IR Notes

La duodécima edición del informe de la Confederación Sindical Internacional (ITUC) pone de relieve el deterioro de los derechos sindicales en todo el mundo (véase el informe), como el derecho a afiliarse a un sindicato, el derecho a la negociación colectiva o el derecho a la huelga. Si bien Europa sigue siendo la región mejor valorada, el continente registra su peor puntuación desde la creación del índice. En el año 2014, un total de 18 países europeos obtuvieron la máxima puntuación en materia de derechos sindicales. Hoy en día, solamente son siete. La propia Unión Europea no se libra. Nada más que cinco Estados miembros obtienen la mejor puntuación, que es la que se atribuye a los países que solamente registran violaciones esporádicas de los derechos sindicales: Austria, Dinamarca, Alemania, Irlanda y Suecia. Los otros dos países mejor valorados son Noruega e Islandia. En la categoría inferior, la de los países con violaciones repetidas, figuran 12 Estados miembros, la mitad de ellos de Europa del Este, así como Finlandia, Francia, España, Italia y los Países Bajos. Los sindicatos finlandeses lamentan que su país haya abandonado la primera categoría hace ya dos años, sobre todo porque la cooperación tripartita entre trabajadores, empresas y representantes del Gobierno se ha convertido en algo puramente formal bajo el gobierno de Orpo: “los sindicatos ya no tienen ninguna influencia real en las reformas que afectan a la vida profesional” (véase el comunicado de la SAK y el de la STTK). A continuación figuran los países con violaciones reiteradas de los derechos sindicales, con cuatro Estados miembros: Bélgica, Bulgaria, Polonia y Rumanía. Y el primer puesto lo ocupa Hungría, único Estado miembro de la Unión Europea entre los países con violaciones sistemáticas de los derechos sindicales, entre los que encontramos también al Reino Unido.
Según el informe, el deterioro de los resultados europeos se debe en gran parte al auge de la extrema derecha, que está provocando una ola de políticas represivas contra los movimientos sindicales, como denuncia Wolfgang Katzian, presidente de la Confederación Austriaca de Sindicatos (ÖGB) y de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) (véase el comunicado). El informe señala a los gobiernos de Orpo en Finlandia, Meloni en Italia y De Wever en Bélgica. La coalición de este último ha introducido, entre otras cosas, medidas que penalizan los actos considerados como atentados contra la autoridad del Estado durante las manifestaciones. Además, el informe denuncia la represión durante las huelgas o manifestaciones (Francia, Bélgica, Finlandia), así como el uso abusivo del concepto de “servicios esenciales” para restringir el derecho de huelga (Hungría, Reino Unido). Esta dinámica antiobrera va acompañada también de la creación de “sindicatos amarillos”, apoyados y controlados por los empresarios para competir con los sindicatos tradicionales o sustituirlos, como se ha observado en Grecia y los Países Bajos.
En definitiva, en Europa, el 73% de los países violan el derecho a la huelga; el 56% no respetan el derecho a la negociación colectiva; el 54% limitan o impiden el acceso a la justicia de los trabajadores y el 41% restringen la afiliación o la creación de sindicatos. Estos resultados no han suscitado ninguna reacción oficial a nivel de la UE, que sin embargo no deja de abogar por el refuerzo del diálogo social, tras haber redescubierto las virtudes de la negociación colectiva. Sin embargo, para que el diálogo social funcione, hacen falta sindicatos activos y es necesario preservar los derechos de los trabajadores. La próxima hoja de ruta para el empleo de calidad que la Comisión Europea tiene previsto presentar a finales de año debería tener en cuenta esta realidad.

Directiva “trabajadores en prácticas” : El pasado 19 de junio el Consejo aprobó su postura en cuanto a la directiva para mejorar y hacer cumplir las condiciones de trabajo de los trabajadores en prácticas y luchar contra los falsos períodos de prácticas (véase el comunicado) (véase Traineeship). La directiva se aplica a los trabajadores en prácticas que tienen una relación laboral con un empleador (esté formalizada o no mediante un contrato de trabajo) sin que dichas prácticas sean obligatorias. No se aplica a las prácticas realizadas en el marco nacional de la educación o la formación, ni a las establecidas en el marco de políticas activas del mercado de trabajo. En lo que respecta a las condiciones de trabajo y la remuneración, la directiva exige a los Estados miembros que velen por que los trabajadores en prácticas no reciban un trato menos favorable que los trabajadores comparables, salvo que exista un trato diferente justificado por razones objetivas, tales como tareas diferentes, menor responsabilidad, intensidad del trabajo o mayor peso del componente de aprendizaje y formación. A nivel nacional, los agentes sociales pueden mantener o celebrar convenios colectivos que establezcan las razones objetivas que justifican un trato diferente. Los Estados miembros deben llevar a cabo controles e inspecciones para detectar y combatir los programas de prácticas falsos, basándose en tres criterios (en lugar de seis en la propuesta de directiva): 1) Ausencia de un componente formativo. 2) Duración excesiva del período de prácticas o realización de varios períodos de prácticas consecutivos por parte de la misma persona dentro de la misma empresa. 3) Niveles equivalentes de tareas, responsabilidades e intensidad del trabajo en comparación con empleados comparables. El texto del Consejo suprime la cláusula que detalla la información que se puede solicitar a las empresas en caso de control. Si la legislación nacional lo permite, los representantes de los trabajadores tendrán la posibilidad de actuar en nombre de los trabajadores en prácticas en procedimientos judiciales o administrativos con el fin de hacer respetar sus derechos y obligaciones. Una vez que el Parlamento haya adoptado su posición, se iniciará un diálogo tripartito con vistas a alcanzar un acuerdo sobre un texto en primera lectura, lo que allanará el camino para la adopción definitiva de la directiva, que deberá ser transpuesta por los Estados miembros en un plazo de dos años. La Comisión, que presentó esta propuesta de directiva el 20 de marzo de 2024 (véase IR Notes 227), espera que el diálogo tripartito pueda elevar aún más el nivel de ambición del texto, tal y como subrayó la vicepresidenta Roxana Mînzatu durante el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales. El documento contará con la presión de la Confederación Europea de Sindicatos, que ha criticado el compromiso y ha pedido al Parlamento que intervenga “para proponer la visión europea que los gobiernos nacionales no han sabido ofrecer” (véase el comunicado).

Revisión de la directiva de comités de empresa europeos : Durante una rápida ronda de debates sobre las iniciativas legislativas en curso, en el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales del 19 de junio, dos países se felicitaron por el acuerdo provisional alcanzado en el diálogo tripartito que tuvo lugar el 21 de mayo y que versó sobre la revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos (véase IR Notes 253). Estos dos países son Alemania y España. Para Alemania, se trata de un texto “muy importante”. España, por su parte, hubiera preferido un texto de “mayor nivel” y considera que esta revisión no debe ser “más que un primer paso hacia un trabajo en profundidad para revisar el marco europeo de información, consulta y participación de los trabajadores”. La presidencia polaca de la Unión Europea explicó que el acuerdo provisional se encuentra ahora en manos de los juristas y lingüistas y que volverá al Consejo “después de la pausa estival” para su adopción formal y coincidiendo con la prevista en el pleno del Parlamento Europeo.

Presidencia danesa de la UE : Dinamarca asumirá la presidencia de la Unión Europea el 1 de julio y ha presentado sus prioridades políticas y su programa. La presidencia desea “promover la cohesión social, luchar contra la exclusión social y garantizar la inclusión de todos los ciudadanos”. El Gobierno danés, que ha recurrido ante el Tribunal de Justicia la directiva sobre salarios mínimos adecuados buscando su anulación, advierte de que cualquier iniciativa deberá respetar “los modelos nacionales de mercado laboral, los diferentes tipos de Estado del bienestar de los Estados miembros, así como el papel y la autonomía de los agentes sociales”. Por lo tanto, no cabe esperar grandes avances legislativos. El programa menciona varios temas relacionados con el empleo como la libre circulación equitativa, sobre todo en lo que se refiere a los trabajadores desplazados y los trabajadores nacionales de terceros países; la sexta revisión de la directiva sobre la exposición a agentes carcinógenos, mutágenos y sustancias tóxicas para la reproducción en el trabajo; la recomendación y la directiva sobre las condiciones de trabajo del personal en prácticas; el diálogo social entre los agentes sociales; la próxima hoja de ruta para el empleo de calidad o la declaración digital voluntaria para el desplazamiento de trabajadores.

Pilar europeo de derechos sociales : Desde el 18 de junio y hasta el 10 de septiembre, la Comisión Europea mantiene abierta una consulta pública sobre el plan de acción de 2021 de puesta en práctica del pilar europeo de los derechos sociales (véase European Pillar of Social Rights), así como una convocatoria de contribuciones sobre el lanzamiento de un nuevo plan de acción para finales de año que va en paralelo a las consultas realizadas con los agentes sociales europeos. El cuestionario de consulta propone identificar “los obstáculos más importantes que deben superarse o los nuevos retos que deben abordarse para mejorar las condiciones de trabajo” y establece cinco posibilidades según su nivel de relevancia: aumento del estrés en el trabajo; información y mecanismos de consulta inadecuados sobre los despidos; salarios insuficientes (incluido el salario mínimo); uso de herramientas de IA para el seguimiento, la supervisión, la evaluación y la asignación de tareas; e insuficiente apoyo a la movilidad transfronteriza. Siguiendo el mismo principio, el cuestionario permite clasificar las “cuestiones sociales más candentes” que debería abordar el futuro plan de acción. Entre las propuestas figuran: la consideración de la automatización y la inteligencia artificial en el lugar de trabajo; la introducción del derecho a la desconexión o la lucha contra los problemas de salud mental en el trabajo. Todos los ciudadanos pueden responder a esta convocatoria de consulta, así como las organizaciones patronales y sindicales, los comités de empresa, los comités de empresa europeos, etc.

> Véase también: El Comité Económico y Social Europeo ha aprobado un dictamen de iniciativa en el que se pide un nuevo plan de acción ambicioso (véase el comunicado), que incluya, en particular, “una directiva sobre los riesgos psicosociales y el derecho a la desconexión”.

Igualdad de género en la era de la IA : El pasado 19 de junio, el Consejo adoptó una serie de conclusiones para promover la igualdad de género en la era digital impulsada por la IA (véase el comunicado). El texto insta a los Estados miembros a adoptar medidas adecuadas para garantizar que los sistemas de IA no dé “lugar a resultados discriminatorios” y a velar en particular por el uso de datos claros, representativos y de alta calidad”, evaluando periódicamente los sistemas de IA y estableciendo “una control humana”.

Inteligencia artificial : Tras el dictamen emitido el 22 de enero por el Comité Económico y Social Europeo sobre “la inteligencia artificial al servicio de los trabajadores”, es el turno ahora del Parlamento Europeo para intervenir en este asunto con la preparación de una resolución sobre “Recomendaciones a la Comisión sobre la digitalización, la inteligencia artificial y la gestión algorítmica en el lugar de trabajo”. La resolución va acompañada de una propuesta de directiva que “establece requisitos mínimos para el uso transparente de la gestión algorítmica en el lugar de trabajo”. En particular, este texto obligaría a las empresas a facilitar, a más tardar el primer día de la relación laboral, una serie de informaciones sobre el uso de algoritmos, a modo de indicativo claro de si los datos recogidos se utilizan o no para tomar decisiones automatizadas y, en su caso, una descripción de la naturaleza y el alcance de dichas decisiones”.

• Hospitales y sector sanitario : Los agentes sociales europeos del sector hospitalario y sanitario adoptaron el 13 de junio una posición conjunta sobre la creación de un sector hospitalario y sanitario resiliente tras la pandemia de Covid-19 (véase el comunicado).

Nuevo convenio de la OIT : Durante la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), celebrada en Ginebra del 2 al 13 de junio, los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptaron el Convenio nº 192 sobre la prevención y la protección contra los riesgos biológicos en el lugar de trabajo. El convenio se complementa con una recomendación, no vinculante, que proporciona orientaciones detalladas para su aplicación. Según la OIT, estos dos instrumentos “constituyen un marco sólido y adaptable para prevenir los riesgos biológicos en todos los lugares de trabajo, tanto en la actualidad como en el futuro” y deberían completarse, en la CIT de 2027, con un nuevo convenio sobre la exposición a riesgos bacteriológicos. La próxima CIT se celebrará en 2026 y debería completar el trabajo iniciado este mes en Ginebra con vistas a adoptar un convenio sobre el trabajo decente en la economía de las plataformas, que se completará con una recomendación. Además, la CIT ha adoptado una resolución para reducir la informalidad y apoyar la transición hacia el trabajo formal. Este texto insta a adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones de trabajo, ampliar la protección social y crear empleos decentes. El texto recuerda oportunamente, en un momento en que la UE quiere restringir la directiva sobre el deber de vigilancia, el respeto del principio de diligencia debida en las cadenas de suministro (véase el comunicado de la OIT). Uno de los debates que agitó la CIT durante la adopción del presupuesto de la OIT fue la presión ejercida por un buen número de países, encabezados por los Estados Unidos, que se oponían a cualquier mención de la “igualdad de género” y pedían sistemáticamente que se sustituyera este concepto por el de “igualdad entre mujeres y hombres”.
(Foto: adopción del Convenio 192 de la OIT, Pierre Albouy / OIT)

Prevención contra el calor excesivo en el trabajo : El Ministerio de Trabajo envió un total de 112.260 cartas los días 9 y 10 de junio a empresas de determinados sectores, especialmente las más expuestas a las altas temperaturas (por ejemplo, lavanderías, servicios de limpieza urbana, restauración). Las multas por incumplimiento de la legislación pueden alcanzar casi un millón de euros. Para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, el Gobierno impuso 11.500 multas en 2024, frente a las 704 de 2021. El Ministerio de Trabajo también ha publicado una guía de actuación para las autoridades encargadas de la inspección (véase el comunicado).

Trabajadores de plataformas : El Tribunal Supremo Administrativo ha dictado una sentencia en la que declara que los repartidores de comida son trabajadores por cuenta ajena en el sentido de la legislación sobre contratos de trabajo (comunicado). En este caso, la autoridad competente en materia de salud y seguridad en el trabajo exigía a las plataformas que llevara un registro de las horas de trabajo y la remuneración de los repartidores, tal y como debe hacerse con los trabajadores por cuenta ajena. El Tribunal tuvo en cuenta, en particular, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que concluye que el concepto de “trabajador por cuenta ajena” no debe interpretarse de manera restrictiva (véase el comunicado).

Reforma del mercado laboral : El pasado 17 de junio se iniciaron en el Parlamento portugués acalorados debates sobre la revisión del Código Laboral en torno a propuestas que no figuraban en el programa electoral del jefe del Gobierno, Luís Montenegro. Entre las medidas previstas figuran la modificación del derecho de huelga (con la intención de restringir su ejercicio en determinados sectores esenciales y como respuesta a una huelga nacional llevada a cabo en los ferrocarriles portugueses, Comboios); la posibilidad de que los trabajadores “vendan” sus días de vacaciones a cambio de una remuneración y la simplificación de los procedimientos de despido.

Informe de sostenibilidad : Las federaciones sindicales europeas han publicado una serie de recomendaciones conjuntas sobre los informes de sostenibilidad dirigidas a los coordinadores sindicales y a los miembros de los comités de empresa europeos o de sociedades europeas para ayudarles a responder a la puesta en tela de juicio por parte de la Comisión Europea de las directivas sobre los informes de sostenibilidad y el deber de vigilancia. Estas recomendaciones incluyen también consejos para que los representantes de los trabajadores participen en los procesos de elaboración de informes de desarrollo sostenible, invitando a los comités de empresa europeos a utilizar todas las herramientas disponibles (conocimientos técnicos, formación, contactos con otros comités de empresa europeos, etc.).

Renegociación : La dirección del grupo Bouygues (200.000 trabajadores) y los miembros del comité de empresa europeo suscribieron el pasado 14 de abril un acuerdo para la renovación del comité de empresa europeo tras la adquisición el año 2022 de Equans (75.000 empleados), una filial del grupo Engie. El nuevo acuerdo prevé la creación, a más tardar en 2026, de tres comisiones dentro del comité de empresa europeo: dos temáticas (salud y seguridad, y clima y medio ambiente) y una comisión de seguimiento de los compromisos sociales adquiridos por la dirección de Bouygues durante la adquisición de Equans. El acuerdo prevé un nuevo procedimiento de concertación en caso de proyectos de compromisos sociales a escala europea sobre temas transversales que puedan dar lugar a la celebración de un acuerdo europeo con la federación sindical europea FETBB.

Administradores asalariados : El Centro de Estudios sobre el Empleo y el Trabajo (CEET-Cnam) publicó el pasado 16 de junio un estudio que cuestiona la capacidad de los representantes de los trabajadores en los consejos de administración franceses para influir en las orientaciones estratégicas de sus empresas. Su poder “parece, en definitiva, limitado”, como apunta Riyad Manseri, investigador postdoctoral del CEE-Cnam. “Las decisiones siguen estando en gran medida en manos de los administradores que representan a los accionistas y, más aún, de la dirección ejecutiva de las empresas”.

> Véase también: Estudio anterior del autor sobre la remuneración de los administradores asalariados