IR Notes

Tal y como se indicó en nuestro número anterior (véase IR Notes 262), el Tribunal Superior de Irlanda (High Court) dictó una importante sentencia en el caso que enfrentaba a Jean-Philippe Charpentier, secretario del comité de empresa europeo de Verizon (véase IR Notes 250), con la dirección de Verizon. El Tribunal Superior anuló la decisión dictada en apelación por el Tribunal Laboral, que había dado toda la razón a la dirección del grupo.
En noviembre de 2021, algunos miembros del CE europeo, entre ellos el secretario, acudieron individualmente ante la Comisión de Relaciones Laborales (WRC), competente para resolver conflictos laborales colectivos (nota del editor: según la legislación irlandesa, el CE europeo no tiene personalidad jurídica y no puede actuar ante los tribunales). Los demandantes solicitaban que la dirección se hiciera cargo de una formación destinada a los miembros del CE europeo, así como de los gastos de asesoramiento jurídico incurridos por el CE europeo. La WRC consideró que el CE europeo ya se había beneficiado de una jornada de formación organizada por la dirección y que, por lo tanto, esta no tenía que reembolsar los gastos incurridos por los cuatro miembros para asistir a un seminario adicional, sobre todo teniendo en cuenta que la dirección les había denegado previamente la cobertura de dichos gastos. En cuanto a los gastos de asesoramiento, el WRC distinguió entre los temas de asesoramiento que consideraba reembolsables y los que no lo eran (véase decisión e IR Notes 207) y concluyó que la dirección debía hacerse cargo del 50 % de los gastos subvencionables. Sin embargo, en apelación, el tribunal laboral dictó dos sentencias el 27 de agosto de 2024, una confirmando que los gastos de formación no tenían que reembolsarse y otra desestimando también la demanda de los representantes del personal relativa a los gastos de peritaje (véase IR Notes 236). De hecho, el Tribunal Laboral anuló la decisión del WRC, considerando que el representante de los trabajadores no tenía interés en actuar (decisión TID241). Como último recurso, los representantes de los trabajadores decidieron entonces llevar el caso ante el Tribunal Superior.
En su sentencia, la primera dictada al respecto en Irlanda, el Tribunal Superior señala varios «errores de derecho» cometidos por el Tribunal Laboral. Aparte de los gastos de formación, que confirma que no tenían que ser sufragados por el empresario, ya que este ya había impartido una formación al CE europeo considerada adecuada, el Tribunal Superior impugna todas las conclusiones del tribunal. Este último cometió errores de derecho al negarse a tener en cuenta una denuncia colectiva del CE europeo; al rechazar la calidad de representante del comité de empresa europeo del secretario del comité; al no pronunciarse sobre la cuestión de si los gastos de peritaje eran necesarios y adecuados, y al no tener en cuenta la solicitud de reembolso de los gastos de abogado del secretario del CE europeo por el mero hecho de que su recurso fuera desestimado. El Tribunal Superior señala, en particular, que «el comité de empresa europeo, que no tiene personalidad jurídica propia ni recursos financieros independientes, solo podía actuar con la ayuda y el asesoramiento de expertos, incluidos expertos jurídicos». Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los miembros del comité de empresa europeo, «el tribunal laboral debería haber examinado si podía o debía autorizar a un comité de empresa europeo o a un trabajador a solicitar a la dirección central el reembolso total o parcial de los gastos jurídicos relacionados con la solicitud, alegando que dichos gastos eran necesarios para cumplir el requisito del artículo 17, apartado 1A (Nota del editor: de la ley irlandesa de transposición de la Directiva sobre los comités de empresa europeos), según la cual un miembro del CE europeo o un representante de los trabajadores debe disponer de los medios necesarios para ejercer los derechos que le confiere la Directiva».
Más allá del caso de Verizon, este asunto emblemático contribuyó en gran medida a la adopción de la Directiva revisada sobre los comités de empresa europeos, que prevé poner fin a la incapacidad de un comité de empresa europeo para llevar un asunto ante los tribunales, en particular en Irlanda, donde cualquier impugnación debe ser presentada por particulares, con sus propios fondos, lo que supone un obstáculo práctico para cualquier impugnación de las decisiones de la dirección (véase también IR Notes 204).

Inteligencia artificial : El 19 de noviembre, la Comisión Europea presentó un nuevo «paquete ómnibus» destinado a simplificar varias legislaciones relacionadas con el ámbito digital, entre ellas el reglamento sobre inteligencia artificial, conocido como «IA Act» (véase el comunicado). Su propuesta de reglamento modificativo de la Ley de IA tiene por objeto, en particular, retrasar la entrada en vigor de las normas relativas a los sistemas de IA de alto riesgo, mientras la Comisión prepara herramientas y directrices para ayudar a los proveedores a cumplir con la normativa. En materia de empleo, los sistemas afectados son aquellos destinados a ser utilizados para la contratación o la selección; para tomar decisiones relativas a las condiciones de las relaciones laborales, la promoción o la ruptura de las relaciones laborales; para asignar tareas en función del comportamiento individual o de rasgos o características personales, o para supervisar y evaluar el rendimiento y el comportamiento de los trabajadores. Los proveedores tendrán hasta finales de diciembre de 2027 (en lugar de agosto de 2026) para demostrar que sus sistemas no vulneran los derechos fundamentales de los candidatos y los trabajadores y que siguen siendo supervisados sistemáticamente por un ser humano.

Semestre europeo : El pasado 25 de noviembre, la Comisión Europea adoptó el paquete de otoño del Semestre Europeo 2026, con una comunicación que define las prioridades en materia de política económica y política de empleo (véase el comunicado). Además, y por primera vez, la Comisión ha propuesto una recomendación del Consejo sobre el capital humano que insta a los Veintisiete a dar prioridad a la educación y las competencias necesarias en los sectores estratégicos de la economía de la UE (transición limpia, economía circular, descarbonización industrial, industria de defensa y espacial, etc.) y a reforzar los programas en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM). Los Estados también deben «invertir la tendencia negativa en lo que respecta a las competencias básicas». Por otro lado, el proyecto de informe conjunto sobre el empleo expresa su preocupación por el «lento crecimiento» de la productividad de la mano de obra y la «considerable escasez de mano de obra y competencias». Su anexo incluye la primera fase del análisis por países del marco de convergencia social, basado en el cuadro de mando social. Varios elementos del paquete de otoño subrayan «la importancia del diálogo social», precisa la Comisión (véase el comunicado).

Reestructuración : El pasado 27 de noviembre, la Comisión Europea puso en marcha un proyecto piloto de garantía de competencias, dotado con un presupuesto de 14,5 millones de euros, que se centrará en los trabajadores de la industria automovilística y su cadena de suministro, expuestos al riesgo de desempleo (véase el comunicado). Con este fin, ha publicado una convocatoria de propuestas (fecha límite: 29 de enero de 2026) para financiar medidas destinadas a acelerar y mejorar la transición de estos trabajadores hacia empleos en empresas de sectores estratégicos en crecimiento o emergentes, proponiendo programas específicos de perfeccionamiento y reconversión.

Ómnibus «social» : Al ver cómo la Comisión Europea propone directivas «ómnibus» para simplificar sectores enteros de la legislación europea, la idea de una directiva «ómnibus» específica para la legislación social europea está ganando terreno entre los empresarios europeos. Así, la organización patronal europea de las industrias químicas (ECEG) ha presentado un cuadro en el que propone simplificaciones en la materia. Esta campaña liderada por la ECEG «con el objetivo de hacer retroceder la legislación centrada en los trabajadores (…) es oportunista y desvía la atención de las cuestiones existenciales a las que se enfrenta el sector con carácter urgente», denuncia IndustriAll Europe (véase el comunicado). Una advertencia que no impidió que otras cuatro organizaciones sectoriales de empleadores (Ceemet, EFB, Hotrec, WEC Europe) lanzaran, el 1 de diciembre, un llamamiento a la simplificación y a la aplicación del acervo social.

Reestructuración : La Federación Europea de Trabajadores del Transporte publicó el 12 de noviembre nuevas líneas directrices para apoyar a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores durante las reestructuraciones transnacionales de las empresas. Los CE europeos y las redes sindicales dentro de una empresa transnacional se presentan como «herramientas esenciales para detectar señales de alerta, compartir información y coordinar estrategias sindicales a nivel europeo» (véase el comunicado).

El futuro de la industria : La federación sindical europea IndustriAll Europe ha publicado un informe, elaborado por la consultora Syndex, sobre los riesgos de desindustrialización en la UE. Según los autores, de los 18 sectores industriales analizados, solo los de la aeronáutica y la defensa no parecen estar amenazados a corto plazo. «Todos los demás sectores se enfrentan a una competencia feroz por parte de Estados Unidos y China», subraya el informe. El documento incluye recomendaciones a los responsables políticos para evitar la desindustrialización de Europa y respalda las reivindicaciones sindicales, como la creación de un mecanismo, inspirado en el programa SURE, «para prevenir la pérdida irreversible de puestos de trabajo industriales» (véase el comunicado).

Reglamento sobre la deforestación : El sindicato IG Metall y la organización patronal HDH han solicitado la intervención del canciller federal y de la UE para reducir la burocracia relacionada con el reglamento europeo sobre la deforestación (véase el comunicado). Los firmantes alertan sobre los riesgos de pérdida de producción, de puestos de trabajo y de aumento de los costes para los consumidores. De hecho, la nueva normativa exige una declaración del origen de la madera, pero, según ellos, hasta la fecha presenta dificultades de aplicación, especialmente para las pymes.

Indexación salarial : El pasado 13 de noviembre, el Gobierno alcanzó un acuerdo para restablecer progresivamente el mecanismo de ajuste automático de los salarios a la inflación (Cost-of-Living Allowance – CoLA / Automatic Tariff Adjustment – ATA). Este acuerdo, fruto de largas negociaciones entre organizaciones de trabajadores y empresarios, prevé el aumento de la indexación al 80 % del incremento del índice de precios al consumo (sin incluir los impuestos sobre el consumo) en enero de 2026, al 90 % el 1 de julio de 2026 y al 100 % el 1 de enero de 2027. Los interlocutores sociales se muestran satisfechos con el resultado final, tal y como se desprende de la circular de la OEB, la federación chipriota de empresarios e industriales (véase el comunicado). La indexación también se aplicará cada dos años al salario mínimo legal.

IA y empleo : La Fundación Friedrich Ebert ha realizado un estudio sobre el uso y la percepción de los sindicalistas sobre la inteligencia artificial (IA) para la Unión de Sindicatos de Eslovenia (SSH) (véase el comunicado). Este muestra que los miembros del sindicato son conscientes de los retos, pero siguen sin estar preparados para su uso. El 49,7 % de los participantes utiliza muy poco la IA, y los que la utilizan lo hacen principalmente para tareas administrativas. Por lo tanto, existe una gran necesidad de formación en los sindicatos sobre este tema para permitir una posición estratégica y proactiva.

Negociación colectiva : La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Niki Kerameus, firmó el pasado 26 de noviembre un acuerdo con los representantes de las principales organizaciones patronales y sindicales del país. Este acuerdo histórico tiene por objeto reforzar los convenios colectivos y ampliar el número de trabajadores cubiertos por ellos. Impuesto por la Directiva europea sobre salarios mínimos adecuados, el plan de acción para aplicar este acuerdo se publicará en diciembre y debería completarse con una legislación a principios de 2026. Durante una visita a Bruselas el 1 de diciembre, la ministra griega vio cómo el acuerdo era elogiado por Roxana Mizantu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de los derechos sociales (véase la foto), para quien este acuerdo es una fuente de inspiración para otros países de la UE en materia de diálogo social.

Nueva herramienta para los contratos : La Inspección Nacional del Trabajo ha elaborado, junto con los interlocutores sociales, una lista de control para ayudar a las empresas a elegir mejor el tipo de contrato adecuado a la hora de contratar (véase el comunicado). Las partes también desean reforzar los conocimientos de los trabajadores en materia de derecho laboral, lo cual permite evitar abusos. Sin embargo, las organizaciones patronales han criticado estas medidas por temor a que reduzcan la optimización de los costes (véase el comunicado).

Inteligencia artificial : Thomas Buberl, director general de AXA y presidente del Comité Europeo del Grupo (CEG) AXA, y Pascale Rauline, secretaria del CEG, firmaron conjuntamente, el 27 de noviembre, una carta sobre la conducción del diálogo social europeo en el marco del desarrollo de la inteligencia artificial dentro del grupo. Esta carta formaliza los compromisos adquiridos por el grupo con el CEG sobre el diálogo social iterativo y la formación de los empleados en el uso seguro, ético y sostenible de la IA.

Teletrabajo : El grupo bancario BNP Paribas y su CE europeo revisaron el pasado 1 de julio su Carta europea sobre el teletrabajo, sustituyendo el texto adoptado en noviembre de 2021. La nueva carta complementa las disposiciones sobre teletrabajo del acuerdo sobre derechos fundamentales y base social mundial de noviembre de 2024, y recoge «compromisos adquiridos específicamente a nivel europeo». Prevé un seguimiento específico de la práctica del teletrabajo con la creación de un comité de seguimiento, formado por los seis miembros de la mesa del Comité de Empresa Europeo, representantes de las federaciones sindicales europeas UNI Europe y FECEC, y la dirección. La carta mantiene el principio de una práctica del teletrabajo «que puede llegar hasta el 50 % del tiempo de trabajo» (con posibilidades de excepciones) y de una presencia regular en el lugar de trabajo, en principio «en forma de un día mínimo de presencia semanal». Además, el texto limita la suspensión parcial o total del teletrabajo a un periodo de seis meses, ya sea por iniciativa de la dirección o del propio empleado, y organiza al final de este periodo una entrevista entre el responsable y el empleado sobre la organización de la actividad.

Jornada de acción : El comité de empresa europeo del grupo textil español Inditex ha organizado una jornada de acción en toda Europa, con el apoyo de las organizaciones sindicales representadas en él, para reclamar un mejor reparto del valor añadido dentro del grupo. Dado que, en virtud de las legislaciones nacionales, es imposible llevar a cabo acciones de huelga simultáneas en toda la UE, el sindicato español CC.OO. coordinó, el pasado 28 de noviembre, manifestaciones frente a tiendas Zara en siete países europeos, que contaron con una buena cobertura mediática. «Tras agotar todas las demás vías posibles (carta a la dirección, declaración en cada reunión del CE europeo), los sindicatos decidieron organizar estas manifestaciones como último recurso», subraya la federación sindical europea UNI Europa (véase el comunicado).

Lucha contra el cambio climático : Durante la reunión plenaria del pasado 20 de noviembre del comité de la sociedad europea del grupo Clariane, el comité y la dirección firmaron una carta para acelerar la reducción de las emisiones de carbono del grupo Clariane, fruto del trabajo realizado por un grupo de trabajo permanente del comité, dedicado a la RSE. El documento propone recomendaciones a todos los actores de la empresa (dirección, empleados y sus representantes) en torno a tres ejes: 1/ Informar, sensibilizar y formar a los empleados; 2/ desarrollar la implementación de prácticas para reducir la huella de carbono; 3/ analizar los impactos del cambio climático y actuar para proteger a los empleados y residentes/pacientes. Por ejemplo, los órganos de diálogo social seguirán los indicadores cualitativos y cuantitativos de la huella de carbono, en particular en el seno del grupo de trabajo de RSE del comité. Los representantes del personal se comprometen a apoyar las iniciativas de sobriedad energética y las soluciones ecológicas, en particular durante las reuniones de diálogo social: videoconferencias, lugares accesibles en transporte público, uso de transporte colectivo sostenible, recurso a la restauración local responsable, reducción de los residuos plásticos, etc. Los representantes de los empleados también deberán analizar la cartografía de la exposición y la vulnerabilidad de los establecimientos a los riesgos climáticos a nivel europeo y nacional, y elaborar los planes de acción correspondientes.

Red sindical : Representantes sindicales de Alemania, España, Finlandia y Francia, y del grupo papelero finlandés UPM, se reunieron el pasado 17 de noviembre «para armonizar sus estrategias, reforzar la solidaridad transfronteriza y contrarrestar el deterioro del diálogo social de la UPM», según IndustriAll Europe (véase el comunicado).