entorno Laboral han sido designadas como autoridades estratégicas para supervisar estas iniciativas (véase el plan).

Responsabilidad social : en un momento en que la Comisión Europea está revisando los textos del Green Deal y de las directivas sobre la debida diligencia y la publicación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas con la futura propuesta de una directiva «ómnibus» (véase IR Notes 244) el grupo energético francés EDF y las federaciones sindicales internacionales IndustriAll Global Union y PSI, renovaron, el pasado 28 de enero, su acuerdo anterior en materia de responsabilidad social, reforzando su contenido, para lograr un acuerdo de referencia en la materia. El nuevo acuerdo incluye varios capítulos nuevos en comparación con el acuerdo de 2018, en particular sobre el ejercicio del deber de diligencia y la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. La parte relativa a la transformación digital incluye ahora un apartado sobre inteligencia artificial.
El texto obliga al Grupo a realizar un estudio de impacto social y medioambiental para todos los proyectos de desarrollo «presentados al Comité Ejecutivo (…) en forma de identificación de los riesgos vinculados a los proyectos». Los signatarios están allanando progresivamente el camino hacia una base de protección social para todos los empleados del Grupo. Durante la vigencia del acuerdo, el Grupo realizará «un inventario y una evaluación de la cobertura y las prestaciones de la seguridad social». Además, «estudiará la viabilidad de una política de grupo en todo o en parte de este ámbito». El Grupo también se compromete a estudiar la viabilidad de un régimen de salario digno (Living wage). El texto estipula además que «las entidades más expuestas a las consecuencias físicas del cambio climático elaborarán y aplicarán un plan de adaptación al cambio climático y lo actualizarán cada cinco años». Por último, hay una disposición muy completa sobre el seguimiento del acuerdo, que abarca todos los niveles de aplicación, desde el local hasta el mundial.

Huelga contra el fin del teletrabajo : la empresa energética catalana Holaluz se enfrenta a una gran protesta tras anunciar el fin del teletrabajo y la eliminación de una serie de ventajas para sus empleados. Esta decisión ha provocado la salida voluntaria de alrededor del 25 % de la plantilla, es decir, casi 50 empleados, según los sindicatos. Los sindicatos consideran que esta medida es un «Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto», esto es, un despido masivo encubierto. Entre las prestaciones que se retiran constan el seguro médico, los cursos de idiomas, las actividades de ocio para los hijos de los empleados y, sobre todo, el fin del teletrabajo y la vuelta al trabajo presencial al 100 % a partir del 28 de enero. Como reacción a esta decisión, la Confederación General del Trabajo (CGT) de España ha convocado una huelga total e indefinida a partir de la misma fecha. La dirección justifica estos cambios por la necesidad de incrementar la eficacia y hacer frente a una caída de las ventas y del número de clientes. Sin embargo, los sindicatos creen que el principal objetivo de esta medida es reducir la plantilla sin un procedimiento formal de despido, animando a los empleados a abandonar la empresa por iniciativa propia.

Inteligencia artificial : el pasado 22 de enero, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) emitió un dictamen de iniciativa sobre la inteligencia artificial al servicio de los trabajadores. En concreto, el CESE propone ampliar el ámbito de aplicación de las disposiciones de la Directiva sobre el trabajo en plataformas, a fin de abordar «los problemas que los sistemas de gestión algorítmica plantean a todos los trabajadores», y reforzar las normas aplicables en virtud de la Directiva 2002/14 sobre la información y consulta a los trabajadores cuando se introducen sistemas de IA de alto riesgo. También solicita directrices explícitas relativas a las disposiciones de la Directiva 89/391 sobre salud y seguridad en el trabajo (véase el comunicado de prensa).

Salarios mínimos en la UE : según los primeros resultados del estudio anual sobre el salario mínimo en la UE, que se publicará a mediados de 2025, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) señala que la directiva sobre salarios mínimos adecuados, amenazada por el Tribunal de Justicia (véase IR Notes 244) ha comenzado a hacer efecto. Un número creciente de países ha incorporado a su legislación los «valores de referencia indicativos» recomendados por la directiva para evaluar la adecuación de los salarios mínimos: es decir, un nivel equivalente al 50 % de los ingresos medios o al 60 % de los ingresos medios. Queda por ver si estos valores de referencia serán suficientes para garantizar la adecuación de los salarios mínimos en todos los Estados miembros.

La moral europea a media asta : el pasado 13 de enero, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) publicó los resultados de una sombría encuesta realizada a decenas de miles de europeos. Esta encuesta reveló que los europeos tenían más dificultades para llegar a fin de mes en 2024 que en 2023 (el 30 % frente al 22 %, e incluso el 56 % entre los hogares con bajos ingresos frente al 40 % en 2023). Esta situación también explica en parte el deterioro de la salud mental que afecta a todos los grupos de edad, a excepción de los mayores de 65 años, con un aumento de los sentimientos negativos como la tensión, la ansiedad y la soledad, sobre todo entre los adultos jóvenes, así como del número de personas que declaran sentirse decaídas de forma habitual. El 30% de los encuestados afirma pensar con frecuencia en el trabajo fuera de su horario laboral, lo que supone una vuelta al nivel observado durante la pandemia del Covid-19. La encuesta también apunta a una reducción del teletrabajo al 100 %: de los empleos que pueden realizarse mediante teletrabajo, la proporción de empleados que trabajan exclusivamente desde casa era del 14 % en 2024, frente al 19 % en 2023 y el 24 % en 2022. El 44% lo hace según la modalidad híbrida (frente al 45 % en 2023), y el 41 % trabaja exclusivamente en su empresa (frente al 36 % en 2023). Sigue existiendo una brecha significativa entre los trabajadores que desean teletrabajar y aquellos a los que se les permite hacerlo, especialmente porque el deseo de trabajar exclusivamente desde casa ha aumentado del 13 % en 2020 al 24 % en 2024, mientras que más del 50 % desea teletrabajar varias veces a la semana. La satisfacción con la democracia sigue siendo baja, e incluso ha descendido a 4,5 puntos en 2024 desde los 4,8 puntos de 2023, sobre un total de 10. Sólo cinco países superan los 5 puntos (Dinamarca con 6,4; Luxemburgo con 5,9; Suecia con 5,8; Irlanda con 5,7; Alemania con 5,3). Hungría ocupa el último lugar (2,7), por detrás de Bulgaria (3) y las ex aequo Grecia y Croacia (3,2).