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IR Notes 132 – 18 de diciembre 2019
www.irshare.eu
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***Todo el equipo de IR Share desea a
sus lectores unas felices fiestas de fin de año. Tras una breve
pausa invernal volveremos a encontrarnos con la edición de IR
Notes 133 el próximo día 15 de enero de
2019***
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Preguntamos a…
Sonia Cattaneo (CISL), secretaria del comité de empresa europeo de Air
Liquide
¿Podría usted especificar las
acciones llevadas a cabo por el comité de empresa europeo en el
contexto de la reorganización que afectó a 500 empleados de
servicios financieros, con 85 despidos en particular, en
relación con la creación de un centro de servicios compartidos
(CSP) en Lisboa?
Durante todo el proceso de información y
consulta, siempre hemos mantenido el contacto con los trabajadores y
los órganos de representación de los trabajadores a nivel local, al
menos en los principales países afectados y les hemos informado
siempre sobre los debates en curso, con comunicaciones escritas en
su lengua materna. Esto no es fácil, especialmente cuando hay varias
organizaciones sindicales de ámbito local. Pero lo hemos conseguido
aunque ha habido algunos desacuerdos locales de menor importancia.
Las decisiones del comité de empresa europeo se han adoptado de
forma unánime por parte de todos los sindicatos representados. Hemos
desarrollado una contrapropuesta para mejorar el proyecto ofreciendo
que se dedicara algo más de tiempo para la ejecución. La dirección
rechazó nuestra propuesta y mantuvo su voluntad de completar la
reorganización para finales de 2019. Emitimos un dictamen negativo,
pero hemos conseguido compromisos de la dirección sobre medidas
sociales que se anunciaron en el pleno del comité de empresa europeo
(véase IR Notes n°
122). Aunque no pudimos obtener
medidas idénticas para todos, pudimos ponernos de acuerdo sobre una
serie de principios que deben respetarse en el conjunto de los 11
países afectados por la reorganización como la reclasificación de
los trabajadores afectados como prioridad número uno seguida de una
serie de medidas sociales de acompañamiento (recualificación,
recolocación, etc.) para todos los que abandonen el grupo. Por otra
parte, hemos negociado que los trabajadores procedentes de los
países afectados y que acepten la transferencia de su puesto a
Portugal se beneficiarán de las mismas condiciones. Hemos acordado
también establecer un comité de seguimiento que se reunirá todos los
meses para analizar la ejecución y puesta en práctica del proyecto.
Las dos últimas reuniones del comité se celebrarán los próximos
meses de enero y marzo, al final de todo el proceso. En noviembre y
en calidad de comité limitado del comité de empresa europeo tuvimos
ocasión de visitar el nuevo centro de servicios compartidos en
Lisboa donde ya radican unos cien trabajadores y hablamos con la
dirección sobre las primeras etapas de las nuevas actividades y
también pudimos reunirnos con algunos de los trabajadores.
Ahora nos gustaría ir más allá, con vistas
a nuevas reorganizaciones en el futuro que afecten a otras
actividades. En este contexto, nos gustaría llevar a la dirección a
negociar un acuerdo europeo sobre las medidas sociales. Habida
cuenta de que cada vez se toman más decisiones a nivel de grupo, en
mi opinión me parece necesario discutir y negociar algún tipo de
acuerdo “marco” a ese nivel. Ya no pueden ser solamente temas de
debate a nivel nacional. Es crucial contar con una mayor y mejor
sinergia y cooperación sindical entre los niveles nacional y
supranacional ya que tenemos que gestionar reorganizaciones
transnacionales.
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Es
noticia
Hacia una
Unión Europea medioambiental
La Unión Europea no está descuidando el cambio climático. Los Jefes de Estado y de
Gobierno se reunieron los pasados 11 y 12 de diciembre y aprobaron una serie de conclusiones
con las que se confirma el objetivo de lograr una UE climáticamente neutra para
antes de 2050. Solamente se ha desvinculado de este objetivo Polonia, muy
dependiente del carbón. Si bien el Consejo considera que “la transición hacia la
neutralidad climática ofrecerá importantes oportunidades”, en particular en términos
de crecimiento económico, de “nuevos modelos económicos” o de creación de empleo, el
organismo europeo es consciente de que debe “establecer un marco que facilite la
transición […]
que sea socialmente equilibrada y equitativa”. Con este fin, el Consejo ha aprobado
la próxima creación de un “mecanismo para una transición justa” con el que
“proporcionar apoyo hecho a medida a las regiones y sectores más afectados” con una
asignación de 100.000 millones de euros. De esta manera, el Consejo respalda los
ambiciosos objetivos fijados por la Comisión Europea en su comunicación sobre el Pacto Verde
Europeo que establece con precisión y exhaustividad la forma en que ha de
llevarse a cabo este vasto proyecto. La Comisión propondrá la primera “legislación
europea sobre el clima” antes de marzo de 2020 para “anclar en la ley el objetivo de
neutralidad climática para 2050″. La Comisión adoptará en marzo “una estrategia
industrial de la UE para hacer frente al doble reto de la transformación ecológica y
digital” y presentará “un nuevo plan de acción para la economía circular” con
“medidas para animar a las empresas a ofrecer, y a los consumidores a elegir,
productos reutilizables, sostenibles y reparables”. La Comisión precisa además que
el pilar europeo de los derechos sociales “guiará la acción velando por que nadie se
quede atrás”. Las ONG y los interlocutores sociales europeos han acogido muy
favorablemente la iniciativa. La Confederación Europea de Sindicatos, que pide
“medidas para garantizar una transición socialmente justa a una economía verde para
todos los trabajadores”, tiene la impresión de que la Comisión “ha tenido todo esto
en cuenta” (véase el comunicado).
En la vertiente patronal, BusinessEurope subraya que es “esencial vincular el Green
Deal a una fuerte estrategia industrial que movilice los cientos de miles de
millones de euros de inversión necesarios” (véase el comunicado).
Frente a tantas ambiciones y trastornos anunciados, la financiación sigue siendo el
escollo principal. Los debates entre los gobiernos para adoptar el próximo marco
financiero de la Unión (2021-2027) ponen de relieve la dificultad: cómo invertir
tanto y garantizar que nadie se quede en el camino, contentando con un presupuesto
del 1,06% de la renta nacional bruta europea (1.080.000 millones de euros), lo que
solamente puede llevar a quitar de algunos fondos europeos para dotar a otros. Si
esta es la opción elegida, el apoyo social a las transiciones ecológicas y digitales
será necesariamente insuficiente, con el riesgo inherente de alejar a los ciudadanos
y, en particular, a los trabajadores de esta transición necesaria.
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1. Unión
Europea
Legislación
Movilidad transfronteriza de las empresas :
la directiva
2019/2121 de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la directiva
2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones
transfronterizas ya se ha publicado en el DOUE. La directiva establece que
la empresa que realiza la transacción transfronteriza debe elaborar un informe para
“informar a sus trabajadores”. El documento debe “explicar y justificar los aspectos
jurídicos y económicos de la operación transfronteriza propuesta y las consecuencias
de tal operación para los trabajadores”. Los trabajadores y sus representantes
deberán poder dar su opinión sobre este informe. El considerando nº 13 de la
directiva establece que el informe debe aclarar “si se produciría algún cambio
sustancial en las condiciones de trabajo establecidas en las leyes, los convenios
colectivos o los convenios colectivos transnacionales, y en los centros de actividad
de la sociedad, como la ubicación de la sede social”. El considerando nº 29 fija que
“a fin de realizar un análisis del informe destinado a los trabajadores, es preciso
que la sociedad que lleve a cabo la operación transfronteriza proporcione a los
representantes de los trabajadores los recursos necesarios que les permitan ejercer
de manera adecuada los derechos derivados de la presente directiva”. En cuanto a la
cuestión de la elusión de los derechos de participación de los trabajadores como
consecuencia de una operación transfronteriza, la directiva exige que no se debe
menoscabar “indebidamente” la participación de los trabajadores. Cuando la sociedad
que realice tal operación “haya aplicado un sistema de participación de los
trabajadores, la sociedad o las sociedades resultantes de la operación
transfronteriza deben estar obligadas a adoptar una forma jurídica que permita el
ejercicio de tales derechos de participación, también mediante la presencia de los
representantes de los trabajadores en los órganos de dirección o control pertinentes
de la sociedad o las sociedades”. La directiva propone también mecanismos con los
que negociar la participación de los trabajadores y determina los casos en los que
las empresas quedan exentas de mantener una forma de participación.
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Actualidad
social
El Consejo fija una hoja de ruta para la
Comisión : En la sesión del Consejo
celebrada los días 9 y 10 de diciembre, los Ministros de Empleo y Asuntos Sociales
adoptaron varios textos con indicaciones sobre iniciativas futuras:
- Mercado de trabajo
inclusivo: El Consejo ha aprobado conclusiones sobre los
mercados
de trabajo inclusivos en las que se pone de relieve el valor económico
que representa el hecho de proponer mejores oportunidades laborales a las
personas vulnerables.
- Igualdad de sexos: El
Consejo también ha aprobado una serie de conclusiones sobre la igualdad
entre hombres y mujeres en las economías de la UE en las que pide a la
Comisión que eleve explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres al rango
de prioridad política en el marco de su actual mandato y que apruebe una
comunicación en la que dé a conocer una estrategia autónoma de alto nivel de la
UE en materia de igualdad de sexos para el periodo posterior a 2019 (véase el comunicado
del Consejo).
- Salud y seguridad en el
trabajo: En sus conclusiones “Un
nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el
trabajo: mejorar la aplicación de la salud y la seguridad el trabajo de la
UE”, el Consejo invita a la Comisión a: 1) Actualizar la legislación en
materia de salud y seguridad en el trabajo, en particular la directiva
89/654 relativa a los lugares de trabajo y la directiva
90/270 sobre el trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización, que están obsoletas. 2) Publicar una comunicación sobre
los factores de riesgo psicosociales. 3) Proponer una estrategia de la Unión en
materia de salud mental. 4) Facilitar material de orientación sobre ergonomía
relacionado con los trastornos musculoesqueléticos. 5) Incluir enfoques de
“visión cero” relativos a los accidentes y las enfermedades profesionales
mortales. 6) Proponer valores límite vinculantes adicionales para las sustancias
cancerígenas y otras sustancias peligrosas prioritarias. 7) Actualizar si
resultara necesario los valores límite actuales, incluidos, si procede, los
valores límite biológicos. El documento está muy por debajo de las expectativas
de la Confederación Europea de Sindicatos, que adoptó una posición
al respecto el pasado mes de octubre en la que pe´dia acciones específicas y una
nueva legislación, en particular en materia de riesgos psicosociales.
> Véase también: el resumen y
las presentaciones del debate organizado por el Instituto Sindical Europeo sobre
el futuro
de la salud en el trabajo en Europa.
- Directivas de información y consulta y
comités de empresa europeos: En una nota de la
Presidencia finlandesa de la UE sobre “el
futuro del acervo social de la UE en materia de empleo y relaciones
laborales” presentada en el contexto de un debate de orientación en el
Consejo se afirma que “el diálogo social desempeña un papel importante a la hora
de ayudar tanto a las empresas como a sus trabajadores a adaptarse al cambiante
mercado laboral y es clave para la aplicación con éxito del acervo social”. El
documento añade que “deben resolverse los problemas conexos identificados por la
Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores y de los
comités de empresa europeos.”
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Jurisprudencia
- Uso fraudulento de conductores de camiones
: el Abogado General del TJUE ha emitido importantes conclusiones
sobre las empresas neerlandesas de transporte de mercancías por carretera que
empleaban a conductores contratados por una empresa chipriota. El magistrado
indica que la relación contractual, en virtud de la cual la empresa chipriota
sería formalmente el empleador de los conductores, únicamente tiene un valor
indicativo y que parece legítimo cuestionar la calidad de empleador que la
empresa afirma tener. Estas conclusiones fueron acogidas favorablemente por la
Federación Europea de Sindicatos de la Construcción, FETBB (véase el comunicado).
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Diálogo
social interprofesional
Salario mínimo europeo :
Nicolas Schmit, el nuevo Comisario de Empleo y
Asuntos Sociales, anunció en el Consejo el pasado 10 de diciembre que la Comisión
enviaría a los agentes sociales europeos un documento de consulta el próximo 14 de
enero sobre el establecimiento de un salario mínimo europeo y sobre la base jurídica
del artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a la
Comisión emprender iniciativas legislativas para mejorar las condiciones de trabajo.
Ese mismo día, presentará una comunicación sobre las iniciativas de política social
de la Comisión.
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Diálogo
social sectorial
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2. Estados
miembros
Francia
Responsabilidad social :
El Grupo
Rocher (25.000 trabajadores), propietario de la marca de
cosméticos Yves Rocher, anunció la adopción del estatus de “empresa misión”, creado
por la Ley Nº 2019-486 de 22 de mayo de 2019 (artículo
176), que, además de tener fines lucrativos, define para al empresa una
finalidad social o medioambiental. Para el grupo, su misión es “reconectar a la
gente con la naturaleza” para el bienestar de sus clientes y el del planeta.
> Más información
en el último boletín
‘collective
bargaining’ del Instituto Sindical Europeo y en el boletín Flash Report on Labour Law
sobre derecho laboral elaborado por la Comisión Europea.
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3.
Empresas
Comité de
empresa europeo
Reestructuración :
El pasado 3 de diciembre, el comité restringido
del comité de empresa europeo del grupo bancario italiano Unicredit adoptó una declaración
tras una reunión en la que la dirección anunció un nuevo plan estratégico que
incluye más de 8.000 recortes de plantilla. El comité de empresa europeo pide un
“diálogo social completo, basado tanto en la información como en la consulta y de
conformidad con la directiva europea”.
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Pérdida de confianza : El comité
de empresa del grupo Michelin
(125.000 trabajadores) se reunió los pasados días 18 a 21 de
noviembre y expresó su inquietud por la eficacia de la logística y solicitó a la
dirección del grupo “mejorar el diálogo social y que la transparencia sea cada vez
más regular para participar todavía más en las estrategias y no limitarse a
escuchar” (véase el comunicado).
> El grupo acaba de concluir las negociaciones
con IndustriAll Global Union para alcanzar un acuerdo sobre un comité de empresa
mundial.
> Léase también la declaración
de un miembro alemán del comité de empresa europeo sobre el cese de los compromisos
de Michelin tras el anuncio del cierre de la fábrica de Bamberg (Alemania).
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Diálogo
social transnacional
Diálogo bajo el auspicio de la OCDE :
La dirección del grupo Deutsche Post DHL y los
representantes de las dos federaciones sindicales internacionales ITF y UNI Global
Union firmaron el pasado 25 de noviembre un nuevo protocolo para continuar su
diálogo social bajo el auspicio del punto de contacto nacional de las Directrices de
la OCDE para Empresas Multinacionales (véanse los comunicados de prensa de la ITF
y de UNI
Global Union).
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Responsabilidad social
Permiso de paternidad :
A partir del 1 de enero, la casa aseguradora
suiza Zurich ampliará el
permiso de paternidad sin reducción de salario para sus empleados en Suiza (5.100
empleados) desde las 3 semanas de la actualidad hasta las 6 semanas o incluso hasta
las 16 semanas si el padre (o la pareja del mismo sexo) tiene la intención de
ocuparse principalmente del hijo (véase el comunicado).
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