IR Notes

El 10 de noviembre, el Parlamento aprobó definitivamente la directiva sobre los informes de sostenibilidad de las empresas (CSRD) (véase Due diligence) que será aprobado formalmente por el Consejo y posteriormente publicado en el DOUE. El texto inicial presentado por la Comisión en abril de 2021 (véase IR Notes 163) ha sido reforzado significativamente por los eurodiputados (véase el comunicado de prensa del Parlamento). Aunque las obligaciones de información no financiera ya existen para las empresas de más de 500 empleados, se amplían con esta directiva, que otorga nuevos derechos a los representantes de los trabajadores y refuerza al mismo tiempo el diálogo social. Las empresas tendrán que publicar regularmente datos sobre su impacto social y medioambiental, bajo la forma de informe de desarrollo sostenible. La directiva se aplicará a todas las grandes empresas, coticen o no en bolsa, así como a las empresas no europeas que facturen más de 150 millones de euros en la UE. Las PYME que cotizan en bolsa estarán sujetas asimismo a estas obligaciones. Se calcula que unas 50.000 empresas tendrán que publicar un informe de sostenibilidad, frente a las 11.700 actuales. Las empresas con más de 500 empleados, que ya están sujetas a la actual directiva sobre informes no financieros, deberán publicar su primer informe de sostenibilidad en 2025. Las grandes empresas que no están sujetas a la directiva actual publicarán sus informes en 2026. Las PYMES y otras empresas informarán en 2027. El informe sobre desarrollo sostenible deberá permitir a los representantes de los trabajadores comprender el impacto de su empresa en el medio ambiente y su estrategia de sostenibilidad. También contendrá mucha información social, como datos sobre el empleo, la formación, el tiempo de trabajo, los salarios dignos y la existencia de comités de empresa. La dirección de la empresa tendrá que informar “a los representantes de los trabajadores al nivel adecuado” y tendrá que debatir “con ellos la información pertinente y los medios para obtener y verificar la información sobre sostenibilidad. La opinión de los representantes de los trabajadores se comunicará, en su caso, a los órganos de administración, dirección o control correspondientes” (artículo 19). El considerando 9 especifica que entre los beneficiarios finales de los informes de sostenibilidad se encuentran “los sindicatos y los representantes de los trabajadores, que estarían debidamente informados y podrían así participar en el diálogo social en mejores condiciones”. Por ello, el texto otorga un papel importante a los representantes de los trabajadores y también a los miembros de los comités de empresa europeos, que darán su opinión sobre el informe sobre desarrollo sostenible. Esta información también se utilizará para avivar el diálogo social en los comités de empresa europeos y, en las empresas en las que aún no exista uno, los representantes de los trabajadores podrán utilizarla para apoyar una solicitud de creación de un comité de empresa europeo.

> A destacar: la confederación sindical alemana DGB se congratuló abiertamente de la adopción de este texto, subrayando que “las instituciones europeas obligan por primera vez a las empresas afectadas a integrar la representación de los intereses de los trabajadores dentro de la empresa en la elaboración de los informes de sostenibilidad”. Para su secretaria general, Yasmin Fahimi, “se trata de un gran paso adelante”. (Véase el comunicado).

Deber de diligencia : la eurodiputada holandesa Lara Wolters (S&D) presentó, el 7 de noviembre su informe sobre la propuesta de directiva relativa al deber de diligencia de las empresas, adoptado el pasado 23 de febrero por la Comisión Europea (véase IR Notes 181). El objetivo es hacer que las empresas se responsabilicen de los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de proveedores y subcontratistas. El texto, que será analizado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, propone rebajar los umbrales de aplicación establecidos en la propuesta de la Comisión. El texto se aplica a las empresas con más de 250 empleados (en lugar de 500) y un volumen de negocios neto de más de 40 millones (en lugar de 150 millones) en todo el mundo. También afecta a las empresas que operan en sectores en los que los riesgos de violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente son frecuentes, que emplean a más de 50 trabajadores (en lugar de 250) y que tienen una facturación neta de 8 millones de euros (en lugar de 40 millones) o más a escala mundial. La lista de sectores de riesgo también se ha ampliado para incluir, además de los tres sectores identificados por la Comisión (textil, agricultura, extracción de minerales), la construcción, los servicios financieros y la producción de tecnologías de la comunicación y software o inteligencia artificial. El texto también se aplica a las empresas de terceros países que operan en la UE. Además de los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos, el informe añade los abusos contra la “buena gobernanza”. Además de las acciones que las empresas deben adoptar para eliminar o intentar eliminar los impactos negativos en sus cadenas de valor, deben consultar asimismo a las partes interesadas en todas las etapas. Estas partes interesadas incluyen ahora explícitamente a “los trabajadores de la empresa, los trabajadores de sus filiales” (no sólo a los “empleados” de la empresa o de sus filiales) y a “los sindicatos, los trabajadores y sus representantes”.

Nuevo compromiso sobre el Reglamento de IA : la Presidencia checa de la UE presentó el pasado 19 de octubre un nuevo texto de compromiso sobre la propuesta de Reglamento de la IA. El texto mantiene en la categoría de sistemas de IA de alto riesgo: 1° destinados a ser utilizados para la contratación o la selección de personas físicas, en particular para anunciar ofertas de trabajo específicas, analizar y filtrar solicitudes de empleo y evaluar a los solicitantes; 2° destinados a ser utilizados para tomar decisiones relativas a la promoción y la terminación de relaciones contractuales relacionadas con el trabajo, para asignar tareas sobre la base del comportamiento individual o de los rasgos o características personales, y para supervisar y evaluar el rendimiento y el comportamiento de los individuos en estas relaciones. Estos sistemas “pueden tener un impacto significativo en las futuras perspectivas profesionales y en los medios de vida de estas personas” y “pueden perpetuar patrones históricos de discriminación”. (Véase Artificial intelligence).

Ley del acuerdo sobre el empleo : se ha publicado la ley de 3 de octubre de 2022 que contiene varias disposiciones relativas al trabajo. Dicha ley recoge las medidas adoptadas en el marco del acuerdo de empleo. La ley permite a un empleado a tiempo completo solicitar trabajar una semana de cuatro días o distribuir su tiempo de trabajo en un ciclo de dos semanas consecutivas. Durante este ciclo, es posible trabajar hasta 9 horas al día y hasta 45 horas a la semana, siempre y cuando el empleado trabaje 31 horas la semana siguiente para cumplir con el tiempo de trabajo semanal medio. La ley favorece el comercio electrónico al permitir que los empresarios introduzcan el trabajo nocturno entre las 20.00 y las 24.00 horas, y a partir de las 5.00 horas mediante un convenio colectivo (con el acuerdo de una única organización sindical) o, en el marco de un proyecto piloto de 18 meses, que pidan a sus empleados que realicen voluntariamente el trabajo nocturno en estos horarios, sin pasar por un convenio colectivo o un cambio en la normativa laboral. Además, la ley obliga a las empresas con más de 20 empleados a firmar acuerdos sobre el derecho a la desconexión antes de 2023 (véase el comunicado).

• Salario mínimo : el pasado 19 de octubre, el gobierno fijó el salario mínimo para 2023 en 700 euros brutos al mes (esto es, 5.274,15 HRK), o 560 euros netos (4.219,32 HRK). Con este decreto, el nuevo salario mínimo alcanza el 62,14 % del salario medio bruto. Desde 2016, el salario mínimo bruto ha aumentado más del 69 %. El aumento beneficiará a los 30.000 empleados sujetos al salario mínimo y a los 70.000 cuyos salarios están actualmente por debajo del nuevo importe.

Hacia una reforma del despido : en una reunión organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que quería abordar una reforma del despido que implica reformular las bases y avanzar hacia lo que llamó “despido reparador”. Se trata de prever diferentes indemnizaciones en función del impacto que el despido pueda tener en el individuo. La fórmula para calcular la compensación, que será objeto de diálogo social, podría incluir elementos como la edad, la educación, el género, los ingresos o el tipo de hogar (familiar, soltero/a, etc.). (Véase el comunicado de la APIE).

Representación sindical : el Consejo de Estado, en una decisión 2175/2022 del pasado 10 de noviembre, cuestionó una reforma relativa a la representatividad de los sindicatos recogida en la Ley 4808/2021 para la protección del trabajo y la decisión 62599/26.8.2021 del Ministro de Trabajo. Estos textos crearon un Registro General de las organizaciones sindicales de los trabajadores y de las organizaciones empresariales (GEMISOE) para que los sindicatos legalmente reconocidos pudieran participar en las negociaciones colectivas en el país. El Consejo de Estado declaró que la suspensión acumulada de una serie de derechos sindicales en caso de no inscripción o no actualización de los datos necesarios para la inclusión en este registro, tal y como establece la ley, constituye una injerencia manifiestamente desproporcionada y especialmente grave en la libertad sindical, en violación de la Constitución. El Consejo de Estado señaló además que el registro violaba el Reglamento General de Protección de Datos al revelar la afiliación sindical. Cabe señalar que esta ley también incluía disposiciones sobre el voto digital de los empleados, una disposición que es fuertemente criticada por los sindicatos por considerarla inconstitucional (véase el comunicado de la confederación sindical GSEE).

• Teletrabajo por motivos médicos: el gobierno ha publicado un decreto que permite a los empleados del sector privado solicitar el paso al teletrabajo por motivos médicos, y ello a partir del 1 de enero de 2023. El decreto establece la lista de patologías, enfermedades o discapacidades que permiten a los empleados solicitar el paso al teletrabajo, previa presentación de un certificado médico (véase el comunicado).

Ley sobre el pago de propinas : el gobierno ha anunciado que una enmienda a la Ley de Pago de Salarios de 2022 entrará en vigor el 1 de diciembre, dando a los empleados el derecho legal de recibir las propinas y gratificaciones pagadas en forma electrónica (Ley de Pago de Salarios (Enmienda) (Propinas y Gratificaciones) 2022) que otorga a los empleados el derecho legal a recibir propinas y gratificaciones pagadas en forma electrónica (véase IR Notes 180). Exige que las propinas se paguen a los empleados de manera justa e impone a los empleadores la obligación de proporcionar información sobre cómo se calculan y pagan las propinas (véase el comunicado). Una disposición bien acogida por la confederación sindical ICTU (véase el comunicado).

Mercado laboral : el Instituto Nacional de Análisis de Políticas Públicas (INAPP) ha dado a conocer un informe que arroja luz sobre las debilidades estructurales del mercado laboral, que “parece continuar atrapado en la precariedad”, afirma el INAPP. De los nuevos contratos de trabajo firmados en 2021, siete de cada diez son de duración determinada; el trabajo a tiempo parcial involuntario afecta al 11,3 % de los asalariados (frente a una media de la OCDE del 3,2 %) y los trabajadores pobres representan ya el 10,8 % del total (frente al 8,8 % a nivel de la UE) (véase el comunicado).

Sostenibilidad de un centro de producción : el comité de empresa del proveedor de automóviles Gestamp Griwe en Haynrode (Alemania) recibió, el pasado 10 de noviembre, el premio del comité de empresa alemán. Fue premiado por su trabajo para garantizar el futuro del centro, que estaba amenazado por una reestructuración con 145 recortes de puestos de trabajo. El comité inició un proceso que se tradujo en nuevos pedidos, un aumento de la facturación de 25 millones de euros al año e inversiones (véase la presentación del caso). Para Christiane Benner, vicepresidenta del IG Metall, este caso legitima la demanda de unos derechos de codeterminación más fuertes sobre la orientación estratégica de las empresas en una ley reformada y moderna sobre la organización de las empresas. “Esto nos permitiría por fin oponernos más eficazmente a los planes idealistas y eternamente idénticos de la patronal”, subraya. (Véase el comunicado de IG Metall).

• Digitalización : la dirección de la cadena de ropa sueca H&M y el sindicato alemán ver.di han llegado a un acuerdo colectivo para implicar a los 14.300 empleados de la empresa en Alemania en la transformación digital. Este acuerdo amplía los derechos de participación del comité de empresa central y crea un “Consejo de Digitalización” formado por representantes de ver.di y H&M, que podrá hacer sus propias propuestas y las de los trabajadores para la implantación de la digitalización.  Además, el acuerdo prevé la participación de los empleados en los experimentos y disposiciones contra el despido y la degradación de los empleados del taller. Además, se pagarán bonificaciones en función de la evolución del volumen de negocio para compensar la disminución de las comisiones sobre las ventas en tienda debido al desarrollo de las ventas online (véase comunicados de ver.di y de UNI Europa).

Compartir el valor añadido : mientras el retorno de la inflación vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de cómo compartir el valor añadido, la confederación sindical británica TUC publicó el pasado 16 de octubre un informe en el que solicita que “las empresas trabajen para los trabajadores” (Companies for People – How to make business work for workers). Destaca la evolución entre 2008 y 2019 de los dividendos (+6,3 % anual) y de los salarios (+1,9 %), afirmando que en términos reales (tras haber tenido en cuenta la inflación) el salario medio ha disminuido un 0,3 % anual, mientras que los dividendos han aumentado un 4 % anual. El informe relaciona la enseñanza impartida en las escuelas de negocios sobre las estrategias de valor para los accionistas con el crecimiento de las formas de empleo precarias que llevan a los trabajadores a salir perdiendo. Abogando por un reequilibrio de los intereses de los accionistas y de los trabajadores, el informe formula una serie de recomendaciones como: cambiar los deberes de los directores para exigirles que se centren en el éxito a largo plazo de la empresa; conceder un tercio de los puestos del consejo de administración a los representantes de los trabajadores en las empresas con más de 250 empleados; reforzar la negociación colectiva facilitando los procedimientos de entrada y reconocimiento de los sindicatos; y abordar la fragmentación de las relaciones laborales introduciendo una estricta responsabilidad solidaria para los derechos laborales fundamentales en las cadenas de suministro del Reino Unido (véase el comunicado).