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IR Notes 144 – Nueva consulta sobre un salario mínimo justo

  IR Notes 144 – 17 de juno 2020
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  Preguntamos a…
Isabelle Ferreras, socióloga, jefa de investigación del FNRS, profesora de la Universidad de Lovaina, investigadora asociada del Programa de Trabajo y Vida Laboral de Harvard.

En un manifiesto titulado “Trabajo: democratizar, desmercantilizar, descontaminar” (*), usted pide que se democratice la empresa y que se transforme a los comités de empresa, incluidos los comités de empresa europeos, en una “segunda cámara” junto al consejo de administración en la que la alta dirección debe garantizar una mayoría para validar su estrategia. Una representa los intereses de los empleados y la otra los intereses de los accionistas. Esto va más allá de la función de información, consulta o incluso de órgano de codecisión y ya existe en algunos países y es algo que interesa a la Confederación Europea de Sindicatos al más alto nivel. ¿Cómo se puede justificar tal desarrollo?
La crisis de Covid-19 nos ha revelado a todos una realidad que algunos no querían reconocer hasta ahora: la inversión esencial que los trabajadores hacen en las empresas, ya sea para producir alimentos, proporcionar cuidados o hacer algo tan modesto como pasar los artículos por la caja del supermercado. Estos trabajadores corrieron el riesgo de dejar sus casas, usar el transporte e ir a hacer su trabajo. Y lo que hasta ahora no recibía reconocimiento alguno y se hacía a menudo a cambio de una baja remuneración es ahora considerado como labor “esencial”. Esta crisis coyuntural ha servido para revelar que las empresas no existen así sin más… sin inversión en el trabajo directamente no hay empresa. Sin embargo, hoy día operamos con un modelo en el que se considera que solamente el  proveedor de capital es quien invierte y asume riesgos. En nuestro modelo económico, el inversor en capital asume riesgos limitados a su contribución, mientras que los trabajadores, tal como ha demostrado fehacientemente esta crisis, asumen riesgos ilimitados con el propósito de alimentar y proteger a los ciudadanos confinados, tal como hacen en tiempos de normalidad. Los trabajadores corren el riesgo de perder la vida, poner en peligro su salud o exponerse al estrés y a riesgos para la salud mental. Hay que reconocer que hemos teorizado erróneamente una realidad y esto tiene consecuencias importantes. La inversión en el trabajo, si bien es esencial, no garantiza ningún lugar en el gobierno de la empresa.


Ahora debemos preguntarnos cómo puede la empresa, con sus propias instituciones, profundizar en los inicios de la democratización iniciada a finales del siglo XIX con el derecho a la negociación colectiva – una forma de delegar la defensa de los intereses de los trabajadores en sus representantes para tener un mayor peso colectivo en las negociaciones – y luego, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la gran innovación que supuso la llegada de los comités de empresa. Pero esta institución sigue siendo demasiado débil. Tenemos que ir más allá del derecho a la información y la consulta para permitir que los trabajadores y sus representantes influyan en el gobierno y gestión de las empresas. Desde un punto de vista analítico, debe entenderse que las empresas se componen de dos partes: la parte que permite la inversión en el trabajo y la parte que proporciona el capital. Sin embargo, los primeros permanecen en la periferia y ajenos al gobierno de la empresa aunque la constituyan.


La cuestión que tenemos ante nosotros es la capacidad de la parte constituyente que se mantiene fuera del gobierno para influir en la gestión empresarial. La historia política de las transiciones democráticas bicamerales nos muestra el camino de la doble mayoría que debe aplicarse a las decisiones de la empresa: para validar la estrategia de una empresa o la elección del equipo directivo, el comité de empresa, o el comité de empresa europeo, es un consejo en el que la dirección debe obtener una decisión mayoritaria del mismo modo que debe obtener la mayoría de los votos del consejo de administración. Como sostenemos en el manifiesto, se debe permitir a los trabajadores validar u oponerse colectivamente a los planes de la dirección por razones de eficiencia económica y justicia democrática.


(*) El manifiesto ha sido firmado por más de 3.000 científicos de más de 650 universidades y el pasado 16 de mayo se publicó en 43 medios de comunicación nacionales de todo el mundo. El foro ha sido suscrito por más de 5.500 personas (como Norbert Kluge, Hans Böckler Stiftung; Isabelle Schömann, Secretaria Confederal de la CES o el economista Thomas Picketty) y está disponible en línea en más de 28 idiomas diferentes y sigue abierto a la firma de particulares y organizaciones.

 
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Es noticia
Nueva consulta sobre un salario mínimo justo

El pasado 3 de junio la Comisión Europea lanzó la segunda fase de consulta a los agentes sociales europeos sobre “las posibles medidas para afrontar los desafíos de un salario mínimo justo”. El documento de consulta solicita a los agentes sociales en particular que den su opinión sobre el instrumento jurídico que debe utilizarse. Este instrumento puede tratarse de una directiva (vinculante) o de una recomendación del Consejo (no vinculante, pero que implicaría una vigilancia multilateral entre los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo). Y ello a menos de que prefieran embarcarse en la negociación de un acuerdo europeo, lo que no parece ser muy probable. La Comisión no establece otro objetivo que el de “garantizar que todos los trabajadores de la Unión estén protegidos por un salario mínimo justo y que les permita vivir decentemente independientemente de donde trabajen”. La relevancia de este objetivo se ve reforzada por la crisis económica y social causada por la pandemia del Covid-19. El objetivo se refiere a todos los trabajadores, independientemente del tipo de contrato o de la forma de relación laboral con su empleador. El objetivo concierne también a los autónomos y a los empleados del sector público. La iniciativa propondría entonces medidas que contribuyeran a este objetivo, como la promoción del papel de la negociación colectiva en el establecimiento de salarios mínimos y el aumento del número de trabajadores cubiertos por un convenio colectivo, posiblemente utilizando mecanismos de extensión para extender sus efectos a todos los trabajadores y empleadores de sectores en particular. La iniciativa dispondría también que el establecimiento del salario mínimo se guiara por “criterios claros y estables” y que “los marcos nacionales también deberían prever actualizaciones a intervalos razonablemente frecuentes y regulares”. Esos marcos nacionales podrían proponer puntos de referencia no vinculantes, como un umbral salarial medio o la referencia a una cesta media de bienes y servicios. La Comisión desearía que los agentes sociales desempeñaran un papel más importante, incluso en los países en los que el salario mínimo está fijado por ley; que se redujera el alcance de las excepciones al salario mínimo y que se fortalecieran los órganos encargados de vigilar el cumplimiento del salario mínimo. Los agentes sociales tienen hasta el 20 de septiembre para informar a la Comisión sobre su postura y este organismo podrá entonces presentar una propuesta de directiva o recomendación antes de fin de año. La Confederación Europea de Sindicatos ha reaccionado de forma positiva y espera un objetivo más preciso que aumente el salario mínimo hasta “un nivel que sea por lo menos el 60% del salario medio y que sea también adecuado para una cesta de bienes y servicios, acordada a nivel nacional con los sindicatos y los empleadores” (véase el comunicado).
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Véase también: El comunicado de la Comisión Europea y la rúbrica 4. Estudios e informes.


1. Unión Europea
Legislación

La directiva “agentes biológicos” integra al Covid-19 : La Directiva n° 2020/739 de la Comisión de 3 de junio de 2020 por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54 en lo que respecta a la inclusión del SARS-Co-V-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos se ha publicado en el DOUE. El Covid-19 se ha incluido finalmente en el grupo 3 y no en el grupo 4, que es el de los virus más peligrosos (véase la ficha de la Comisión). Esta decisión ha sido denunciada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y una parte de los eurodiputados han presentado una objeción a la clasificación dentro del grupo 3. La Comisión Europea y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo acordaron el 11 de junio mantener la clasificación en el grupo 3 a cambio de una serie de compromisos de la Comisión Europea. Así, el Comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, declaró que la Comisión 1) alentaría encarecidamente a los Estados a que velaran por que se facilitaran instrucciones escritas a todos los trabajadores expuestos al Covid-19 y 2) evaluará la necesidad de enmendar la directiva sobre los agentes biológicos siguiendo las lecciones aprendidas de la pandemia para garantizar una mejor preparación y una mejor planificación de la respuesta en todos los lugares de trabajo (comunicado del Parlamento). Según la CES, que acogió con satisfacción este compromiso, Nicolas Schmit también se ha comprometido a iniciar los trabajos sobre una nueva estrategia europea de salud y seguridad (véase el comunicado de la CES). La objeción de los diputados fue rechazada por 35 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones, por lo que la directiva ha sido aprobada y está en vigor y debe ser transpuesta en los Estados Miembros a más tardar el 24 de noviembre de 2020.


Proyectos

  • Reforma del transporte por carretera : El pasado 8 de junio los diputados de la Comisión de Transporte del Parlamento aprobaron la reforma del sector del transporte por carretera. Este “conjunto de medidas de movilidad” incluye tres instrumentos legislativos y se refiere al desplazamiento de los conductores, sus períodos de descanso y a una mejor aplicación de las normas de cabotaje. El Consejo aprobó la reforma el 7 de abril y por lo tanto solamente falta que el Parlamento apruebe esta reforma en el pleno de la sesión de julio para permitir su adopción final.
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    Véase también el comunicado del Parlamento con los enlaces a los textos que se aprobaron en abril.

Jurisprudencia

Sin permisos especiales durante los períodos de descanso : El Tribunal de Justicia ha fallado en un caso español presentado por tres federaciones sindicales contra dos cadenas de distribución (DIA, Twins Alimentación). El caso se refiere al permiso especial concedido por el convenio colectivo aplicable a las dos empresas para permitir a los empleados tomar uno o más días de permiso con motivo de un acontecimiento familiar (matrimonio, nacimiento, hospitalización o intervención quirúrgica de un pariente cercano, etc.). La cuestión radica en determinar, en el caso de que estos hechos se produzcan durante las cuatro semanas de vacaciones anuales remuneradas o durante el período de descanso semanal del empleado, si los períodos de descanso deben prolongarse durante la duración del permiso especial o si el trabajador puede posponer la totalidad o parte de las vacaciones remuneradas correspondientes a la duración del permiso especial al que tiene derecho originalmente. El Tribunal podría haber aplicado su jurisprudencia sobre los permisos por enfermedad sufrida durante los períodos de descanso (TJUE, 30 de junio de 2016, asunto C-178/15, Sobczyszyn) y considerar que el suceso familiar constituye un obstáculo para la finalidad del derecho a las vacaciones anuales, que es permitir que el trabajador descanse y tenga un período de descanso y esparcimiento. En ese caso el Tribunal habría admitido el aplazamiento del permiso pagado, pero eligió algo distinto y rechazó los argumentos de los sindicatos. “En la medida en que únicamente tienen por objeto permitir a los trabajadores ausentarse del trabajo para atender a ciertas necesidades u obligaciones determinadas que requieren de su asistencia personal, los permisos retribuidos contemplados en las disposiciones controvertidas en los litigios principales están indisociablemente ligados al tiempo de trabajo como tal, de modo que los trabajadores no pueden reclamarlos en períodos de descanso semanal o de vacaciones anuales retribuidas. Por lo tanto, estos permisos retribuidos no son asimilables a la baja por enfermedad”. Por tanto, el aplazamiento no es posible (TJUE, 4 de junio de 2020, asunto C-588/18, Federación de Trabajadores Independientes de Comercio e.a.- Fetico).


Diálogo social sectorial

  • Metalurgia : Los agentes sociales europeos (nombres suprimidos) de la industria metalúrgica adoptaron una postura común para “un ambicioso plan de recuperación justa y colectiva que fortalezca el singular ecosistema industrial de Europa y construya una industria resistente y sostenible que ofrezca empleos de calidad”. Los firmantes añaden que “el diálogo social debe seguir siendo la brújula para la puesta en práctica” de este plan de recuperación.

3. Estados miembros
Alemania

Debates sobre un aumento del salario mínimo : La Confederación Alemana de Sindicatos DGB ha encargado una encuesta que muestra que el 78% de los alemanes estarían a favor de aumentar el salario mínimo a 12 euros por hora, frente a los 9,35 euros por hora acordado desde el 1 de enero de 2020. La DGB pretende influir en el debate que tendrá lugar de aquí al otoño para fijar el nivel del salario mínimo (véase el comunicado). El Instituto WSI de la Fundación Hans Böckler (nota de la redacción: se trata de un instituto de investigación vinculado a la DGB) estima en un estudio que un aumento gradual a 12 euros es “perfectamente razonable en términos económicos y sociales” y que incluso así se mantendría por debajo del umbral del 60% del salario medio (12,21 euros). El estudio señala que la relación entre el salario mínimo y el salario medio ha disminuido en Alemania del 48,3% en 2015, cuando se creó el salario mínimo legal, al 45,6% en 2018.
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Véase también: El estudio del Centro de Estudios del Empleo y el Trabajo – CNAM que subraya que, a pesar de la alentadora reducción del número de empleos mal remunerados en Alemania, los beneficios de la reforma del salario mínimo legal siguen distribuyéndose de manera desigual según el tipo de trabajo y el tipo de trabajador.


Francia

Prolongación del permiso en caso de defunción de un hijo : Se ha publicado la Ley nº 2020-692 de 8 de junio de 2020 por la que se mejoran los derechos de los trabajadores y el acompañamiento a las familias tras el fallecimiento de un hijo. 1) Esta ley amplía de cinco a siete días el permiso actual en caso de fallecimiento de un hijo para los padres de un hijo menor de 25 años o para las personas que tengan a un joven menor de 25 años a su “cargo efectivo y permanente”, abarcando así a las familias reconstituidas. 2) Se crea un permiso adicional de ocho días de duelo que puede tomarse en el plazo de un año a partir de la fecha de la muerte del hijo y de forma fraccionada. 3) Se crea un período de 13 semanas de protección contra el despido tras la muerte del hijo y 4) Se amplía el mecanismo de donación de días de descanso por parte de los trabajadores de la empresa en beneficio de los trabajadores que hayan sufrido la pérdida de un hijo.


Italia

  • Recurso al teletrabajo : Una encuesta realizada por la CGIL, la confederación sindical italiana más importante, y por la Fundación Di Vittorio entre más de 6.000 trabajadores pone de relieve que, de forma general, hasta el 60% de los encuestados desearía continuar la experiencia del “trabajo inteligente” (teletrabajo) incluso después de la emergencia, mientras que el 22% preferiría no hacerlo, siendo las mujeres menos favorables a la propuesta. Las mujeres están “más penalizadas y discriminadas, tanto en términos de relaciones como profesionalmente”, tal como explica Susanna Camusso, representante de políticas de género de la CGIL. “Necesitamos reglas para que se trate de un trabajo realmente inteligente y no una transposición de un trabajo fordista a las paredes del hogar”.

3. Empresas
Comités de empresa europeos

Renegociación : El fabricante francés de chocolates y confitería Cémoi (3.300 trabajadores, 2.200 de los cuales están en Francia) renovó el pasado 30 de enero su acuerdo de comité de empresa europeo, con los sindicatos franceses solamente ya que los representantes sindicales de las tres delegaciones que hay en Alemania, España y el Reino Unido no quisieron participar en las negociaciones. El comité dispone de 14 representantes, de los que 11 corresponden a Francia.



  • Solidaridad: El comité de empresa europeo de Safran ha difundido un vídeo en apoyo de los trabajadores europeos cuyos puestos de trabajo se encuentran amenazados y con el propósito de difundir el mensaje de que “juntos somos más fuertes”.


Sociedad europea

Nuevo acuerdo : El sindicato francés FCE-CFDT ha anunciado en un comunicado la firma de un nuevo acuerdo de comité europeo para apoyar la transformación del grupo energético Total en una sociedad europea. El texto mantiene los 52 representantes previstos en el acuerdo inicial de 2005, el 50% de los cuales están reservados para los franceses. Los países con un mínimo de 150 trabajadores disponen de un representante. Diez países con menos empleados se agruparán en tres grupos y cada uno de ellos nombrará a un representante por rotación. Se ha previsto la información y la consulta cuando se vean afectadas dos instalaciones del grupo (en lugar de dos sociedades, como era el caso anteriormente). Las tres comisiones sectoriales reciben más recursos. En un anexo se prevé una representación específica para la filial de Hutchinson (20.700 trabajadores en la UE) en forma de un foro de debate europeo, al tiempo que se permite que los representantes de Hutchinson formen parte del comité de empresa europeo de Total.


Reestructuración

Una reunión con la Comisión : El comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, se reunió el pasado 3 de junio a petición de la federación sindical europea IndustriAll Europe con los representantes de los tres sindicatos españoles representados en Nissan (CC.OO, USO y UGT), con representantes de IndustriAll Europe y con el coordinador sindical del comité de empresa europeo de Nissan para discutir el futuro de las tres plantas catalanas (3.000 trabajadores) y cuyo cierre ha sido anunciado por el fabricante de automóviles. Tras esta reunión, considerada como “constructiva”, la federación sindical pidió a la Comisión por correo 1) que concienciara a Nissan y a otras multinacionales de las obligaciones legales de informar y consultar a los trabajadores antes de tomar cualquier decisión que les afecte y 2) que creara un grupo de trabajo dedicado a Nissan para apoyar a los trabajadores y a la región afectada ayudando a las autoridades (locales y nacionales) y a los sindicatos a utilizar todos los instrumentos jurídicos y financieros de la UE existentes (véase el comunicado de IndustriALL Europe).


4. Estudios e informes

Salario mínimo europeo : El Institut syndical européen (Etui) ha publicado un informe estatutario (Policy Brief) que aboga por fijar el salario mínimo en el 60% del salario medio de cada país, al tiempo que señala que este objetivo es a veces insuficiente. De ello se desprende que en los países con una elevada proporción de trabajadores con salarios bajos “toda la estructura salarial, y por lo tanto el salario medio, es muy baja; por ende, un salario mínimo del 60% del salario medio nacional puede no ser suficiente para garantizar un nivel de vida decente”. Por su parte, el pasado 4 de junio Eurofound publicó su informe anual sobre el salario mínimo en el que a pesar de la tendencia al alza registrada desde principios del decenio de 2000, los salarios mínimos en la mayoría de los países siguen siendo inferiores al 60% o incluso al 50% del salario medio, en particular en los países de Europa central y oriental. En la Unión Europea, siete de cada diez trabajadores con el salario mínimo reportan al menos alguna dificultad para llegar a fin de mes, en comparación con los menos de cinco de cada diez del conjunto de los trabajadores.

 

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  • Novedades sobre los últimos acontecimientos relativos a los Comités de Empresa Europeos y los Comités de Empresa de las SE.
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