IR Notes

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el 28 de abril, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) publicó el Manifiesto “Cero Muertes en el Trabajo”, firmado por sindicalistas, investigadores, eurodiputados y una docena de ministros europeos. Los firmantes señalan que, cada día, 12 trabajadores de la UE no regresan a casa al final de su jornada al haber fallecido en el trabajo. Instan a la Unión Europea, a los gobiernos de los Estados miembros y a los empresarios “a poner fin a las muertes en el lugar de trabajo. Pedimos cero muertes en el trabajo”. Para los firmantes, el objetivo “no es una utopía. La tendencia de las muertes en el lugar de trabajo es a la baja y la erradicación de las muertes se puede alcanzar”. Los accidentes laborales mortales en la UE han disminuido en un 70% aproximadamente entre 1994 y 2018. “A pesar de estos avances, en la UE-27 durante 2018 todavía se produjeron más de 3.300 accidentes mortales y 3,1 millones de accidentes no mortales y más de 200.000 trabajadores mueren cada año a causa de enfermedades profesionales”, como recuerda la Comisión Europea (véase Occupational accidents and diseases).
Además, desde principios de la década de 2010, el descenso del número de accidentes mortales se ha ralentizado considerablemente. Las últimas cifras presentadas en Italia apuntan a un aumento del 11,4% de los accidentes laborales mortales en 2021. En España, Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de la UGT, recordó que en 2021 se registraron 705 muertes relacionadas con el trabajo (véase el comunicado). En un manifiesto conjunto (véase en la web de la UGT y de CCOO y véase el comunicado de CCOO), presentado en un momento en el que se empieza a debatir la elaboración del plan de seguridad y salud laboral 2022-2027, las dos confederaciones sindicales explican que, en un momento en el que se está recuperando la actividad en el marco del plan de recuperación, con importantes inversiones en sectores con un alto nivel de siniestralidad, es fundamental reforzar “las políticas públicas activas en materia de prevención de riesgos laborales, así como de un aumento de la actividad inspectora.”
Según un análisis del Instituto Sindical Europeo (ETUI), se esperan 27.041 muertes adicionales en el lugar de trabajo entre 2020 y 2029 para todos los países de la UE si los cambios continúan al mismo ritmo que en la última década. Si bien se espera un progreso en Polonia, donde se registrarían 564 víctimas mortales durante el periodo con el objetivo de cero víctimas mortales en el lugar de trabajo para 2027, otros países están muy lejos del objetivo: España tendría 3191 víctimas mortales durante el periodo 2020-2029 y, lo que es peor, Francia llegaría hasta las 7803 víctimas mortales. Según el ETUI, ninguno de los dos países lograría el objetivo de cero víctimas mortales en 2030. En una resolución del 17 de diciembre de 2020, el Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros que se comprometieran a eliminar las muertes relacionadas con el trabajo y a reducir las enfermedades profesionales para 2030. Sin embargo, en su estrategia sobre salud y seguridad en el trabajo 2021-2027, presentada seis meses después (véase IR Notes 167 y Framework Directive on health and safety), la Comisión se limita a mencionar que se debe hacer todo lo posible para reducir al máximo las muertes relacionadas con el trabajo”. Si bien se ha adoptado el concepto de “Vision zéro”, desarrollado por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), no se ha establecido ningún límite temporal. Para la CES, el objetivo es insuficiente y es necesario realizar un esfuerzo concertado y conjunto para: 1) Prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales, acabar con la exposición a sustancias peligrosas, incluidas las que provocan cáncer, y prepararse para una pandemia. 2) Hacer de la salud física y mental de los trabajadores el punto de partida de la organización del trabajo y del diseño del lugar de trabajo. Se debe añadir también la necesidad de hacer de la salud y la seguridad un tema de diálogo social, tal como subraya la OIT en un informe publicado el 28 de abril (véase 5. Estudios e informe). La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro de Italia señala que la pandemia ha aumentado la conciencia de los problemas de salud y seguridad en el trabajo entre las empresas y los trabajadores. Sin duda, ha llegado el momento de volver a situar esta cuestión en el epicentro del diálogo social. El objetivo de cero accidentes es una cuestión por la que se lucha desde hace años en las grandes empresas y en que han participado habitualmente los comités de empresa europeos. ¡Un jugador que hay que sacar al campo!

Ley de servicios digitales (DSA) : El Parlamento y el Consejo suscribieron un acuerdo político el pasado 23 de abril sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA) que establecerá las normas para un espacio digital más seguro y abierto para los usuarios y la igualdad de condiciones para las empresas en los próximos años (véanse los comunicados del Parlamento y del Consejo). Esta ley lleva a la práctica el principio de que lo que es ilegal fuera de línea también debe ser ilegal en línea, tal como subrayó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Para la ponente del Parlamento Europeo, Christel Schaldemose (S&D), “los ciudadanos tendrán un mejor control sobre cómo se utilizan sus datos en las plataformas online y por parte de las grandes empresas tecnológicas”. Eurocadres se felicita por la conclusión de las negociaciones “en particular por la inclusión de la transparencia algorítmica y la protección de los datos personales”. Según esta organización, el texto protegerá a los consumidores, pero debe completarse con la adopción de la directiva que garantice la protección de los trabajadores de las plataformas, ya que “solo una acción europea aplicable puede proteger tanto a los consumidores como a los trabajadores” (véase el comunicado).

Prevención de las “demandas SLAPP” : Tras la adopción de la Directiva 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (véase Whistleblower protection), la Comisión Europea presentó el 27 de abril medidas para mejorar la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos frente a los procedimientos judiciales abusivos comúnmente conocidos como “demandas SLAPP” (por sus siglas en inglés). Las SLAPP son demandas presentadas principalmente contra periodistas y defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores de los trabajadores, para impedir que se pronuncien sobre cuestiones de interés público o para penalizarlos. A modo de protección contra esta forma de acoso que afecta a los sindicalistas, la Comisión presentó 1) Una propuesta de directiva que cubre las demandas SLAPP en asuntos civiles con implicaciones transfronterizas y 2) Una recomendación para animar a los Estados miembros a armonizar sus normas con la legislación comunitaria propuesta (véase el comunicado). La Confederación Europea de Sindicatos, que denunció varios casos en los que estaban implicados sindicalistas, deseaba que se mencionara explícitamente a los sindicalistas en la futura legislación (lo que no ocurre en la parte dispositiva de la propuesta) y pidió que el texto se aplicara también a las situaciones nacionales. En otras palabras, se considera que la vía de la recomendación es insuficiente y que la Comisión debe adoptar una legislación para que la protección sea vinculante en todos los Estados miembro (véase el comunicado).

Tensión en las negociaciones salariales : Después de los esfuerzos realizados durante la pandemia del Covid-19 y con el regreso de la inflación a Europa, las negociaciones salariales están siendo especialmente tensas. En el Reino Unido, los miembros del sindicato Unite votaron en un 86% a favor de la huelga en respuesta a “la irrisoria oferta de GSK de solamente un 2,75%, lo que representa un recorte salarial sustancial en términos reales para el personal, ya que la tasa de inflación real es actualmente del 9%” (véase el comunicado de Unite). La situación también es tensa en la refinería de Stanlow, perteneciente al grupo Veolia, donde Unite denuncia la propuesta de la dirección de aumentar los salarios en un 3,5%, lo que supone “un importante recorte salarial” (véase el comunicado), así como en Whirlpool, que propone un aumento del 2,5% (véase el comunicado). Entre las empresas con las que Unite está satisfecha se encuentra Airbus, que ofrece un aumento salarial del 8,6% en 13 meses, más una suma global retroactiva del 5,1%. Los trabajadores de esta empresa recibirán también un día libre adicional en 2023 y 2024 (véase el comunicado). En Alemania, el comité de tarifas del IG Metall marcó la pauta al publicar su propuesta de aumento salarial del 8,2% en 12 meses con motivo del inicio de las negociaciones salariales en el sector siderúrgico (véase el comunicado). Como afirma la federación sindical europea IndustriAll Europe, “los trabajadores esperaban, con razón, una recuperación de los salarios tras dos años de moderación salarial, pero ahora están viendo cómo se erosiona su poder adquisitivo ante el aumento de la inflación y los altos precios de la energía y el consumo. Las empresas no parecen dispuestas a satisfacer las demandas de los trabajadores”. Isabelle Barthes, secretaria general adjunta de IndustriAll, pidió “a los gobiernos que apoyen a los hogares y a las empresas que compensen a los trabajadores. Hay que reforzar el diálogo social y la negociación colectiva para garantizar una mejor redistribución en la sociedad”. El tema de una redistribución justa del valor añadido también está empezando a ser abordado por los comités de empresa europeos, dado el fuerte descontento sobre el terreno a nivel nacional.

Regulación de las prácticas : Según lo previsto en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, el pasado 22 de abril el gobierno español convocó una mesa de diálogo para elaborar el “Estatuto del Becario” con la participación de las centrales sindicales CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME. La iniciativa se hace eco de las preocupaciones de los eurodiputados que quieren regular mejor las prácticas laborales y pretende proteger los derechos de los becarios tanto en las empresas como en las instituciones, reducir la precariedad y atajar los posibles abusos en la contratación de falsos becarios. Según el Ministerio de Trabajo, entre 2020 y marzo de 2022, la inspección de trabajo descubrió 3.164 puestos de trabajo ocupados por falsos becarios (véase el comunicado).

• Información medioambiental : En aplicación de la ley de 22 de agosto de 2021 sobre la lucha contra el cambio climático (véase IR Notes 169), el 26 de abril se publicó un decreto con el que se detallaba la información medioambiental que debe proporcionarse a los representantes de los trabajadores cuando no haya un acuerdo de la empresa al respecto (véase el punto 10 del cuadro del artículo 2). Esta información, que se refiere a la política medioambiental general de la empresa, a la economía circular (evaluación de la cantidad de residuos peligrosos, uso sostenible de los recursos: consumo de agua y de energía, etc.) y al cambio climático (por ejemplo, el balance de las emisiones de gases de efecto invernadero), debe incluirse ahora en la “base de datos económica, social y medioambiental”, que recopila toda la información y los datos que deben enviarse a los representantes.

• Trasposición de la directiva de conciliación de la vida familiar y la vida profesional : El pasado 21 de abril el gobierno irlandés adoptó un proyecto de ley de conciliación de la vida familiar y la vida laboral que traspone elementos de la Directiva 2019/1158. En particular, el proyecto de ley concede nuevos derechos a los progenitores y cuidadores con el fin de promover una mejor conciliación entre la vida familiar y la vida profesional. Así, tras seis meses de servicio, los progenitores y cuidadores tendrán derecho a solicitar un horario flexible. Sin embargo, la empresa podrá, por diversas razones, negarse a conceder el ajuste o aplazar el inicio del período de ajuste. Además, los cuidadores dispondrán de cinco días de permiso al año (sin sueldo) para recibir cuidados médicos graves. Por último, el derecho a las pausas de lactancia, que permite a las mujeres ausentarse del trabajo cada día para amamantar, se ampliará de los seis meses actuales a dos años. La previsión es que la nueva ley se apruebe y que se promulgue antes de las vacaciones de verano (véase el comunicado).

• Trabajo híbrido: : Tal como se fijó en el protocolo del 7 de diciembre de 2021 sobre el trabajo híbrido, el pasado 21 de abril se constituyó formalmente el Observatorio Nacional Bilateral en materia del trabajo híbrido (Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile). El observatorio está compuesto por representantes del gobierno y de los agentes sociales que firmaron el protocolo y se encargará de supervisar el desarrollo del trabajo híbrido (“trabajo ágil”), las negociaciones colectivas para ponerlo en práctica y la aplicación de las directrices previstas en el protocolo. La ministra de Trabajo, Andrea Orlando, estima que “unos 4,5 millones de empleados seguirán trabajando a distancia de forma habitual, incluso una vez que finalice la pandemia”. Si bien la ministra considera que el “trabajo híbrido” puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, a reducir la contaminación y la congestión en los centros urbanos, así como al ahorro de energía”, también subraya que “hay que procurar que esta forma de trabajo no provoque la prolongación de la jornada laboral, el aislamiento de los trabajadores o el ‘vaciado’ de ciertos centros urbanos” (véase el comunicado).

• Fondo sindical para la transición justa : En la conferencia del Congreso de Sindicatos Escoceses (STUC) celebrada en Aberdeen, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, anunció una subvención anual de 100.000 libras para apoyar al movimiento sindical en la lucha en favor de una transición justa. La subvención está destinada a financiar a los responsables sindicales encargados de coordinar las actividades de transición justa, para que amplíen y compartan las mejores prácticas y para que trabajen con el gobierno para “crear empleos verdes de calidad y una transición verdaderamente justa”, en palabras de Nicola Sturgeon (véase el comunicado del gobierno).

Acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda sobre solicitantes de asilo : El gobierno del Reino Unido y Ruanda han firmado un acuerdo de cooperación para enviar a Ruanda a los inmigrantes y solicitantes de asilo de diversas nacionalidades que lleguen al Reino Unido, incluidos los que crucen el Canal de la Mancha desde la costa francesa (véase el comunicado del gobierno). Al mismo tiempo, el Parlamento está estudiando un proyecto de ley del gobierno que permitiría la creación de centros en el extranjero para deportar a los inmigrantes mientras se tramitan sus reclamaciones y para devolver a los inmigrantes antes de que lleguen a las aguas territoriales británicas. Este texto estaría en oposición a la Convención de Ginebra para los refugiados, tal como advierte el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). El acuerdo ha provocado una fuerte reacción del sindicato Unite, que ha condenado “rotundamente” esta propuesta “horrible e inhumana” de enviar a los solicitantes de asilo detenidos en el Reino Unido hasta Ruanda. El sindicato sostiene que el plan se ha diseñado para obligar a los solicitantes de asilo a instalarse en Ruanda y denuncia que el gobierno “confía así a los hombres y mujeres que trabajan en el Reino Unido, incluidos inevitablemente los miembros de Unite, la odiosa responsabilidad de tratar y transportar a estos seres humanos vulnerables con un enorme coste para el erario público”. En opinión de Unite, “esta política socava nuestra reputación internacional como país defensor del respeto a la humanidad” (véase el comunicado).

Garantizar los compromisos sociales : El comité de empresa europeo de Engie adoptó el pasado 21 de abril un dictamen sobre la venta por parte del grupo Engie de su filial Equans al grupo Bouygues. El documento detalla pormenorizadamente la gran implicación del comité de empresa europeo de Engie en el proceso de venta de esta filial (véase IR Notes 184). Previamente, el 13 de abril, el comité de empresa europeo y la dirección de Bouygues suscribieron un protocolo que garantiza los compromisos sociales asumidos por la dirección de Bouygues ante el comité de empresa europeo en el momento de la venta. En el protocolo se crea un órgano provisional de diálogo social para las actividades europeas de Equans y las actividades similares de Bouygues. Este órgano, que es independiente del comité de empresa europeo de Bouygues, estará operativo durante un máximo de 18 meses tras el cierre, tiempo durante el cual la dirección de Equans negociará un acuerdo de método para perpetuar este órgano.

• Solidaridad con Ucrania: La dirección del grupo noruego Hydro, la confederación sindical noruega LO y el comité de empresa europeo del grupo han lanzado una campaña de recaudación de fondos para los afectados por el conflicto en Ucrania. Hydro no tiene trabajadores en Ucrania, pero tiene unos 400 ucranianos trabajando en sus plantas de extrusión en Polonia. “Animamos a nuestros afiliados y a todos los demás trabajadores de Hydro a donar el equivalente a una hora de trabajo para apoyar a UNICEF”, dijo Tor Egil Skulstad, secretario del comité de empresa europeo de Hydro (véase el comunicado).

Aplicación del principio de “antes y después” en caso de transformación en sociedad europea : El Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha emitido su dictamen en un proceso relativo al cumplimiento de la legislación alemana en materia de cogestión en el caso de una transformación en sociedad europea (SE) de una empresa. Cuando el grupo SAP se transformó en una sociedad europea, el acuerdo sobre la participación de los trabajadores mantuvo la paridad en el consejo de administración del grupo, pero suprimió un procedimiento de nombramiento específico que permite que dos sindicalistas que no son trabajadores del grupo formen parte del consejo (véase IR Notes 180). La cuestión planteada al Tribunal de Justicia es si debe mantenerse la votación específica para la elección de los representantes sindicales en el consejo de vigilancia de una sociedad europea creada por la transformación de una sociedad anónima de derecho alemán, por aplicación del artículo 4, apartado 4 de la directiva sobre sociedades europeas (el principio de “antes y después”), o si puede dejarse de lado mediante la negociación del acuerdo de implicación a que se refiere el artículo 4, apartado 1, de la directiva. En sus conclusiones, el Abogado General da claramente la razón a los sindicatos IG Metall y Ver.di, que han llevado este caso ante los tribunales: el apartado 4 del artículo 4 debe interpretarse en el sentido de que “el acuerdo sobre la participación de los trabajadores en una sociedad europea creada por transformación debe prever una votación separada para elegir una determinada proporción de candidatos propuestos por los sindicatos para los puestos de representantes de los trabajadores en el consejo de administración, cuando dicha especificidad exista y sea imperativa en virtud del derecho nacional aplicable a la sociedad que se va a transformar”. (véase TJUE, concl., 28 de abril de 2022, asunto C-677-20, IG Metall y Ver.di, así como el comunicado de prensa).

El arma del diálogo social contra el Covid-19 : Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril la OIT publicó un informe (“Fomentar el diálogo social para una cultura de seguridad y salud: Lecciones aprendidas de la COVID-19“) que muestra cómo el diálogo social contribuyó a la aplicación rápida y eficaz de medidas durante la crisis del Covid-19. “Las lecciones aprendidas de esta crisis sobre la importancia del diálogo social para reforzar la seguridad y la salud a nivel nacional y en el lugar de trabajo deben aplicarse a otros contextos. De esta manera se reduciría el nivel inaceptable de muertes y enfermedades profesionales que se producen cada año”, dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder.