IR Notes

El Tribunal de la Unión Europea ha dictado una sentencia (TUE, 24 de octubre de 2019, asunto T-310/18, EPSU Jan Goudriaan contra la Comisión Europea) con la que se impugna una práctica prevista desde el año 1991 por el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). En la práctica, el Tratado permite a los interlocutores sociales suscribir acuerdos europeos, ya sea por iniciativa propia o en respuesta a una consulta a la Comisión Europea y cuando ésta considere útil tomar una iniciativa europea en un ámbito que entra dentro de las cuestiones sociales y, por tanto, dentro de la competencia de los interlocutores sociales europeos (artículos 154 y 155 del TFUE). Esto tiene aplicación tanto para los acuerdos interprofesionales como para los celebrados a nivel sectorial. Para que las disposiciones de estos acuerdos tengan aplicación para todos los empresarios y trabajadores de la UE, los firmantes pueden solicitar a la Comisión que presente su acuerdo al Consejo (que representa a los Estados miembros). Este último podrá entonces adoptar una decisión para ampliar las disposiciones del acuerdo al conjunto de la Unión Europea mediante una directiva. La originalidad de este procedimiento es que, mediante convenios colectivos, otorga a los interlocutores sociales europeos la facultad de establecer normas, como las normas sociales para los contratos de duración determinada, los contratos a tiempo parcial, el tiempo de trabajo o la salud y la seguridad en el trabajo. La otra particularidad es que estos acuerdos, por tanto, pueden abarcar a la UE por decisión del Consejo sin que la Comisión o el Consejo puedan intervenir en el texto y partiendo de una mera información al respecto al Parlamento Europeo. Hasta 2012, la Comisión transmitió al Consejo siempre los acuerdos celebrados para la adopción de decisiones y ejercía una labor de control sobre tres criterios: comprobar la representatividad de los firmantes, verificar que el contenido respetaba la legislación de la UE y que la decisión no representaba una carga excesiva para las PYME. Sin embargo, a partir de 2012, el diálogo social sectorial se convirtió en una molesta piedra en el zapato en un momento en que la Comisión congelaba todas las iniciativas de ámbito social. Como seguía recibiendo solicitudes de los interlocutores sociales para ampliar sus acuerdos y, por tanto, para crear normas armonizadas a nivel de la UE, la Comisión decidió cuestionar el carácter casi automático de presentar acuerdos al Consejo y se consideró facultada para decidir si el acuerdo debía presentarse o no al Consejo. Todo esto ha generado una serie de restricciones sobre la autonomía de los interlocutores sociales y tensiones que han agotado esta fuente original de creación de normas sociales. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia pone punto final a este modelo original y confirma la facultad de la Comisión de no actuar sobre el resultado del diálogo social europeo.
> Para saber más: consúltese el working paper extremadamente instructivo publicado por el Instituto Sindical Europeo, “Ejecución legislativa de los acuerdos de los interlocutores sociales europeos: debates y retos”, de Jean-Paul Tricart.
> Véase también: reacciones de los interlocutores sociales: FSESP, CES.

Por una directiva sobre la gestión de las reestructuraciones : el 24 de octubre, cuando se adoptó una resolución sobre las “consecuencias negativas de la quiebra de Thomas Cook para el turismo de la Unión”  (véase el comunicado), los eurodiputados recordaron a la Comisión Europea que en enero de 2013 adoptaron una resolución en la que se le solicitaba que presentara una propuesta de acto jurídico sobre el derecho de los trabajadores a la información y la consulta, así como sobre la anticipación y la gestión de las reestructuraciones.

• Consultas públicas: la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre la evaluación de la acción del Fondo Social Europeo para el período 2014-2018 y ha ampliado hasta el 13 de noviembre la consulta sobre la estrategia europea de salud y seguridad en el trabajo 2010-2020. Los cuestionarios están abiertos a todos y en todas las lenguas de la UE.

Justificación de la vídeo-vigilancia encubierta : en el caso español relativo a un gerente de supermercado que despidió a unas trabajadoras por robo demostrado por las grabaciones de vídeo-vigilancia encubierta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) permite el posible uso de este tipo de sistema sin información previa a los trabajadores. La sentencia admite que la legislación nacional y las normas internacionales y europeas pertinentes establecen que, en principio, es necesario informar claramente y con antelación a los trabajadores sobre la existencia y las formas de grabación, aunque solamente sea en términos generales. Pero también considera legítimo el equilibrio circunstancial que hacen los jueces españoles entre el derecho de las trabajadoras al respeto de su vida privada y el interés de la dirección de garantizar la protección de su propiedad y el buen funcionamiento de la empresa. La existencia de sospechas razonables de que se están cometiendo irregularidades graves y la magnitud de las deficiencias detectadas pueden ser motivos graves para no facilitar información previa. Tres jueces emitieron un voto disidente con el que consideraban que al abstenerse de condenar este tipo de conductas realizadas por particulares, el Tribunal anima a todos a tomarse la justicia por su mano. Es de destacar que la Confederación Europea de Sindicatos intervino en la cuestión para defender el principio de información previa (TEDH, 17 de octubre de 2019, n° 1874/13 y 8567/13, López Ribalda y otros contra España).

• Gas : las federaciones sindicales europeas IndustriAll Europe y la FSESP y la organización patronal Eurogas han relanzado su diálogo social europeo en el sector gasístico dentro del contexto de “descarbonización” de la economía y con el apoyo de la Comisión Europea (véase el comunicado conjunto de la EPSU y Eurogas, el comunicado de la FSESP y el discurso del Secretario General de Eurogas).

Igualdad de remuneración : la Confederación Europea de Sindicatos (CES) presentará a la Comisión Europea sus propuestas para reforzar la legislación sobre transparencia salarial para que la publicación obligatoria de los salarios por género, acompañada de multas por no informar, forme parte de las medidas vinculantes sobre transparencia salarial prometidas por la nueva Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen (véase el comunicado).

• Nuevos derechos de permisos pagados: la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha lanzado una campaña para que los Estados miembros transpongan lo antes posible la directiva sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, a fin de permitir que los padres de varios países tengan acceso a los nuevos derechos de permisos pagados (véase el comunicado).


• Derecho a la desconexión: la federación sindical internacional UNI Global Union ha lanzado una campaña por el derecho a la desconexión con el apoyo de una guía práctica preparada para ayudar a los sindicatos afiliados a negociar este derecho (véase el comunicado).

• Generalización del subsidio para bicicletas : según la CSC, la principal confederación sindical belga, unos 793.000 trabajadores tendrán derecho por primera vez a un subsidio para bicicletas, de conformidad con los doce acuerdos sectoriales suscritos en el marco del proyecto de acuerdo interprofesional 2019-2020 (AIP) elaborado la primavera pasada. Los trabajadores recibirán en breve una prestación nueva o aumentada y percibirán una media de 17 céntimos por kilómetro (véase el comunicado).

Salario mínimo : el pasado 1 de enero de 2019 entró en vigor una nueva ley sobre el salario mínimo para garantizar la previsibilidad y transparencia de las políticas sobre el salario mínimo. Al igual que antes, el Gobierno fija el nivel del salario mínimo una vez al año para el año civil siguiente y siguiendo las recomendaciones del Ministro de Trabajo y previa consulta con los interlocutores sociales. Sin embargo, para superar la tibieza de esta consulta, la ley establece ahora que el nivel del salario mínimo debe determinarse antes del 31 de octubre de cada año y que las consultas con los interlocutores sociales deben celebrarse a partir de septiembre. La ley establece además una comisión de seguimiento y análisis del salario mínimo. Un órgano consultivo del Ministro se encarga de proponer el nivel del salario mínimo para el año siguiente. Sobre esta base, el pasado 31 de octubre el Gobierno propuso aumentar el salario mínimo a 4.062,51 HRK (o 544,60 €), un aumento del 8,33% (+41,90 €), lo que representa el 46,49% del salario medio de los trabajadores croatas.
> Para saber más: véase el comunicado gubernamental (en croata)

Reforma del mercado laboral : la ley n° 93/2009 de 4 de septiembre de 2019 conlleva una serie de modificaciones importantes para la legislación social del país. Estos cambios se refieren al período de prueba, la formación profesional, los contratos de duración determinada, el trabajo temporal, el trabajo intermitente (incluido el trabajo por demanda), la organización del tiempo de trabajo y la negociación colectiva. El objetivo primordial es promover la estabilidad laboral y hacer frente al elevado nivel de segmentación del mercado laboral, limitando el uso de contratos de duración determinada y proporcionando una mayor protección a los trabajadores temporales. Sin embargo, algunas de las medidas adoptadas han sido muy controvertidas y han llevado a los partidos de izquierda que apoyan al Gobierno a solicitar una evaluación de la constitucionalidad de la ley (aún en curso). Entre las cuestiones más controvertidas destacan el nuevo período de prueba de seis meses para los trabajadores que buscan su primer empleo o que se encuentran en situación de desempleo de larga duración; la ampliación de la duración de los contratos de muy corta duración (trabajo ocasional) y el nuevo régimen de expiración de los convenios colectivos. La nueva ley, con algunas excepciones, entró en vigor el 1 de octubre de 2019.

Foro IG Metall para los miembros del comité de empresa europeo : Los días 24 y 25 del pasado mes de octubre el sindicato alemán IG Metall organizó en Fráncfort su “ERB/SE-BR forum”. El foro tiene lugar una vez al año y, en palabras de Ralf Götz, jefe de equipo del comité de empresa europeo y del comité de sociedad europea en el sindicato, “es el único lugar en el que los miembros de los comités de empresa europeos o de los comités de sociedad europea, los expertos y nuestro equipo se reúnen para debatir sobre las cuestiones específicas a las que se enfrentan estos organismos transnacionales de representación de los trabajadores”. En los talleres participaron más de 35 miembros del comité de empresa europeo y de los comités de sociedad europea. Los talleres relativos a las reestructuraciones y a los procedimientos de información y consulta tuvieron un lleno absoluto y los dos talleres restantes generaron también un gran interés, destacando el taller sobre cómo el diálogo entre la dirección y el comité de empresa europeo puede crear valor añadido para la empresa y para los trabajadores y en el que se pusieron de relieve las prácticas del comité de empresa europeo del grupo sueco Sandvik. El otro taller se centró en la forma en que los comités de empresa europeos deben abordar el despliegue de sistemas informáticos de gestión y planificación de la producción.

• Creación de un comité de empresa europeo : después de tres años de negociaciones, el grupo estadounidense XPO Logistics Europe suscribió el pasado 29 de octubre un acuerdo de comité de empresa europeo con un grupo especial de negociación y con el apoyo de la federación sindical europea ETF (véase el comunicado de la ETF).

• Red sindical : la primera reunión de la red mundial de sindicatos del fabricante alemán lápices de grafito y de colores Faber-Castell se celebró del 30 de septiembre al 2 de octubre en Alemania. A la reunión asistieron participantes de siete países y ocho unidades de producción. La coordinación corrió a cargo de la federación sindical internacional IBB y el sindicato alemán IG Metall y contó con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES). Se adoptó una declaración de solidaridad para los trabajadores de la fábrica de Goa (India) (EN DE) (véase el comunicado). El 16 de octubre se reunieron 15 representantes sindicales de Eslovaquia, República Checa, Alemania y Hungría para debatir y poner en común sus experiencias con la empresa de construcción austríaca Strabag (75.000 trabajadores) y con el apoyo de las federaciones sindicales IBB y FETBB así como de la FES (véase el comunicado). La red sindical del grupo Saint-Gobain (549.000 trabajadores) se reunió a principios de noviembre en París para discutir la nueva estrategia del grupo y la aplicación de la digitalización y su impacto sobre los trabajadores. Se decidió proseguir los trabajos en esta materia y recopilar información por medio de un cuestionario en Internet (véase el comunicado).