|
| |
IR Notes 187 – 1 de juno 2022
www.irshare.eu
|
|
|
| |
| |
Preguntamos a…
Christine Aumayr-Pintar, Directora senior de investigación de la
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo
La Fundación Europea para la Mejora
de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) publicó el
pasado 19 de mayo los 27
informes nacionales (*) sobre
los avances más importantes en los Estados miembros en materia
de condiciones de trabajo y diálogo social. ¿Qué considera usted
como lo más destacado de 2021?
En el segundo año de la pandemia, el acceso
al lugar de trabajo estaba cada vez más condicionado a la prueba de
la vacunación, una prueba de la enfermedad o de la curación del
Covid-19 en varios países. Austria ha sido el único país que ha
aplicado un requisito de vacunación general), pero la legislación se
suspendió poco después de su introducción. En varios países se ha
establecido la obligatoriedad de la vacunación para grupos
específicos de trabajadores y cuando esto ha sido impugnado, ha sido
ampliamente aprobado por los tribunales. De forma general, los
agentes sociales han animado a los trabajadores a vacunarse y los
sindicatos rechazan de forma mayoritaria la divulgación del estado
de vacunación y la obligatoriedad de la vacuna.
La recomendación de pasar al teletrabajo se
ha reintroducido en la mayoría de los casos en períodos de alto
riesgo epidemiológico.
Dos
años tras el inicio de la crisis de Covid-19, el diálogo social
sigue siendo una herramienta importante para contribuir a la
recuperación de las economías. La gestión de la crisis ha llevado a
muchos gobiernos a recurrir al diálogo social tripartito para
mitigar el impacto negativo de la pandemia en la economía y en el
mercado laboral. En 2021, el diálogo social tripartito pasó de las
medidas de mitigación de la crisis a centrarse en cuestiones como la
recuperación, los salarios mínimos o la transición
ecológica.
La negociación
colectiva está mostrando fuertes signos de recuperación tras el
impacto de la pandemia. La mayoría de los países de los que se
dispone de datos muestran un aumento del número de convenios
colectivos firmados en 2021, si bien no se alcanzan los niveles
anteriores a la crisis. Además, las cuestiones relacionadas con la
crisis en los convenios colectivos revisten cada vez una importancia
menor frente a lo que eran las cuestiones más tradicionales. La
cuestión de los aumentos salariales en un contexto de inflación
creciente se convierte en un reto importante para las próximas
rondas de negociaciones.
(*) IR Share elaboró el estudio
sobre Francia.
|
|
|
 |
|
|
|
| |
¿Quiénes somos?
IR Notes se
publica quincenalmente en diversos idiomas europeos (alemán, español,
francés, inglés, italiano) de la mano de IR Share y de su
equipo de expertos. El boletín está concebido como un observatorio
europeo de las relaciones laborales, el derecho del trabajo y las
políticas de empleo. La suscripción cuesta 248 euros (+ IVA) al año y
puede formalizarse a través de la página web de IR Share.
El equipo : este
número ha sido preparado por Pascale Turlan,
Frédéric
Turlan y Aimee
Waldon.
Podrá
conocer al resto del equipo
de IR Share en nuestra página web.
Registrarse en IR
Notes en solo unos clics en la página web
de IR Share o en el email frederic.t@irshare.eu
Menciones legales.
Editor: IR Share SARL – 5, Les Compères – 89520 Fontenoy – +33
(0)6 81 41 53 95 – capital social 1.500 euros – Nº de Registro Mercantil
(Auxerre): 512 567 959. Director de la publicación: Frédéric
Turlan. Alojamiento: Ideal prod – 14, rue Auguste Morel – 89100 Sens –
Tel.: + 33 (0)3 86 83 21 21 – Francia. Nr. CPPAP: 0626 Z 93933.
|
|
|
|
| |
Diccionario europeo de las relaciones sociales
Si desea profundizar en la lectura de IR Notes, ponemos a su
disposición enlaces
al Diccionario
Europeo de las Relaciones Sociales publicado por Eurofound y
actualizado con regularidad por IR Share, editor de IR Notes. Las
definiciones de los términos están disponibles en inglés y se pueden
convertir rápidamente por medio herramientas de traducción en línea.
|
|
|
|
|
|
|
Es
noticia
Hacia una
revisión técnica de la Directiva Europea sobre los CE europeos
En el proyecto de informe sobre la
revisión de la Directiva relativa a los CE europeos, presentado el 12 de
mayo por el eurodiputado Dennis Radtke (PPE), se proponen modificaciones de la
directiva para que los comités de empresa europeos puedan funcionar con normalidad,
es decir, sin que se les impida el ejercicio del derecho fundamental a la
información y la consulta (véase European Works Councils). El
objetivo, como recordó Dennis Radtke, no consiste en crear nuevos derechos (véase IR Notes 183), sino
garantizar el respeto de la directiva actual. El texto, que está sujeto a las
enmiendas de los eurodiputados hasta el 21 de junio, responde perfectamente a este
objetivo y propone lo siguiente: 1/
Reforzar las sanciones: el
incumplimiento de los derechos de los CE europeos se sanciona actualmente
con multas que van «desde 23 euros hasta 187.515 euros». Por tanto, no son ni
eficaces, ni disuasorias, ni proporcionadas para las multinacionales afectadas. El
informe sugiere dos enfoques: a) aumentar el nivel de las multas, basándose en la
reciente legislación europea, hasta 10 millones de euros o el 2 % de la facturación
global anual (y duplicar esta cantidad en caso de reincidencia); b) sancionar a las
empresas excluyéndolas de los contratos públicos y de las ayudas y subvenciones
europeas durante tres años. Antes de llegar a las sanciones, Dennis Radtke solicita
que se suspendan temporalmente las decisiones de la administración central cuando se
impugnen por haberse violado los requisitos de información y consulta. 2/ Facilitar el
acceso a la justicia: para que las sanciones sean efectivas,
es necesario que haya acceso a la justicia. En efecto, los comités de empresa
europeos «no tienen acceso directo a la justicia en muchos Estados miembros», en
particular en Irlanda, cuya legislación es tan atractiva para las multinacionales
que trasladan allí su sede europea. Para el ponente, cada Estado debe establecer
procedimientos que permitan la aplicación «rápida y eficaz» de los derechos del
comité de empresa europeo, y la dirección central debe correr con los gastos
directos vinculados a la aplicación de los procedimientos, incluidos los gastos del
abogado del comité y los gastos de manutención y desplazamiento de al menos un
representante de los trabajadores. 3/
Recordar el carácter previo de la
información-consulta: la última
encuesta del ETUI publicada en 2019 reveló que solo el 20 % de los comités
de empresa europeos son informados y consultados antes de que la dirección tome su
decisión, lo que debería ser la norma según la directiva. La definición de consulta
debería recordar que el CE europeo debe «emitir un dictamen previo sobre la base
de la información facilitada» por el empresario, y no sólo un
«dictamen» según la directiva actual. 4/ Eliminar de
la directiva aquellas disposiciones que reducen su utilidad.
El informe ataca varias disposiciones utilizadas por la dirección para
limitar los derechos del comité de empresa europeo. Así, el texto quiere poner fin a
los antiguos acuerdos (conocidos como «artículo 13»). Podrán seguir en vigor
mientras «las obligaciones derivadas de esta directiva ya se hayan cumplido
plenamente». La obligación de confidencialidad que amordaza a determinados comités
no se aplicaría a los miembros del comité de empresa europeo que transmitan a los
comités de empresa nacionales o locales información que pueda afectar a la situación
de los trabajadores. La definición de transnacionalidad incorpora en el cuerpo de la
directiva el considerando 16 de la directiva 2009/38 y se refiere a cuestiones que
afectan «directa o indirectamente» al grupo en su conjunto, o al menos a dos
entidades en dos Estados miembros diferentes.
|
1. Unión
Europea
Legislación
Reconocimiento del Covid-19 como enfermedad
profesional : los Estados miembros y los interlocutores
sociales que forman parte del Comité Consultivo de la UE para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo (CCSS) llegaron a un acuerdo el 18 de mayo sobre
la necesidad de reconocer el Covid-19 como enfermedad profesional en los sectores de
la asistencia sanitaria, los servicios sociales y la asistencia a domicilio, así
como (siempre en el contexto de la pandemia) en aquellos sectores en los que se han
intensificado las actividades que implican un riesgo probado de infección (véase el
comunicado
de prensa). «Sobre la base de este acuerdo, anunció Nicolas Schmit,
Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales, la Comisión actualizará su recomendación
de 19 de septiembre de 2003 sobre las enfermedades profesionales para
promover el reconocimiento del Covid-19 como enfermedad profesional por parte de
todos los Estados miembros». Este reconocimiento permitirá a los trabajadores de los
sectores correspondientes que hayan contraído esta enfermedad en el trabajo
(incluido el Covid persistente) adquirir derechos específicos en virtud de la
normativa nacional, como el derecho a una indemnización más favorable que si se
tratara de una enfermedad no relacionada con el trabajo. Si bien muchos países ya
han dado este paso, esta recomendación debería conducir a una mayor armonización. La
Federación Sindical Europea (FSESP) ha acogido con satisfacción esta decisión, por
la que las afiliadas han hecho campaña (véase el comunicado
de prensa).
|
Proyecto
Protección de los trabajadores de las
plataformas : la eurodiputada Elisabetta
Gualmini (S&D) presentó el pasado 19 de mayo su informe
sobre la propuesta de directiva relativa a la mejora de las condiciones de
trabajo de los trabajadores de plataformas ante los miembros de la Comisión
de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo (véase el comunicado
de prensa). Este informe modifica significativamente la propuesta de la
Comisión Europea. Los principales cambios propuestos son: 1/ las disposiciones sobre
gestión algorítmica deben aplicarse no sólo a los trabajadores de plataformas, sino
a todos los trabajadores sometidos a sistemas de control y decisión automatizados o
semiautomatizados en relación con sus condiciones de trabajo o la organización de su
trabajo. Así, la directiva ampliaría considerablemente su ámbito de aplicación. 2/
La propuesta de la Comisión establece que si las condiciones de trabajo de un
trabajador cumplen al menos dos de los cinco criterios para calificar la relación
laboral como asalariada, el trabajador debe ser considerado asalariado. El
eurodiputado opta por una presunción de asalarización que cubra a priori a
todos los trabajadores que serían considerados como asalariados, a no ser que las
plataformas demuestren que efectivamente son autónomos. Esta postura la defiende
Ludovic Voet, Secretario General Adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos
(véase el comunicado
de prensa de la CES). Para él, no debe corresponder a los trabajadores, por
la vía del recurso legal, ni a los poderes públicos, hacer valer una presunción de
empleo asalariado.
|
Actualidad
social
Semestre Europeo : el
23 de mayo, la Comisión Europea adoptó una serie de documentos para
orientar a los Estados miembros en sus políticas económicas, sociales y
medioambientales (véase European Semester). Como era de esperar, sobre todo a
causa de la guerra en Ucrania, la Comisión mantiene la cláusula de excepción del
Pacto de Estabilidad en 2023, que permite a los Estados miembros no aplicar las
normas presupuestarias de la UE para apoyar sus sistemas sanitarios y su economía
(véase el comunicado
de prensa). Entre los documentos publicados se encuentra un comunicado
que recuerda las principales orientaciones de las políticas económicas, las recomendaciones
a los Estados miembros y una
propuesta de Decisión del Consejo sobre las directrices de las políticas de
empleo de los Estados miembros (véase comunicado).
Estas directrices se han actualizado este año “centrándose en el entorno postCovid y
en las transiciones ecológicas y digitales socialmente justas”, precisa la Comisión,
“y teniendo en cuenta las iniciativas recientes, en particular en respuesta a la
invasión de Ucrania por parte de Rusia, como las medidas para facilitar el acceso al
mercado laboral de las personas que huyen de la guerra en Ucrania”.
|
Carta de emplazamiento a Irlanda sobre la
legislación relativa a los comités de empresa europeos : La
Comisión Europea envió el 19 de mayo una carta de emplazamiento al Gobierno irlandés
en la que señalaba fallos en la transposición de la Directiva 2009/38 sobre los
comités de empresa europeos. La Comisión ha detectado «una serie de deficiencias en
la legislación irlandesa, que no garantiza el derecho de los representantes de los
trabajadores en la comisión negociadora o en el comité de empresa europeo a plantear
ante un tribunal nacional los litigios relativos a las infracciones de los derechos
y obligaciones derivados de esta directiva. Se trata, por ejemplo, de los litigios
relativos al derecho a solicitar la asistencia y la presencia de un experto en las
reuniones de negociación o los litigios relativos a las obligaciones de
confidencialidad» (véase el comunicado
de prensa, punto 10). Esta iniciativa es consecuencia de la denuncia
presentada por los representantes del sindicato irlandés SIPTU, según su experto en
comités de empresa europeos, Denis Sheridan (véase el comunicado
de prensa del SIPTU). Ante la afluencia de multinacionales que han decidido
ubicar sus sedes europeas en Irlanda tras el Brexit, atraídas por las carencias de
la legislación irlandesa que dificultan la actuación de los comités de empresa
europeos, SIPTU había alertado al Gobierno de la necesidad de revisar la legislación
nacional. En vano, de ahí la denuncia ante la Comisión. El gobierno irlandés tiene
ahora dos meses para responder a la Comisión. Si no lo hace, o si no da una
respuesta convincente, la Comisión puede emitir un dictamen motivado, último paso
antes de llevar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia por incumplimiento de sus
obligaciones.
- Ayuda para los trabajadores griegos del
sector de los electrodomésticos: la Comisión Europea
propuso el 30 de mayo liberar una ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización para 206 trabajadores despedidos por empresas del sector de los
electrodomésticos en Grecia (véase el comunicado
de prensa).
|
Jurisprudencia
Legislación aplicable al personal de vuelo :
el Tribunal de Justicia dictó el pasado 19
de mayo una sentencia sobre la legislación de seguridad social aplicable al
personal de vuelo de una compañía aérea (TJUE, 19 de mayo de 2022, asunto C-33/21, INAIL y
INPS) que también ofrece al
Tribunal de Justicia la primera oportunidad de aclarar el nuevo factor de
conexión introducido en 2012 por el Reglamento 883/224, a saber, la «base de
empleo» para determinar la legislación de seguridad social aplicable a las
tripulaciones de vuelo. Este caso afecta a 219 empleados de Ryanair con sede en
el aeropuerto italiano de Bérgamo. Las autoridades italianas de la seguridad
social consideraron que estos empleados, contratados con contratos de trabajo
irlandeses y sujetos a la seguridad social irlandesa, debían cotizar en Italia.
Ryanair presentó «tardíamente» los certificados E101 ante el tribunal italiano
para demostrar que eran trabajadores desplazados y que efectivamente estaban
sujetos a la seguridad social irlandesa. En la fase de apelación, los
magistrados examinaron los certificados E101: sin hablar de certificados
fraudulentos, señalaron que «no estaban numerados ni archivados de forma
inteligible u ordenada, que había 321 certificados, por lo tanto probablemente
estaban duplicados, y que no cubrían a los 219 empleados de Ryanair destinados
en el aeropuerto de Bérgamo». En el caso de todos los trabajadores que no
estaban amparados por un certificado E101, los jueces consideraron que estaban
cubiertos por la legislación italiana. Con razón, estima el Tribunal de
Justicia: esta legislación debía aplicarse a estos empleados aunque sólo
trabajasen 45 minutos al día en una sala de la tripulación de Ryanair,
y que, «para el resto del tiempo de trabajo, se encuentra a bordo del avión de
la compañía». En el sentido del Reglamento 1408/71, aplicable durante una parte
del período en cuestión, esta sala de personal constituye «una sucursal o una
representación permanente» y existe una «conexión significativa» del personal
«con el lugar desde el que cumple principalmente sus obligaciones con el
empresario». En cuanto a los periodos de aplicación del nuevo Reglamento
883/2004, el Tribunal llega a la misma conclusión. Igualmente, cuando aplica el
criterio de la base del empleo introducido en 2012: la actividad de la
tripulación de vuelo «se considera una actividad realizada en el Estado miembro
en el que está situada la base del empleo», el lugar designado por la empresa
donde la tripulación comienza y termina normalmente su tiempo de trabajo (véase
el comunicado de prensa).
|
Sindicalismo
- La menstruación es una cuestión sindical :
la federación sindical mundial UITA
emitió una declaración el
27 de mayo en la que pedía a sus afiliadas que tomaran iniciativas concretas
en el lugar de trabajo para abordar las dificultades a las que se enfrentan
las mujeres durante la menstruación. La declaración profundiza en la
resolución sobre este tema adoptada por la federación en su Congreso de
2017.
|
2. Estados
miembros
Alemania
Obligación de vacunación : el
artículo 20a de la Ley para la Protección contra las Infecciones (IfSG) impone,
desde el pasado 15 de marzo, la obligación de vacunar a los empleados de las
instituciones sanitarias y de las instituciones de atención y alojamiento de
personas mayores, discapacitados o personas dependientes, en las que las personas
que trabajan en ellas pueden entrar en contacto con personas vulnerables en el curso
de sus actividades. Los trabajadores afectados debían presentar a su dirección una
prueba de vacunación o de recuperación o un certificado médico de contraindicación
médica permanente a la vacunación. El Tribunal Constitucional Federal ha rechazado
varios recursos de inconstitucionalidad contra esta obligación (véase el
comunicado de prensa). La protección de los denominados grupos vulnerables
tiene más peso que la vulneración de los derechos fundamentales del personal
sanitario y asistencial. Por lo tanto, la obligación de vacunación se considera
constitucional.
|
Bélgica
- Plan Nacional LGBTQI+ : el
gobierno dio a conocer un plan
para una Bélgica friendly con el colectivo
LGBTQI+ que contiene 133 medidas, algunas de ellas relacionadas con el
ámbito del empleo. Se trata principalmente de medidas de comunicación y
sensibilización. En cuanto a los cambios legislativos, el plan propone incluir
la reasignación de género en las disposiciones de protección contra las
represalias de la Ley de Bienestar (además de las características existentes de
identidad de género y expresión de género) (véase el comunicado
de prensa).
|
España
Estudio sindical sobre la economía circular :
la confederación sindical española UGT
publicó el 17 de mayo un estudio sobre la
economía circular en el que aboga por una transición justa y el uso de la
negociación colectiva. La negociación colectiva debe ampliar su alcance para
incluir las cuestiones de la transición ecológica con el fin de debatir el
impacto en el empleo y la calidad del trabajo en este proceso. Debe abordar las
necesidades de formación de los empleados y de la seguridad y salud en el
trabajo, previendo las necesidades futuras (véase el comunicado).
Además, UGT sugiere introducir cláusulas en los convenios colectivos que
comprometan a las empresas a iniciar acciones a favor del medio ambiente y la
economía circular, asegurando la participación de los trabajadores y sus
representantes (véase Circular economy). UGT
reclama asimismo la creación de la figura del delegado medioambiental en el
centro de trabajo, con un crédito horario que le permita dedicarse
específicamente a resolver los problemas medioambientales de la empresa en
general y al desarrollo bajo en carbono y circular en particular. Esto se
complementaría con la creación de estructuras dedicadas a cuestiones
medioambientales. Bien mediante la creación de un Comité de Medio Ambiente,
compuesto por delegados de medio ambiente y un número igual de representantes de
la empresa; o bien ampliando las funciones del Comité de Seguridad y Salud
Laboral a las cuestiones medioambientales.
|
Francia
Equilibrio de género en la dirección :
las disposiciones destinadas a una
representación equilibrada de los sexos en la alta dirección de las empresas,
introducidas por la ley de 24 de diciembre de 2021 destinada a acelerar la
igualdad económica y profesional
(conocida como ley Rixain) entraron en vigor el pasado 1 de marzo y son objeto
de una circular del
Ministerio de Trabajo. Con este texto, en las empresas que emplean al menos a
1.000 trabajadores, el empresario debe ahora publicar cada año las diferencias
de representación entre mujeres y hombres entre los directivos y los miembros de
los órganos de dirección. También deben hacer públicas estas diferencias en la
página web del Ministerio de Trabajo. Además, la proporción de personas de cada
sexo en cada uno de estos grupos no podrá ser inferior al 30 % a partir del 1 de
marzo de 2026.
|
Italia
- Integración de inmigrantes en el sector de
la construcción : el gobierno y los interlocutores
sociales del sector de la construcción han concluido una colaboración para la
integración profesional de al menos 3.000 personas, entre solicitantes y
titulares de protección internacional o temporal, incluidos ucranianos,
titulares de protección especial, menores extranjeros no acompañados en
transición a la edad adulta y antiguos menores extranjeros no acompañados (véase
el comunicado
de prensa).
|
Irlanda
Primera evaluación del teletrabajo :
el gobierno ha presentado un informe
en el que se evalúa el impacto del teletrabajo en la economía y la sociedad,
parte del cual está dedicado al empleo. Para los empleados, los costes adicionales
de calefacción y electricidad, estimados en 79 euros y 30 euros al año
respectivamente, se verían compensados por el ahorro resultante de la reducción de
los desplazamientos, estimado en 413 euros por trabajador solo. Además, los
teletrabajadores pueden ahorrar una media de 93 horas al año al reducir sus
desplazamientos, lo que el informe estima en una ganancia de 1103 euros. La
reducción de los desplazamientos contribuiría a «ahorrar 164.407 toneladas de
CO2 al año, con un ahorro monetario equivalente de 7,5 millones de euros»
(siempre que los teletrabajadores no incrementen los desplazamientos en torno a sus
domicilios). El informe, que subraya que el teletrabajo facilita la participación en
el mercado laboral de las personas discapacitadas y con responsabilidades
familiares, sugiere ayudas específicas para la «puesta en marcha» de personas
discapacitadas o con bajos ingresos, especialmente para el equipamiento, e insiste
en que el fomento del teletrabajo por parte de las empresas no debe eximirlas de
seguir adaptando los puestos de trabajo en sus instalaciones. También hay que tener
en cuenta que la demanda de viviendas en zonas rurales aumentará en 2021, lo que
también debería llevar al Gobierno a reforzar el acceso a la banda ancha en todo el
país.
- Igualdad salarial: la Ley
del 13 de julio de 2021 relativa a la Información sobre la brecha Salarial entre
hombres y mujeres obliga a las empresas a informar sobre su brecha salarial por
hora según una serie de parámetros. Anunciada el 8 de marzo con motivo del Día
de la Mujer (véase el comunicado
de prensa), el 10 de mayo se publicó una guía
que explica los métodos de cálculo, lo que permitirá aplicar la ley a las
empresas de más de 250 empleados en 2022. Le seguirán las empresas de más de 150
empleados (2024) y luego las de más de 50 empleados (2025). Las empresas de la
primera fase tienen hasta diciembre para presentar sus informes.
|
Luxemburgo
- Permiso familiar : el
Consejo de Gobierno del 18 de mayo adoptó dos proyectos de ley, uno de los
cuales abre el derecho a un permiso extraordinario en caso de nacimiento de un
hijo a cualquier persona reconocida como segundo padre equivalente por la
legislación nacional aplicable. La otra transpone la Directiva 2019/1158, de 20
de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar de
los padres y cuidadores, estableciendo unos requisitos mínimos para el permiso
de paternidad, el permiso parental y el permiso de cuidador, así como las
disposiciones de trabajo flexible para los trabajadores que son padres o
cuidadores (véase el comunicado
de prensa).
|
3.
Empresas
Comité de
Empresa Europeo
Reestructuración : el pasado 18
de mayo, la dirección de Vallourec anunció al CE europeo del grupo un importante
plan de reestructuración que conllevará la pérdida de 2.950 puestos de trabajo,
especialmente en Alemania (2.500 empleos), donde se cerrarán dos centros de
producción de aquí a finales de 2023 con un traslado de la producción a Brasil, y en
Francia (320 empleos). Tras el anuncio, cerca de 1.000 empleados alemanes acudieron
a la sede del grupo cerca de París por iniciativa del sindicato IG Metall. Teniendo
en cuenta que los intentos de encontrar un comprador para las plantas alemanas
fueron «una farsa», IG Metall tiene la intención de establecer una fuerza suficiente
para negociar las mejores condiciones posibles para la salida de los empleados
alemanes (véase el comunicado
de prensa).
|
4. Estudios
e informes
La negociación colectiva puede contribuir a una
recuperación sostenible : la OIT presentó el pasado 5 de
mayo un importante estudio sobre el papel de la negociación colectiva (Informe
sobre el diálogo social 2022: la negociación colectiva para una recuperación
inclusiva, sostenible y resistente). A partir de un examen de los convenios
y de las prácticas colectivos en 80 países con diferentes niveles de desarrollo
económico y de los marcos jurídicos y reglamentarios de 125 países, el estudio
destaca que la negociación colectiva puede reducir eficazmente las desigualdades
salariales, ya sea en una empresa, un sector o una industria (véase el comunicado
de prensa y el resumen).
También tiene un efecto positivo sobre las desigualdades de género. El estudio
destaca además el valor añadido de los convenios colectivos para hacer frente a la
pandemia de Covid-19 y para establecer prácticas decentes de teletrabajo e híbridas.
Basándose en sus conclusiones, la OIT insiste en que la negociación colectiva será
«una herramienta esencial para abordar los cambios fundamentales que están
sacudiendo el mundo laboral». Este alegato a favor del desarrollo de la negociación
colectiva, que también se hace eco de una preocupación de la Comisión Europea,
ofrece un alcance universal al derecho a la negociación colectiva (puede producir
efectos positivos en todo el mundo) y contiene datos comparativos poco frecuentes.
Para reforzar la negociación colectiva, la OIT pide, entre otras cosas, una
revitalización de las organizaciones de empleadores y trabajadores, el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva para todos los
trabajadores, independientemente de su estatus, y el fortalecimiento del diálogo
social para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Las
conclusiones del estudio se presentarán el 14 de junio (véase la agenda).
|
|
|
