IR Notes

Tras haber sido validada por el Parlamento Europeo el 27 de noviembre la nueva Comisión Europea ya está manos a la obra. En su discurso, la nueva Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, destacó su máxima prioridad: el “Green Deal” europeo, que se presentará en los primeros 100 días de su mandato. Se trata de “nuestra nueva estrategia de crecimiento” que “reducirá las emisiones y creará empleo”. Descartando todas las ideas de decadencia o de sobriedad, von der Leyen subrayó que “el elemento central de este sistema será una estrategia industrial que permita a nuestras empresas innovar y desarrollar nuevas tecnologías a la vez que crean nuevos mercados”. Para Ursula von der Leyen, “la transición debe ser justa e inclusiva, de lo contrario no se producirá”. Por ello, se pondrá en marcha un “mecanismo de transición selectivo y justo”, que aún está por especificar y, sobre todo, por financiar. El Green Deal es una respuesta al Parlamento, que aprobó dos resoluciones al día siguiente de la toma de posesión de la Comisión. La primera sirvió para declarar un “estado de emergencia climática y medioambiental” y hacer un llamamiento a una “acción inmediata y ambiciosa” que debe “ir acompañada de fuertes medidas sociales y de inclusión para asegurar una transición justa y equitativa hacia la creación de empleo” que garantice “un alto nivel de protección social” y “el acceso a puestos de trabajo y formación de buena calidad”. La otra resolución, que trata sobre la COP25, pone de relieve que “el fortalecimiento de las asociaciones sociales (…) es esencial para lograr la neutralidad climática para todos los sectores de la sociedad de una manera justa, inclusiva y socialmente sostenible”. Por lo tanto, el Parlamento estará a la vanguardia en cuestiones medioambientales y sociales y esto tiene todas las bazas de causar considerables turbulencias con los Estados miembros cuando haya que financiar medidas para una transición justa. En materia social, la nueva Comisión se ha fijado dos prioridades para este primer plazo de 100 días (véase el programa de la Presidenta. La primera de ellas consiste en presentar propuestas para la introducción de “medidas de transparencia salarial vinculantes” con el fin de reducir las desigualdades salariales entre mujeres y hombres. La segunda prioridad estriba en elaborar un “instrumento jurídico para garantizar que todos los trabajadores de nuestra Unión tengan un salario mínimo justo” que deberá permitir “una vida digna”.

• Publicación de la directiva relativa a la protección de los denunciantes : La directiva n° 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión se ha publicado en el DOUE (véase IR Notes n° 116). La directiva debe transponerse a más tardar el 17 de diciembre de 2021. Para las empresas de 50 a 249 empleados, el plazo de transposición de los artículos sobre la obligación de establecer canales internos de información es el 17 de diciembre de 2023.

• Directiva sobre la “movilidad de las empresas” : El Consejo adoptó definitivamente el 18 de noviembre la directiva por la que se modifica la directiva 2017/1132 en lo relativo a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (véase el comunicado del Consejo). La directiva actual debe transponerse en un plazo de tres años a partir de su publicación en el DOUE.

• Aumento de las desigualdades en los países socios : El Consejo aprobó el pasado 25 de noviembre una serie de conclusiones sobre la lucha contra la desigualdad en los países socios de la UE en las que “observa con preocupación que muchos países socios siguen enfrentándose a niveles de desigualdad que son superiores a los de hace 30 años y que constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible ” (véase el comunicado).

Prórroga de las vacaciones pagadas no disfrutadas : El Tribunal de Justicia ya ha aclarado que cuando un trabajador cae enfermo durante las cuatro semanas de vacaciones pagadas obligatorias previstas en la directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, los días de vacaciones no disfrutados a causa de la enfermedad se trasladarán de modo que a lo largo de un año el trabajador tenga el derecho fundamental a sus cuatro semanas de descanso y ocio. ¿Pero qué sucede si el empleado tiene 5, 6 o 7 semanas de permiso al año, por ley o por convenio colectivo y cae enfermo después de su cuarta semana de permiso remunerado? ¿Tiene aplicación la regla de aplazamiento? El Tribunal de Justicia responde negativamente. Cuando los Estados conceden o permiten a los interlocutores sociales conceder derechos a vacaciones anuales retribuidas que superen la duración mínima de cuatro semanas, “tales derechos, así como también los requisitos para su eventual aplazamiento en caso de que el trabajador se ponga enfermo durante las vacaciones, forman parte del ámbito del ejercicio de la competencia que conservan los Estados miembros, sin que se rijan por dicha directiva ni estén incluidos en el ámbito de aplicación de la misma” (TJUE, 19 de noviembre de 2019, asuntos C-609/17 y C-610/17, TSN y AKT).

• ¿Quién es el que contrata a los camioneros? El Abogado General del TJCE ha emitido importantes conclusiones (que podría seguir el Tribunal de Justicia cuando dicte su sentencia) sobre las empresas neerlandesas de transporte de mercancías por carretera que empleaban desde los Países Bajos a los conductores trabajadores de una empresa chipriota. Por lo que se refiere a la aplicación de la legislación en materia de seguridad social, el Abogado General considera que la “empresa contratante” es la empresa de transporte neerlandesa y no la empresa chipriota que suscribió los contratos de trabajo con los conductores. Por consiguiente, los conductores debían estar sujetos a la seguridad social neerlandesa. El magistrado considera que no se trata de un traslado de los trabajadores y habla de un acuerdo que equivale a un abuso de derechos (véase el comunicado del Tribunal).

• Limpieza industrial: Los agentes sociales europeos del sector de la limpieza industrial (la FENI y UNI Europa) aprobaron el pasado 29 de octubre una declaración conjunta sobre el impacto de la digitalización en el trabajo. 


• Administración central: En el comité de diálogo social sectorial de los gobiernos centrales, los interlocutores sociales europeos debatieron sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (véase IR Notes nº 130, Es Noticia). Adoptaron además una guía práctica sobre la digitalización y la conciliación entre vida privada y vida laboral (Checklist of dos and don’ts on digitalisation and work/life balance)

Marco para las plataformas : La ley de orientación de las profesiones de movilidad, aprobada el pasado 19 de noviembre, introdujo una serie de medidas destinadas a “regular socialmente” el sector de las plataformas de movilidad (entregas en bicicleta, transporte de pasajeros en coche, etc.). 1) Las plataformas deben respetar las obligaciones de transparencia para con sus trabajadores en lo que se refiere al servicio que deben prestar (distancia, precio mínimo garantizado una vez deducidos los costes de las comisiones, derecho a rechazar el encargo, etc.). 2) Los trabajadores podrán elegir sus propias franjas horarias de actividad e inactividad y tendrán derecho a desconectarse durante sus franjas horarias y la plataforma no podrá rescindir su contrato por este motivo. 3) Las plataformas podrán establecer una “carta de responsabilidad social” con la que determinar sus derechos y obligaciones para con los trabajadores. 4) Los trabajadores tendrán derecho a una formación profesional. 5) El gobierno podrá definir legalmente las condiciones de representación colectiva de los trabajadores autónomos en las plataformas. El día de la aprobación de la ley, quince plataformas (Deliveroo, Uber Eats, etc.) crearon la Asociación de Plataformas Independientes (API) y adoptaron una “carta conjunta de compromisos”.

• Salario mínimo: El gobierno ha aumentado el salario mínimo desde los 555 hasta los 607 euros a partir de enero de 2020 y ha elevado el nivel salarial con el que se fijan las dietas diarias para los viajes de negocios.

> Véase también: La sentencia de un tribunal de empleo del Reino Unido que aplica por primera vez la protección de los trabajadores en caso de transferencia de la empresa a los “workers” y no solamente a los “employees” titulares de un contrato de trabajo (véase la nota del despacho de abogados Lewis Silkin).

Digitalización : El grupo francés Engie (160.000 trabajadores) especializado en el sector energético y de servicios suscribió el pasado 28 de noviembre una declaración conjunta sobre los retos de la tecnología digital dentro del grupo con su comité de empresa europeo. La declaración fue firmada por la directora ejecutiva, Isabelle Kocher, y por el secretario del comité, Robert Textoris (CGT) (véase la foto) y es el resultado de un grupo de trabajo parte del comité de empresa europeo. Todas las entidades del grupo, junto con los representantes de los trabajadores, deben examinar “sistemáticamente, con la mayor antelación posible”, los impactos de los cambios en los métodos de trabajo permitidos por las herramientas digitales “con el fin de identificar las medidas de apoyo más adecuadas” para “evitar cualquier deterioro de las condiciones de trabajo y de las garantías colectivas”. Los firmantes se han comprometido a solicitar la apertura de negociaciones sobre un acuerdo marco en la materia con las federaciones sindicales europeas en el segundo semestre de 2020.

• Reestructuración: El pasado 18 de noviembre, la dirección de la empresa siderúrgica Tata Steel anunció la eliminación de 3.000 puestos de trabajo en Europa. El mismo día hubo una reunión entre la dirección y el comité de empresa europeo que a continuación emitió una declaración con la que se exponía la postura del comité sobre el proceso de consulta.

Derechos fundamentales : Siemens Gamesa, el grupo español de construcción de aerogeneradores (23.000 trabajadores) y la federación sindical internacional IndustriAll Global Union renovaron el pasado 25 de noviembre su acuerdo marco mundial. De acuerdo con IndustriAll, el texto incorpora una serie de mejoras con respecto al acuerdo inicial del año 2015  (véase el comunicado).

El trabajo del futuro : Sobre el tema de la polarización del mercado laboral, un informe publicado por el MIT como parte de un proyecto multidisciplinar “MIT work for the future”, sostiene que “los países que invierten en educación y formación de forma focalizada y con visión de futuro deberían ser capaces de proporcionar puestos de trabajo con unos ingresos y una seguridad laboral que beneficien a la gran mayoría de sus trabajadores y no únicamente a los que reciben una formación de élite”. Los autores critican el modelo de primacía de los accionistas que ha ido surgiendo al tiempo que los sindicatos han ido atrofiándose. Como resultado, “los trabajadores de base generalmente no se han beneficiado del crecimiento de la productividad durante las últimas cuatro décadas”. En opinión de los autores, “se debe reevaluar la adopción por parte de los Estados Unidos de un capitalismo accionarial puro y único “. Según los autores también, “aunque no exista un modelo óptimo de representación de los trabajadores, hay dos puntos que parecen claros. Por una parte, la simple eficiencia económica requiere que los trabajadores tengan un cierto peso como partes interesadas en las empresas que los emplean. De lo contrario, las decisiones seguirán sin internalizar los costes reales que la pérdida de puestos de trabajo conlleva y no solamente para los trabajadores, sino también para la sociedad en su conjunto”. Por otra parte y refiriéndose al modelo alemán y sin saber “exactamente qué reglas deben regir la representación de los trabajadores en Estados Unidos”, los autores están “seguros de que el modelo casi “sin voz” que el país ha adoptado en las últimas cuatro décadas está desequilibrado”.

> Véase también: El informe sobre el diálogo social en el sector de los servicios sociales en cinco países (Bulgaria, Chipre, Lituania, Malta y Rumanía) realizado por la organización patronal europea CEEP para el despacho Wmp Consult y, en el caso de Lituania, por parte d nuestra corresponsal, Elma Paulauskaite (véase el resumen).