IR Notes

El objetivo es ambicioso y pasa por una etapa intermedia: reducir en al menos 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social de aquí a 2030. En otras palabras, alcanzar el objetivo fijado en marzo de 2021 por el plan de acción sobre el pilar europeo de derechos sociales (véase el IR Notes 159). La UE va a la zaga en la lucha contra la pobreza. El número de personas en riesgo de pobreza solo se redujo en 2,9 millones en la UE entre 2019 y 2024. Además, en 2024 su número era mayor que en 2019 en 11 Estados miembros. Con la presentación, el pasado 6 de mayo, de su primera Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza, la Comisión Europea quiere invertir la tendencia (véase el comunicado). Esta estrategia va acompañada de varias iniciativas, como una propuesta de recomendación del Consejo sobre la lucha contra la exclusión en materia de vivienda; una comunicación dirigida específicamente a la pobreza infantil y una comunicación para reforzar la estrategia 2021-2030 en favor de las personas con discapacidad. Uno de los ejes de la nueva estrategia es fomentar la integración en el mercado laboral de las personas aptas para trabajar, en particular «los desempleados de larga duración, las personas inactivas y aquellas que se enfrentan a obstáculos específicos». La Comisión pondrá en marcha, durante el segundo semestre de 2026, la primera fase de consulta a los interlocutores sociales europeos con el fin de recabar sus opiniones sobre la acción de la UE destinada a apoyar la activación de las personas excluidas del mercado. Sin embargo, como señala la ONG ATD-Cuarto Mundo, «presentar el empleo como el principal medio para salir de la pobreza constituye una respuesta simplista a la realidad multidimensional de la pobreza y abre la puerta a que el debate se reduzca a una cuestión de responsabilidad individual, cuando son los factores sistémicos los que desempeñan un papel preponderante en el mantenimiento de las personas en la pobreza». No obstante, la iniciativa de la Comisión reconoce la pobreza en su realidad multidimensional y hace hincapié también en la prevención, el acceso a los servicios esenciales para el bienestar de las personas y la integración social. Los resultados solo podrán alcanzarse con la movilización de todos los actores, lo que requiere una acción coordinada a nivel europeo, nacional, regional y local. Y asignando los medios necesarios en el marco financiero plurianual 2028-2034 que se está debatiendo en el Consejo.

Inteligencia artificial : Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional el pasado 7 de mayo con el fin de simplificar la legislación digital de la UE («Omnibus VII»). Las medidas adoptadas incluyen dos propuestas de reglamento destinadas a simplificar el marco legislativo digital de la UE y la aplicación de normas armonizadas en materia de IA (véanse los comunicados del Consejo y del Parlamento). El acuerdo aplaza las normas relativas a los sistemas de IA de alto riesgo: las nuevas fechas de aplicación serían el 2 de diciembre de 2027 para los sistemas de IA de alto riesgo autónomos y el 2 de agosto de 2028 para los sistemas de IA de alto riesgo integrados en productos. Ambos textos deben ahora ser adoptados formalmente por el Consejo y el Parlamento antes de ser publicados en el DOUE. El compromiso ha sido duramente criticado por la federación sindical europea IndustriAll Europe, para la cual «uno de los elementos más alarmantes es la decisión de trasladar el reglamento sobre las “máquinas” del anexo I, sección A, de la ley sobre IA a la sección B». Para la federación, «no se trata de un simple ajuste técnico», ya que la sección A «garantiza que los productos de alto riesgo estén sujetos automáticamente a las obligaciones de seguridad más estrictas en materia de IA en toda la UE» (véase el comunicado). Con amargura, IndustriAll Europe señala que «cuando se intensifica la presión de los grupos de interés industriales, los derechos de los trabajadores y las medidas de seguridad en el trabajo se convierten en algo negociable».

Consulta sobre las normas de información sobre sostenibilidad : La Comisión Europea puso en marcha, el pasado 6 de mayo, consulta pública sobre el proyecto de revisión de las normas europeas de información sobre sostenibilidad (ESRS) y sus anexos, así como sobre una norma voluntaria de información sobre sostenibilidad destinada a las pequeñas empresas y sus anexos. Basándose en el paquete de simplificación «Omnibus I» y en el nuevo ámbito de aplicación de la Directiva sobre la información de sostenibilidad de las empresas (CSRD), los dos proyectos de reglamentos delegados publicados «tienen por objeto reducir la carga administrativa que recae sobre las empresas de la UE, garantizando al mismo tiempo una información de alta calidad en materia de sostenibilidad», explica la Comisión (véase el comunicado). Por otra parte, el proyecto de norma voluntaria será de utilidad para las empresas que no entran en el ámbito de aplicación de la obligación de información prevista en la CSRD. Establece un «límite máximo de la cadena de valor», lo que impide que las empresas sujetas a la CSRD exijan a sus socios de la cadena de valor con 1 000 empleados o menos más información de la que cubre la norma voluntaria. Las partes interesadas —en particular, los representantes de los trabajadores y los comités de empresa europeos— pueden enviar sus comentarios a través del portal «Have Your Say» hasta el 3 de junio de 2026. A continuación, la Comisión adoptará los dos actos delegados lo antes posible y los remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo para su examen en el marco del procedimiento de no objeción (dos meses, prorrogables por otros dos meses).

Fondo de Adaptación a la Globalización : El Consejo ha adoptado definitivamente la  revisión del Reglamento 2021/691 en lo que respecta al apoyo a los trabajadores afectados por un despido inminente en empresas en proceso de reestructuración (véase el comunicado). El nuevo Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOUE. Presentado el 1 de abril de 2025 por la Comisión Europea (véase el IR Notes 249), el texto tiene por objeto, en particular, ampliar la ayuda del FEM, no solo a los trabajadores despedidos, sino también «a los trabajadores afectados por un despido inminente en empresas en proceso de reestructuración» (véase el IR Notes 269). Cabe destacar también que se limita la contribución financiera del FEAG a una empresa a 4 millones de euros por Estado miembro en un ejercicio financiero determinado.

Negociación colectiva : Con motivo del 1 de mayo, el Gobierno ha aprobado un nuevo  decreto-ley sobre el empleo (Decreto Lavoro) centrado en el salario justo, los incentivos al empleo y la lucha contra el dumping contractual y la explotación de los trabajadores de las plataformas (caporalato digitale). El decreto marca, sobre todo, una clara orientación política del Gobierno de Meloni en materia de relaciones laborales. Italia ha optado por no establecer un salario mínimo legal a nivel nacional y, en su lugar, reforzar el papel de los convenios colectivos nacionales firmados por las organizaciones sindicales y patronales más representativas. El texto prevé mecanismos destinados a limitar el recurso a los «contratos piratas» (contratti pirata) —convenios colectivos celebrados por organizaciones poco representativas—, a menudo asociados a niveles salariales más bajos y a condiciones de trabajo precarias, y a valorar a las empresas que aplican los convenios colectivos reconocidos. La reacción de la organización patronal Confindustria es ampliamente positiva. Su presidente, Emanuele Orsini, ha elogiado un texto que «refuerza la negociación colectiva» y constituye «un freno al dumping contractual». Las reacciones sindicales han sido más matizadas. La CGIL ha criticado duramente el decreto: su secretario general, Maurizio Landini, ha considerado que las medidas favorecen más a las empresas que a los trabajadores y ha lamentado la ausencia de un verdadero salario mínimo legal universal. Por su parte, la CISL ha adoptado una postura más favorable: considera el decreto como «un primer paso importante» y apoya la decisión de reforzar la negociación colectiva nacional.

Empleo juvenil : El Gobierno publicó el 7 de mayo el «Plan de Empleo Futuro», con el objetivo de facilitar la orientación y favorecer el acceso al empleo de los jóvenes de entre 16 y 25 años a través de tres ejes estratégicos:
1/ Acompañar a los jóvenes en su orientación, formarlos y sensibilizarlos sobre los oficios con demanda de personal,
2/ Acercar a los jóvenes a las empresas, reforzando al mismo tiempo la seguridad en el trabajo,
3/ Prevenir las interrupciones en la trayectoria profesional e involucrar a los jóvenes en itinerarios individualizados e intensivos.

Refuerzo de la protección de los trabajadores flexibles : La Cámara de Representantes aprobó, el 12 de mayo, un proyecto de ley destinado a reforzar la situación de los trabajadores con contratos precarios. Si la Cámara Alta también lo aprueba, el proyecto de ley podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2028 (véase el comunicado). El principio es que los contratos temporales solo están destinados al trabajo temporal. Al finalizar un contrato de este tipo, los trabajadores deben obtener más rápidamente un contrato indefinido y no se les puede ofrecer un nuevo contrato temporal después de seis meses. Además, los contratos de cero horas serán sustituidos por un rango horario, y la diferencia entre el mínimo y el máximo no podrá superar el 130 %. El trabajador podrá rechazar las solicitudes que superen el máximo. Por otra parte, si el volumen de trabajo aumenta de forma estructural, deberá ofrecerse un contrato con un número de horas superior. Los trabajadores temporales también estarán mejor protegidos: el proyecto se ajusta a la legislación de la UE, que estipula que los trabajadores temporales deben disfrutar de condiciones laborales equivalentes a las de los trabajadores fijos.

Mejor conservación del empleo en tiempos de crisis : El Consejo de Ministros aprobó, el 24 de abril, el proyecto de ley sobre el mantenimiento del empleo en caso de crisis, es decir, cuando la actividad de una empresa se reduzca en un 20 % en dos meses (véase el comunicado). La medida permite al empleador, durante un período máximo de seis meses, bien modificar las tareas de sus empleados para que puedan trabajar lo mismo, manteniendo el salario; bien reducir su salario en un 10 % para compensar las horas no trabajadas debido a la crisis. En este último caso, una parte de los costes salariales (65 %) puede ser sufragada por el Estado.

Adquisición : La federación sindical europea IndustriAll Europe denunció, el pasado 11 de mayo, el acuerdo alcanzado el 29 de abril, por el fabricante mundial de ascensores y escaleras mecánicas Kone para adquirir su competidor alemán TK Elevator (TKE). Dicho acuerdo se firmó sin consultar previamente a los sindicatos ni a los representantes de los trabajadores. Esta adquisición «daría lugar al mayor fabricante mundial del sector, con más de 100 000 empleados en más de 100 países » (de los cuales 45 000 en la UE), subraya IndustriAll Europe, que lamenta que los trabajadores y sus representantes «se enteraran al mismo tiempo que todo el mundo, a través de la prensa financiera y de un correo electrónico enviado por el director general tras el anuncio público» (véase el comunicado). «Este anuncio constituye una grave violación del acuerdo marco global firmado en 2021 entre TK Elevator, el comité de empresa del grupo, IG Metall e IndustriAll» y «incumple claramente los acuerdos relativos al comité de empresa europeo y al consejo mundial de trabajadores, firmados respectivamente en 2022 y 2024, que establecen los derechos de información y consulta.» «Estos acuerdos no son una mera formalidad, sino que constituyen un compromiso vinculante de consultar a los trabajadores antes de que se tomen decisiones de esta envergadura, y no después», denuncia Atle Hoie, secretario general de IndustriAll (véase el comunicado).

Reestructuración : El pasado 22 de abril se celebró en Lausana (Suiza) una reunión extraordinaria del Comité Europeo de Información y Consulta de Nestlé (CICEN) para poner en marcha oficialmente el procedimiento de información y consulta relativo al plan de reducción de costes anunciado el 16 de octubre de 2025 por la dirección de Nestlé. Este proceso, según el CICEN, podría suponer la supresión de 16 000 puestos de trabajo en todo el mundo. Las modalidades de información y consulta se han precisado, tal y como indica el comunicado del CICEN, en un protocolo específico que define la lista de información que debe facilitarse a la consultora Syndex, designada por el comité. Transcurrido un plazo de 30 días, el CICEN emitirá un dictamen sobre el proyecto, al que deberá responder la dirección de la zona de Europa, antes de la puesta en marcha del plan. Los países afectados (principalmente Alemania, Francia, el Reino Unido, España e Italia), de acuerdo con los procedimientos legales vigentes, iniciarán sus procesos de información y consulta, que solo podrán concluir tras la entrega del dictamen del CICEN, precisa el comunicado del CICEN. Dado que el proyecto se desarrollará a lo largo de dos años, también se realizarán evaluaciones intermedias en cada reunión ordinaria del CICEN en 2026 y 2027 (véase el comunicado de la UITA).