IR Notes

La Comisión Europea y los interlocutores sociales europeos firmaron el pasado 5 de marzo un “Pacto por el Diálogo Social Europeo”. Se trata ya del tercer intento de reactivar el diálogo social europeo, y quizá el último, ya que los actores a nivel interprofesional son incapaces de conseguir ningún resultado concreto. La primera vez, en 2016, la Comisión, la Presidencia neerlandesa de la UE y los interlocutores sociales europeos aprobaron una declaración cuatripartita “Un nuevo comienzo para el diálogo social” (véase IR Notes 58). Más adelante, el 3 de febrero de 2021, el comisario europeo Nicolas Schmit presentó el informe sobre el refuerzo del diálogo social (véase IR Notes 157). El documento atendía a la mayor parte de las peticiones formuladas por los interlocutores sociales europeos en una declaración conjunta que se dio a conocer en diciembre de 2020. El 25 de enero de 2023, la Comisión dio un paso más al adoptar el mismo día una comunicación para reforzar el diálogo social en la UE que vino acompañada por una recomendación a los Estados miembros (véase IR Notes 201). Evidentemente todo esto no fue suficiente y la Comisión, acompañada por los interlocutores sociales europeos, aprobó el 31 de enero de 2024 una Declaración tripartida para un diálogo social europeo pujante con motivo del 40 aniversario del proceso de Val Duchesse iniciado por el antiguo presidente de la Comisión (véase Val Duchesse), Jacques Delors, que condujo a la creación del diálogo social europeo. (véase IR Notes 223).
Anunciado en esta declaración, el nuevo Pacto para el diálogo social europeo acaba de ser firmado con cierta indiferencia. No es de extrañar. Por un lado, su contenido no es más que una repetición de los textos anteriores (véase Diálogo Social Interprofesional, más abajo). Además, aparece en un momento en el que el diálogo social europeo está estancado:
1) El número de textos derivados del diálogo social europeo ha pasado de 6 entre 1996 y 2006 (de los cuales dos acuerdos se transformaron en directivas, trabajo a tiempo parcial y trabajo de duración determinada), a dos acuerdos desde 2016 (uno sobre envejecimiento activo, bastante minimalista, y otro sobre digitalización, que evitaba imponer la más mínima norma en el mundo laboral).
2) Como señala Christophe Degryse, investigador del Instituto Sindical Europeo (véase la entrevista), en un artículo de próxima publicación (*), los interlocutores sociales europeos interprofesionales no han logrado cumplir su programa de trabajo plurianual. En el programa 2019-2021, no presentaron ninguna propuesta sobre los riesgos psicosociales en el trabajo. Peor aún, en el programa 2022-2024, no solamente fracasaron en la negociación de un acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión, que luego debía aplicarse a través de una directiva europea, sino que tampoco llevaron a cabo tres de las otras cinco iniciativas previstas, entre ellas la elaboración de un marco de acción sobre la transición ecológica.
3) Los interlocutores sociales europeos tienen un “superpoder” que no existe en ninguna otra entidad democrática del mundo: el poder de decidir negociar convenios colectivos en el momento en que la Comisión les consulta sobre la justificación de una iniciativa europea, y el poder de pedir después al Consejo y al Parlamento que adopten su acuerdo en forma de directiva europea, sin cambiar prácticamente ni una coma. De hecho, desde el inicio del primer mandato de la Comisión Von der Leyen, se ha consultado a los interlocutores sociales europeos en varias ocasiones: sobre las propuestas de directiva relativas a los salarios mínimos (2020), la protección de los trabajadores de las plataformas (2021), la revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos (2023), el marco de las prácticas (2023) y el teletrabajo y el derecho a la desconexión (2024). En todos estos temas importantes, los interlocutores no tomaron la iniciativa de iniciar conjuntamente una negociación, excepto en lo que respecta al teletrabajo y al derecho a la desconexión, antes de que la delegación patronal abandonara la negociación en su recta final, al no haber podido conseguir el apoyo de una parte de sus miembros.
Como se destaca en el informe Draghi, al sostener que un consenso sobre la competitividad sostenible requiere un diálogo social más eficaz, ya no basta con invocar el refuerzo del diálogo social europeo si sus actores no están convencidos.
©Dati Bendo, European Union, 2025

(*) Piasna A. y Theodoropoulou S. (eds.) (2025) Benchmarking Working Europe 2025, capítulo 6, ETUI-ETUC.

Unión de las competencias : El pasado 5 de marzo la Comisión Europea presentó una comunicación sobre la Unión de las Competencias para reforzar el desarrollo del capital humano en el seno de la Unión Europea que vino acompañada por un plan de acción sobre las competencias de base y de un plan estratégico para la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) (véase el comunicado). La comunicación propone un enfoque global que va “desde los niños en la escuela hasta los adultos que alcanzan la jubilación” con el fin de mejorar las competencias de los europeos. La comunicación desarrolla cinco pilares: refuerzo de las competencias básicas; refuerzo de la formación continua; facilitación de la contratación; atracción y retención de talentos; y una gobernanza sólida. La Comisión anuncia la puesta en marcha de un “proyecto piloto de garantía de competencias” para ofrecer a los trabajadores afectados por procesos de reestructuración o en riesgo de desempleo la posibilidad de continuar su carrera en otra empresa o sector. “Vamos a probarlo, probablemente para el sector automovilístico”, ha precisado Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Competencias, Empleo de Calidad y Preparación. Ante los obstáculos relacionados con el reconocimiento de títulos en la Unión Europea, la Comisión quiere poner en marcha una iniciativa sobre la portabilidad de las competencias para facilitar el reconocimiento y la aceptación de competencias y cualificaciones en toda la UE. Esta iniciativa fomentará el uso de títulos digitales. Además, la Comisión tiene la intención de crear el Observatorio Europeo de las Competencias, que proporcionará “datos y previsiones sobre las competencias y permitirá emitir alertas tempranas en caso de escasez de competencias en sectores críticos o estratégicos”.
© Xavier Lejeune, European Union, 2025

Estrategia industrial de la UE : El pasado 26 de febrero la Comisión Europea publicó una comunicación relativa al Pacto por una Industria Limpia: una hoja de ruta conjunta para la competitividad y la descarbonización. El objetivo es reforzar la competitividad de las empresas, contribuyendo a la descarbonización de la economía y a la reducción de los costes de la energía, protegiéndolas al mismo tiempo de la competencia desleal. El texto aborda los retos de la competencia y del acompañamiento a los trabajadores. En su deseo de prestar “apoyo a los trabajadores durante las transiciones”, la Comisión explica que “debatirá con los interlocutores sociales un marco que ordene los procesos de reestructuración a escala de la Unión Europea y de los Estados miembros. Dicho marco se centrará en una transición justa, en la anticipación de los cambios, en intervenciones más rápidas cuando exista una amenaza de reestructuración y en un espacio mejorado de información y consulta”. De este modo, la Comisión responde a una petición reiterada de la Unión Europea y del Parlamento Europeo de reforzar el marco de las reestructuraciones. La iniciativa no ha sido bien recibida por la patronal de la industria metalúrgica (CEEMET), para la cual “las legislaciones nacionales y europeas existentes ya abordan los despidos colectivos y el proceso de reestructuración, lo que hace innecesaria cualquier medida adicional de la Unión Europea en este ámbito” (véase el comunicado). Por otra parte, la Comisión tiene la intención de mejorar el apoyo a las reestructuraciones mediante la adaptación de las normas de funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (véase European Globalisation Adjustment Fund). La Comisión estudiará cómo podría aumentar la contribución de este fondo, habida cuenta de su infrautilización generalizada. La Comisión también quiere mejorar la ejecución del Fondo de Transición Justa y crear un Observatorio Europeo para una Transición Justa (primer trimestre de 2026) que permita establecer un diálogo transparente con los interlocutores sociales, las autoridades regionales y locales, la sociedad civil y otras partes interesadas sobre los aspectos relacionados con la transición justa. Por último, la comunicación también sostiene que “el uso de condicionalidades sociales en la financiación pública garantiza que los trabajadores se beneficien del apoyo prestado a la industria, en particular para promover la negociación colectiva”. Y en el mismo sentido, la Comisión explica que desea seguir “apoyando el modelo social y laboral”, en particular en el contexto “de la próxima evaluación del marco legislativo sobre contratación pública”.
© Christophe Licoppe, European Union, 2025

Derechos de las mujeres : El pasado 8 de marzo la Comisión Europea presentó una hoja de ruta para los derechos de las mujeres, que incluía en anexo una Declaración de principios para una sociedad igualitaria y el nuevo informe sobre la igualdad de los géneros, publicado por el Instituto Europeo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (EIGE). Sin carácter normativo, la declaración contiene una serie de recomendaciones que afectan al mundo laboral. En el documento se especifica que “las proyecciones muestran que la mejora de la igualdad entre mujeres y hombres podría aumentar el PIB per cápita de la UE entre un 6,1% y un 9,6% de aquí a 2050” y que “el coste de la violencia contra las mujeres en la UE se estima en 289.000 millones de euros al año.
© Christophe Licoppe, European Union, 2025

Pacto para relanzar el diálogo social : El pacto para el diálogo social europeo recicla gran parte del contenido de los textos anteriores ya suscritos para su relanzamiento (véase En portada) y sin que aporte novedades de mayor calado (véase el comunicado común). El pacto recoge así la idea de nombrar a “un representante del diálogo social europeo” en la Comisión, así como a “coordinadores del diálogo social” en cada Dirección General. El texto incluye también la idea de establecer un mecanismo para recibir informes de los interlocutores sociales europeos, cuando estos “identifiquen conjuntamente que el diálogo social no se respeta ni se promueve adecuadamente a nivel de la UE”. El pacto también recuerda que “es esencial establecer una distinción clara entre las consultas a los interlocutores sociales y las consultas públicas”, que están diferenciadas en el TFUE. La Comisión promete de nuevo consultar a los interlocutores sociales sobre temas que no son de su competencia, tal como se definen en los artículos 153 y 154 del TFUE, pero que presentan para ellos “un interés particular”. Podría haber sido el caso de la consulta para simplificar las directivas sobre el informe de sostenibilidad y el deber de vigilancia. En cualquier caso, la Comisión invitó a 50 representantes de empresas y organizaciones patronales, y a diez organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la CES e IndustriAll Europe. Se puede dudar de la voluntad de implicar a los interlocutores sociales de manera equilibrada… También serán consultados previamente sobre la elaboración del programa de trabajo de la Comisión.
Por otra parte, el pacto contiene compromisos asumidos por los propios interlocutores sociales a fin de cumplir mejor sus misiones actuales. En particular, tienen la intención de identificar “de manera conjunta las acciones necesarias para mejorar la aplicación a nivel nacional de sus acuerdos marco autónomos”, que, como es sabido, se aplican de manera deficiente. Los temas de discordia quedan aplazados y no se aborda la cuestión de la financiación de los comités de diálogo social sectorial, ni la del método a seguir para que los acuerdos europeos, interprofesionales o sectoriales se apliquen en forma de directiva. El texto remite a un intercambio con los interlocutores sociales ya en su comunicación para reforzar el diálogo social en la Unión Europea de 2023 y que, evidentemente, no ha dado sus frutos.
©Dati Bendo, European Union, 2025

Plan nacional contra el trabajo forzoso y la explotación : El pasado 12 de febrero, el Gobierno federal alemán adoptó un plan de acción que incluye un total de 83 medidas (véase el plan de acción). El Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales prevé la creación de dispositivos de apoyo a los trabajadores, así como una red que reúna a diversos actores del mundo laboral y a los interlocutores sociales (véase el comunicado). Los Länder han elaborado 125 medidas complementarias (véase el anexo).

Control de las plataformas digitales : En una carta abierta, 79 organizaciones de la sociedad civil y alianzas que agrupan a más de 1000 organizaciones en total (entre las que destaca la federación sindical ver.di), han pedido a los negociadores de la CDU/CSU y del SPD encargados de elaborar el programa de Gobierno que refuercen el control de las plataformas digitales que, según los firmantes, dividen a la población y excluyen a las minorías (véase la carta). El presidente de ver.di señaló que “los algoritmos de las plataformas carecen de transparencia y a menudo parecen sesgados” (véase el comunicado).

Acuerdo sobre el uso de la IA : El pasado 12 de octubre, los interlocutores sociales del sector cinematográfico firmaron un anexo para su nuevo convenio colectivo que establece nuevas normas en materia de transparencia, consentimiento y compensación financiera para el uso de la IA generativa (véanse los comunicados de ver.di y UNI Europa). Por ejemplo, los actores serán remunerados por las escenas generadas por la IA en base a una fórmula que calcula el número equivalente de días de rodaje.

Estrategia nacional para la vida laboral : El Ministerio de Empleo y Economía y el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud han puesto en marcha un proyecto con el que mejorar la productividad y el bienestar en el trabajo de aquí a 2035 (véase el comunicado). La estrategia y su implementación serán desarrolladas por un grupo tripartito hasta el verano de 2025 y se basa en una consulta a casi 100 expertos y en una serie de investigaciones realizadas durante 2024.

Restricción del derecho de huelga : El pasado 13 de marzo, el Gobierno finlandés presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es permitir la continuación de las actividades esenciales durante una huelga. Hasta la fecha, esta cuestión era regulada por los interlocutores sociales. El objetivo es garantizar que “las funciones esenciales de la sociedad puedan mantenerse durante la acción colectiva en los casos en que las partes no lleguen a un acuerdo por una razón u otra”, en palabras del ministro de Empleo (véase el comunicado). Las tres organizaciones sindicales SAK, Akava y STTK critican la iniciativa y consideran que Finlandia se aleja así del modelo nórdico al imponer normas por ley (véase el comunicado de SAK).

Salud de las mujeres en el trabajo : Según la Autoridad para el Entorno Laboral de Suecia, las mujeres son dos veces más propensas a enfermar en el lugar de trabajo (véase el comunicado). Las mujeres sufren el 70% de las enfermedades profesionales, y algunos sectores, como el de la salud, son especialmente vulnerables. Las empresas y las personas trabajadoras pueden tomar varias medidas para reducir estas desigualdades, en particular replanteándose la distribución de funciones dentro de una misma profesión.

Renegociación : La dirección del grupo informático estadounidense Oracle y su comité de empresa europeo han revisado su acuerdo. El comité elegirá a un comité restringido de 5 miembros (incluido el secretario y un secretario adjunto). Este comité restringido se reunirá dos veces al año, así como en el momento de la reunión plenaria anual. El comité restringido podrá solicitar una segunda reunión plenaria al año y la dirección no podrá rechazarla sin una razón válida. El comité restringido también convocar reuniones extraordinarias, que se pueden organizar en caso de reestructuraciones que afecten al 1,5% de la plantilla total del grupo o al 50% de los empleados en un Estado miembro y al 50% de los empleados en otro Estado miembro. El acuerdo dota al comité de un presupuesto de 50.000 euros anuales (no acumulables) para sufragar los gastos de peritaje. En circunstancias excepcionales, este presupuesto podrá ampliarse si cuenta con el acuerdo de la dirección. En caso de litigio, la dirección asumirá “los gastos legales razonables y necesarios y todos los gastos judiciales necesarios para proseguir con el litigio”. Los miembros dispondrán del tiempo necesario para el cumplimiento de su mandato. Se sensibilizará a la jerarquía de los miembros sobre la importancia del mandato y se les invitará a tenerlo en cuenta para determinar la carga de trabajo y durante las evaluaciones. El acuerdo prevé el envío de un comunicado después de las reuniones anuales y extraordinarias del comité. La secretaría se encargará de preparar el texto, que la dirección validará rápidamente con el compromiso de enviarlo a todos los empleados. El texto especifica cómo los miembros pueden transmitir la información recibida en el comité de empresa europeo a sus homólogos a nivel local.