IR Notes

La Comisión Europea debe presentar una iniciativa sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas de aquí a finales de año, tras las dos rondas de consultas de los interlocutores sociales europeos. A partir de ahora deberá tener en cuenta el nuevo informe del Parlamento Europeo, que acaba de dar a conocer su posición sobre este asunto.  En una resolución aprobada el 16 de septiembre sobre los trabajadores de plataformas, el Parlamento no aboga por una reclasificación generalizada de los trabajadores de plataformas como «empleados». En efecto, en el informe elaborado por la eurodiputada francesa Sylvie Brunet (Renovación) y aprobado por amplia mayoría (524 votos a favor, 39 en contra) se insta a la Comisión a que introduzca en su próxima propuesta «una presunción refutable de la relación laboral para los trabajadores de plataformas (…) junto con la inversión de la carga de la prueba».  Para los diputados, «siempre que los trabajadores de plataformas impugnen la clasificación que se haya hecho de su situación laboral en procedimientos judiciales ante un órgano jurisdiccional o administrativo en virtud de la legislación y las prácticas nacionales, será la parte reputada como empleadora la que deberá demostrar la inexistencia de la relación laboral». Pero advierten de que dicha presunción «no debe conllevar la clasificación de oficio de los trabajadores de plataformas como trabajadores por cuenta ajena». Por tanto, esta presunción refutable «garantiza que los verdaderos trabajadores por cuenta propia puedan seguir siéndolo y continuar accediendo a empleo a través de las plataformas». Además, los parlamentarios abandonan la idea de estatuto intermedio entre el empleado y el trabajador por cuenta propia: «en ningún caso se puede contemplar la creación de un tercer estatuto laboral (…) ya que no contribuiría a resolver los problemas existentes y podría difuminar aún más conceptos que ya de por sí pueden confundirse ». Este enfoque cuenta con el apoyo de la Confederación Europea de Sindicatos (véase comunicado).
Además de la cuestión de la reclasificación de la relación laboral, la resolución aborda también 1°: La igualdad de trato con «los trabajadores de la misma categoría que no ejercen sus actividades laborales en plataformas» por lo que respecta al derecho y el acceso a la protección social. Deben «recibir una indemnización en caso de accidente laboral y enfermedad profesional, y que se les debe dotar de una protección social que incluya seguro de enfermedad e invalidez»; 2°: La transmisión a través de las plataformas de una serie de información a los trabajadores, en particular sobre el funcionamiento del algoritmo. En el informe se recuerda que «todas las decisiones algorítmicas deben respetar el derecho a no estar sometidos a una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, como estipula el artículo 22, apartado 1, del RGPD, lo que significa que debe haber supervisión humana»; 3°: La «necesidad de que los trabajadores de plataformas y las plataformas estén debidamente organizados y representados para facilitar el diálogo social y la negociación colectiva». La Comisión cuenta ahora con las respuestas de los interlocutores sociales europeos, que no tienen intención de negociar esta cuestión, y con este informe para preparar su propuesta de directiva.

Igualdad salarial : Las eurodiputadas europeas Samira Rafaela (Renovación) y Kira Marie Peter-Hansen (Verdes) presentaron el pasado 2 de septiembre su informe relativo a la propuesta de Directiva por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor mediante la transparencia de las retribuciones y los mecanismo de aplicación (véase Equal Pay). El texto se centra ahora en las discriminaciones por motivos de «género» en lugar de en las discriminaciones por motivos de «sexo»; introduce el concepto de «discriminación interseccional» y reduce significativamente el umbral de personal a partir del cual el empleador debe comunicar información relativa a las diferencias salariales: que pasa de 250 empleados a 10. El informe se debatirá el 30 de septiembre en la Comisión conjunta de Empleo y Asuntos Sociales y Derechos de la Mujer. La votación en comisión está prevista el 9 de diciembre.

• Discurso sobre el estado de la Unión: Como cada año, la presidenta de la Comisión Europea ha pronunciado el discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo. En sus 17 páginas de discurso, la presidenta no pronuncia ni una sola vez el término «Europa social», ni «interlocutores sociales» ni «diálogo social». El único consuelo es que la carta de intenciones dirigida al presidente del Parlamento Europeo y al presidente del Consejo, que acompaña al discurso, menciona una única iniciativa legislativa en el ámbito social para 2021-2022: una propuesta legislativa sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos vinculados a la exposición al amianto en el trabajo (véase Asbestos), ya anunciada en el marco estratégico europeo para la salud y la seguridad en el trabajo 2021-2027. (véase la carta de intenciones). La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo tiene previsto votar un informe de iniciativa sobre este tema el 27 de septiembre. Uno de los principales debates es la fijación de un valor límite preciso (0,001 fibras por cm³) en lugar de dejarlo en manos de los interlocutores sociales.


• Impacto positivo del programa SURE: La Comisión publicó el 22 de septiembre su segundo informe sobre el impacto de SURE, el instrumento de 100.000 millones de euros destinado a proteger los puestos de trabajo y los ingresos afectados por la pandemia de Covid-19 (véase SURE initiative). Según las estimaciones, el programa ha financiado medidas nacionales que han reducido el número de desempleados en casi 1,5 millones de personas en 2020. Según la Comisión, gracias al SURE y a otras medidas de apoyo el aumento del desempleo ha sido significativamente menor que durante la crisis financiera mundial, a pesar de una caída mucho mayor del PIB. Hasta ahora, la UE ha aprobado ayudas por un total de 94.300 millones de euros para 19 Estados miembros, de los cuales ya se han pagado 89.600 millones.

• Aluminio : La Comisión Europea propuso el pasado 1 de septiembre suspender los derechos antidumping sobre los productos laminados planos de aluminio importados de China. Los interlocutores sociales del sector del aluminio han publicado una declaración conjunta en la que se oponen enérgicamente a esta suspensión «que sería un desastre para los empleos europeos y las ambiciones de Green Deal europeo». (véase comunicado).

Primer convenio colectivo en Amazon : La dirección del gigante del comercio electrónico Amazon y los sindicatos italianos del transporte Filt-Cgil, Fit-CislI y Uilt firmaron el 15 de septiembre, bajo la égida del ministro de Trabajo, Andrea Orlando,  un protocolo histórico por el que Amazon 1° reconoce los tres sindicatos como interlocutores sociales; 2° se compromete a aplicar a sus empleados el convenio colectivo nacional para la logística, el transporte de mercancías y el envío; 3° se compromete a entablar negociaciones sobre las cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad, la carga de trabajo, el tiempo de trabajo, las primas, etc. El próximo objetivo de los sindicatos es extender este acuerdo a los subcontratistas de Amazon. Este texto ha sido acogido con satisfacción por las federaciones sindicales europeas del transporte (ETF, véase comunicado) y el comercio (UNI Europa, véase comunicado).

Creación de un comité : El acuerdo sobre la creación del comité de empresa europeo del grupo XPO Logistics, celebrado el 31 de octubre de 2019, se publicó el 16 de agosto en el sitio web francés en el que se depositan los convenios colectivos. Este acuerdo es uno de los pocos del sector del transporte por carretera y ha sido negociado tras la adquisición, en 2015, del grupo francés Norbert Dentressangle por el grupo norteamericano XPO. El acuerdo prevé el mantenimiento de la delegación británica durante cuatro años tras la salida del Reino Unido de la UE con la negociación de un avance durante el tercer año para «continuar el funcionamiento del comité de empresa europeo en las mejores condiciones». La delegación del Reino Unido es la más importante (21.855 empleados), por delante de Francia (13.288) y España (4.170). En total, están representados 15 países, un total de 46.685 empleados.

• Empleados fuera de Europa: El comité de empresa europeo del grupo asegurador Axa ha decidido reunirse regularmente con los representantes de los empleados de los principales países de fuera de la UE. Los miembros del comité restringido se han reunido sucesivamente con los representantes de los trabajadores de Suiza, México y Japón a lo largo del año (véase comunicado).


• Renegociación: El grupo de construcción Bouygues ha renegociado su acuerdo de comité de empresa europeo modificando principalmente su composición. Las demás cláusulas permanecen igual.

Creación de un comité de sociedad europea : El grupo francés Edenred (4.100 empleados en la UE), especializado en las plataformas de servicios y de pagos (cheques restaurante…), se ha transformado en sociedad europea por un voto a favor de su asamblea general celebrada el pasado 11 de mayo. Este estatuto permite «reflejar mejor la realidad el grupo», se precisa en el proyecto de transformación. El grupo es «decididamente internacional, con presencia en más de 46 países y con un 84% de sus empleados que trabajan fuera del territorio francés a 31 de diciembre de 2019. Además, en esa misma fecha, el grupo había obtenido el 56% de su volumen de negocios operativo en Europa con la mayor parte de su plantilla, es decir, un 47%». En esta ocasión, se celebró un acuerdo sobre el comité de empresa europeo de Edenred SE que sustituía al primer acuerdo de comité de empresa europeo firmado en 2014. El nuevo texto se mantiene muy cercano a la directiva sobre los comités de empresa europeos, mantiene la definición de cuestiones transnacionales de esta misma directiva, más restrictiva que la de la directiva sobre le implicación de los trabajadores en una sociedad de empresa, y contiene disposiciones sobre el nombramiento de los administradores empleados en el consejo de administración del grupo.

Práctica del derecho a la desconexión : La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) ha publicado un estudio en el que analiza las prácticas de empresa en materia de derecho a la desconexión. Este trabajo contribuirá a las reflexiones de los responsables europeos de la toma de decisiones que deben responder a la petición del Parlamento Europeo en favor de un derecho a la desconexión. Eurofound destaca que los teletrabajadores a domicilio tienen el doble de probabilidades de superar el límite de 48 horas de trabajo que los trabajadores presenciales y son mucho más propensos a trabajar durante su tiempo libre. Al analizar la experiencia de los cuatro primeros Estados miembros que han introducido normas y acuerdos sobre el derecho a la desconexión antes de 2021, Eurofound subraya la importancia de los interlocutores sociales para garantizar que estas normas se traduzcan en realidad sobre el terreno. Los autores consideran que un enfoque jurídico que exija la actuación de los interlocutores sociales podría ser beneficioso para estimular la actividad de los interlocutores sociales.

• Aprendizaje en los Estados miembros: La Comisión Europea publicó el 14 de septiembre su informe de evaluación del Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz aprobado en marzo de 2018.  Este marco, no vinculante, incluye 14 recomendaciones a los Estados miembros para reforzar su sistema de aprendizaje. Para la Comisión, este marco sigue siendo pertinente y «un instrumento clave para mejoras la calidad de los aprendizajes en la UE». Sin embargo, si bien siete de estos criterios se aplican correctamente, aún deben hacerse progresos para los otros siete. El informe contiene una ficha por país para presentar y evaluar el sistema de aprendizaje.