IR Notes

El pasado 14 de septiembre, el Parlamento Europeo adoptó la directiva sobre unos “salarios mínimos adecuados en la UE” por amplia mayoría (505 votos a favor, 92 en contra, 44 abstenciones). El texto aún debe ser adoptado formalmente por el Consejo este mismo mes, se publicará en el DOUE poco después y dará dos años a los Estados miembros para su cumplimiento. Los principales partidos del Parlamento han acogido la directiva con gran satisfacción, al igual que el movimiento sindical europeo. Para Laurent Berger, presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, se trata de “una victoria para el movimiento sindical europeo y una buena noticia para los trabajadores europeos”. Los partidarios de la directiva reclaman su aplicación inmediata para responder a la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores debido a la elevada inflación que afecta a la Unión Europea. Más allá de las disposiciones específicas sobre el salario mínimo (véase IR Notes n° 188), esta directiva es un “revulsivo” para la negociación colectiva (véase Collective bargaining). En palabras de la eurodiputada holandesa Agnes Jongerius (S&D), “con este texto vamos a reforzar la negociación colectiva de forma que aumente el número de trabajadores mejor protegidos”. Para el coordinador de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del PPE y eurodiputado alemán, Dennis Radtke (CDU), “los convenios colectivos son la mejor manera de obtener salarios justos y equitativos. Hay que recordar que la directiva obliga a los Estados miembros en los que menos del 80% de los trabajadores están cubiertos por un convenio colectivo (es decir, 20 Estados miembros) a establecer un “plan de acción” para promover la negociación colectiva. El Parlamento logró elevar el objetivo inicial de la Comisión del 70% al 80%, pero también consiguió reforzar la protección de los negociadores. Así, según el texto adoptado, los Estados miembros deben adoptar medidas “para proteger el ejercicio del derecho de negociación colectiva sobre la fijación de salarios y proteger a los trabajadores y a los representantes sindicales de actos que los discriminen en relación con su empleo por el hecho de que participen o deseen participar en la negociación colectiva sobre la fijación de salarios”. También deben “proteger a los sindicatos y las organizaciones patronales que participen o deseen participar en la negociación colectiva frente a cualquier acto de injerencia mutua o de sus agentes o miembros en su establecimiento, funcionamiento o administración”. Esta directiva marca claramente un punto de inflexión en el que el legislador se apoya en los agentes sociales para reducir las desigualdades salariales.

Prohibición de los productos de trabajo forzoso : La Comisión Europea presentó el 14 de septiembre una propuesta de resolución para prohibir los productos elaborados con trabajo forzado en el mercado de la Unión Europea. La propuesta está vinculada a la propuesta de Directiva sobre la vigilancia de la sostenibilidad de las empresas adoptada en febrero de 2022 (véase IR Notes 181) e insta a las autoridades nacionales a evaluar los riesgos del trabajo forzoso a partir de muchas fuentes de información diferentes (incluidas las proporcionadas por las ONG) que, en conjunto, deberían facilitar la identificación de los riesgos. Así, se podrán poner en marcha investigaciones sobre productos sobre los que existan sospechas fundadas de trabajo forzoso, solicitar información a las empresas y realizar controles e inspecciones, incluso en terceros países. Si las autoridades nacionales comprueban que se ha recurrido al trabajo forzoso, ordenarán la retirada de los productos ya comercializados y prohibirán su comercialización y exportación (para evitar así que se vendan en otros mercados). Las empresas estarán obligadas a deshacerse de los bienes. Si las autoridades nacionales no pueden reunir todas las pruebas que necesitan, por ejemplo por la falta de cooperación de una empresa o de una autoridad estatal no comunitaria, podrán tomar su decisión sobre la base de los datos disponibles. El reglamento debe ser adoptado por el Consejo y el Parlamento y entrará en vigor dos años después de su publicación. Se completará con unas directrices que la Comisión publicará en los 18 meses siguientes a su entrada en vigor. La Comisión, con dos años de retraso, ha publicado una ambiciosa medida con la que combatir un fenómeno que afecta a 27,6 millones de personas en todo el mundo según la OIT (véase el comunicado de prensa, la ficha de presentación y el documento de preguntas y respuestas). Se responde así a la petición del Parlamento Europeo, que había votado por amplia mayoría a favor de un instrumento de este tipo en un informe aprobado el 9 de junio (véase IR Notes 188). La gran mayoría de los eurodiputados se muestran satisfechos con el texto, si bien algunos buscan mejoras, como Raphaël Glucksmann (S&D), que quiere reducir el periodo de aplicación o el nivel de prueba requerido para prohibir un producto en el mercado. La Confederación Europea de Sindicatos (véase el comunicado) y la agrupación IndustriAll Europe (véase el comunicado) han mostrado su beneplácito, mientras que BusinessEurope se ha mostrado algo más reservada y SMEunited es bastante reacia (véase el comunicado).

> Véase también: El reciente informe de la OIT “Estimaciones mundiales de la esclavitud moderna: Trabajo forzoso y matrimonio forzoso“, que calcula que el número de trabajadores forzados asciende a 27,6 millones de personas en todo el mundo, entre los que se incluyen 3,3 millones de niños. Esta cifra ha aumentado en 2,7 millones con respecto a 2016, en un momento en que la comunidad internacional se ha comprometido, mediante la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a poner fin a la esclavitud moderna de los niños para 2025, y de todas las personas para 2030 (véase el resumen).

• Los sindicatos temen un ataque al derecho de huelga: La Comisión Europea adoptó una propuesta de reglamento el pasado 19 de septiembre para un “instrumento de mercado único para situaciones de emergencia“. El texto está destinado a garantizar la libre circulación y la disponibilidad de bienes y servicios esenciales durante cualquier crisis futura (véase el comunicado) y deroga el Reglamento 2679/98 de 7 de diciembre de 1998, cuyo artículo 2 establece que “no deberá interpretarse en el sentido de que afecte en modo alguno al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los Estados miembros, incluido el derecho o la libertad de huelga”. Sin embargo, “la nueva legislación no prevé tal protección”, según expresó la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en una carta dirigida a la Comisión (véase el comunicado). A pesar de que Thierry Breton aseguró en la rueda de prensa que el texto no cuestiona el derecho fundamental a la huelga (véase Right to strike), la CES exige que esto quede claramente reflejado en el cuerpo del texto y no únicamente en el considerando 36 del reglamento, que no tiene valor vinculante (véase el comunicado).

Estrategia europea en materia de cuidados : La Comisión Europea presentó el 7 de septiembre una estrategia europea en materia de cuidados en una comunicación que introduce dos propuestas de recomendación. La primera se refiere a la revisión de los objetivos de Barcelona sobre los servicios de educación y cuidados de la primera infancia y la segunda sobre “el acceso a unos cuidados de larga duración de buena calidad y asequibles“. Los Estados miembros deberán realizar un informe anual sobre los progresos realizados en la aplicación de estas recomendaciones y la Comisión supervisará sus avances en el contexto del Semestre Europeo. La Comisión hará un balance al cabo de cinco años.

• Primera infancia: La Comisión propone revisar los “objetivos de Barcelona”, que se fijaron en 2002 y que instaban a los Estados a prestar servicios de guardería al 33% de los niños menores de 3 años y al 90% de los niños entre 3 años y la edad de escolarización obligatoria. Además del beneficio educativo esperado, estos objetivos también pretenden facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral. En la nueva estrategia los objetivos se han revisado al alza: para 2030, al menos el 50% de los niños menores de 3 años deberán participar en los sistemas de educación y atención a la primera infancia. Esta tasa se eleva al 96% para los niños entre 3 años y el inicio de la escolarización obligatoria. Los Estados también deben garantizar que los horarios de las guarderías permitan a los padres realizar de verdad un trabajo remunerado.


• Cuidados de larga duración: Estos cuidados, que permiten a las personas que necesitan ayuda para las actividades de la vida diaria debido a su edad, una enfermedad o una discapacidad seguir siendo independientes y vivir con dignidad, siguen siendo para muchas personas inasequibles, no disponibles o inaccesible”. La Comisión recomienda a los Estados miembros que elaboren planes de acción para mejorar la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad de los cuidados de larga duración en beneficio de todos los ciudadanos y que refuercen los permisos de los cuidadores introducidos por la directiva de conciliación apoyándoles con formación, asesoramiento y apoyo psicológico o financiero. Otro aspecto importante consiste en mejorar las condiciones de trabajo y aumentar el atractivo del sector en un momento en que se enfrenta a una gran escasez de mano de obra. La Comisión invita a los Estados a estimular la negociación colectiva para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo y que garanticen los más altos niveles de salud y seguridad en el trabajo.

> Reacciones de los agentes sociales: La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP) acoge con satisfacción la “buena noticia para los trabajadores de los cuidados”. Sin embargo, lamenta que no haya un control real de la “mercantilización” del sector (véase el comunicado). La EFFAT considera que la estrategia no tiene en cuenta la realidad de los trabajadores domésticos (véase el comunicado). La patronal, representada por Social Employers, ha acogido la iniciativa con satisfacción (véase el comunicado).

Cualificaciones profesionales : En su discurso sobre el estado de la Unión del 14 de septiembre, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó la necesidad de “invertir mucho más en formación y formación continua” y de “conciliar mejor” las necesidades de las empresas con “los objetivos y deseos de los propios solicitantes de empleo”. También reafirmó la voluntad de “atraer de forma específica a profesionales especializados del extranjero” y “mejorar y acelerar el reconocimiento de sus cualificaciones en Europa”. Por último, propuso hacer “que 2023 sea el Año Europeo de la Formación y, sobre todo, de la Formación Continua”.

• Servicios sociales : Tras presentar la estrategia sobre los cuidados de larga duración (véase más arriba), la Comisión explicó que sigue estudiando las modalidades de creación de un nuevo comité de diálogo social sectorial centrado en los servicios sociales, a petición de los agentes sociales europeos del sector (Social Employers y FSESP).

Recuento de horas de trabajo : En 2019, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en un caso español entre el sindicato CCOO y la filial española de Deutsche Bank (TJUE, 14 de mayo de 2019, asunto C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras /Deutsche Bank) que “deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador” (véase IR Notes 120). Apenas tres años después, esta sentencia tiene una gran repercusión en Alemania: el 13 de septiembre, el Tribunal Federal de Trabajo dictó una sentencia en la que interpreta la legislación alemana en consonancia con el derecho de la Unión Europea declarando que la empresa está obligada a establecer un sistema de registro de las horas trabajadas por los trabajadores (véase el comunicado). Según explica el sindicato IG-Metall, “hasta ahora no existía una obligación general de registrar las horas de trabajo en Alemania. La sentencia del Tribunal Federal del Trabajo cambia las reglas del juego. A partir de ahora, las empresas tendrán que registrar detalladamente las horas de trabajo” (véase el comunicado y véase también el análisis de la DGB).

• Baja por enfermedad : El gobierno irlandés anunció el pasado 14 de septiembre que la introducción de la baja por enfermedad compensada se pospondrá hasta el 1 de enero de 2023. Serán 3 días al año, que aumentarán a 10 días en 2026 (véase IR Notes 183). La confederación sindical ICTU ha denunciado este aplazamiento.

• Competencias : El Ministro de Trabajo y Políticas Sociales, Andrea Orlando, ha firmado el decreto que regula el Fondo para las Nuevas Competencias, dotado con mil millones de euros, para invertir en las competencias necesarias para la transición digital y la transición ecológica (véase el comunicado).

Renegociación : El grupo francés Safran y la agrupación sindical IndustriAll Global Union han comenzado a renegociar su acuerdo marco mundial sobre condiciones de trabajo, responsabilidad social corporativa y desarrollo sostenible, firmado en 2017. Según Corinne Schievene (CFDT), secretaria del comité de empresa europeo de Safran, “el objetivo es garantizar que el acuerdo se aplique realmente, lo que no es el caso”. Las partes coinciden efectivamente en que el texto, a pesar de su gran calidad, es poco conocido en el grupo y que es necesario comprometer medios para darlo a conocer. Sobre la mesa hay temas como la organización de cursos de formación sobre el acuerdo para los representantes de RRHH y de los trabajadores, el refuerzo del comité de seguimiento, la organización de visitas a las instalaciones, etc.

Foro mundial : El grupo Engie celebró su primer Foro Mundial al que asistieron responsables de las federaciones sindicales internacionales, representantes de los trabajadores y otras partes interesadas en el acuerdo marco global sobre los derechos fundamentales y la responsabilidad social firmado en enero de 2022 (véase IR Notes n° 178). El Foro Mundial evaluó los primeros avances en materia social. Cada uno de los cuatro hubs regionales presentó un informe país por país sobre los indicadores clave de desempeño social: tasa de trabajadores formados, proporción de mujeres entre los directivos y brecha salarial de género, tasa de cobertura de trabajadores y entidades para las garantías ofrecidas por el programa Engie Care (permiso de maternidad y paternidad, cobertura de hospitalización, garantía de invalidez y seguro de vida) (IR Notes 141).

Transparencia salarial : Mientras el Consejo y el Parlamento siguen debatiendo la propuesta de directiva sobre transparencia salarial (IR Notes 159) que se presentó en marzo de 2021 (véase Pay transparency), la OIT acaba de publicar un nuevo estudio sobre este tema. El informe concluye que las medidas de transparencia salarial pueden contribuir a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y, en general, a reducir las desigualdades de género. Por un lado, estas medidas pueden proporcionar a los trabajadores “la información y las pruebas pertinentes necesarias para negociar las tarifas salariales, así como los medios para rebatir una posible discriminación salarial”. Por otro lado, permiten a los empleadores “identificar y hacer frente a la discriminación salarial que, de otro modo, podría afectar negativamente al buen funcionamiento de la empresa”. El estudio ofrece un mapa detallado de la legislación vigente en materia de igualdad salarial en los países de todo el mundo (con datos de 21 países, incluidos 13 Estados miembros de la UE) (véase el comunicado).

Lucha contra el racismo : La confederación sindical británica TUC ha publicado un informe (Still rigged – Racism in the UK Labour Market 2022) en el que se analiza el racismo cotidiano, el racismo institucional y el racismo estructural que afecta a los trabajadores negros y los trabajadores de minorías étnicas. El estudio se basa en una encuesta realizada a 1.750 trabajadores. La secretaria general del TUC, Frances O’Grady, concluyó que “no es el momento de medidas incrementales o de iniciativas políticas poco entusiastas, sino de un cambio transformador”. En particular, sugirió “la introducción de informes obligatorios sobre la brecha salarial étnica, con planes de acción para cerrar las brechas” (véase el comunicado).