IR Notes

Intentando por todos los medios hacerse útil en una Unión Europea que lucha por recordar que la solidaridad es un valor constitucional (artículo 2 del Tratado de la UE), la Comisión Europea presentó el pasado 2 de abril una propuesta de reglamento para financiar las medidas de reducción del tiempo de trabajo. La Comisión no propone un instrumento de reducción de tiempo de trabajo llave en mano, sino un instrumento financiero. Llamado SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia), el instrumento “facilitará hasta 100.000 millones de euros en préstamos a los países que lo necesiten para garantizar que los trabajadores reciban ingresos y que las empresas mantengan su personal” (véase el comunicado y comunicado de preguntas y respuestas y la Factsheet sobre el instrumento SURE). La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene todas las bazas para defender los esquemas de reducción del tiempo de trabajo. Según la OCDE, durante la crisis de 2008 Alemania recurrió masivamente a la reducción de la jornada laboral. El país gastó 10.000 millones de euros entre 2007 y 2010 (en comparación con los 1.000 millones que gastó Francia) para subsidiar a 1,5 millones de trabajadores y salvar 235.000 puestos de trabajo (0,8% del empleo total). El plazo durante el cual el Estado asumió la responsabilidad de parte de los salarios pagados durante el periodo de reducción de trabajo aumentó hasta los 24 meses en el punto álgido de la crisis en 2009. Los sindicatos lucharon también para que las empresas mantuvieran el nivel de contratación de jóvenes en prácticas. Al final, “todas estas decisiones permitieron a Alemania salir de la crisis con menos desempleados que en 2008”, explicó Gerhard Bosch, director del Instituto Arbeit und Qualifikation, en una entrevista publicada en 2011 (1). A finales de 2012, la entonces Ministra de Trabajo, Ursula von der Leyen, apostó por flexibilizar el régimen de tiempo de trabajo reducido para apoyar al sector de la automoción y amplió de seis a doce meses el período durante el cual el Estado se haría cargo de pagar parte de los salarios. A finales de 2019, el gobierno alemán volvió a flexibilizar las condiciones de acceso al tiempo de trabajo reducido para ayudar a un sector del automóvil de capa caída. Con la crisis del Covid-19, el gobierno alemán calcula que 2,35 millones de empleados tendrán que trabajar a jornada reducida. Al final de la crisis de 2008, muchos estudios elogiaron los méritos de la reducción de la jornada laboral adoptados por varios países que no disponían de este instrumento (véase el punto 4. Estudios e informes). Lamentablemente, sin embargo, los instrumentos de reducción de jornada laboral no han permanecido en los programas de la Comisión y de los Estados Miembros. No obstante, sería todo un honor para la Unión Europea disponer de un mecanismo permanente que garantice a los trabajadores el mantenimiento de una gran parte de su salario y de su contrato de trabajo en circunstancias excepcionales. Ante la urgencia de la crisis sanitaria y económica, la Comisión solamente puede utilizar el arma financiera -sin duda insuficiente (véase Preguntamos a …)- para incitar a los Estados miembros a pedirle un préstamo en condiciones ventajosas para financiar sus programas de reducción de la jornada laboral o, lo que es nuevo en comparación con la crisis de 2008, para apoyar a los autónomos. Sin embargo, la solidaridad tendrá que estar presente. Todos los préstamos tendrán que ser validados por los veintisiete países. Asimismo, la Comisión anuncia que acelerará los trabajos sobre el mecanismo europeo de garantía de desempleo, que está incluido en su programa de trabajo. El objetivo es utilizar la solidaridad europea para financiar el plan de desempleo de un Estado miembro que se enfrente a un fuerte deterioro de su mercado de trabajo como resultado de una convulsión externa. La iniciativa SURE cuenta con el pleno apoyo de la Confederación Europea de Sindicatos (véase el comunicado).
(1) Liaisons sociales Europe n° 290, 17 de noviembre de 2011

• Profesiones esenciales: La Comisión Europea presentó el pasado 30 de marzo una comunicación sobre las directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de los trabajadores de profesiones esenciales para la lucha contra la pandemia del coronavirus. Las directrices establecen una lista de trabajadores para los que es esencial que se mantenga la libre circulación (véase el comunicado).


• Pago de dividendos: La Confederación Europea de Sindicatos ha hecho un llamamiento muy claro para que se suspenda el pago de dividendos en las empresas a fin de conservar estos recursos (calculados en unos 359.000 millones de euros) para “proteger los empleos y los salarios” (véase el comunicado). Se están celebrando debates en muchos grupos, a veces con la participación de comités de empresa europeos.

Sospechas de fraude en el desplazamiento : La aerolínea española de bajo coste Vueling ha sido objeto de dos litigios en Francia por haber empleado personal de vuelo bajo el régimen de los trabajadores desplazados. En 2012, el Tribunal de Apelación de París declaró a Vueling culpable de trabajo no declarado por haber desplazado a trabajadores de forma irregular a Francia y le impuso una multa de 100.000 euros. De acuerdo con el Tribunal, Vueling había incumplido intencionadamente las normas aplicables, en particular al haber domiciliado a 41 de los trabajadores afectados en la dirección de su propia sede en España sin haber podido dar una explicación seria que pudiera descartar las sospechas de fraude. La sentencia fue confirmada por la sala de lo penal del Tribunal de Casación en 2014. Tras esta sentencia, un fondo de pensiones francés al que debía estar afiliado el personal de Vueling que trabajaba en el aeropuerto de Roissy-Charles-De-Gaulle recurrió al tribunal superior de Bobigny. El tribunal se dirigió entonces al Tribunal de Justicia para preguntarle, habida cuenta de la condena penal por trabajo no declarado, si se podía descartar la validez de los certificados A1 expedidos a los trabajadores desplazados en cuestión. Estos certificados son emitidos por la Seguridad Social española para certificar la afiliación a su régimen. Cuatro años después de los hechos, las autoridades francesas pidieron al sistema español que los retirara, de conformidad con un procedimiento de diálogo entre las instituciones previsto en la legislación europea. Sin embargo, el sistema español mantuvo la validez de los certificados porque la retirada retroactiva plantearía demasiadas dificultades prácticas de aplicación. Al negarse a considerar que una sospecha de fraude permite a un tribunal nacional anular los certificados A1, el Tribunal de Justicia está frustrando las esperanzas de quienes creen que las autoridades francesas podrían aplicar justicia al anular la validez de los certificados A1 sobre la base de la sentencia penal francesa que demostró el fraude. En opinión del Tribunal, las autoridades y los tribunales franceses “solamente pueden constatar que se ha producido un fraude y, por consiguiente, rechazar esos certificados después de haberse cerciorado”, en primer lugar, de que el procedimiento de diálogo se “inició rápidamente” para que el sistema español pudiera verificar la validez de los certificados sobre la base de la información proporcionada por las autoridades francesas. Por otra parte, el régimen español debe abstenerse de proceder “a tal revisión y no se ha pronunciado, dentro de un plazo razonable, sobre esa información, anulando o retirando, en su caso, los certificados controvertidos”. Las autoridades del país anfitrión pueden descartar la validez de los certificados A1 únicamente si se siguen estos pasos. Además, el Tribunal sostiene que la condena penal (que, en su opinión, se basa en una infracción de la legislación de la UE) no permite al tribunal civil (ante el que la caja de pensiones ha presentado una demanda) anular la validez de los certificados A1 con el fin de ordenar a Vueling que le pague los daños y perjuicios correspondientes a las cotizaciones a la seguridad social no pagadas por el personal de vuelo de Vueling. Al final, esta aplicación rigurosa del derecho comunitario no habrá permitido desbaratar la sospecha de fraude durante la comisión de servicio y ello debido a una falta de reacción rápida por parte de la administración francesa. (TJUE, 2 de abril 2020, asuntos C‑370/17 y C‑37/18, CRPNPAC y Vueling).

• Transmisiones de empresas: Una trabajadora fue contratada por una empresa de limpieza para trabajar en varios edificios de la ciudad de Amberes (Bélgica). La empresa perdió el contrato tras un concurso público y los servicios de limpieza se dividieron entre las dos empresas adjudicatarias del nuevo contrato. Una de las empresas se niega a hacerse cargo de la trabajadora al considerar que no ha habido una transmisión de la actividad. El Tribunal de Justicia considera, por primera vez, que el contrato de trabajo puede transmitirse a dos entidades diferentes en proporción a las funciones desempeñadas por el trabajador antes de la transmisión y siempre que las condiciones de trabajo y los derechos del empleado en cuestión no se vean afectados negativamente. Si la división del contrato de trabajo resulta imposible o conduce a tal deterioro, “puede resolverse el contrato”. En este caso, se debe considerar que la resolución del contrato ha tenido lugar a causa del cesionario o cesionarios, incluso si la rescisión se hubiera producido por iniciativa del trabajador  (TJUE, 26 de marzo de 2020, asunto C-344/18, ISS Facility Services).

• Declaración conjunta : Los agentes sociales europeos adoptaron el 24 de marzo una declaración conjunta en la que piden a los gobiernos que aprueben las medidas propuestas por la Comisión Europea “sin demora, ni con cambios que puedan debilitar su impacto”. Los firmantes piden a los Estados que hagan participar a los agentes sociales nacionales en la elaboración y aplicación de las medidas nacionales. El objetivo es “mantener a los trabajadores en sus puestos de trabajo durante este tiempo, protegerlos contra el desempleo y la pérdida de ingresos y mitigar las pérdidas financieras”. La asistencia financiera debe llegar “a las empresas, en particular a todos los tipos de PYME, y a todos los trabajadores, incluidos los autónomos y los que tienen un empleo precario, que son los más vulnerables”.

• Declaraciones conjuntas : Con vistas a afrontar la crisis del Covid-19, los agentes sociales europeos de varios sectores de actividad han adoptado durante los últimos días una serie de declaraciones conjuntas. Es el caso en particular del sector financiero, de los servicios sociales o de la industria agroalimentaria. Las organizaciones patronales han adoptado también sus declaraciones, destinadas básicamente a las autoridades, con el propósito de reclamar medidas de prevención para los trabajadores (industria de la limpieza). Las páginas web de las federaciones de industrias europeas que se enumeran a continuación (E. Estados miembros) hacen un seguimiento de estas posiciones. Los mensajes principales se centran en la protección de los trabajadores y en las demandas de apoyo a la economía y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Perspectiva inicial sobre las medidas nacionales adoptadas para afrontar las consecuencias de la epidemia de Covid-19 : El equipo editorial de IR Notes se compromete a informarle de las medidas adoptadas en cada país para afrontar la epidemia de Covid-19. Con la ayuda de nuestros corresponsales y los contactos realizados con todos los Ministerios de Trabajo y con los agentes sociales de los Estados miembros, en IR Notes le ofrecemos una primera perspectiva. Hemos puesto también a su disposición todos nuestros recursos en la página web IR Share y en nuestra página de Facebook. Tienen a su disposición información en inglés y en francés sobre aquellos países que no hemos podido tratar en este número. No dude en descargar de nuestra página web todos los documentos que le resulten útiles ni publicar cualquier tipo de información en nuestra página de Facebook. Les animamos también a que sigan las páginas dedicadas a esta crisis en los sitios web de la Confederación Europea de Sindicatos, y del Instituto Sindical Europeo que ha reconvertido su página Reformwatch por la de Covid Social Impact para hacer un seguimiento país por país de las iniciativas que se están llevando a cabo. Destacamos también las páginas de las federaciones sindicales europeas IndustriAll Europe, EFBW (construcción) y EFFAT (agroalimentario) así como en el centro de recursos puesto en línea por la OCDE.

Mejora de la reducción de la jornada laboral : Los agentes sociales a nivel sectorial han aumentado el número de acuerdos para mejorar el régimen legal de reducción de la jornada laboral y que permite una compensación del 60% al 67% del salario. De esta manera, se han firmado acuerdos en las industrias metalúrgica (véase IR Notes 138), química, del papel y del vidrio. En la industria química, la compensación se incrementa hasta el 90% de los salarios netos. El mecanismo de reducción de jornada laboral puede aplicarse más rápidamente en un plazo máximo de tres días. También se ha previsto facilitar el teletrabajo y permitir turnos de 12 horas para limitar el contacto y los desplazamientos.

• Apoyo a las personas vulnerables : El gobierno aprobó un decreto con fecha 31 de marzo en el que se prevén medidas de apoyo a determinados grupos vulnerables, como las trabajadoras domésticas, los trabajadores temporales que han perdido su empleo y no tienen derecho a las prestaciones de desempleo, las personas que no pueden pagar una vivienda, las víctimas de la violencia de género y los autónomos.

• Derogaciones dentro del Código Laboral : Antes de la aprobación de la ley del 30 de marzo que permite al gobierno de Viktor Orban legislar mediante ordenanzas en el marco de un estado de excepción de duración indeterminada, el gobierno aprobó el Decreto 47/2020, cuyo artículo 6, párrafo 4, permite a la empresa derogar, de manera favorable o desfavorable al trabajador, todas las disposiciones del Código Laboral mediante acuerdo entre ambas partes.

Protocolo para las “empresas esenciales” : Aunque la mayoría de los lugares de trabajo han quedado cerrados a tenor de una serie de decretos gubernamentales destinados a limitar la propagación del Covid-19, los trabajadores de las empresas que siguen funcionando han expresado serias preocupaciones en materia de salud y seguridad y han exigido medidas preventivas para detener el contagio en el lugar de trabajo. Los trabajadores se declararon en huelga y los metalúrgicos de las regiones de Lombardía y Lacio han convocado una huelga regional. Esta presión llevó al gobierno a discutir un protocolo con los agentes sociales que culminó en un acuerdo el 25 de marzo después de “negociaciones muy difíciles y técnicas”, en palabras de la confederación sindical CGIL. El acuerdo incluye una lista de “empresas esenciales” autorizadas a continuar sus actividades.

Ataque a la autonomía de los agentes sociales : Todos los agentes sociales que forman parte del Consejo de Diálogo Social, órgano consultivo independiente en el que participan las ocho organizaciones patronales y sindicales representativas, enviaron el pasado 28 de marzo una carta conjunta al gobierno para protestar contra “un ataque” por parte de las autoridades contra la independencia de este órgano y contra la autonomía de las organizaciones de agentes sociales. Según los firmantes, la nueva ley de lucha contra el Covid-19, que se aprobó ese mismo día en la Cámara Baja, contiene una disposición que autoriza al Primer Ministro a destituir a los miembros del Consejo durante el período del estado de emergencia sanitaria. Los agentes sociales polacos han recibido el pleno apoyo de los interlocutores sociales europeos (véase la carta conjunta).

• Un esfuerzo a favor de los trabajadores autónomos: Entre las medidas adoptadas entre el 24 y el 26 de marzo en respuesta a la crisis de Covid-19, el gobierno checo quiere apoyar a los trabajadores autónomos mediante préstamos sin intereses y eximirles del pago de anticipos mínimos de la seguridad social y sanitaria durante seis meses. Además, los trabajadores autónomos que se hayan visto perjudicados por las medidas restrictivas (cierres del comercio…) y que no tengan otra fuente de ingresos recibirán una ayuda financiera directa de 15.000 coronas (549 euros) al mes. El estado pagará hasta el 80% de los salarios de los empleados de los restaurantes y tiendas cerrados por la epidemia durante diez días. Las empresas podrán optar por un plan de jornada reducida en el que el Estado pagará entre el 50% y el 80% de los salarios de los empleados. El Estado también compensa los ingresos de los padres de niños menores de 13 años que no pueden ir a la escuela y a los que hay que atender en el hogar.

Recomendaciones sindicales en el contexto de Covid-19 : Las federaciones sindicales europeas han emitido una serie de recomendaciones a sus afiliados destinadas a los miembros de los comités de empresa europeos y a los comités de sociedad europea y a los grupos especiales de negociación para hacer frente a la crisis del Covid-19. Las federaciones quieren “garantizar que las videoconferencias no sustituyan a las reuniones físicas reales y que la dirección no utilice la crisis del Covid-19 como un pretexto para cancelar” las reuniones ordinarias en 2020. Por otra parte, las federaciones consideran también que esta crisis constituye una “circunstancia excepcional de carácter transnacional […] que justifica la convocatoria de reuniones extraordinarias para informar y consultar sobre el posible impacto de la crisis en los intereses de los trabajadores. Recomiendan “excepcionalmente el uso de reuniones por medios telemáticos, en condiciones específicas que deben ser acordadas por ambas partes”. Además, “debe quedar claro que la celebración de reuniones por videoconferencia se limita al período de crisis de COVID-19”. Las federaciones consideran que los comités deben pedir a la dirección un punto de información regular sobre la situación y asegurarse de que cada miembro de los órganos europeos informe regularmente sobre la situación en su país.

• Comité restringido temporal de crisis : Con motivo de la anulación de la reunión inaugural del comité de empresa europeo de Coca-Cola European Partners (véase IR Notes n° 135), los miembros del grupo especial de negociación, con el apoyo de la federación sindical europea Effat, solicitaron a la dirección que instaurara un “comité restringido de crisis” con el fin de garantizar un mínimo de información y de consulta durante el tiempo que esté reunido el comité de empresa europeo y que pueda proceder a la elección de un comité restringido en debida forma.

Mantenimiento de los salarios y de los fondos de solidaridad : Ante la crisis de Covid-19, el grupo agro-alimentario Danone ha anunciado las cuatro medidas siguientes: 1) Todos los contratos de trabajo quedan blindados y los salarios garantizados para sus 100.000 trabajadores en todo el mundo hasta el día 30 de junio. 2) Se garantiza una cobertura amplia (salud, cuidado de los niños, cuarentena) para todos los trabajadores en todo el mundo. 3) Se prevé una prima específica para todos los empleados que trabajen en su puesto de trabajo durante la pandemia. 4) Una ayuda financiera de 250 millones de euros que ayudará a “las 15.000 pequeñas empresas de nuestro ecosistema mundial” (véase el comunicado y el vídeo del presidente y director general Emmanuel Faber). Otros grupos han creado fondos de solidaridad, financiados en parte por la reducción de las remuneraciones fijas o las variables de los ejecutivos y el pago de dividendos. El grupo de restauración colectiva Sodexo ha anunciado la puesta en marcha de un programa mundial de apoyo a los trabajadores dotado de 30 millones de euros (véase el comunicado). El grupo hotelero Accor ha creado un fondo dotado de 70 millones de euros que se hará cargo principalmente de los gastos de hospitalización de los 300.000 trabajadores y colaboradores que no se beneficiarán de una cobertura social (véase el comunicado). Otros grupos han anunciado también reducciones en las nóminas de sus directivos como Michelin o Plastic Omnium sin una asignación específica pero por solidaridad con los trabajadores que trabajan a jornada reducida. El grupo energético Enel ha puesto en práctica una política de seguros con la que cubrir a los más de 68.000 trabajadores del grupo en todo el mundo en caso de hospitalización por el COVID-19 (véase el comunicado).

Jornada laboral reducida en Europa : Según un documento de trabajo de la Comisión que se publicó en el año 2010, en Europa antes de la crisis de 2008, una docena de Estados pusieron en práctica un mecanismo de reducción de la jornada laboral y otros 9 países que no disponían de este tipo de dispositivos lo instauraron para poder afrontar la crisis. En un informe que se publicó en 2010, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo realizó un estudio sobre 15 regímenes de reducción de la jornada laboral y puso de relieve las grandes diferencias existentes en la reducción máxima de la jornada laboral: del 10% al 100% con una compensación del 55% al 80% de la pérdida del salario. En el informe se pedía de forma destacada la introducción permanente de estos planes junto con el acceso a la formación profesional. En un estudio muy completo de la OCDE publicado en enero de 2011 se subrayó también que los sistemas de prestaciones por trabajo a jornada reducida tienen un importante impacto económico para la preservación del empleo durante las fases de ralentización de la economía. No abundan los documentos recientes que ofrezcan un panorama general de los sistemas vigentes en los diversos países europeos, sobre todo porque se modifican rápidamente en respuesta a los cambios de la situación nacional. En cualquier caso, la base de datos de los instrumentos legislativos de Eurofound, actualizada en 2019, ofrece un resumen de los regímenes existentes más destacados (si se buscan los dispositivos “working time flexibility”) correspondientes a cada país. Un estudio muy reciente del Instituto WSI (Hans-Böckler-Stiftung) sobre la reducción de la jornada laboral durante la crisis del coronavirus (Kurzarbeitergeld in der Corona-krise) hace un balance de la normativa vigente en Alemania (así como de los convenios colectivos sectoriales que mejoran los ingresos de sustitución en comparación con el sistema legal) y en Europa. Por último, el 30 de marzo se actualizó también la Nota Informativa de la Confederación Europea de Sindicatos. El documento presenta un cuadro resumido de las disposiciones vigentes y se incorporan los últimos cambios introducidos por los Estados Miembros.