IR Notes

El pasado 27 de febrero el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo sobre el texto de la directiva destinada a combatir las malas prácticas en el desplazamiento de trabajadores (comunicado del Parlamento, en inglés), un texto que incorpora pocos cambios respecto del aprobado por los 28 estados miembros el 9 de diciembre de 2013. Antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE esta versión definitiva (véase comunicado del Consejo, en inglés) deberá ser ratificada formalmente por ambos órganos. Posteriormente los estados miembros tendrán dos años para trasponer la directiva al derecho nacional. Ésta otorga a los estados un mayor margen de maniobra para realizar controles y adoptar medidas adicionales más allá de la propia directiva, debiendo simplemente informar de ello a la Comisión Europea. La directiva contiene asimismo elementos para combatir el falso empleo por cuenta propia. La Confederación Europea de Sindicatos ha expresado ya en un comunicado su decepción por la nueva directiva puesto que, aunque ésta permite combatir determinadas formas fraudulentas de desplazamiento de trabajadores, no ataca todas las áreas problemáticas y no aborda el dumping social desde la perspectiva de la divergencia de los costes de protección social. Las medidas que adopte cada estado en particular deberán ser justificadas y proporcionadas a fin de que el Tribunal de Justicia no considere que vulneran el derecho comunitario.

• Transporte por carretera: Publicación del Reglamento (UE) n ° 165/2014 de 4 de febrero de 2014 relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, que permite supervisar el cumplimiento de las obligaciones sociales. Las medidas entrarán en vigor el 2 de marzo de 2016, con excepción de tres artículos cuya entrada en vigor está prevista para el 2 de marzo de 2015 (DOUE L60, 28/2/2014, p. 1).


• Sustancias químicas: Publicación de la Directiva 2014/27/UE de 26 de febrero de 2014 por la que se modifican cinco directivas a fin de adaptarlas al Reglamento (CE) n ° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Los estados miembros tienen hasta el 1 de junio de 2015 para aplicarla. Según el Instituto Sindical Europeo, “las consecuencias más inmediatas que esta directiva tendrá para trabajadores y personas en general será el nuevo etiquetado de las sustancias químicas, con nuevos pictogramas de peligro, que gradualmente irán sustituyendo los símbolos y advertencias de peligro existentes hasta ahora” (DOUE L65, 5/3/2014, p. 1).


• Información no financiera: El 25 de febrero de 2014 el Consejo ratificó el acuerdo alcanzado con el Parlamento sobre la propuesta de directiva relativa a la divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad por parte de determinadas grandes sociedades y determinados grupos. La Comisión Europea había presentado esta propuesta el 16 de abril de 2013. Antes de su publicación en el Diario Oficial la directiva deberá ser aprobada formalmente por ambos órganos. Esta directiva obligará a alrededor de 6.000 sociedades con más de 500 trabajadores a dar a conocer con carácter anual determinada información fundamentalmente relacionada con cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción. Las sociedades que no cumplan con esta obligación de divulgación no serán sancionadas, pero deberán exponer sus motivos. En el informe de gobierno corporativo (previsto en el art. 20 de la Directiva 2013/34/UE) las empresas deberían describir la política de diversidad que llevan a cabo en sus consejos de dirección, administración y supervisión en relación con aspectos como la edad, el sexo, la cualificación y la experiencia profesional.

• Permiso parental y despidos: La reciente sentencia dictada por el Tribunal de Justicia refuerza la jurisprudencia sobre la protección de los trabajadores que se acogen a un permiso parental. La sentencia hace referencia al caso de una trabajadora que fue despedida al poco tiempo de acogerse a un permiso parental a tiempo parcial, que había enlazado con su baja por maternidad. El cálculo de la indemnización por despido se realizó sobre la base del salario a tiempo parcial, lo cual la trabajadora rechazó. El Tribunal de Justicia ha dictaminado que el importe de la indemnización ha de calcularse sobre la base del salario a tiempo completo, puesto que la empleada trabajaba a tiempo completo antes de acogerse al permiso parental. Una reducción de la indemnización condicionaría a los empleados a la hora de solicitar un permiso parental, lo cual incumple el Acuerdo marco sobre el permiso parental del 14 de diciembre de 1995. El Tribunal de Justicia indica que el apartado 4 de la cláusula 2 sobre protección frente a despidos por causa de un permiso parental debe entenderse como un principio de derecho social de la Unión que reviste especial importancia y que, por tanto, no se puede interpretar de forma restrictiva (Tribunal de Justicia, 27 de febrero de 2014, Sentencia en el asunto C-588/12, Lyreco Belgium NV /Sophie Rogiers).


• Baja por maternidad: El Tribunal de Justicia ha dictado sentencia en el caso de una joven trabajadora que participó con éxito en un proceso de selección de la administración penitenciaria italiana. La trabajadora superó el proceso de selección en el mes de abril y en diciembre debía participar en un curso de formación de 12 meses antes de que le fuera asignado un puesto. Poco antes de empezar el curso la trabajadora se quedó embarazada y cogió una baja por maternidad obligatoria durante tres meses hasta el mes de marzo. La ley italiana prevé que los participantes que se ausenten del curso durante más de 30 días sean dados de baja del mismo, por lo que la trabajadora recibió un escrito en el que se le comunicaba que transcurridos los 30 primeros días del permiso de maternidad se le daría de baja del mencionado curso y dejaría de abonársele su retribución. El escrito indicaba asimismo que sería admitida automáticamente en el siguiente curso, aunque no precisaba la fecha de celebración del mismo. El Tribunal considera que “la baja en el primer curso y la consiguiente prohibición de participar en el examen final constituyen un trato menos favorable en el sentido del artículo 15 de la Directiva 2006/54” y señala que una medida “que dispone la baja automática de los cursos de formación e implica la imposibilidad de presentarse al examen organizado a continuación sin tener en cuenta, en particular, ni la fase de los mencionados cursos en la que se produce la ausencia debida al permiso de maternidad ni la formación previamente adquirida, y que se limita a reconocer a la mujer que haya disfrutado de dicho permiso el derecho a participar en un curso de formación que tendrá lugar en una fecha posterior pero incierta, no es conforme con el mencionado principio de proporcionalidad”. El Tribunal señala además que las disposiciones de los artículos 14, apartado 1, letra c), y 15 de la Directiva 2006/54 son “suficientemente claras, precisas e incondicionales para poder tener efecto directo” (Tribunal de Justicia, 6 de marzo de 2014, Sentencia en el asunto C-595/12, Napoli).


• Transmisión de empresa en el caso de una unidad económica no autónoma: El Tribunal de Justicia dictamina que la legislación europea sobre la transmisión de empresas (Directiva 2001/23 del 12 de marzo de 2001) debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional que con motivo de la transmisión de una parte de empresa permite conservar los contratos de trabajo, incluso si esa parte de empresa no era una unidad económica funcionalmente autónoma antes de su transmisión. La Directiva “sólo persigue una armonización parcial de la materia de que se trata y no pretende instaurar un grado de protección uniforme para toda la Unión en función de criterios comunes, sino garantizar que el trabajador interesado quede protegido en sus relaciones con el cesionario tal como lo estaba en sus relaciones con el cedente, en virtud de la normativa del Estado miembro de que se trate”. El asunto hace referencia a la transmisión de una división de Telecom Italia a una de sus sociedades filiales (Tribunal de Justicia, 6 de marzo de 2014, Asunto C-458/12, Lorenzo Amatori).

• Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: El pasado 5 de marzo la Comisión Europea propuso conceder a Italia 3 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para ayudar a los 1.146 ex empleados de la empresa fabricante de televisores VDC Technologies SpA y su filial Cervino Technologies Srl a reincorporarse al mercado laboral (véase comunicado de prensa). La Comisión también propone conceder a España 1,9 millones de euros del FEAG para ayudar a los 285 empleados despedidos del Grupo Santana —fabricante de automóviles establecido en Andalucía— a encontrar otro puesto de trabajo (véase comunicado de prensa).


• Retribución en el sector bancario: El 4 de marzo de 2014 la Comisión aprobó un Reglamento sobre las normas técnicas de regulación en relación con los criterios adecuados para determinar las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una incidencia importante en el perfil de riesgo de una entidad (“personas que asumen riesgos”). Estas nuevas disposiciones, que complementan la Directiva sobre requisitos de capital (CRD IV) vigente desde el 17 de julio de 2013, entraron en vigor el 1 de enero de 2014 y establecen que el componente variable no puede exceder el 100% del salario fijo de la persona que asume el riesgo. Las personas que asumen riesgos se definen sobre la base de 15 criterios cualitativos (miembro de la dirección, poderes para representar ampliamente a la entidad bancaria, etc.) y cuantitativos (remuneración anual superior a 500.000 euros, miembro del 0,3% del personal mejor pagado, etc.).


• Control de las prácticas: En su sesión plenaria del 27 de febrero de 2014 el Comité Económico y Social Europeo (CESE) emitió un Dictamen sobre la Propuesta de recomendación del Consejo relativa al desarrollo de un marco de calidad para los períodos de prácticas. En él el Comité se muestra partidario de crear un marco que garantice tanto la calidad de las prácticas (contenidos didácticos) como unas condiciones de trabajo adecuadas (jornada laboral, remuneración, prestaciones sociales). Este dictamen, sin embargo, llega demasiado tarde para que el Consejo lo pueda considerar, puesto que el Comité de Representantes Permanentes (COREPER) que se encarga de preparar los trabajos del Consejo de la Unión Europea ya se había comprometido con la propuesta presentada por la Comisión el 4 de diciembre de 2013, propuesta que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) considera extremamente insuficiente (véase comunicado).

• Salario mínimo: El pasado 24 de febrero la Ministra de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, la Sra. Andrea Nahles (SPD), inició el diálogo con los agentes sociales con vistas a la introducción de un salario mínimo interprofesional en todo el territorio alemán. Para que la medida pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2015 el ministerio quiere tener listo un borrador de ley en el mes de abril. El salario mínimo ya está fijado actualmente en 8,50 euros la hora.


• Elecciones de comités de empresa: Alrededor de 25 millones de trabajadores de 650.000 empresas del sector privado están llamados a las urnas del 1 de marzo al 31 de mayo de 2014 para elegir a sus representantes.

• Dumping social en el transporte por carretera: El 28 de febrero el Consejo de ministros belga aprobó un borrador de Real Decreto que prevé la imposición de multas en el marco del plan de acción contra el dumping social en el sector del transporte por carretera. Las multas por no disponer de la carta de porte en el camión o por haber pasado los tiempos de descanso semanales en el camión pasan de los 50 a los 1.800 euros, importes que en el caso de los conductores extranjeros deberán abonar en el acto si no quieren que se inmovilice el vehículo.

• Reducción de las cotizaciones sociales: El Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, establece que la cuota empresarial a ingresar por contingencias comunes será de tan solo 100 euros mensuales para nuevos contratos indefinidos durante los primeros dos años. En el caso de contratos a tiempo parcial, la cuota puede reducirse hasta los 50 euros. Las empresas con menos de 10 trabajadores también tendrán derecho a obtener una reducción del 50% durante el tercer año (ley publicada en el BOE).


• CCOO: El pasado 20 de febrero las federaciones de Industria y de Industria Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO se fusionaron para crear la nueva federación CCOO Industria.

• Reforma de la formación profesional y de la democracia social: El 27 de febrero de 2014 el Parlamento francés aprobó la Ley de reforma de la formación profesional, el empleo y la democracia social, que entre otros transpone el Acuerdo Nacional Interprofesional (ANI) sobre la formación profesional concluido el 14 de diciembre pasado (véase artículo de Eurofound). La ley contiene además una serie de disposiciones para la reforma de la formación profesional y de la representación patronal y para la creación de un mecanismo de financiación pública de las organizaciones patronales y sindicales, así como medidas para fomentar la transparencia contable de los comités de empresa (Ley n.º 2014-288 de 5/03/2014, boletín oficial del gobierno francés JO 6/03) (enlace al comunicado de prensa del Ministerio de Trabajo francés).


• Pacto de responsabilidad: Para reducir los costes laborales el gobierno francés ha propuesto a las empresas una reducción de sus cotizaciones sociales a cambio de que creen empleo. El gobierno exige que los agentes sociales lleguen a un acuerdo sobre las contraprestaciones asociadas a la bajada de cotizaciones. Las tres organizaciones patronales y las tres sindicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC) suscribieron el 5 de marzo un “acta de conclusiones” para la materialización del pacto. En ella se insta a los agentes sociales a iniciar, en cuanto se conozcan las medidas para la reducción de las cotizaciones sociales, rondas de conversaciones a nivel sectorial a fin de suscribir actas de conclusiones, o bien rondas de negociaciones a fin de alcanzar acuerdos que especifiquen los objetivos cuantitativos y cualitativos de empleo. En un comunicado el gobierno francés habla de un “compromiso social histórico”.


• Reestructuraciones: El Parlamento ha aprobado la ley conocida como “Ley Florange“, conforme a la cual las empresas con más de 1.000 empleados que estén planificando el cierre de alguna de sus plantas estarán obligadas, a partir del 1 de abril de 2014, a buscar un comprador. Las empresas que no cumplan con esta obligación podrán ser sancionadas con multas de hasta 20 veces el salario mínimo por cada puesto de trabajo destruido.

• Transmisión de empresas: El Reglamento relativo a la protección del empleo en caso de transmisión de empresas del año 2006 ha sido modificado, y desde el 31 de enero de 2014 rige en Gran Bretaña la nueva versión (véase el análisis del despacho de abogados Harbottle & Lewis).

• Río Tinto: En su reunión extraordinaria del 5 de marzo de 2014 el comité de empresa europeo de Río Tinto exigió a la dirección “una mayor transparencia y más diálogo”. El comité es de la opinión de que la empresa progresaría mejor si la dirección atendiera sus demandas y análisis sobre el mal funcionamiento de la empresa en lugar de implantar reestructuraciones inútiles y costosas. El comité de empresa europeo de Río Tinto reclama, al igual que muchos otros comités, la presencia del director ejecutivo del grupo en su próxima reunión a fin de tratar la responsabilidad social de la empresa. El comité también tiene previsto seguir los pasos de IndustriAll y crear una red sindical dentro del grupo.

• Schneider Electric: La mesa de negociación especial creada para llegar a un acuerdo sobre la participación de los trabajadores tras la transformación de Schneider Electric en una sociedad europea se reunió por primera vez el 27 de febrero. La mesa consta de 30 miembros y ha decidido crear un pequeño grupo de trabajo de 11 expertos que se encargará de las negociaciones con la dirección, unas negociaciones que ya tienen fecha: el 20 de marzo y el 10 de abril de 2014. El comité de empresa europeo ha emitido asimismo una declaración sobre la consulta relacionada con la venta de la división Appliance d’Invensys, que el grupo había comprado en enero. En dicha declaración se critica esta rápida operación de venta en la que no se contemplan en modo alguno las obligaciones sociales de conservación de los puestos de trabajo.

• Orange: Tras el acuerdo marco internacional suscrito en 2006 bajo la batuta de la confederación UNI Global Union con la alianza sindical mundial del grupo de telecomunicaciones francés Orange, los días 27 y 28 de marzo de 2014 tendrá lugar en Abiyán (Costa de Marfil) el segundo encuentro de este tipo con los sindicatos miembros franceses y africanos y la dirección de la empresa.

• El estado de salud de la población griega empeora: El Instituto Sindical Europeo (ETUI) llama la atención sobre un artículo publicado el 22 de febrero de 2014 en la revista médica The Lancet obra de un grupo de investigadores británicos. En él se revelan nuevas pruebas de las consecuencias dramáticas que las políticas de austeridad están teniendo sobre la salud del pueblo griego. Según el artículo, en el período de 2008 a 2011 el número de depresiones graves en Grecia se multiplicó por dos. Los intentos de suicidio aumentaron un 36% del 2009 al 2011, y la tasa de suicido se multiplicó exponencialmente un 45% en el período comprendido entre 2007 y 2011. Se trata sin duda de un artículo que deberían leer todos los eurodiputados que actualmente se preparan para analizar el informe de Alejandro Cercas sobre las consecuencias que tienen las medidas impuestas por la troika en los cuatro países que han recibido ayuda financiera, entre ellos Grecia.

Desde hace algunos meses el término “desplazamiento de trabajadores” se relaciona a menudo con el dumping social. Este término procede originariamente de una directiva promulgada el 16 de diciembre de 1996 (Directiva 96/71/CE) sobre el desplazamiento temporal de empleados a otros países miembros en el marco de una prestación de servicios. La directiva hace referencia a dos derechos fundamentales de la Unión Europea: la libre circulación de personas (y, con ella, de trabajadores) y la libre circulación de servicios. En ese momento el legislador ya mostraba su preocupación por evitar el dumping social precisando que los trabajadores enviados a otros países miembros estarían sometidos a determinadas disposiciones obligatorias en materia de legislación social, como por ejemplo las regulaciones aplicables a los nacionales en cuestiones de salud y seguridad laboral, salario mínimo, vacaciones pagadas, etc. Dieciocho años después la Unión Europea ha reforzado algunos aspectos de una directiva (véase la sección “Es noticia”) que se ha revelado eficaz pero que ha sido esquivada demasiado a menudo. Para saber más consulte el Diccionario Europeo de Relaciones Industriales (en inglés) de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound).