IR Notes

La dirección del banco francés BNP Paribas (200.000 trabajadores) y la federación sindical internacional UNI Global Union firmaron el 18 de septiembre, un acuerdo de «derechos fundamentales y de base social internacional» que no solamente garantiza los derechos sociales fundamentales, sino que además otorga cierto número de derechos concretos a los trabajadores. De este modo, el texto otorga a todas las trabajadoras el derecho a una baja maternal remunerada de al menos 14 semanas, e invita «encarecidamente» a las distintas entidades del grupo a instaurar una baja de paternidad pagada de al menos seis días. Los signatarios conceden una cobertura social que cubre tres garantías, defunción, incapacidad-invalidez y gastos sanitarios, para el conjunto de sus trabajadores. Por otro lado, para favorecer el equilibrio de la vida familiar, cada trabajador se beneficiará de cinco días no remunerados al año para sus asuntos propios. Estos días podrán disfrutarse también a modo de medias jornadas. El texto recoge además los compromisos del grupo en términos de anticipación del cambio y de información y consulta durante las reorganizaciones (v. comunicado de Uni Global Union).
(foto: Olivier Braive – BNP Paribas)

• Ayuda a los trabajadores portugueses del sector textil: la Comisión Europea propuso el 11 de septiembre conceder a Portugal cerca de 4,7 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a 730 trabajadores del sector textil y a otros tantos jóvenes no cualificados a encontrar un nuevo empleo (v. comunicado).

Discriminación religiosa: en una sentencia relativa al despido de un médico por parte de un hospital católico alemán como consecuencia de su nuevo matrimonio tras un divorcio (v. comunicado de prensa), el Tribunal de Justicia recuerda que una organización religiosa o de creencias puede tomar ciertas decisiones susceptibles de ser discriminatorias, pero dentro de ciertos límites. La adhesión del médico al concepto católico del carácter sagrado e indisoluble del matrimonio religioso «no parece ser necesaria (…) teniendo en cuenta las actividades profesionales ejercidas» por el hospital, «es decir, la prestación, en el medio hospitalario, de asesoramiento y cuidados médicos, así como la gestión del servicio de medicina interna del que era el jefe». «Por lo tanto, no parece ser una condición esencial de la actividad profesional», explica el Tribunal, el cual, por otro lado destaca que los médicos no católicos ejercen funciones similares en el mismo hospital. El despido no está por lo tanto justificado. Además, explica que una jurisdicción nacional debe «garantizar el pleno efecto de los derechos» derivados del principio de no discriminación con motivo de la religión o de las creencias, «dejando cuando fuera oportuno sin aplicar cualquier otra disposición nacional contraria» cuando le fuera imposible interpretar el derecho nacional aplicable de conformidad con el derecho de la UE (TJUE, 11 de septiembre de 2018, caso C-68/17, IR).

Sustitución de trabajadores desplazados: en un asunto de «dumping social» relativo a un matadero austriaco (Alpenrind) que contrató a trabajadores desplazados a Austria por parte de empresas húngaras (v. comunicado de prensa), el Tribunal de Justicia ha confirmado por un lado su jurisprudencia relativa al carácter vinculante del certificado A1 expedido a los trabajadores desplazados por el organismo de la seguridad social del país de procedencia para certificar que se encuentran correctamente afiliados a su régimen (TJUE, 6 de septiembre de 2018, caso C-527/16, Alpenrind e.a.). Por otro lado, ha interpretado el apartado 1 del artículo 12 del reglamento nº 883/2004, según el cual, para poder permanecer vinculada a la legislación del Estado miembro en el que el empleador ejerce normalmente sus actividades, la persona desplazada cumplir dos condiciones: la duración del desplazamiento no deberá ser superior a 24 meses y no debe haber sido «enviada como sustituta de otra persona». Para el Tribunal, como «la condición de no sustitución» deroga la norma general que prevé la aplicación de la legislación relativa a la seguridad social del lugar en el que se ejerce la actividad, esta deberá interpretarse «de forma estricta». De este modo, «el recurso recurrente a trabajadores desplazados para cubrir un mismo puesto, incluso cuando los empleadores que promueven los desplazamientos son distintos, no es conforme ni al texto ni a los objetivos recogidos en el apartado 1 del artículo 12 (…), de modo que una persona desplazada no podrá beneficiarse de la norma particular prevista en dicha disposición cuando esta sustituya a otro trabajador».

• Nuevas disposiciones relativas al desplazamiento de trabajadores: la ley n° 2018-771 del 5 de septiembre de 2018 para la libertad de elegir su futuro profesional facilita las formalidades administrativas para las prestaciones de corta duración (C. trab. L. 1262-6) y para los empleadores que desplacen de forma recurrente a sus trabajadores (C. trab. art. L. 1263-8). La ley acaba de este modo con la contribución de 40 euros exigida por cada declaración de desplazamiento. El importe de las multas aplicables en caso de incumplimiento de la normativa de desplazamiento se duplica (C. trab. L. 1264-3) pasando de 2.000 a 4.000 euros por trabajador desplazado, pudiendo suspenderse los trabajos realizados en el marco del desplazamiento en caso de impago de las multas.

La recuperación del interés de los sindicatos por los CE europeos: durante el seminario final del proyecto europeo Circle dirigido por la asociación SindNova, varios responsables de las tres confederaciones sindicales italianas han comunicado su voluntad de invertir en los comités de empresa (CE) europeos para hacer frente a la globalización y a la digitalización. Han insistido en la necesidad de formar mejor a sus miembros en el seno de los CE europeos. Han lamentado las dificultades a las que se enfrentan los CE europeos para actuar en justicia en caso de violación de su derecho a la información y consulta, principalmente en Italia, y la ausencia de un mecanismo europeo que sancione dichas violaciones.

• Los colaboradores sociales defienden su autonomía: hace aproximadamente un año, la ministra de trabajo Ylva Johansson, lanzó una reflexión para modificar el derecho a la huelga. Pero, el pasado mes de junio, poco antes de presentar los resultados, se vio interrumpida por los colaboradores sociales que conjuntamente presentaron una propuesta legislativa alterna, defendiendo así su autonomía, la cual es la esencia del modelo social sueco. Su texto no aporta más que modificaciones menores a la práctica ya existente. Existe una prohibición de huelga contra las empresas previamente vinculadas por un acuerdo colectivo con otro sindicato, y el objetivo final de una huelga o de una huelga patronal consiste en lograr un acuerdo colectivo que garantice la estabilidad social (ver además el artículo del Instituto Sindical Europeo). Sin embargo, la suerte de este texto queda a la espera de la formación de un nuevo gobierno.

Derechos sociales fundamentales: el líder europeo de los casinos, Groupe Partouche (4.288 empleados) firmó el pasado 17 de septiembre un acuerdo marco internacional con la federación sindical internacional Uni Global Union. «Este acuerdo no puede perjudicar el depósito de futuros expedientes en el extranjero para desarrollar nuestra actividad, aunque la expansión a nivel internacional no sea un asunto de plena actualidad, explica Benjamin Castaldo, interlocutor de recursos humanos del grupo Partouche. Hemos firmado este acuerdo principalmente para ayudar a Uni Global Union a defender los derechos sociales fundamentales en países que están viviendo retrasos en la materia» (v. comunicado de Uni Global Union).
> En pocas palabras… El banco francés Société Générale va a emprender en el mes de octubre la renegociación de su acuerdo marco internacional firmado en 2015.

Restructuración: los trabajadores de la empresa siderúrgica italiana Ilva han apreciado en gran medida el acuerdo firmado el 6 de septiembre entre el grupo ArcelorMittal, adquiriente del grupo Ilva, y las organizaciones sindicales, que recoge las condiciones de adquisición de la empresa y la conservación de los puestos de trabajo. En total, se han conservado 10.700 puestos de trabajo (sobre un total de 13.500), y aproximadamente 2.000 empleados serán objeto de incentivos para abandonar su puesto de trabajo. A los trabajadores conservados no se les aplicará la reciente reforma del despido que incluye un límite por daños y perjuicios en caso de despido injustificado (v. comunicado de IndustriAll).

• Participación de los trabajadores en el consejo de administración: el grupo italiano Manfrotto (500 empleados), que fabrica soportes para máquinas fotográficas, cámaras e iluminación, firmó el pasado 15 de abril un acuerdo con las tres federaciones sindicales representativas (Fim Cisl, Fiom Cgil y Uilm Uil), que prevé un refuerzo de la formación profesional y, algo inusual en Italia, el nombramiento de un representante sindical en el consejo de administración, basado en el modelo alemán o sueco. «La participación de los trabajadores en las estrategias empresariales hace de Manfrotto una experiencia piloto muy importante, destaca Marco Bentivogli, secretario general de Fim Cisl, en sus declaraciones a Il Corriere delle Alpi, la cual pretendemos perpetuar a nivel internacional para lanzar una especie de contagio positivo a todas las empresas».

Red sindical mundial: se ha instaurado una red sindical mundial en la sociedad estadounidense de fabricación de papel y de embalaje Westrock (45.000 trabajadores) (v. comunicado de IndustriAll) para «favorecer unas relaciones sociales proactivas y estables en todas y cada una de las regiones en las que WestRock» se encuentra implantado. «A lo largo de los años, hemos construido en Europa una relación basada en la confianza y el respeto, nos explica Raffiq Moosa, secretario del CE europeo. Llegados a este punto, queremos esforzarnos por extenderlo a nivel internacional».